El Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos en México (OCDHM) presentó el reporte especial Jalisco: Crisis de agua = Crisis de Derechos Humanos, un documento que reconstruye los antecedentes de la crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), identifica las responsabilidades de las autoridades y expone su relación con otras problemáticas de derechos humanos en el estado.
Por Vanessa Briseño | @nevervb
Fotografía de portada Mario Marlo / @mariomarlo
Un análisis detallado sobre la gestión hídrica en Jalisco revela que el desabasto y la mala calidad del suministro en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) no obedecen a un hecho aislado. La investigación, coordinada por Ángel Capitán Tovar a partir de más de 100 fuentes oficiales, auditorías y monitoreos independientes, concluye que la emergencia actual es el resultado de decisiones normativas u omisiones institucionales acumuladas a lo largo de varias décadas.
El informe, elaborado por el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos en México (OCDHM), documenta los hechos ocurridos entre 2016 y finales de octubre de 2026. La entidad sostiene que la población de la capital jalisciense padece una afectación sostenida a sus garantías fundamentales de acceso al agua limpia, saneamiento, salud y medio ambiente sano. A este panorama se sumaron denuncias por violaciones a la libertad de expresión y el debido proceso tras la respuesta policial a las protestas ciudadanas por la escasez del recurso.
Una crisis con antecedentes desde hace décadas
Para comprender el origen de la problemática, el reporte se remonta a 1956, año en que comenzó a operar el sistema antiguo Chapala–Guadalajara. Esta infraestructura conduce agua desde el Lago de Chapala a través del canal de Atequiza y la presa Las Pintas hasta la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle. Con el paso de los decenios, el canal se consolidó como la arteria principal de abastecimiento de la metrópoli, aunque quedó expuesto de forma paulatina al vertido de descargas residuales y a un acelerado deterioro físico.
La dependencia de fuentes externas y la falta de una estrategia integral marcaron la pauta de las administraciones posteriores. En diciembre de 2005, el Gobierno federal anunció la construcción de la presa El Zapotillo sobre el río Verde como la gran alternativa para surtir a la región. Sin embargo, para 2007 el proyecto elevó la cortina prevista de 80 a 105 metros, una modificación unilateral que implicaba la inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, cuyos pobladores emprendieron un litigio para defender sus tierras.
Aunque la obra inició en octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó en 2013 el límite de la cortina a 80 metros para evitar la desaparición de los poblados. Tras años de desgaste social, el acuerdo federal firmado en 2021 fijó un tope de llenado de 40 metros mediante seis ventanas de paso y estableció un Plan de Justicia para las localidades afectadas.
El documento del OCDHM identifica el año 2016 como otro hito clave en la consolidación de la crisis actual. Mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportaba un endeudamiento del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) cercano a mil 190 millones de pesos, habitantes de diversos sectores de la ciudad comenzaron a denunciar de forma sistemática la llegada de agua turbia y con mal olor a sus domicilios.
Hacia agosto de 2020, las quejas por agua contaminada abarcaban ya a más de 140 colonias de la ZMG. Ante esta situación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) abrió investigaciones de oficio, mientras la directiva del SIAPA atribuía el problema al arrastre de sedimentos durante la temporada de lluvias. Ese mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de los pobladores de El Salto, Juanacatlán y Poncitlán ante los severos riesgos a la salud por la polución del Río Santiago.
Pese a los apercibimientos internacionales, la respuesta institucional no corrigió el rumbo. En febrero de 2022, la CEDHJ emitió la Recomendación 10/2022 por la vulneración del derecho al agua limpia en la ZMG. Meses más tarde, en julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 134/2022 a causa de los vertidos tóxicos en la cuenca del Río Santiago. El reporte del Observatorio confirma que ninguno de estos instrumentos había logrado restituir las condiciones de saneamiento para las poblaciones ribereñas hacia finales de 2026.
