Autoridades ambientales del gobierno de Jalisco presuntamente negociaron con empresarios la modificación de documentos administrativos y la puesta en marcha de una estrategia legal para garantizar la construcción de la termoeléctrica en Acatlán de Juárez, Jalisco, a sabiendas de sus irregularidades y de que el proyecto no es apto para esa zona.
Por Mariana González-Márquez / @marianalasglez
Un audio grabado entre agosto y septiembre de 2025 durante una reunión presidida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) Jalisco, Paola Bauche, revela que posiblemente las autoridades estatales expusieron a los empresarios la “maniobra legal” para generar un Plan de ordenamiento territorial y el documento de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a modo para hacer viable la construcción del proyecto que consideran “prioritario” para el estado.
Una de las representantes de Semadet, admitió que esta dependencia “rogó” a Fisterra Energy —perteneciente a la firma de inversiones Blackstone Group— no presentar el documento de Manifestación de Impacto Ambiental que conlleva la construcción de la termoeléctrica para que no tuviera una opinión técnica negativa ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que se pudiera echar atrás el proyecto.
En el audio en poder de Zonadocs, la funcionaria estatal (quien podría ser Patricia Fregoso Cruz, directora General de Ordenamiento Territorial de esa dependencia) aceptó que “las condiciones administrativas, legales y documentales” que tenía en ese momento el Centro Logístico de Jalisco hacían inviable la construcción de la termoeléctrica, que estaría dentro de ese corredor industrial.
“No tiene cambio de suelo vigente, no tiene plan parcial vigente, no tiene ordenamiento ecológico vigente, no es viable. Ahorita todo es no. La viabilidad de un sí y la procedencia de un sí, como ya les explicamos en otras ocasiones, dependería de la secretaría, mediante los mecanismos del ordenamiento de Lagunas. (…) Ustedes ya intentaron hacer la maniobra oficialmente y les rogamos que retiraran la opinión técnica porque iba a ser negativa”, dijo.
La termoeléctrica conocida como Central de Ciclo Combinado (CCC) Guadalajara es un proyecto federal con apoyo estatal que se construiría en el municipio de Acatlán de Juárez, en la cuenca de la Laguna de Atotonilco, un humedal de importancia ambiental para la región y declarado sitio Ramsar.
La central formaría parte del Centro Logístico de Jalisco (CLJ), que desarrolla actividades en esa zona desde 2013, con la intención de generar energía para favorecer a empresas tecnológicas de dicho complejo y a quienes se asienten en la zona.
El proyecto se asentaría en 23 hectáreas de ese centro y tendría capacidad de generar 480.50 MW, una subestación de 400 kilovoltios y líneas de transmisión, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad.
Durante la grabación las funcionarias y los funcionarios de la Semadet propusieron a los inversionistas esperar a que el gobierno estatal generara un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la región Lagunas distinto al de 2010, cuando se proyectó la construcción del CLJ y que pone freno a desarrollos industriales contaminantes.
Otro de los representantes a quien llaman Josué (que presuntamente sería Josué Díaz Vázquez, director de Protección Ambiental de la Semadet) afirmó que un nuevo ordenamiento permitiría “sacarle la vuelta” a las irregularidades que el parque industrial viene arrastrando desde el plan parcial para su construcción como la “falta de tarjetas registrales ante al ante el Registro Público de la Propiedad”, entre otras.
“Tenemos ventanitas, tenemos caminitos (legales) y lo podemos fortalecer durísimo. (…) Especialmente Patricia y yo, que somos los que firmamos, en su momento y luego la secretaria, que es la que manda la opinión técnica, pues que tengamos los elementos necesarios para poder darle viabilidad. El ordenamiento nos da esas herramientas”, explicó.
Al final de la conversación se escucha al representante de la empresa comprometerse a que la empresa “proceda” conforme a las recomendaciones de la secretaría y admite que la estrategia es una apuesta “de un todo o nada” y promete una nueva reunión con otros funcionarios de la empresa para “consensar y liberar el asunto”.
Del escritorio a la realidad
Colectivos de defensa ambiental afirman que la Semadet pactó un ordenamiento territorial en Lagunas “a modo” para remover los candados ambientales y abrir la puerta a industrias de alto impacto que representan una amenaza para las comunidades y el ecosistema local, de por sí ya frágil.
“Nos preocupa todo el ordenamiento o modo del territorio haciendo una zona de sacrificio, que esa zona de sacrificio va a ser bastante grande para la cual corresponden 12 municipios, que son los que comprenden la región Lagunas”, dice Víctor Morales, miembro del colectivo en defensa de Atotonilco el bajo.
Para Alan Carmona de la agrupación Un Salto de vida llama la atención que tanto la empresa como la Semadet va más allá de los procedimientos institucionales y detona una disposición clara para ayudarles a sacar adelante el proyecto.
“Este lobby que está haciendo esta persona de Fisterra Energy pues ya se brinca todas las trancas de los procedimientos institucionales. No nos llama la atención la apertura o poder tener una reunión pero sí que ocurra con esta disposición a garantizar un proyecto por mandato del gobernador (Pablo Lemus)”, aseguró.
Los activistas afirman que este apoyo sí se concretó en los cambios en los documentos administrativos y no quedan claros los criterios utilizados para generar el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio en Lagunas que fue publicado en octubre de este año en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
“Un ordenamiento ecológico, es un ordenamiento territorial, tiene la función de la preservación, en mayor medida, de las condiciones ambientales. Bajo esta lógica, ellos están haciendo todo lo contrario. Por procedimiento, protocolo y por coherencia metodológica lo que haría es garantizar que el crecimiento no sea exponencial de los cambios de uso de suelo”, argumentó Carmona.
Por ejemplo, cuando la dependencia estatal hizo la consulta pública en 2014 el polígono del CLJ era de 412 hectáreas, pero ahora se sabe que carecía de un plan parcial y no estaba en el Registro Público de la Propiedad. La intención de la Semadet es actualizarlo y fortalecerlo para ampliarlo, “lo que no corresponde a un ordenamiento ecológico”, añadió.

El documento original actual del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio en Lagunas contempla un plan parcial de poco menos de 800 hectáreas, y el que fue publicado en el Periódico oficial es de poco más de 1,200 hectáreas, pero no hay un documento entre el de la consulta pública y el actual que explique la ampliación.
También llama la atención que la Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto de la CCC Guadalajara no fue presentada sino hasta este año, cuando la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer la convocatoria de licitación para iniciar la construcción.
“Al final del gobierno anterior (de Enrique Alfaro) fue cuando se ejecuta la consulta pública, pero todo el resto del procedimiento ya es con este nuevo gobierno que tiene otra perspectiva de política energética. Ahí es donde hay una especie de laguna que habrá que explicar la Semadet cómo se dio y qué pasó en esos años”, señaló Carmona.
También, la dependencia deberá aclarar por qué se validó el CLJ que sólo contaba con una autorización municipal y tenía tantas irregularidades como el cambio de uso de suelo de terrenos ejidales que conciernen al ámbito federal.
Ecocidio
En septiembre pasado diversas organizaciones en todo el estado dieron a conocer su rechazo a la construcción de la termoeléctrica que implicaría un deterioro ambiental y una crisis hídrica en un humedal que de por sí ya presenta un déficit de 2.3 millones de metros cúbicos anuales.
La planta operaría extrayendo agua de pozos profundos sin inspección de las autoridades federales ni estatales pues no hay personal suficiente para la fiscalización de las cuencas y cuerpos de agua.
A pesar de las declaraciones de las autoridades que insisten en que la central operará principalmente con agua tratada, la MIA del proyecto reconoce requerimientos de extracción de 24 litros por segundo, integrando el uso de agua subterránea a través de pozos profundos como fuente complementaria, lo que agravaría el estrés hídrico de la cuenca
Miguel Rojas, miembro del colectivo en defensa de Atotonilco el Bajo, advirtió que el proceso de licitación administrado por la Comisión Federal de Electricidad ha sido manipulado y acelerado para facilitar la puesta en marcha del proyecto. La convocatoria fue publicada a inicios de septiembre, los resultados se publican este 18 de noviembre y para inicios de diciembre tendría que iniciar la edificación.
“Hay oficios emitidos por los comités que se organizaron en las diferentes regiones de Lagunas, para poder solicitarle a la Semarnat que convoque a consulta pública la Manifestación de Impacto Ambiental, cosa que no ha sucedido, pero en cambio siguen los procesos por parte de la CFE”, aclaró.
Víctor Morales, miembro de ese colectivo, afirmó que la Semadet está trabajando para las empresas por presión tanto del gobernador Pablo Lemus como de la presidenta del país, Claudia Sheiubaum quienes han impulsado proyectos para atraer empresas bajo el esquema del nearshoring.
Aseguró que lo que el gobierno estatal promueve como proyectos de desarrollo para atraer a empresas trasnacionales es, en realidad, “un ecocidio ecológico”.
“En todos lados que vemos industria vemos muerte tanto en personas, medio ambiente y recursos naturales y si no cuidamos ahorita los pocos recursos que tenemos en cuestión de poco tiempo todo esto va a estar muy mal. Vienen las industrias para acabárselas porque la mayoría de las industrias son extranjeras, son transnacionales. Es un ecocidio ecológico, hídrico y social”, expresó.



