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La defensa de José Luis A. C., y Facundo M. R., dueño y empleado, respectivamente, del Crematorio Plenitud buscó echar abajo acusación de ocultamiento de los 383 cuerpos alegando que no cumplieron con el plazo establecido para su incineración porque se les juntó el trabajo, “estaban apilados, no escondidos”. Fiscalía segura que van 27 cuerpos identificados
Por Rocío Gallegos / La Verdad Juárez
Aun cuando la defensa del José Luis A. C., y Facundo M. R., dueño y empleado, respectivamente, del Crematorio Plenitud buscó deslindarlos de un procedimiento penal en su contra, un juez de control desechó sus argumentos y los vinculó a proceso judicial por la posible comisión de los delitos de ocultamiento de 383 cuerpos que se les entregó para su incineración y por conservarlos de manera ilícita.
La defensa, encabezada por la abogada Mara Haydee Lagunes Ávalos, alegó que las conductas señaladas contra sus representados son de carácter administrativo, no de tipo penal. Además, aseguró que es incorrecto acusarlos de ocultamiento por no llevar a cabo la incineración en el tiempo de 48 horas establecido en la ley.
Los cadáveres “estaban apilados, no escondidos” porque “se les juntó el trabajo. “El hecho que se les hayan juntado el trabajo no significa que estuvieran ocultando los cuerpos”, dijo la abogada al solicitar la no vinculación a proceso de los imputados.
Sin embargo, el juez Apolinar Juárez Castro consideró que los señalamientos del Ministerio Público contra José Luis A. C., y Facundo M. R., son hechos equivalentes a delitos en perjuicio de la sociedad.
“El que sean sujetos a sanciones administrativas no suprime la tipicidad de un delito” dijo el juez quien agregó que en el caso tiene prevalencia la conducta ilícita.
En la audiencia que se extendió por casi siete horas, el agente del Ministerio Público (MP), Francisco Javier Rojas Esquivel, reiteró que las conductas de los imputados son clasificadas y sancionadas como delito, tal y como se contempla en el artículo 202, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, y el ilícito federal establecido en el apartado 462, fracción I, de la Ley General de Salud.
“Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de 30 a 90 días multa, a quien”, se indica el artículo 202. En la fracción I dice: “oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales”.
El artículo 462 señala que “se impondrán de seis a 17 años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a 17 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”. La fracción I indica “al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos”.
El agente del MP Rojas Esquivel explicó que de acuerdo con un reporte de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COESPRIS) en el crematorio se detectó un manejo inapropiado de cadáveres, malas prácticas de higiene, falta de funcionamiento de dos cámaras de refrigeración, el horno crematorio fuera de operación y la carencia de energía eléctrica.
Se acusa de ocultamiento de cadáveres a José Luis A. C., y Facundo M. R., porque escondieron esa situación y los cuerpos, aunque la ley establece que la cremación de los difuntos se debe realizar en 48 horas, explicó.
“No solicitaron una prórroga a las autoridades, no solicitaron un plazo distinto para disponer de los cuerpos”, dijo. “En calidad de propietario (José Luis A. C) tenía la obligación de llevar la debido disposición de esos cuerpos, el empleado (Facundo M.R.) debía quemar esos cuerpos”.
El Ministerio Público, representado por personal de la Unidad de Delitos de Peligro Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, de la Fiscalía de Chihuahua, aseguró que ambos acumularon los 383 cuerpos que debieron someter a un proceso de incineración.
Rojas Esquivel dijo que se estima que el ocultamiento de los cadáveres se dio entre el 7 de marzo del 2022, cuando ocurrió la última revisión de Coespris al crematorio, y el 27 de junio del 2025, cuando se registró el hallazgo de los cuerpos en ese lugar.
El juez Juárez Castro también señaló que el lugar donde se encontraron los cuerpos apilados es un crematorio, donde su presencia debe ser temporal, solo para su incineración y luego entregar esos restos a los deudos.
“La conservación de los cuerpos en ese lugar era ilegítima, llegaron ahí para su cremación no para su conservación… no es un depósito de cadáveres, como lo es una morgue o un panteón”, dijo en la audiencia celebrada en la sala 1 de Ciudad Judicial en Ciudad Juárez.
La autoridad sanitaria hace entendible que se pueden retrasar la actividad con uno, dos, tres, cuatro o cinco cuerpos, pero eran 383, dijo.
Los imputados permanecieron en silencio y en las dos ocasiones en que el juez les preguntó si tenían algo que comentar respondieron que no.
SEÑALAN OMISIÓN DE COESPRIS EN AUDIENCIA JUDICIAL
Durante el debate, la defensa de los imputados comentó que si alguien no hizo su trabajo en este caso fue la Coespris, dependencia encargada de regular y supervisar este tipo de establecimientos funerarios, a lo que el Ministerio Público respondió que esta audiencia se abrió contra el dueño y empleado del crematorio.
En sus argumentos de vinculación a proceso, el juez consideró que si las autoridades sanitarias hubieran acudido al crematorio a realizar la supervisión y revisión frecuente del lugar “no estaríamos en estas condiciones actuales”.
Los abogados contratados por José Luis A. C., y Facundo M. R. también buscaron echar abajo la acusación del ilícito federal establecido en el apartado 462, fracción I, de la Ley General de Salud, con el argumento que no puede ser aplicable por autoridades del fuero común.
Sin embargo el juez justificó la aplicación de esa disposición asegurando que una ley general es competencia en toda la nación. “Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social” dijo citando el artículo primero de la misma.
Luego de dictar la vinculación a proceso, el juez reiteró la prisión preventiva como medida cautelar contra los dos acusados y otorgó al Ministerio Público un plazo de seis meses para las investigaciones complementarias.
“VAN 27 CUERPOS IDENTIFICADOS”
A su vez, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, indicó que se han analizado ya 148 cuerpos e informó que
“se está haciendo una clasificación muy individualizada para que al momento de hacer las identificaciones, esto se vaya de una manera más rápida y podamos hacerlo con menos contratiempos. Estamos trabajando técnicas de hidratación en muchos de los cuerpos”, señaló.
Además, dijo que al momento se tienen ya 27 cuerpos con nombres probables, porque muchos cuerpos venían incluso con la pulsera de hospital.
“Esto permitió hacer más ágil el trabajo y ahora estamos buscando a las familias ya con el nombre del cuerpo para comunicarles esa cuestión; ya han aparecido familias con cenizas y con su cuerpo ahí, es decir, de lo que hemos estado hablando”, puntualizó.
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Este trabajo se publicó originalmente en La Verdad Juárez, se reproduce en virtud de la #AlianzaTerritorial:
