Tras meses de errores legislativos y subsanaciones formales, la diputada Tonantzin Cárdenas urgió al gobernador a publicar la reforma constitucional que crea la Fiscalía Especializada en Tortura, señalando que la demora impide su entrada en vigor y afecta directamente la planeación presupuestal de 2026
Por Miguel Vidal / @Vidal_PMiguel (IG)
La diputada Tonantzin Cárdenas solicitó al gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, la publicación inmediata de la reforma constitucional que crea la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, aprobada por el Congreso del Estado el 29 de mayo de 2025.
La legisladora recordó que las correcciones de forma requeridas fueron subsanadas el 31 de octubre y que el Gobierno estatal recibió el Acuerdo Legislativo corregido el 3 de noviembre; no obstante, quince días después, la reforma no ha sido publicada en el Periódico Oficial, lo que impide su entrada en vigor.
Cárdenas advirtió que el retraso ocurre en un momento determinante debido a la inminente votación del Presupuesto de Egresos 2026, que contempla 63 millones de pesos para el “Programa contra la tortura y atención a víctimas de delitos”. Subrayó que sin la Fiscalía Especializada encargada de implementarlo, dicho recurso sería insuficiente para garantizar investigaciones adecuadas, atención especializada y reparación del daño.
La diputada calificó la demora como una falta grave hacia las víctimas, pues prolonga la ausencia de mecanismos institucionales para atender la magnitud del problema y genera mayor desconfianza. Reiteró que la publicación inmediata es imprescindible para que la nueva Fiscalía pueda integrarse al presupuesto y comenzar a operar en el corto plazo.
Cronología de los errores
La Fiscalía Antitortura en Jalisco no se ha creado por errores de diputadas y diputados en la redacción de la reforma constitucional que debía darle origen. Aunque la reforma fue aprobada el 29 de mayo, todavía no ha sido publicada en el Periódico Oficial, lo que impide su entrada en vigor. A esto se suman inconsistencias en los documentos legislativos, como artículos omitidos y frases mal incorporadas, que han generado falta de certeza jurídica. Uno de estos errores fue finalmente corregido el pasado 31 de octubre, pero las fallas iniciales siguen retrasando la instalación formal de la nueva Fiscalía.
El proceso comenzó el 29 de mayo, cuando el pleno aprobó reformas a los artículos 21, 35, 35 Bis, 53, 59 y 74 de la Constitución estatal mediante el Decreto 29838/LXIV/25.
Después, el 27 de agosto, con el acuerdo legislativo 315/LXIV/25 se declaró aprobada la minuta para crear la Fiscalía Antitortura, después de cumplirse con el proceso que implica hacer cambios a la Constitución; sin embargo, este documento incluyó errores importantes: solo mencionó la reforma de cinco artículos y omitió el artículo 35.
Estas inconsistencias llevaron al Gobierno del Estado a advertir sobre la falta de certeza jurídica. El 6 de octubre, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, envió el oficio DIGELAG OF 407/2025 al Congreso para señalar que las diferencias entre el decreto original y el acuerdo legislativo impedían avanzar con claridad, pues la redacción no coincidía y generaba dudas sobre el contenido real de las reformas.
Zamora también señaló que el artículo 21 quedó mal redactado, ya que se agregó la frase “Artículo 21 (en los términos del dictamen)”, lo que alteraba su sentido. Explicó que, si no se pretendía modificar el primer párrafo del artículo, debieron colocarse puntos suspensivos entre corchetes, como exige el reglamento legislativo. El Congreso recibió esta observación el 10 de octubre.
Fue hasta el 31 de octubre cuando las y los diputados aprobaron el acuerdo 322/LXIV/25 para corregir uno de los errores: en el artículo 21, donde debía decir “para ser diputada o diputado se requiere”, se había escrito incorrectamente “en los términos del dictamen”. También transcribieron con precisión los artículos de la Constitución que se modifican, incluyendo el 35.
Ante este retraso, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunció que, pese a la obligación federal y a una sentencia de la Suprema Corte, Jalisco no ha creado una fiscalía especializada en tortura que funcione de manera efectiva.
La dirección que opera actualmente carece de autonomía, depende de la misma Fiscalía señalada por cometer tortura y trabaja con una carga insostenible: Entre 2021 y 2024 se abrieron 1,621 carpetas con 2,509 víctimas, pero únicamente dos casos han sido judicializados y 58% está archivado temporalmente.
CEPAD responsabilizó al Congreso y al Ejecutivo del retraso y los errores en el proceso legislativo para crear la fiscalía especializada, lo que consideró un incumplimiento directo de la sentencia de la Corte y una negación del derecho a la justicia para las víctimas.
