Con rabia, dolor e indignación, el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco A.C. denunció públicamente la entrega irregular de al menos 151 cuerpos sin identificar a distintas universidades entre 2015 y 2018, una práctica que calificaron como arbitraria, violatoria de derechos humanos y profundamente revictimizante.
Por Aletse Torres Flores / @aletse1799
Fotos por Yohan Rodríguez Saldaña / @Yohnfoto (IG)
A través de un comunicado, las familias buscadoras señalaron que esta situación, desconocida para ellxs durante años, salió a la luz gracias a una investigación del medio NTR Guadalajara, la cual reveló que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) donó esos cuerpos sin haber agotado los procesos de identificación ni haber informado a las familias.
“Esta práctica permaneció oculta durante años y ahora sale a la luz gracias a la investigación periodística de NTR, que nos da acceso a información que por largo tiempo se nos ha negado: posibles datos sobre el paradero de quienes seguimos buscando con el alma y el cuerpo”, expresó el colectivo.
Las familias buscadoras cuestionaron el papel de las autoridades forenses y ministeriales, preguntando cómo se permitió la donación de cuerpos sin cumplir con el deber legal y ético de identificarlos.
“¿Qué pasó con la obligación de las autoridades de realizar todos los actos necesarios para la identificación y restitución de los cuerpos a sus familias? ¿Por qué se permitió su donación antes de agotar esas diligencias?”, plantearon.
Así mismo, recordaron que esta práctica no sólo vulnera derechos fundamentales como el derecho a la verdad, a la identidad y a la dignidad post mortem, sino que también representa un acto de desdén institucional hacia las víctimas y sus familias, quienes durante años han sostenido la búsqueda con su propio esfuerzo.
“Mientras las familias entregamos muestras genéticas, participamos en diligencias y tocamos puertas cerradas, las instituciones actúan con negligencia y opacidad”, denunció Luz de Esperanza.
Y es que acordé a la investigación publicada por NTR Guadalajara, entre 2015 y 2018 el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) donó al menos 151 cuerpos a distintas universidades, entre ellas la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Lamar, el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, y la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).
De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, el IJCF reportó haber donado 69 cuerpos en 2015, 41 en 2016, 23 en 2017 y 11 en 2018. Sin embargo, NTR detectó inconsistencias en la información oficial, pues en realidad en 2017 fueron 30 cuerpos, no 23.
La diferencia, expuso el periodista Lauro Rodríguez, se debe a que siete cadáveres fueron identificados y entregados a sus familiares, pero fueron excluidos de la cifra global por el propio IJCF, lo que evidencia manipulación o error en el registro público.
De los 30 cuerpos donados ese año, 16 fueron entregados a la UdeG, seis a la Universidad Lamar, cinco al Tec de Monterrey y tres a la UAG. Todos ingresaron al Servicio Médico Forense en 2017, y la mayoría correspondía a hombres; solo dos eran mujeres.
Según el IJCF, 17 murieron por enfermedad, seis por asfixia, cinco por contusiones, uno por arma de fuego y uno por arma blanca. Los cuerpos fueron hallados en distintos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara: 16 en la capital, cuatro en Tlaquepaque, tres en Zapopan, tres en Tlajomulco, dos en Ixtlahuacán de los Membrillos, uno en Tonalá y otro en El Salto.
El mismo reportaje de NTR documenta que, aunque la Universidad de Guadalajara ha solicitado devolver los cuerpos al IJCF, no ha recibido respuesta en la mayoría de los casos.
De los 32 cuerpos que recibió en donación, solamente cinco han sido restituidos: tres del Centro Universitario de Tonalá, uno del Sur y uno de la Costa. Incluso nueve cadáveres identificados permanecen en laboratorios universitarios porque el IJCF no los ha querido recibir de vuelta.
Una práctica que ya había sido denunciada años atrás
Lo revelado ahora por NTR y denunciado por las familias no es un hecho aislado.
Ya en 2018, el mismo medio había documentado un patrón similar de contradicciones y falta de control institucional en las donaciones de cuerpos por parte del IJCF.
En aquel entonces, NTR reportó que la Universidad de Guadalajara admitió haber recibido 282 cuerpos de personas no identificadas entre 2006 y 2018, mientras que el IJCF solo reconocía 119 entregas en ese mismo periodo.
Ambas instituciones respondieron por separado a solicitudes de información, y las cifras evidenciaron una brecha de más de 160 cuerpos sin registro coincidente.
La UdeG confirmó que, desde el año 2000 hasta 2018, había recibido 400 cuerpos en total provenientes del Servicio Médico Forense para prácticas académicas en sus planteles de medicina: el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), Los Altos (CUAltos), el Sur (CUSur), Tonalá (CUTonalá) y la Costa (CUCosta).
El CUCS concentró la gran mayoría, con 374 cuerpos, seguido por el CUSur con 15, el CUTonalá con seis, el CUAltos con cuatro y el CUCosta con uno.
Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía General del Estado sostuvieron que solo existían registros de 119 entregas formales, todas “previa autorización del Ministerio Público”.
Aunque el IJCF argumentó que actuó bajo el marco de la Ley General de Desaparición Forzada, las contradicciones en los datos nunca fueron esclarecidas ni derivaron en sanciones.
A la luz de lo que hoy se revela, esos hallazgos de 2018 confirman un patrón sistemático de opacidad, negligencia y desdén institucional hacia los cuerpos no identificados y las familias que los buscan.
Y estas prácticas, para las familias y organizaciones que acompañan procesos de búsqueda, vulneran el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la dignidad de las personas fallecidas.
El Artículo 346 de la Ley General de Salud establece que “los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración”.
El incumplimiento de esta norma, junto con los compromisos asumidos por México en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, coloca al Estado en situación de responsabilidad internacional.
Por ello, el colectivo Luz de Esperanza ha exigido que se realice una investigación independiente y la suspensión inmediata del personal involucrado, además de la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Pidieron también la creación de un mecanismo de transparencia y supervisión en los procesos forenses y la revisión de todas las donaciones hechas en los últimos años.
“La dignidad no se pierde con la muerte. El trato dado a los cuerpos refleja el compromiso de una sociedad con los derechos humanos y con la justicia”, afirmaron.
Una herida abierta en la crisis forense de Jalisco
El caso de las donaciones irregulares se suma a una crisis forense que ha colocado a Jalisco en el centro de la tragedia nacional.
Con más de 15 mil personas desaparecidas y miles de cuerpos sin identificar bajo resguardo estatal, las familias denunciantes ven en este nuevo episodio la confirmación de un sistema roto, donde el dolor se acumula entre tráileres refrigerados, laboratorios saturados y bases de datos incompletas.
La revelación del periodista Lauro Rodríguez no sólo exhibe una falta de control administrativo: expone una deuda moral y humanitaria. Las familias lo sintetizan con una frase que sigue vigente:
“La memoria de las personas desaparecidas no puede ni debe ser objeto de negligencia o burla por parte de las instituciones. Seguiremos buscando hasta que la verdad y la justicia sean posibles.”
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Aquí el link al trabajo publicado por Lauro Rodríguez para NTR Guadalajara:
