América Latina y el Caribe frente al poder del FMI y el Banco Mundial. Mientras las instituciones financieras internacionales debaten el crecimiento, la estabilidad y la inversión, millones de familias enfrentan el encarecimiento de la vida, el deterioro de los servicios públicos, la precariedad laboral, la desigualdad y la crisis climática que continúa marcando el destino de millones de personas. ¿Desarrollo para quién y a costa de quiénes?
Por Verónica Carrillo / Alianza contra la Desigualdad *
Del 12 al 18 de octubre de 2026, Bangkok, Tailandia, fue sede de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), en cuyo marco los representantes gubernamentales y las autoridades económicas de los 191 países miembros decidieron sobre las orientaciones de la economía y las finanzas internacionales. Estas dos instituciones financieras son antidemocráticas en su estructura de gobernanza: el poder de decisión no se distribuye en condiciones de igualdad entre los países, sino que favorece a las economías con mayor poder financiero como lo es Estados Unidos, que tiene el de poder de vetar cualquier propuesta que atente a sus intereses.
Las decisiones de esta reunión tienen consecuencias directas sobre las políticas económicas, el endeudamiento público, los presupuestos nacionales y las condiciones de vida de millones de personas. Estas instituciones llevan 82 años impulsando este sistema de violencia económica y financiera estructural, generando un elevado costo de la deuda, desigualdad y devastación ecológica. Ante esta emergencia, del 12 al 18 de octubre, pueblos, organizaciones y movimientos de todo el mundo nos sumamos a la Semana Mundial de acciones coordinadas para denunciar el papel de la Deuda, del FMI y del BM ¡Reparación YA!.
Varias protestas se llevaron a cabo en diferentes partes del mundo expresando el descontento de sectores sociales frente a las injusticias económicas y las dificultades que agravan las condiciones de vida. Estas tensiones revelan un conflicto de fondo: mientras las instituciones financieras buscan preservar la estabilidad de los mercados y la confianza de los acreedores, millones de personas necesitan estabilidad en sus vidas, ingresos suficientes, viviendas dignas, alimentación, salud, educación, seguridad social y un futuro que no esté sometido por la deuda.
No basta con medir el éxito de una economía mediante el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Hay que preguntarse si las familias pueden alimentarse adecuadamente, si las personas jóvenes tienen perspectivas de empleo digno, si las mujeres disponen de servicios públicos que reduzcan la carga de los cuidados y si las comunidades pueden defender sus territorios frente a proyectos extractivos que amenazan sus medios de subsistencia.
La cuestión central es si los compromisos financieros están subordinados a las necesidades sociales o si, por el contrario, las políticas públicas se organizan para garantizar prioritariamente los intereses de los acreedores. El problema se agrava cuando los países deben refinanciar sus obligaciones en condiciones financieras desfavorables. La deuda pública no puede convertirse en una obligación de sacrificio permanente para las mayorías sociales mientras permanecen intactos los privilegios de quienes concentran la riqueza.
La crisis de la deuda tiene rostro humano. Está presente en las familias que deben elegir entre comprar alimentos o adquirir medicamentos; en quienes trabajan jornadas extensas sin ingresos suficientes para cubrir sus necesidades; en las personas mayores que dependen de pensiones insuficientes; y en las mujeres que asumen una parte desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados cuando los servicios públicos son insuficientes. También afecta a la juventud que enfrenta empleos precarios, a las comunidades rurales que carecen de infraestructura básica, a los pueblos indígenas cuyos territorios están amenazados y a las poblaciones afrodescendientes históricamente excluidas del acceso equitativo a los recursos y las oportunidades.
Frente a la concentración de la riqueza y del poder, los pueblos tenemos la capacidad de organizarnos, unir nuestras luchas y construir alternativas que pongan la economía al servicio de la vida y del bienestar colectivo. La deuda se discute en las instituciones financieras, pero sus consecuencias se viven en los hogares, los lugares de trabajo y los territorios. La esperanza no consiste en esperar que el sistema cambie por sí solo, sino en construir, desde la unidad y la solidaridad internacionalista, la fuerza necesaria para transformar la realidad.
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Verónica Carrillo Ortega es activista social y pertenece a una organización de mujeres campesinas, el CADTM y la Finance Inequality Alliance México (FIA). Contribuye a los debates sobre justicia económica, desigualdad, soberanía de los pueblos y alternativas a las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
