#ZonaDeOpinión
Por José Baroja* / @jose_baroja y @laotrahistoriamx
Sobre el abuso laboral contra el profesorado
Enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra.
Gabriela Mistral
En México, antes de las siete de la mañana, mucho antes de que comiencen las clases, un profesor puede llevar ya un buen rato trabajando. Me atrevería a decir que ya revisó los mensajes que llegaron durante la tarde-noche, quizás terminó de calificar algunos trabajos o modificó una actividad porque la planeación del día anterior dejó de tener sentido. Incluso pudo haber tenido una ocurrencia pedagógica mientras se duchaba o haber previsto qué incendio deberá apagar durante esa jornada. Todavía no se ha acercado al salón de clases y, sorprendentemente, ya tiene un listado de pendientes. Al rato llegarán los estudiantes, las clases, las reuniones, los avisos, los formatos y esa cantidad de asuntos que, por alguna razón, siempre parecen urgentes y que auguran una jornada tanto o más agitada que la de hoy. Al terminar la jornada, cuando debería comenzar su tiempo personal, el trabajo lo seguirá esperando en casa. No es una situación extraordinaria ni una anécdota que merezca una felicitación por su vocación ad honorem. Para muchos docentes, sencillamente, así transcurre la semana.
Por lo que escucho de directivos, madres y padres de familia, e incluso de mis estudiantes, me da la impresión de que la escuela de hoy tiene una idea bastante precisa del profesor que necesita mañana. Hasta donde sé, lo quiere preparado, puntual, paciente, creativo, empático y capaz de resolver cualquier dificultad sin que esta altere demasiado el funcionamiento de la institución, porque, ¡ay!, qué tragedia si llega a alterarse algo. En los últimos años, además, se espera que conozca las herramientas digitales, diseñe actividades diferenciadas, identifique problemas emocionales, mantenga comunicación con las familias y encuentre tiempo para actualizarse, siempre con una sonrisa engrapada. Recuerdo, por ejemplo, que, ante una solicitud de beneficios para el profesorado, un director me manifestó que no veía suficiente compromiso de nuestra parte para participar en las actividades extraprogramáticas del colegio. La respuesta me pareció reveladora, pues desplazaba la discusión desde las condiciones laborales hacia una supuesta falta de compromiso del profesorado. Parecía que, antes de reclamar mejores condiciones, debíamos demostrar que estábamos dispuestos a entregar todavía más de nuestro tiempo, de por sí escaso.
En lo académico, las exigencias tampoco se quedan atrás. Si un estudiante no aprende, aunque el demonio de la negación a estudiar se haya apoderado de él, algo tendrá que hacer el profesor; si se comporta mal, también. Si una familia reclama porque su hijo no aprende o porque obtuvo un 5, a falta de una calificación menor, el profesor deberá atenderla y ofrecer una solución que no siempre contará con el respaldo institucional. La lista crece con una facilidad admirable, sobre todo porque quienes la preparan por nosotros no siempre tienen que llevarla a la práctica. ¡Ah, debemos estar agradecidos por ello! Sin embargo, tarde o temprano aparecen las condiciones reales en las que uno trabaja.
Francamente, no todos los docentes cuentan con materiales suficientes, espacios adecuados, acompañamiento profesional o tiempo para preparar sus clases como se les pide. En ocasiones, tampoco se dispone de las condiciones mínimas para atender individualmente a los estudiantes, por más que el psicólogo escolar lo solicite por correo. La institución, no obstante, parece conservar intactas sus expectativas y trasladar al profesor la responsabilidad por aquello que no está en sus manos resolver. Mucha confianza, dirá alguien con cierto sarcasmo. Se le exige una atención cuidadosa en contextos que dificultan precisamente esa atención; se le pide innovación mientras se le acumulan tareas administrativas y se le reclama disponibilidad como si su jornada no tuviera un límite. En cierto modo, parece no tenerlo. Una parte de ese trabajo ni siquiera aparece en los horarios.
