#EscuelaDePeriodismo SegundaGeneración
Monserrat tenía catorce años cuando descubrió el activismo; con las elecciones federales del 2012, en pleno apogeo y sobre la estela del Movimiento #YoSoy132, decidió que en el mundo había cosas más grandes que su vida.
“No puede ser que esto sea tan importante y no esté enterada”, se decía a ella misma. Comenzó a leer e informarse respecto a diversas problemáticas sociales. Atravesó un proceso confrontativo y desafiante; las piezas que antes llevaban un orden ahora se encontraban dispersas alrededor de su joven mente. Finalmente, se encontró con ese mundo que a su parecer -y el de muchas personas- no es justo, y decidió también, que ella quería cambiarlo.
Monserrat nunca se había preguntado de dónde venía el agua, hasta ese día; el día que, en este camino de deconstrucción, se encontró con Dorian, un joven un año mayor que le habló sobre el extractivismo que se vivía en Zacualpan, Colima.
Esta es la historia de Monserrat Cárdenas, periodista y activista colimense que dedicó su juventud a la defensa del territorio de Zacualpan, atravesando una lucha extractivista profundamente larga y compleja.
Por Elizabeth Vázquez / @eliz_vzg
Fotografías: Archivo de Monserrat Cárdenas
El extractivismo es una práctica que define el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina como el proceso de explotación ambiental y de extracción doble que consiste en tomar un recurso que poseen las tierras de un lugar, y exportarlo fuera de su país productor.
Zacualpan es una comunidad indígena nahua ubicada en el estado de Colima, México. Se ubica al norte de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, en el municipio de Comala. Ahí se encuentran los manantiales naturales pertenecientes a la cuenca hidrológica de Ayuquila y Armería, mismos que alimentan los sistemas de agua potable a nivel estatal.
Esta red de aproximadamente 24 cuerpos de agua tiene diversos sistemas de captación hídrica distribuidos entre la comunidad, y abastecen a más del 40% de la zona metropolitana del estado de Colima. Entre las faldas de Cerro Grande, se encuentra la principal fuente de este complejo hídrico: el Ojo de Agua, un manantial natural, que produce aproximadamente 2,000 litros de agua por segundo, de los que se aprovechan alrededor de 1,000 por segundo para el suministro de agua potable total en la región.
Fue alrededor de 2013, cuando se descubrieron yacimientos de minerales metálicos como oro, cobre, plata y manganeso en el subsuelo de la comunidad, que comenzó una lucha constante por el control y explotación sobre este territorio.
La mina
Tras la revelación de la riqueza mineral oculta bajo los suelos de Zacualpan, el entonces recién elegido presidente, Enrique Peña Nieto, otorgó dos concesiones mineras por 50 años, que sumaban más de noventa mil quinientas hectáreas en total, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez. En diciembre del mismo año, el entonces secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, negó tener información sobre la posible explotación minera, a pesar de las concesiones.
Cuando comenzó a hacerse presente el descontento colectivo, frente a los indicios de abuso territorial, el empresario Rigoberto Verduzco, representante de la empresa Gabfer C. A de C. V, decidió expresar públicamente su interés por iniciar un proyecto de mina de oro a cielo abierto, y le ofreció 17 mil pesos a cada habitante de la comunidad durante una reunión comunal, buscando cambiar la oposición generalizada del pueblo hacia la explotación de sus tierras. Esto no hizo más que avivar la llama que comenzaba a arder en los adentros de los habitantes de Zacualpan, marcando sus inicios como una comunidad en resistencia.
Como primera respuesta, en noviembre del mismo año se creó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ); a esta alianza se sumaron colectivos como Bios Iguana, un grupo multidisciplinario de raíz local, conformado por doce integrantes que buscaban apoyar a la comunidad en su lucha contra el extractivismo.
Bios Iguana nació en la década de los noventa, cuando la laguna de Topocharco se vio amenazada por la construcción invasiva de un fraccionamiento en sus alrededores; desde entonces, el colectivo se había dedicado a defender las problemáticas medioambientales que aquejaban al estado de Colima.
Semillas de resistencia: Raíz joven, tierra antigua
Con quince años, Monserrat terminó formando parte del grupo activista Bios Iguana, liderado entonces por Esperanza Salazar Zenil y Gabriel Martínez Campos, dos figuras clave en la organización ambientalista que mantuvo en contienda los derechos de la comunidad de Zacualpan frente a las empresas mineras cernidas sobre el control de sus recursos naturales.
“Fue la mejor y la peor época de mi vida”, afirma hoy, a sus veintiocho años, más de una década después de los hechos. “Es algo que siempre está en mi mente, lo que ocurrió en Zacualpan. Es raro el día que no lo recuerde”.
A pesar de no involucrarse en labores “rudas” debido a la diferencia de edad que tenía con la mayoría de los y las integrantes del grupo, Monserrat se mantuvo presente en todo momento, entregándose de lleno a la causa. La resistencia de Zacualpan se convirtió en su línea de vida. Cuidaba de las infancias de la comunidad mientras las mujeres ordenaban a los grupos de protesta, y las personas mayores discutían formas de desenredar la situación, que, asfixiante, comenzaba a mermar en la calidad de vida de los habitantes del pueblo. “Nadie me tuvo que convencer de nada, yo sabía lo que era necesario y estaba más que dispuesta a hacerlo”, recuerda ella al respecto.
Entonces, acomodó sillas y carteles. Se encargó de difundir información en redes sociales, y se integró a la cotidianeidad de la comunidad; se encargó de pequeñas tareas, que, para ella, significaban la creación del mundo con el que soñaba. Un mundo justo.
Todos los días, por las tardes, atendía un módulo informativo con sus compañeros Dorian y Giovanna en el Jardín Libertad, ubicado en el centro de la capital colimense. Buscaban despertar conciencia alrededor de la resistencia en las personas del municipio. A los quince años, se convirtió en activista.
Decidió que, algún día, estudiaría periodismo, y se convertiría en lo que más necesitaba el mundo desde su perspectiva: periodistas con un compromiso con las causas más humanas y complejas.
Contra el oro, dignidad y defensa
Para el 23 de febrero de 2014, la comunidad de Zacualpan dio un paso más y rechazaron totalmente la participación de Carlos Guzmán como Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, debido a que este hombre había mantenido negociaciones con empresas mineras sin el consentimiento de la asamblea. Guzmán mantenía lealtades hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que entonces, controlaba el poder federal. Dicho puesto, les cedía a él y a su directiva la capacidad de representar de manera legal y administrativa a la comunidad, firmar documentos y acuerdos, y convocar y coordinar las asambleas comunales en las que se trataban temas de interés del pueblo.
Además, como presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, Guzmán tenía una relación directa con la administración del balneario comunitario ubicado en el Ojo de Agua, de gran importancia para la comunidad nahua.
Se señaló también la presunta colusión de Carlos con el empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez, quien mostró siempre su apoyo, públicamente, hacia el proyecto minero. Durante esta asamblea, se recalcó el evidente y rotundo rechazo de hacia dicha iniciativa, y Zacualpan se autoproclamó un territorio libre de minería.
Así se nombró a una nueva mesa directiva, conformada por Guadalupe Rincón Carpio como Presidenta del Comisariado, Epitacia Zamora como Secretaria General y Olivia Teodoro como Tesorera.
A Guzmán se le acusó de corrupción, mal manejo de recursos federales destinados a la comunidad e intentos de soborno y compra de voluntades para facilitar la imposición del proyecto de la empresa Gabfer. Tras su destitución, y la toma de control de la nueva administración comunal, transcurrió un periodo de cinco meses en el que se lograron recaudar casi 400 mil pesos, destinados a empleos para habitantes de la comunidad, y a apoyar sistemas de salud y traslados.
Sin embargo, en agosto de ese mismo año, el grupo de Carlos Guzmán retomó violentamente el control del Ojo de Agua. Así comenzó otra contienda dentro de la justa: la lucha por el control y la protección del Ojo de Agua, que se convirtió en un símbolo de la resistencia de Zacualpan contra la minería y en defensa de sus recursos naturales y autonomía comunal.
La lucha por el Ojo de Agua
Monserrat recuerda con claridad lo sucedido. El grupo de Guzmán, con su intención de tomar control sobre el yacimiento acuífero, había pasado por alto un detalle: había aún un grupo de comuneros dentro de las instalaciones del Ojo de Agua. Mismos que decidieron quedarse para evitar que fuera tomado por los opositores. “Fue un gesto sencillo pero poderoso, una forma de permanecer, de no ceder el territorio. Y fueron meses”, comenta Monserrat ahora, rememorando los hechos que dejan en evidencia la valía y fortaleza de los comuneros de Zacualpan.
