“Trazar la ausencia”: familias buscadoras documentan una crisis que también habita las ciudades

El informe “Trazar la ausencia: caminar la esperanza” documenta 3 mil 516 fosas clandestinas y más de 52 mil restos humanos en México entre 2006 y 2024. 

En Jalisco, el estudio “Huellas en la Tierra” registró 204 fosas en 19 municipios entre 2018 y 2025. El 93 por ciento de estos sitios fue localizado por colectivos y familias buscadoras, cuya labor también permitió documentar patrones de violencia.

Por Vanessa Briseño | @neverb 

La crisis de desaparición de personas en México también se escribe bajo tierra. Entre 2006 y 2024, medios de comunicación documentaron 3 mil 516 fosas clandestinas, 8 mil 341 cuerpos y más de 52 mil restos humanos en el país. Estas cifras forman parte del informe “Trazar la ausencia: caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024)”, presentado en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia (CUDJ) Francisco Suárez, SJ, del ITESO, donde especialistas, personas defensoras de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas expusieron los alcances de esta problemática.

Durante el encuentro participaron Andrea Horcasita Martínez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; Jonathan Ávila Guzmán, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Alejandra Cartagena López, del CUDJ-ITESO, y Héctor Flores González, integrante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco. La conversación estuvo moderada por Vanesa Robles, también integrante del CUDJ-ITESO.

En su intervención, Andrea Horcasita explicó que el informe comprende el periodo de enero de 2006 a septiembre de 2024, correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La investigación recupera información documentada por medios de comunicación y la contrasta con los registros de las fiscalías, con el propósito de identificar patrones territoriales, características de los hallazgos y diferencias en las cifras oficiales.

Al revisar los datos por sexenio, señaló que durante el gobierno de Felipe Calderón se documentaron 524 fosas clandestinas, principalmente en el norte del país. En el periodo de Enrique Peña Nieto la cifra aumentó a 1,336 con hallazgos concentrados en Veracruz, Guerrero y Jalisco. Para el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los medios reportaron más de 3 mil 290 fosas, con Sonora, Guanajuato y Colima entre las entidades con mayor número de registros. Para Andrea, esta distribución muestra que el fenómeno no permanece estático y que su presencia se ha extendido a territorios que antes no figuraban entre los principales puntos de localización.

En el ámbito municipal, Acapulco, Guerrero encabezó los registros con 188 fosas, seguido de Tecomán, Colima con 184, Hermosillo, Sonora con 110, Veracruz, Veracruz con 101 y Ciudad Juárez, Chihuahua con 96. La investigadora destacó que Tecomán y Hermosillo adquirieron mayor presencia en estas estadísticas a partir del gobierno de López Obrador. En el caso de Sonora, incluso, señaló que durante los últimos tres años de la investigación se mantuvo como la entidad con más hallazgos de fosas clandestinas.

Otro de los datos que destacó fue la cantidad de cuerpos exhumados en cada entidad. Aunque Jalisco ocupa el quinto lugar nacional por número de fosas documentadas por medios de comunicación, concentra el primer lugar en cuerpos recuperados, con mil 157, equivalentes al 14 por ciento del total nacional. Le siguen Guerrero, con 852; Sonora, con 659; Guanajuato, con 570, y Michoacán, con 564. Esta diferencia, explicó, permite observar que el número de sitios localizados no necesariamente corresponde con la cantidad de personas cuyos restos se encuentran en ellos.

La comparación entre los registros de las fiscalías y los medios de comunicación también evidenció diferencias en la documentación. Mientras las instituciones reportaron más de 5 mil fosas clandestinas, alrededor de 46.5 por ciento más que las documentadas por la prensa, los medios registraron 46 por ciento más cuerpos que las fiscalías, con una diferencia de 2 mil 623 personas. 

Andrea advirtió que estas discrepancias dificultan dimensionar la magnitud de los hallazgos, sobre todo en un país que cuenta con más de 79 mil personas sin identificar en sus instancias forenses. Además, señaló que Jalisco, Guerrero y Guanajuato se encuentran entre las entidades cuyas fiscalías reportan menos fosas que los medios de comunicación.

La investigación también cuestionó la idea de que las fosas clandestinas se encuentran únicamente en terrenos alejados de las ciudades o en zonas rurales. De acuerdo con el análisis de los hallazgos documentados entre 2020 y 2024, el 73 por ciento se concentró en tres tipos de espacios: predios, con 32.9 por ciento; inmuebles privados, con 28.3 por ciento, y caminos, con 10.8 por ciento. Para Andrea, estos resultados muestran que las fosas forman parte de territorios habitados y de espacios por los que transita cotidianamente la población.