La contaminación ambiental y disparidad regional
Uno de los aportes centrales del informe es el cruce de datos entre la escasez urbana en Guadalajara y el pasivo ambiental del corredor industrial Lerma–Chapala–Santiago. La investigación enfatiza que el caudal destinado al consumo doméstico atraviesa zonas agrícolas y fabriles que alteran su calidad química. En los municipios de El Salto y Juanacatlán, las familias registran más de dos décadas expuestas a metales pesados y padecimientos renales crónicos.
La Recomendación 134/2022 de la CNDH fundamentó la presencia de más de mil sustancias químicas nocivas en el cauce del Río Santiago, observando altas concentraciones de arsénico y plomo que rebasan los límites permisibles para la vida humana. A seis años de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, el OCDHM alerta sobre la falta de un control efectivo de las fuentes contaminantes que alimentan los vasos reguladores de la entidad.
Esta disparidad en la gestión del agua afecta de igual modo a la región de Los Altos de Jalisco. El diagnóstico detecta una asimetría en la concesión de volúmenes hídricos: en los 17 municipios de dicha zona, el 89% de los derechos de extracción subterránea pertenece al sector agropecuario e industrial, obligando a poblaciones como San Juan de los Lagos a depender de tandas periódicas y almacenamiento en pipas.
Por su parte, los compromisos derivados del acuerdo de 2021 en favor de Temacapulín, Acasico y Palmarejo registran retrasos en el saneamiento de manantiales, la puesta en marcha de plantas de tratamiento, la certeza jurídica sobre propiedades y la atención médica especializada. Diversos estudios de la Universidad de Guadalajara recabados en el informe dan cuenta de las secuelas psicológicas sufridas por los habitantes tras más de quince años de incertidumbre habitacional.
El Observatorio enfatiza que el modelo de abasto de la capital jalisciense ha trasladado históricamente sus costos ambientales y sociales a las regiones periféricas. Por ello, la organización subraya que cualquier propuesta de solución para la urbe debe respetar la soberanía territorial de los municipios de donde se extrae el recurso.
Crisis de agua = Crisis de Derechos Humanos” del OCDHM.
Opacidad financiera y responsabilidades institucionales
El expediente incluye además una revisión a las finanzas del organismo operador del agua. A partir de informes de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y de la ASF, el análisis destapa irregularidades administrativas en las cuentas del SIAPA. Por ejemplo, la Cuenta Pública 2023 reveló 596.6 millones de pesos en cuentas por cobrar sin respaldo documental, mientras que en la revisión de 2024 se detectaron 195.5 millones de pesos sin justificar.
La auditoría al ejercicio 2024 halló deficiencias en las obras de remodelación de las plantas de bombeo en Las Pintas y Miravalle, documentando el uso de materiales de menor calidad que la estipulada en las licitaciones. Pese a estos hallazgos, la ASEJ no promovió acciones penales y derivó únicamente tres expedientes a instancias administrativas. Adicionalmente, en julio de 2026, organizaciones civiles interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por posible malversación de fondos en el organismo, sin resultados del dominio público a la fecha.
A los vacíos en la fiscalización se suma la obsolescencia física de la red hidráulica metropolitana. Las tuberías principales han rebasado su vida útil, generando un promedio de 75 mil reportes anuales por fugas, socavones y caídas de presión. Paralelamente, la ASEJ detectó una relajación en los parámetros de medición de la potabilidad entre 2021 y 2023, aun cuando el costo financiero de potabilizar el agua superficial se incrementó a una tasa promedio anual del 38.12%.
El informe reparte responsabilidades entre las distintas órdenes de gobierno. Respecto a la administración de Enrique Alfaro (2018-2024), señala el incumplimiento de las obras complementarias para conectar adecuadamente El Zapotillo con la red urbana, a pesar de las promesas de suministro para 50 años vertidas durante la inauguración de la presa en agosto de 2024. Sobre la gestión de Pablo Lemus (iniciada en 2024), el documento recrimina la tardanza en declarar una alerta de emergencia sanitaria y el uso de la fuerza pública durante las manifestaciones del 11 de octubre de 2026.