A manera de protesta, no salieron del balneario en meses; comieron, y durmieron en el manantial. Zacualpan y el grupo Bios Iguana se encargaron de hacerles llegar recursos suficientes para mantenerlos: se mantuvo presencia, en donde otros querían destierro.
Monserrat ayudó en la organización y recolección de víveres en el mismo módulo informativo que atendía los viernes, y acompañó a sus compañeras y compañeras a hacer las entregas. A pesar de que la entrada se encontraba bloqueada, encontraron formas y alternativas para alcanzar a sus colegas: “Fueron días de levantarse a llevar cosas a las siete de la mañana, y volver en la noche, porque no te dejaban pasar. Entonces era esperar, y seguir buscando formas”.
Este periodo mantuvo tensiones latentes entre ambos bandos, marcado por los bloqueos de acceso al balneario y enfrentamientos constantes entre los grupos en disputa.
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Finalmente, Carlos Guzmán decidió retirarse, aunque lo hizo sin entregar cuentas sobre el estatus de la administración del balneario a la nueva directiva comunal, alegando que esta no había sido reconocida por el Registro Agrario Nacional (RAN) debido a cuestionamientos sobre la legalidad de la asamblea comunal en la que fue nombrada. Entre estos motivos, se argumentó la ausencia de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, en la sesión y la falta de procesos ordinarios que podían generar irregularidad.
No mucho después, Zacualpan convocaría a una manifestación en la que se cerraron las bombas de agua de la comunidad en forma de protesta contra Guzmán; una acción simbólica que buscaba llamar la atención del resto del estado de Colima sobre los riesgos que la minería representa para el manantial Ojo de Agua, fuente vital para la región.
El 13 de marzo de 2014 a las siete de la mañana, se reunió un grupo de aproximadamente 200 comuneros para cerrar las bombas de agua del Manantial de Zacualpan, a manera de protesta frente a la incertidumbre y falta de respuesta por parte del grupo político que intentaba dominar su territorio. Se trató de una manifestación pacífica, acompañada por personas adultas mayores, niños y niñas; una declaración, y un acto probatorio del valor absoluto de la unión de la comunidad, en cuerpo, tierra y alma.
Transcurrió el día; finalmente, el reloj marcaba las cuatro de la tarde cuando, según recuerda Monserrat, alrededor de 200 y 300 granaderos, transportados en patrullas y una tanqueta, arribaron a la comunidad.
“La tanqueta nunca antes se había utilizado en operativos del estado”, sostiene, haciendo memoria alrededor de los hechos.
La protesta, a pesar de ser pacífica, fue violentamente reprimida por los elementos policiacos, que arremetieron contra la población; las primeras líneas de la comunidad, siempre conformadas por mujeres y niños, fueron las más afectadas. Monserrat no encuentra más entre los hilos de su memoria que una escena de absoluto caos: los gritos de las personas siendo empujadas contra las paredes y arrastradas contra el suelo. Las palabras vociferadas por los agresores, insultos violentos que acompañaban el dolor físico ocasionado por los golpes; una crueldad íntegra, cuyo único objetivo era acallar la voz del pueblo, cuya lucha apenas comenzaba.
Cinco días después de la agresión, el 18 de marzo de 2014, dos miembros de la comunidad y una representante del colectivo Bios Iguana asistieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México para dejar una queja en contra del gobierno del Estado de Colima, y la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera.
A la par, el 24 de marzo de 2014 se le presentó al Juzgado Segundo de distrito en Colima un juicio de amparo indirecto, con número 580/2014, interpuesto en respuesta a la admisión por parte del Tribunal Unitario Agrario de una demanda de nulidad presentada por Carlos Guzmán y su grupo, que buscaba invalidar legalmente la asamblea del 23 de febrero de 2014, en la que se había presentado la mesa directiva liderada por Rincón Carpio.
Dos meses después, el 27 de mayo de 2014, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38 con sede en Colima, emitió la sentencia correspondiente al expediente 81/14, en la que el magistrado Antonio Luis Betancourt Sánchez reconoció la legalidad de la asamblea comunal celebrada el 23 de febrero de 2014, y por ende, la destitución oficial de Carlos, Román y Prisciliano Guzmán de sus cargos como presidente, secretario y tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, respectivamente, validando en el proceso la elección de la administración integrada por Guadalupe Rincón, Epitacia Zamora y Olivia Teodoro.
