Deepfakes sexuales: la violencia contra las mujeres que la inteligencia artificial facilita y la justicia no logra frenar

Una fotografía íntima que nunca fue tomada, un video sexual que jamás ocurrió o una imagen manipulada para humillar y amenazar. La inteligencia artificial permite crear contenidos sexuales falsos con rostros de mujeres reales, sin su consentimiento, y difundirlos en redes sociales, espacios escolares o laborales. Aunque las imágenes sean falsas, la violencia y sus consecuencias son reales: miedo, vergüenza, acoso y afectaciones a la vida personal, social y profesional de las víctimas.

Bajo la premisa de que «la imagen puede ser falsa, pero la violencia es real», el colectivo Mujeres Vivas, Mujeres Libres advierte que los deepfakes sexuales constituyen una forma de violencia digital que amenaza la intimidad y la autonomía de las mujeres. Su vocera, Angélica Contreras, señala que, mientras estas imágenes pueden viralizarse rápidamente, las víctimas enfrentan dificultades para denunciar y acceder a la justicia, debido a la falta de capacitación institucional, las diferencias entre las legislaciones estatales y la insuficiente responsabilidad de las plataformas digitales.

Por Michelle Correa

La inteligencia artificial llegó para quedarse y ha abierto debates éticos, científicos y de todo tipo. Pero junto con su utilidad, preocupan cada vez más los usos dañinos que se le están dando.

Una de esas problemáticas es la que busca visibilizar el colectivo Mujeres Vivas, Mujeres Libres: los deepfakes. Se trata de imágenes o videos creados o manipulados con inteligencia artificial generativa que muestran a personas en situaciones que nunca ocurrieron. Cuando se usan para producir contenido sexual sin consentimiento, advierte el colectivo, se convierten en una forma grave de violencia digital que vulnera la privacidad, la intimidad y la autonomía de las mujeres.

En entrevista, su vocera Angélica Contreras, comunicologa feminista y especialista en derechos digitales, tecnología y perspectiva de género, afirmó que es una forma nueva de humillar y ridiculizar la sexualidad de las mujeres.

Las cifras respaldan la preocupación. Un informe de 2024 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que retoma investigaciones de Sensity AI, señala que entre 90% y 95% de los deepfakes analizados eran pornografía no consentida, y que cerca de 90 % mostraba a mujeres. En México, el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025 del INEGI indica que 21.5 % de las usuarias de internet de 12 años o más vivió alguna situación de ciberacoso. De las mujeres que fueron víctimas, 34.6 % dijo haber sentido miedo.

Para la especialista, detrás de esos porcentajes hay niñas y mujeres expuestas al acoso y la intimidación, con consecuencias que van más allá de las pantallas. Describen un daño emocional profundo: la vergüenza de ver un cuerpo que no es el suyo pero lleva su rostro, la avalancha de comentarios y etiquetas, y el estigma que cae sobre quienes no cumplen con ciertos estereotipos de color o tamaño, y que son expuestas para ser humilladas. A esto se suma que la sexualidad sigue siendo un tabú, lo que dificulta hablar del tema y pedir ayuda.

Explica que estos contenidos suelen circular en tres espacios. El primero son los círculos cerrados, como los escolares y laborales, donde se comparten para humillar a la víctima en lugares que debían ser seguros. El segundo es la amenaza de enviarlos a familiares y amistades, que genera miedo y puede traer consecuencias dentro del hogar. El tercero es el rumor: cuando la imagen existe pero nadie se la muestra a la víctima, ¿qué evidencia puede presentar?

En todos los casos, afecta su vida personal, social y profesional, y limita su libertad de participar en los espacios digitales sin temer que su imagen se use en su contra. El colectivo también expresó preocupación por lo que ocurre cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes.

Denunciar tampoco resulta sencillo. Para el colectivo, hacerlo implica exponerse una vez más, y las autoridades no están preparadas: carecen de sensibilización, de herramientas para determinar si un contenido es verdadero o falso y de esquemas para investigar. La justicia, señalan, no es tan inmediata como la viralización, y muchas denuncias solo avanzan cuando se hacen virales.

Aunque hay reformas sobre violencia a la intimidad y sobre imágenes creadas con IA, estas no existen en todos los estados. Algunos han agregado agravantes a la violencia a la intimidad sexual sin consentimiento cuando se usa inteligencia artificial, así como modificaciones a la ley de acceso a una vida libre de violencia en el ámbito digital. Sin embargo, cada código y cada estado limitan el tipo de justicia al que se puede acceder, por lo que consideran necesario unificar los criterios. Sin capacitación, advierten, no habrá seguimiento.

Por eso señalan que la responsabilidad no recae solo en quienes producen y difunden este contenido. También es de las redes sociales y plataformas que permiten que sus herramientas se usen para crearlo, y de las instituciones, que deben contar con mecanismos eficaces para prevenir y atender esta violencia. El colectivo plantea que las plataformas deben comprometerse a no tolerar la difusión, a eliminar el contenido cuando ya circuló y a impedir que sus herramientas permitan crearlo y luego difundirlo. Lo resumen en una idea: ya habitamos lo digital y se necesitan espacios seguros, con la participación de actores de justicia, comunidad y empresas.

A su juicio, lo que está en juego no es solo la privacidad, sino la autonomía de las mujeres: decidir sobre su cuerpo, su intimidad y su imagen, poner límites y que se respeten también en el entorno digital.

Ante este panorama, el colectivo propone información accesible, mecanismos de prevención y protección, herramientas para denunciar y responsabilidades claras para quienes desarrollan, ofrecen y utilizan estas tecnologías. Subrayan que la cárcel no es la solución y que se requieren medidas preventivas y de acompañamiento, además de una reforma educativa con espacios de apoyo y de justicia que brinden información.

Muchas mujeres desconocen estas prácticas y, cuando les ocurren, no saben qué hacer. Por ello es esencial que existan vías de denuncia dentro de las redes sociales y que las leyes se armonicen en todo el país para que estas conductas sean atendidas y sancionadas.

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Michelle Correa
Michelle Correa
Michelle Correa, abogada de profesión y periodista en formación, quien escribe para cuestionar y conversar. Aurora de la columna "Movimiento que habla".

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