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Por José Antonio García Casal, apoderado legal de la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco A.C.
Todo comenzó en abril de 2025, cuando apareció la noticia: un grupo de personas ciegas marchaba frente al Palacio de Gobierno. Venían caminando desde el norte de la ciudad y eligieron, deliberadamente, detener el tráfico en avenida Juárez. Exigían algo elemental y, por eso mismo, intolerable para el poder: ser escuchadas.
No es casualidad que en la estructura orgánica del Ejecutivo estatal exista toda una secretaría dedicada a atender “incidentes” que interrumpen el flujo vehicular. El orden, antes que la justicia. Así que fueron ellos, los guardianes del tránsito y la apariencia, quienes salieron a recibir a las y los manifestantes. Dijeron venir de la Secretaría del Interior, o algo parecido. Un tal Espinacas y un Mamey. Ofrecieron agua, sillas, control y uno que otro chiste incómodo.
Conocer a una persona ciega suele provocar fascinación en el mundo normovisual. ¿Cómo cruzan la calle? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo sobreviven? Hay algo casi infantil en esa curiosidad. Pero ese asombro rara vez se traduce en derechos. Ni siquiera cuando, además de caminar la ciudad que no fue diseñada para ellos, se atreven a detener una de sus arterias principales con la fuerza de sus voces.
En un mundo mínimamente justo, eso habría bastado para abrir soluciones. En el mundo real, el de las sombras administrativas y las voluntades amputadas, apenas alcanzó para agendar cuatro o cinco citas más dentro del mismo palacio de piedra y cristal.
Ahí entré yo a escena. Vi a esos ciegos incómodos, insistentes, valientes, y quise entender qué los había llevado hasta ahí. Qué los impulsó a caminar esa vereda y arriesgarse a detener el tráfico cuando yo, que veo más o menos bien, no me atrevería ni un minuto.
Investigando, conseguí números. Llamé. Me contestó una voz femenina, amable y firme. Me presenté, le expliqué mi interés. Algo habrá escuchado en la llamada, porque me contactó de inmediato con el presidente de la organización: el maestro Luis.
Lo demás ya es historia conocida. Se rompieron cerraduras, se abrieron puertas y se rekuperó la casa tomada de los Invidentes Unidos de Jalisco. Su santuario, su casa comunitaria, su centro de trabajo. Un inmueble que, paradójicamente, es propiedad del Gobierno del Estado desde 1980 y que aun así fue objeto de un lanzamiento judicial por orden de un particular. En mayo de 2025 se cumpliría un año del despojo. No podíamos permitir ese aniversario.
Desde entonces caminamos juntos: ellas, ellos, ustedes y nosotras, defendiendo lo que para el poder resulta indefendible. El conflicto por la propiedad, la posesión y el fraude judicial sigue abierto, pero avanza. Renovaremos el comodato con la firma del gobernador en turno, así tengamos que recordarle que la casa del pueblo también puede ser okupada.
Pero hay algo igual de importante que ocurre en paralelo: la lucha por recuperar el subsidio directo que, durante años, han tenido los ciegos organizados. Un recurso colectivo para compensar, apenas un poco, las deficiencias estructurales de la ciudad, el transporte, el trabajo, la vivienda y la salud que los gobiernos sistemáticamente les niegan.
No hablamos de apoyos individuales, fragmentados, simbólicos. Esos que sirven más para la foto que para la vida. Hablamos de un subsidio directo a la cuenta de la asociación civil, destinado a pagar luz, agua, servicios y hasta salarios de quienes apoyan procesos de autosuficiencia. Organización, no caridad.
Desde las pantallas luminosas y los discursos chillantes nos dicen que eso debería ser suficiente, que cómo se atreven a pedir más. Pero seguimos pidiendo. A manos llenas. Porque no da miedo exigir lo que es justo. Y porque quien nada debe, nada esconde.
Un documento filtrado confirmó lo que ya sabíamos: en 2012, por unanimidad legislativa, se aprobó un subsidio cercano a los 40 mil pesos mensuales para la organización, aplicable a su casa comunitaria en Belén 457, zona centro. Todo estaba firmado. Todo estaba autorizado.
Lo que nunca estuvo fue la voluntad política para cumplirlo.
Ahora, en diciembre de 2025, avanzamos un paso más que en aquel entonces. No con nombre y apellido, no con un diseño específico para los ciegos organizados, pero sí contemplados. Acordados. Confirmados y reconfirmados con integrantes de la Comisión de Hacienda de ese otro palacio de piedra, vidrio y flashes.
Falta seguimiento. Pero estamos cerca de lograr lo que parecía impensable: recuperar dignidad y ejercer derechos.
No pedimos recompensa porque sean ciegos. La exigimos porque son reconocidos desde 2005 como un grupo prioritario que contribuyen a disminuir las carencias sociales de sus afiliados. Están organizados, cumplen una función social y son faro para otras comunidades.
Unidos pedimos.
Unidos podemos.
Y unidos, sin duda, merecemos más.