Respecto a los posibles perpetradores, el informe identificó que el 61 por ciento de los hallazgos corresponde a lo que denominaron “zona gris”, una categoría que recupera el concepto de las investigadoras e investigadores Sandra Ley y Guillermo Trejo. Esta clasificación contempla escenarios de permisividad estatal, redes de colusión y colaboración entre agentes públicos y grupos criminales. 

Por otra parte, el 22 por ciento se atribuyó al crimen organizado, el 16 por ciento a particulares y apenas el uno por ciento a agentes estatales identificados. Andrea explicó que esta categoría permite evitar que todos los casos se atribuyan exclusivamente al crimen organizado y, al mismo tiempo, reconocer las posibles relaciones entre estructuras criminales y autoridades.

La relación entre los espacios y los perpetradores también mostró diferencias. Los inmuebles privados concentraron el 41 por ciento de las fosas atribuidas al crimen organizado, mientras que los predios representaron el 24.4 por ciento. En los casos atribuidos a particulares, los inmuebles privados alcanzaron el 65.6 por ciento. La investigación también recuperó información sobre las víctimas que lograron identificarse a través de los medios de comunicación: el 73 por ciento correspondió a hombres y el 24 por ciento a mujeres.

Como parte de su intervención, Andrea presentó una actualización de los registros de 2025 en Jalisco. De acuerdo con los datos compartidos, la Fiscalía estatal reportó 71 fosas, mientras que la Fiscalía General de la República registró seis. La diferencia entre ambas instituciones también apareció en el número de personas localizadas: la Fiscalía estatal reportó 257 personas, la cifra más alta a nivel nacional para ese año. La investigadora agregó que durante 2025 se exhumaron alrededor de 880 cuerpos en el país y señaló que Jalisco permaneció entre las entidades con más hallazgos.

Por su parte, Alejandra Cartagena presentó los resultados de la investigación “Huellas en la Tierra: el rastro de la ausencia en las fosas clandestinas en Jalisco”, elaborada junto con Diana Araceli Pérez González, integrante del CUDJ-ITESO. El trabajo comprende el periodo de diciembre de 2018 a mayo de 2025 y analiza información de la Vicefiscalía en Personas  Desaparecidas. En ese lapso se documentaron 204 fosas en 19 municipios, con mil 963 personas localizadas y mil 13 identificaciones preliminares, equivalentes al 51 por ciento del total. De los sitios registrados, 165 se ubicaron en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

Tlajomulco concentró el mayor número de fosas, con 81; Zapopan ocupó el segundo lugar, con 41; San Pedro Tlaquepaque registró 21; El Salto, 12; Guadalajara, 10, y Tonalá, nueve. Alejandra destacó que el 93 por ciento de las fosas documentadas en esta investigación fueron localizadas por colectivos de familiares de personas desaparecidas, no como resultado de investigaciones iniciadas por la Fiscalía. También señaló que los hallazgos en espacios urbanos y periurbanos, como el caso de la zona de Las Agujas, en Zapopan, muestran cómo estos sitios se incorporaron a las dinámicas territoriales de la desaparición.

Para Alejandra, las fosas clandestinas no pueden entenderse únicamente como lugares donde se depositan cuerpos o restos humanos, sino como “espacios de ocultamiento deliberado de personas y de los hechos criminales que provocaron su muerte”. Por ello, sostuvo que la búsqueda de personas desaparecidas no debe limitarse a la localización con vida, aunque este principio debe mantenerse como una obligación de las autoridades. La búsqueda sin vida también requiere procedimientos adecuados de recuperación, identificación y restitución de los restos a sus familias.

La abogada también expuso las consecuencias que esta problemática tiene para quienes participan en las búsquedas. Las madres y familiares reciben información, recorren territorios, documentan hallazgos y, en ocasiones, realizan labores que corresponden a las instituciones. Sin embargo, advirtió que esta responsabilidad no debe recaer en ellas. “Acompañar no significa decidir con ellas ni sustituir su voz”, explicó, al señalar que el acompañamiento debe reconocerlas como sujetas de derechos, respetar sus tiempos y necesidades, brindar información clara, atención psicosocial y asesoría jurídica, además de garantizar su seguridad y participación en los procesos de búsqueda e identificación.

La intervención de Héctor Flores González trasladó la discusión de las cifras a la experiencia de las familias. El integrante de Luz de Esperanza compartió que su hijo, Héctor Daniel Flores Fernández, desapareció el 18 de mayo de 2021. A partir de su experiencia, cuestionó las posibilidades de hablar de prevención cuando, desde su perspectiva, existen estructuras institucionales que permiten o participan en las desapariciones.