Está, en cambio, en los mensajes que llegan fuera de la jornada, no siempre muy educados ni mínimamente racionales; en las planeaciones que se terminan durante el fin de semana; en las evaluaciones que se llevan a casa y en las actividades extraordinarias que se incorporan con la naturalidad de quien supone que el tiempo de los demás está siempre disponible. Y, por supuesto, también está el tiempo del docente, tratado como si fuera parte del inventario de la institución. En ese punto, por más que uno intenta bloquear la vocación, esta suele aparecer como una explicación conveniente. Se habla de compromiso, de entrega y de responsabilidad, palabras que pueden describir genuinamente el trabajo docente, pero que también sirven para justificar que se haga más de lo que corresponde sin que exista una compensación proporcional. La vocación, le queda claro a mi cabeza, no paga las horas adicionales ni convierte el agotamiento en una condición aceptable. Tarde o temprano, tampoco pagará mis citas a terapia.
A esa carga, además, se suma la burocracia escolar, que a veces parece tener una vida independiente de la enseñanza. En mi agenda se acumulan solicitudes de formatos, reportes, fotografías, registros, encuestas, evidencias de actividades y documentos que certifiquen que estas se realizaron mucho antes de que siquiera puedan imaginarse. No pocas veces, el tiempo destinado a preparar una clase termina ocupado por la obligación casi metafísica de demostrar que se está trabajando. Ciertamente, la documentación puede ser necesaria para organizar y evaluar el funcionamiento de una escuela, pero me da la impresión de que pierde buena parte de su sentido cuando se convierte en una tarea que se reproduce por sí misma, sin que nadie se pregunte cuánto aporta realmente al aprendizaje. Los resultados de TALIS 2024, publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2025), indican que, en promedio, el 52 % del profesorado de los sistemas educativos participantes considera el trabajo administrativo general una fuente de estrés. La cifra no corresponde exclusivamente a México, pero permite entender que el problema va más allá de mi mera y amarga experiencia.
En México, las condiciones laborales tampoco son las mismas para todos; aunque las exigencias, curiosamente, parecen no hacer demasiadas distinciones. El informe de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu, 2023), dedicado al profesorado de educación media superior, señala que el 58.7 % de los docentes de ese nivel reportó tener un contrato por horas; en Jalisco, el porcentaje alcanzaba el 64.6 %. Siendo honestos, estos datos no describen por sí solos todas las formas de precariedad ni permiten afirmar que cada docente contratado por horas padezca abuso laboral. Sí muestran, en cambio, un escenario en el que una parte considerable del profesorado trabaja bajo esquemas que pueden dificultar la estabilidad, la continuidad y la organización de su vida profesional. Resulta curioso que a quienes trabajan en esas condiciones se les pida, al mismo tiempo, una implicación institucional que suele exceder las horas por las que reciben un salario, incluidas esas labores de tramoya que pocas veces se reconocen como trabajo.
Cabe aclarar que el abuso laboral no siempre llega acompañado de gritos ni deja una escena fácil de identificar. Uno puede encontrarlo en la manera de asignar los horarios, en la distribución arbitraria de los grupos, en las amenazas de retirar horas o responsabilidades, en la descalificación pública del trabajo de un profesor o en la costumbre de responsabilizarlo por problemas que dependen de decisiones institucionales. A veces, incluso, se manifiesta en situaciones bastante cotidianas. Conviene hacer aquí una distinción: no toda exigencia de un superior constituye abuso, así como tampoco todo desacuerdo profesional representa una desautorización. La línea se cruza cuando la jerarquía se utiliza para humillar, intimidar, silenciar o imponer condiciones sin posibilidad de diálogo. Es simple: no se trata de convertir al profesor en alguien intocable, ni de suponer que su trabajo está exento de críticas —porque, desde luego, también podemos equivocarnos y merecerlas—; se trata de recordar que tampoco debería tratársele como alguien a quien se puede pisotear. Un profesor está atendiendo a un estudiante cuando aparece un directivo que necesita algo de él. No pregunta si puede atenderlo ni considera que está en medio de una actividad; simplemente lo llama, chasquea los dedos o levanta la voz para exigirle que se presente inmediatamente. Algo parecido puede ocurrir durante una actividad escolar o al comunicar una decisión administrativa. En otras ocasiones, el profesor recibe un llamado de atención delante de sus propios estudiantes, como si su condición profesional desapareciera por completo ante la presencia de alguien que ocupa un cargo superior. ¿Qué aprende un estudiante de semejante intercambio? ¿Qué autoridad conserva un docente cuando la propia institución permite que se le trate de esa manera? También puede ocurrir que basten unas palabras antes de un consejo técnico para que alguien descubra que su trabajo será cuestionado delante de sus compañeros, sin posibilidad real de explicar lo ocurrido. Otras veces, la desautorización es más discreta: se ignoran sus propuestas o se le excluye de decisiones que afectan directamente su labor. Y uno podría hasta soltar una risa sardónica ante semejante panorama, si no fuera porque, al final, hay poco de gracioso en él. El mensaje termina siendo el mismo: conviene no incomodar a quien tiene la capacidad de decidir.
La incomodidad que un profesor o una profesora pueda sentir en el colegio no siempre procede de la dirección escolar. También puede venir de quienes comparten el mismo trabajo, el mismo edificio y, en ocasiones, las mismas dificultades. En algunas instituciones, el espacio de profesores, que podría funcionar como un lugar de intercambio y apoyo, no siempre consigue serlo; cuando lo es, se convierte en el santo refugio que tenemos. Conozco escuelas donde predominan las alianzas informales, las rivalidades por los grupos, las horas o la cercanía con quienes toman las decisiones. El amiguismo y el familiarismo también se hacen presentes en los colegios. Un profesor nuevo puede descubrir que pedir ayuda no siempre obtiene respuesta; otro puede aprender que compartir una actividad o una estrategia significa exponerse a que alguien la desacredite después. Algo parecido ocurre con los comentarios a espaldas de un compañero y con las versiones que circulan sin que nadie se haga responsable de ellas, mientras todos sonríen como si esas prácticas también se realizaran por el bien del colegio.
Como insinué antes, no sería correcto afirmar que todas las escuelas funcionan así ni que el compañerismo ha desaparecido de los espacios docentes. Tengo la fortuna de habitar uno junto a profesores con quienes nos ayudamos, compartimos materiales, cubrimos a un colega cuando lo necesita y sostenemos, mediante pequeños gestos, una parte importante del trabajo escolar, aunque no todo sea perfecto. Precisamente por eso resulta necesario hablar de los otros escenarios, de aquellos en los que la convivencia profesional se deteriora y el profesor termina cuidándose tanto de sus compañeros como de sus superiores. La competencia por condiciones laborales limitadas puede alimentar esas tensiones, pero no las vuelve inevitables ni las justifica. Cuando el reconocimiento, la estabilidad o las oportunidades dependen de relaciones informales, la escuela corre el riesgo de vestir a sus trabajadores con las mismas formas de exclusión que debería combatir. También cabe preguntarse qué posibilidades tiene un profesor de denunciar esas prácticas ante las autoridades laborales cuando la institución que debería garantizar condiciones dignas es, precisamente, el espacio donde se producen.
Un estudio realizado por Cuellar Celaya et al. (2019) en dos escuelas secundarias de Morelos, con una muestra no probabilística de 89 docentes, encontró presencia de violencia psicológica en 70 de ellos. El artículo ofrece dos porcentajes distintos para ese resultado: 78.6 % en el apartado de resultados y 78.2 % en la discusión y las conclusiones. Además, los 70 casos registrados entre 89 participantes corresponden aproximadamente al 78.7 %. Conviene señalar estas diferencias para no presentar como exacta una cifra que la propia publicación no mantiene de manera uniforme. El estudio también identificó acoso psicológico en ocho docentes, lo que equivale al 9 % de la muestra. Al clasificar sus formas, los autores señalan que la categoría más frecuente fue la horizontal, es decir, la ejercida entre compañeros; después aparece la mixta, en la que participan compañeros y superiores, y finalmente la vertical, atribuida a quienes ocupan cargos de autoridad. Prefiero no reproducir los porcentajes específicos de estas categorías porque el artículo presenta inconsistencias tanto en su explicación como en la correspondencia entre porcentajes y recuentos. Conviene recordar, además, que se trata de una investigación exploratoria, realizada en dos planteles y con una muestra que no permite representar al conjunto del magisterio mexicano. Sería un error utilizarla para afirmar que esos datos describen todas las escuelas del país. Sin embargo, también sería un error ignorar lo que revela: la violencia laboral docente no se limita a la relación jerárquica entre directivos y profesores. Puede desarrollarse entre colegas, incluso en esos espacios donde, al menos en teoría, debería existir una relación de apoyo.
En otra investigación, Urías-Aguirre y Montes García (2023) estudiaron la violencia laboral y el acoso psicológico entre mujeres profesoras investigadoras de México. El trabajo se realizó con 145 participantes de distintos estados del país y reportó que el 95.9 % manifestó la presencia de violencia psicológica. Respecto al acoso psicológico, el 58.6 % declaró haberlo presenciado. Conviene no confundir ambos resultados: este último porcentaje no indica que todas esas mujeres hayan sido víctimas directas de acoso, sino que señalaron haberlo observado. La población estudiada corresponde a un ámbito profesional específico y no debe confundirse con el conjunto de docentes de educación básica o media superior. Aun con esa precisión, el estudio permite advertir que la violencia puede formar parte de la experiencia laboral de mujeres que trabajan en instituciones educativas y académicas, y que no siempre se manifiesta como un episodio aislado. En ocasiones, se acumula en gestos, descalificaciones, exclusiones y relaciones de poder que terminan afectando la posibilidad de trabajar con tranquilidad. ¡Ay, cuánta materia para una novela!
Se me ocurre que una de las dificultades para reconocer estas situaciones es que en la escuela estamos acostumbrados a hablar de conflictos. Nos hemos acostumbrado a vivir entre incendios, pero no siempre a preguntarnos por las condiciones que los producen; incluso llegamos a normalizarlos o a asumir culpas que solo alguien del clero aceptaría. Se habla de trabajo en equipo mientras se toleran prácticas que aíslan; se promueve la convivencia mientras se minimizan las humillaciones; se pide comunicación mientras algunos profesores aprenden que expresar una inconformidad puede volverse en su contra. También se habla de bienestar docente en jornadas dedicadas a recordar la importancia de cuidar la salud emocional, aunque después se mantengan las mismas cargas y las mismas formas de trato. La contradicción resulta difícil de ignorar, sobre todo para quien debe escuchar esos discursos y volver a su puesto de trabajo como si nada ocurriera.
Ya lo he dicho antes: no se trata de convertir al profesor en una figura intocable ni de negar que existen docentes que incumplen sus responsabilidades. La crítica al abuso laboral tampoco puede servir para ocultar esa posibilidad. Un profesor debe responder por lo que hace dentro del aula y por el trato que ofrece a quienes están bajo su responsabilidad. Pero esa exigencia debe ser recíproca: las autoridades escolares también tienen obligaciones y los compañeros comparten la responsabilidad de construir un espacio profesional digno. No podemos hacer clase en el círculo del infierno. La evaluación del trabajo docente pierde legitimidad cuando se utiliza como amenaza, cuando se aplica de manera arbitraria o cuando se exige a unos lo que se permite a otros.