Asimismo, el Observatorio cuestiona el proyecto de construir un acueducto sustituto para el canal de Chapala mediante el esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO). Dicha propuesta mercantil buscaba comprometer pagos estatales por hasta 48 mil 296 millones de pesos a 25 años en favor de consorcios privados, frente a un costo de inversión pública directa calculado en 11 mil 922 millones de pesos.
Pese a que el 21 de octubre de 2026 la Presidencia de la República y la Gubernatura de Jalisco anunciaron un pacto de colaboración para que la Federación asuma el costo del acueducto sustituto y las obras de El Zapotillo, el OCDHM aclaró que la medida carecía de certezas presupuestales al cierre de la edición del reporte, toda vez que no se contaba con la firma de convenios ni partidas asignadas en el Presupuesto de Egresos federal para 2027.
La protesta por el agua y la respuesta del Estado
La falta de respuestas institucionales derivó en un incremento de la tensión social durante el año 2026. Colectivos de vecinos, agrupaciones universitarias y redes de derechos humanos desplegaron una serie de bloqueos y marchas para exigir la distribución de agua potable. La escalada de inconformidad derivó en intervenciones policiales, teniendo su punto más crítico el 11 de octubre, cuando una manifestación de cerca de 10 mil personas fue dispersada en las inmediaciones de Casa Jalisco con el saldo oficial de 39 detenciones.
Testimonios recabados por el OCDHM indican que parte de las personas arrestadas sufrieron agresiones físicas y tratos inhumanos durante su traslado y estancia en las instalaciones oficiales. El 18 de octubre de 2026, la CNDH abrió un expediente de oficio por posibles actos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad locales.
En el plano judicial, once manifestantes detenidos entre los operativos del 11 y el 18 de octubre continúan bajo procesos penales por diversos delitos. El Observatorio califica estas medidas como un patrón de criminalización de la protesta social, advirtiendo inconsistencias en las carpetas de investigación promovidas por el Ministerio Público.
El reporte critica además la postura adoptada por la CEDHJ durante los hechos del 11 de octubre. A pesar de contar con 16 observadores desplegados en el lugar de las detenciones, el organismo estatal no levantó quejas de inmediato ni documentó las lesiones sufridas por los manifestantes al momento de los arrestos, lo que representó, en palabras del OCDHM, un fallo en la tutela defensiva de la ciudadanía.
Una propuesta que va más allá de construir infraestructura
Frente a este escenario, el Observatorio Ciudadano concluye que la emergencia del agua en Jalisco no se resuelve con la mera edificación de infraestructuras pesadas, planteando una ruta de trabajo basada en cuatro ejes rectores:
- Salud y transparencia: Declarar una alerta sanitaria preventiva en la ZMG y publicar semanalmente los análisis de laboratorio sobre la calidad del agua potable desagregados por colonia.
- Saneamiento de fuentes: Clausurar los vertidos industriales clandestinos en el canal de Las Pintas y acelerar la recuperación ambiental de la cuenca Lerma–Chapala–Santiago.
- Fiscalización y rendición de cuentas: Realizar una auditoría forense a las finanzas del SIAPA desde 2016 e integrar un Consejo Ciudadano del Agua con voz y voto dentro de la junta directiva del organismo público.
- Mínimo vital y reparación: Garantizar el suministro gratuito de agua potable mediante pipas certificadas en las colonias sujetas a tandeo, priorizando a sectores vulnerables, así como retirar los cargos penales contra los manifestantes detenidos en las jornadas de protesta.
El expediente del OCDHM enfatiza que el futuro hídrico de la ZMG depende de abandonar el enfoque meramente extractivo y reemplazarlo por un modelo equitativo, público y salubre, que garantice los derechos de las generaciones presentes sin comprometer la viabilidad de los territorios vecinos.
Para conocer el reporte completo puedes visitar el sitio oficial del OCDHM: https://ocdhm.blogspot.com/#inicio