Se determinó que la asamblea, en efecto, cumplió con todos los lineamientos establecidos en la Ley Agraria (específicamente en los artículos 22, 23 fracción III, 25, 26, 31, 38, 39 y 40, en relación con el 107). Además, el Tribunal ordenó al Registro Agrario Nacional (RAN) dejar sin efecto las medidas precautorias dictadas el 19 de marzo de 2014, que suspendían provisionalmente los efectos de la reunión en la que se destituyó a Guzmán mientras se resolvía el juicio de amparo, así como proceder conforme al artículo 152 de la Ley Agraria, que dicta que “las sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios Agrarios que no hayan sido recurridas o que hayan causado estado, deberán ser ejecutadas por las autoridades agrarias correspondientes, y, en su caso, por las autoridades competentes para el cumplimiento forzoso”. Es decir que una vez que una sentencia del TUA es definitiva, debe ser ejecutada por el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y otras autoridades, sin más trámites, sin ignorar ni retrasar, cerrando así el caso de Guzmán.
El legado vivo de las mujeres de Zacualpan
El 17 de febrero del año 2015, la muerte de Epitacia Zamora, una de las grandes líderes del movimiento, sacudió profundamente a Monserrat y a la comunidad de Zacualpan, cuya lucha se encontraba en apogeo. Su partida no solo dejó un vacío humano, sino que también un gran hueco simbólico, pues Pita, como la recuerda Monserrat con cariño, representó el espíritu que sostenía la lucha.
Para Monserrat, Epitacia fue una maestra y una figura que encarnaba la conexión entre la tierra, la historia y el cuerpo de las mujeres que la defendían. Las mujeres son los pilares de la comunidad en Zacualpan, figurando como uno de los ejemplos más claros de ecofeminismo a nivel nacional. Las reconocidas como las Guardianas del Agua y el Territorio, específicamente, fueron lideradas en su momento por Epitacia, y han desempeñado un papel crucial en la protección de los recursos naturales y en la promoción de la justicia ambiental y de género. Desde 2013, cuando inició la lucha por el territorio, han guiado la defensa de su comunidad de manera implacable, dotándola de sentido humano.
Junto a otras mujeres, como Olivia Teodoro Arandas y Guadalupe Zamora, Epitacia Zamora creó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, que le ha dado una voz democrática a la comunidad a lo largo de todos los procesos legales que ha atravesado.
Juntas, encontraron una manera de resistir desde sus lugares comunes: crearon el grupo de Mujeres Artesanas de Zacualpan, que impulsa bordados con simbología nahua como forma de resistencia cultural y económica, y el Proyecto Indajani, que rescata el traje típico de su comunidad como símbolo de cosmovisión, identidad y autonomía. Impulsaron también diversos talleres de educación comunitaria ambiental, incluyendo temas como derechos territoriales y el papel de la mujer en la defensa del agua.
“Quien vende la tierra, vende a su madre”, decía Pita, probando que para las mujeres de Zacualpan defender el territorio es también defender su historia y su memoria colectiva; se trata de una conexión territorio-cuerpo-tierra, que guía su resistencia diaria, donde cuidar el agua y la tierra son actos de vida y de dignidad.
Actualmente, se dividen en distintos colectivos de trabajo y resistencia, los principales siendo las Mujeres del Fuego, que son las encargadas de la producción, venta y comercialización de comida, las Mujeres del Bordado, que son las que tejen y bordan toda la vestimenta típica, y las Mujeres del Maíz, que cosechan, siembran, plantan, y posteriormente comercializan sus productos.
“Hay muchas mujeres tímidas que prefieren dejarse maltratar por miedo, que les dicen que no valen nada. Yo les digo que sí valemos y debemos hacernos valer. A todas esas mujeres yo les diría que se rebelen, que se defiendan y denuncien, y si no les hacen caso que exijan en las calles con marchas y que digan: somos mujeres y aquí estamos.”
Epitacia Zamora
El arraigo de Zacualpan hacia sus recursos naturales viene desde el más profundo sentido de pertenencia hacia la naturaleza; la unión y organización de las mujeres de la entidad han salvaguardado este sentimiento desde tiempos inmemorables. No se trata de un hecho aislado, sino que esta red de resistencia forma parte de una corriente más amplia de ecofeminismo indígena en América Latina, donde las mujeres no solo defienden el ambiente, sino que también hablan por sus cuerpos, culturas y formas de vida frente al extractivismo, el patriarcado y el colonialismo.
Cuerpos sitiados, territorio herido
Tras la destitución de la directiva de Guzmán, la situación, pendiente, comenzó a agravarse, asemejando una olla de agua rozando el límite de la ebullición. Monserrat presenció de primera mano cómo el grupo Bios Iguana comenzó a sufrir los estragos del activismo en México, especialmente, Esperanza Salazar, que no tardó en notar que tenía más de una sombra.
Esperanza Salazar Zenil es una defensora ambiental emblemática que ha dedicado más de dos décadas a proteger la tierra, el agua y los derechos de comunidades indígenas en Colima. Su labor en Zacualpan no sólo influyó fuertemente en el rumbo de la lucha de la comunidad contra el extractivismo, sino que también expuso la violencia sufrida por quienes deciden resistir.
Fue la coordinadora general de la organización Bios Iguana, y miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), y de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales. A finales de 2013, comenzó a brindar acompañamiento y asesoría al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ). Esto le significó una campaña sistemática de hostigamiento; fue víctima directa de amenazas de muerte, detenciones, allanamientos y campañas de difamación, atribuidas en su mayoría a los actores empresariales y funcionarios públicos beneficiarios de la propuesta de proyecto minero a cielo abierto.
Finalmente, se vio obligada a ceder frente al exilio bajo medidas del Mecanismo de Protección a Defensores en agosto de 2016. Su salida fue asistida por organizaciones como MiningWatch Canadá y REMA, y estuvo acompañada una serie de situaciones de acoso de las que existen registro. Estas incluyen espionaje, hostigamiento verbal y allanamientos a su domicilio, a pesar de haber sido asegurado con rejas y alambrados.
Varios miembros de la resistencia comenzaban a recibir amenazas de muerte, verbales y telefónicas; la paz del grupo se transformó en una esperanza lejana, frente al deseo inacabable de los agresores externos por extraer los recursos del pueblo.
Después de meses de amedrentamiento, los primeros días de marzo de 2015, la comunidad y el grupo Bios Iguana recibieron una visita de valoración por parte de una Misión Internacional y Nacional de Observación de Derechos Humanos. Esto fue parte de un esfuerzo por documentar y denunciar las violaciones a los derechos humanos a las que se enfrentaban los defensores del medio ambiente en la región. Dicha iniciativa, logró su cometido.
Durante la visita, se documentaron casos de hostigamiento, amenazas y violencia contra las y los defensores del territorio; entre ellos, un bloqueo por parte del grupo invasor. Finalmente, miembros de las organizaciones visitantes, y de la misma Misión Internacional intervinieron, evitando que la situación escalara.
Monserrat recuerda vagamente presentarse en interminables ruedas de prensa, y frente a una caravana de ONGs, que se encargaron de visibilizar los hechos. Estrechó manos, y respondió a las preguntas que se le hacían: “esos días, sin duda, fueron de los momentos que más me han marcado como persona”, rememora, destacando la convergencia emocional que la invitó a dedicarle su vida al activismo, y que persiste hasta el día de hoy.
La misión, acompañada por integrantes del Foro Nacional de Afectados por la Minería, se celebró con más de 30 organizaciones de 11 estados que compartieron experiencias de resistencia, denunciaron estrategias de represión, y firmaron la Declaración de Zacualpan, en la que se denunciaron las imposiciones del proyecto minero, así como el papel de funcionarios como Carlos Guzmán y la Delegada de la Procuraduría Agraria.
¿Qué viene después de la defensa?
Pese a la visita, la situación no mejoró, ni para la comunidad, ni para el grupo Bios Iguana. Integrantes del equipo habían recurrido ya al autoexilio: uno de ellos reportó estar llegando a su casa un día cuando la ruptura de una ventana con una piedra terminó por darle la bienvenida. Vivieron meses bajo vigilancia, con extraños “pisándoles los zapatos” al andar por las calles de la ciudad que llamaban casa, y evitando el contacto por medios telefónicos para evitar posibles espionajes; sus visitas a la comunidad cobraron un significado completamente distinto bajo el amedrentamiento constante del que fueron víctimas. El peligro y la duda se convirtieron en presencias cotidianas en el grupo; dos integrantes más. “Nada puede contra ellos”, recuerda haber pensado Monserrat en ese momento.
Ella se dejó arrastrar por la situación: el estrés acumulado, la preocupación constante y el inacabable río de circunstancias dolosas que amenazaban con ahogarla, pasaron factura. Cayó entonces, víctima de una enfermedad misteriosa, atribuida al estrés. Los síntomas principales eran tener las extremidades rígidas y sudores nerviosos; apenas podía mantenerse despierta. Pasó semanas recostada en cama, y dos días internada en una clínica privada del estado, mientras la situación seguía en declive.
A Esperanza le fueron asignados dos guardaespaldas, que instalaron un par de cámaras de seguridad en su domicilio. Monserrat fue hospitalizada, y comenzó a tener una serie de complicaciones en su vida académica y familiar. Zacualpan se enfrentó a un punto de ruptura: las agresiones eran casi cotidianas. Apedreos, represiones, y bloqueos.
Para el 17 de junio de 2015, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas decidió tomar cartas en el asunto y planear una visita a la comunidad junto al grupo Bios Iguana, buscando valorar la necesidad de implementar medidas de apoyo hacia el colectivo, que comenzaba a dispersarse debido a los efectos de la presión emocional que trajo el movimiento.
Monserrat decidió dejar el hospital para atender junto a sus compañeros y compañeras a los dos enviados por parte del Mecanismo de Protección. Cuando llegaron a la comunidad, lo primero que notaron fue la tanqueta, propiedad del gobierno del estado, libre una vez más, danzando a su alrededor, al acecho.
¿Puede un cuerpo herido seguir huyendo?
Eran las dos de la tarde y el sol colimense brillaba furioso, calentando la acera y las enormes hojalatas vehiculares. Monserrat y algunas de sus compañeras y compañeros de Bios Iguana se acercaban a la entrada del pueblo en una camioneta blanca, camino a la recepción de los enviados por el Mecanismo de Protección, cuando una serie de golpes y gritos detuvieron su paso; de frente se encontraba una turba humana, armada con palos y piedras. El grupo colapsó contra el suelo, sin otra opción más que bloquear las puertas y evitar las ventanas.
Pasaron horas de esa forma, transpirando miedo, comunicándose con la mirada; evitando el movimiento. Respirar era incómodo, pero los azotes repentinos y ocasionales de los palos contra las puertas de la camioneta lo eran aún más. El pánico convirtió el tiempo en paradoja; nada podría haber sido ni más rápido, ni más lento.
Finalmente, aproximadamente cuatro horas después, los agresores, un grupo partidario de la causa de Guzmán, desistieron. Entonces el colectivo pudo orquestar una salida segura.
El grupo, conformado por la abogada del colectivo Bios Iguana, dos miembros más del equipo, Esperanza Salazar, Monserrat, y los dos enviados de Secretaría, se instaló en la casa de una de las líderes de la resistencia, en donde también se les unieron dos defensoras locales más. Así, bajo la mirada de la tanqueta que se estacionó frente al domicilio, comenzaron a documentar y analizar la situación: compartieron un recuento minucioso de testimonios, y se expusieron, parte por parte, cada uno de los acontecimientos que fueron marcando la guerrilla no reconocida formalmente.
Mientras el personal del Mecanismo hacían preguntas y tomaban lo que a Monserrat le parecieron interminables notas, comenzó a correr un rumor por las calles del pueblo. Se estaba convocando a una reunión comunal, para atender un asunto urgente. Rápidamente, la dueña de la casa reconoció el caso: a lo largo de toda la semana, los acompañantes de Carlos Guzmán se habían encargado de congregar a la comunidad anónimamente para arremeter contra algunos perfiles específicos del grupo ecologista.
Entonces, las dos defensoras nativas ignoraron el llamado, evitando alertar a sus huéspedes, pero decidieron tomar medidas. No mucho tiempo atrás, habían presenciado cómo durante uno de los enfrentamientos una reportera había sido tomada del cabello y agredida en medio del caos. Discretamente, comenzaron a trenzar el cabello de sus invitadas para evitarles la misma situación, bajo la excusa de ser hospitalarias y compartir sus costumbres. Monserrat todavía recuerda las manos suaves, tejiendo sus cabellos con amabilidad.
Se despidieron y salieron con dirección a la capital del estado: Colima. Esperanza abordó una patrulla, mientras que en otro vehículo se fueron los integrantes del mecanismo, Monserrat y la representante legal del caso. Pero fueron interceptados por el grupo que había intentado convocar a la reunión sin éxito. Tuvieron que detener los autos. Les rodearon y se enfrentaron a un nuevo tipo de acercamiento: esta vez, sus atacantes no iban únicamente armados con palos y piedras, sino que también cargaban con machetes.
Pronto, comenzaron a arremeter contra las puertas y a patear los vehículos que transportaban al colectivo. Monserrat apenas había vuelto a andar, recién dada de alta. Su primer pensamiento fue fatal: “si logran abrir, y todos se van, yo no voy a poder correr. No estoy bien. No voy a poder correr, y entonces, ¿qué va a pasar?”.
Fantasmas: duelo y memoria
No mucho después del evento, fue aprobado el Mecanismo de Protección para el colectivo Bios Iguana. Se les otorgaron botones de pánico, y fueron implementadas diversas medidas de seguridad, como más guardias y más cámaras, a su día a día. Así pasaron los meses, sin descanso, hasta que finalmente fueron vencidos por las complicaciones; la situación se tornó inhumana. “La verdad es que ya ni siquiera confiábamos en el mecanismo de protección”, declara Monserrat al respecto.
Para finales de 2015, Esperanza Salazar dejó el estado de Colima, por miedo a ser víctima de asesinato con motivo de su activismo. Poco a poco, se desintegró el colectivo; Monserrat dejó el grupo, también, coincidiendo su salida con su ingreso universitario.
Vivió, después del trauma y el ajetreo, un duelo. Le costó reconocer la vida sin Zacualpan, que le dio una causa y le ayudó a descubrir su propósito. “Se fueron todos, y yo me quedé aquí, viendo desde fuera, cómo la vida seguía como si nada hubiera pasado”. Se sintió fantasma; rara, sin rumbo. Perdió amistades, y se cerró frente al mundo; no hablaba con nadie, pues no lograba encontrar el entendimiento que necesitaba.
Pero decidió seguir resistiendo a su manera, y a pesar de todo lo vivido, estudiar periodismo. En la facultad, redescubrió e hizo las paces con el activismo; se dedicó a fomentar las líneas de resistencia estudiantil de la Universidad de Colima, y le dio su atención de lleno a causas como el feminismo y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Así, poco a poco, fue reapropiándose de sí misma, construyendo sobre la historia de Zacualpan los cimientos de su nueva vida.
Tejer memoria para crear cambio
Para 2022, siete años después de los hechos, dos abogadas de la Red Nacional Contra Megaproyectos lograron que se cancelaran las dos concesiones mineras de las que se tenían registro. “Las protagonistas, en inicio y cierre, siempre fueron las mujeres”, piensa Monserrat al respecto.
No volvió a ver a Esperanza Salazar, su mentora, hasta 2023, ocho años después de su último contacto. Compartieron las lágrimas y palabras que no se atrevieron a soltar en su momento: Monserrat, por miedo, Esperanza, por evitar cargar a su entonces joven compañera con pesares más maduros. Ahora comparten la carga del pasado que les fue impuesto: “Es la primera vez que hablo formalmente de esto, y es extraño, porque yo no lo tengo superado, y no sé si algún día logre hacerlo. Yo sólo trato de seguir adelante”, menciona Monserrat, recordando que Zacualpan fue, y será, quizá para siempre, el motivo de su existencia.
Aún se mantiene en contacto con las mujeres de la comunidad, que le enseñaron a amar, a resistir; a defender, y a siempre alzar la voz. Las que enseñaron a encontrar belleza en lo cotidiano, y le probaron que la vida humana y la naturaleza son las cosas más extraordinarias e importantes del mundo.
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En este enlace podrán leer otras historias elaboradas por las y los estudiantes de ZonaDocs: Escuela de Periodismo, 2da. Generación:
ZonaDocs: Escuela de Periodismo, 2da. Generación
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Este trabajo es el resultado del proceso formativo de ZonaDocs: Escuela de Periodismo, 2da. Generación, proyecto auspiciado por la Fundación Internacional de Seattle, a través del Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México (Fondos CAMY).