A menudo se espera que el profesor sea capaz de reconocer el sufrimiento de sus estudiantes, escuchar sus problemas, intervenir ante una situación de violencia y ofrecerles un espacio seguro. Es una expectativa razonable dentro de lo que habitualmente entendemos por pedagogía, aunque difícil de cumplir sin preparación, recursos y acompañamiento. Lo que cuesta entender es por qué esa misma atención no se extiende a quienes realizan el trabajo. ¿Por qué no podemos llorar? Un profesor puede pasar horas explicando a sus alumnos que deben resolver sus diferencias mediante el diálogo y, al día siguiente, evitar una reunión porque sabe que allí será ridiculizado. Puede enseñar que nadie debe ser excluido y, al mismo tiempo, trabajar en un lugar donde se le aparta de las decisiones o se le convierte en objeto de rumores. La distancia entre lo que se enseña y lo que se permite dentro de la institución no es un asunto menor. También se manifiesta en la forma en que, en ocasiones, se pone fin a una relación laboral, una cuestión que traté ampliamente en otro texto.
La escuela necesita revisar qué entiende por compromiso docente y qué está dispuesta a hacer para que ese compromiso no se convierta en una obligación sin límites. También necesita dejar de tratar los abusos como simples problemas de carácter o desacuerdos personales. No podemos seguir aceptando el abuso como si fuera una consecuencia natural de la jerarquía, ni asumir el papel de meros peones en un tablero cuyas reglas otros deciden. Cuando una práctica se repite y varias personas la reconocen, pero el silencio termina protegiendo a quienes la ejercen, ya no basta con pedir paciencia o recomendar que los involucrados se lleven mejor. Si hay miedo a reclamar o incluso a sugerir una mejora, algo no está funcionando. Se requieren procedimientos claros para denunciar, garantías contra las represalias y criterios transparentes para asignar horarios y responsabilidades. También hacen falta formas de intervención que no dependan de la simpatía o de las relaciones personales de quien ocupa un cargo.
Al final, el profesor que la escuela exige suele ser una persona capaz de soportarlo todo: las carencias, las urgencias, las jornadas que se prolongan y hasta la hostilidad de quienes trabajan a su lado. El profesor que la escuela permite, en cambio, es aquel que aprende a callar para conservar sus horas, que mide sus palabras para no perder un grupo ni incomodar a alguna madre o algún padre de familia y que, en lo posible, procura no llamar demasiado la atención. Entre uno y otro hay una distancia que no se resuelve con discursos sobre vocación ni con reconocimientos entregados una vez al año. Ya es hora de exigir lo que corresponde. Mientras la institución siga pidiendo sensibilidad hacia los estudiantes sin examinar el trato que reciben sus propios trabajadores, seguirá enseñando, aunque no figure en ningún programa, que algunas formas de abuso son parte normal de la vida escolar. Sería conveniente que alguna vez se preguntara qué está haciendo con las personas a las que confía esa tarea.
Referencias
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. (2023). Las y los docentes de educación media superior: características sociodemográficas, profesionales y condiciones institucionales. Mejoredu. https://desarrolloprofesionaldocente.sems.gob.mx/convocatorias%202025/docs/Referentes%20convocatoria/Las_y_los_docentes_de_ems_cspci_informe.pdf
Cuellar Celaya, S. N. S., González Corzo, I. G., y Nambo de los Santos, J. S. (2019). Acoso psicológico en el trabajo de docentes de secundaria en Morelos. PIENSO en Latinoamérica, 2(5), 19-26. https://www.piensoenlatinoamerica.org/revista/articulo/131
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). Results from TALIS 2024. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/90df6235-en
Urías-Aguirre, K. M., y Montes García, C. A. (2023). Violencia laboral y acoso psicológico en mujeres profesionistas: análisis en profesoras investigadoras de México. Revista SOMEPSO, 8(1-2), 63-89. https://www.revistasomepso.org/index.php/revistasomepso/article/view/159
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