“¿Cómo hablar de prevención en un estado que las permite, ante un estado débil, ante un gobierno inexistente, que participa, protege y muchas veces lleva a cabo de la mano con organizaciones criminales, las desapariciones de personas?”, expresó. Héctor también señaló que las desapariciones han adquirido distintas modalidades: además de los casos vinculados con ajustes de cuentas, habló del reclutamiento de jóvenes mediante falsas ofertas laborales, quienes después son utilizados en actividades criminales y pueden ser asesinados cuando dejan de ser útiles para esas estructuras.

El integrante del colectivo también llamó a reconocer la responsabilidad social frente a la violencia. Cuestionó las expresiones revictimizantes que justifican los asesinatos a partir de suposiciones sobre las actividades de las víctimas y señaló que estos discursos contribuyen a normalizar las agresiones. En su intervención, recordó que las fosas se han localizado en espacios de actividad comercial, viviendas y predios cercanos a casas habitadas. 

Héctor describió además el desgaste físico y emocional que implica participar en búsquedas forenses, donde las familias deben revisar restos humanos y enfrentar la posibilidad de que correspondan a sus seres queridos. A esto se suma la falta de personal, tecnología y recursos para realizar las labores de localización. 

Señaló que, pese a los avances tecnológicos anunciados por las autoridades, muchas jornadas continúan con herramientas manuales, mientras las familias realizan tareas de campo ante la falta de capacidad institucional. También denunció los retrasos en las búsquedas inmediatas y las dificultades para obtener respuestas de las fiscalías y comisiones de búsqueda, situaciones que identificó como formas de violencia institucional.

Al cerrar las intervenciones, Jonathan Ávila Guzmán, del CEPAD, destacó que buena parte de la información disponible sobre las fosas clandestinas existe gracias al trabajo de las familias buscadoras, quienes han identificado patrones, documentado hallazgos y aportado información a organizaciones y espacios académicos. Consideró que la sistematización de estos datos permite construir procesos encaminados a la verdad y la justicia. También recordó que en Jalisco la conversación pública sobre las fosas adquirió relevancia con el hallazgo de la megafosa de La Barca, a finales de 2013, aunque desde entonces las modalidades y los espacios de inhumación clandestina han cambiado.

Jonathan recuperó otros hallazgos que muestran la dimensión de esta transformación. Entre ellos mencionó la fosa de La Primavera, donde en septiembre de 2019 se localizaron 138 bolsas; el sitio de Mirador II, donde se encontraron 826 restos anatómicos que después fueron asociados con 106 cuerpos, y la fosa de Los Sabinos, en El Salto, donde se identificaron 131 cuerpos en noviembre de 2020. También cuestionó el registro institucional de las fosas en Jalisco, pues explicó que la administración estatal de Enrique Alfaro comenzó a contabilizar estos hallazgos a partir de diciembre de 2018, lo que dejó fuera información de años anteriores y de otras regiones del estado.

Finalmente, el periodista relacionó la expansión de estos espacios con las características del crecimiento urbano de Tlajomulco. Recordó que un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicado en 2016, ya advertía sobre el abandono de viviendas de interés social, la construcción de fraccionamientos alejados de los centros de trabajo y la reducción de la cohesión comunitaria. Estas condiciones, explicó, también facilitaron el uso de casas y fincas como espacios de cautiverio, tortura e inhumación clandestina. 

Ante este panorama, Jonathan planteó la importancia de hablar públicamente sobre lo que ocurre y contribuir a la documentación de los hallazgos, aunque reconoció que el miedo y la falta de garantías de protección dificultan las denuncias. Así, la presentación de Trazar la ausencia: caminar la esperanza puso sobre la mesa no solo la dimensión de las fosas clandestinas en México, sino también la participación de las familias en la búsqueda de sus seres queridos y la necesidad de que las instituciones asuman las obligaciones de prevención, localización, identificación y acceso a la justicia. 

Para consultar el informe completo “Trazar la ausencia: caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024)”, visita el portal oficial de la universidad IBERO. Igualmente, puedes acceder a la investigación “Huellas en la Tierra: el rastro de la ausencia en las fosas clandestinas en Jalisco”, a través del sitio www.analisisplural.iteso.mx

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Vanessa Briseno
Vanessa Briseno
Melómana por excelencia y apasionada de la lectura. Creo firmemente que el periodismo es una gran herramienta que te permite contar historias reales desde la verdad.

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