El pasado 8 de enero fue detenido Arturo Lugo Macías por elementos de la Fiscalía General de la República. Le imputaron delitos de daño a la propiedad con agravante de pandillerismo por hechos que sucedieron en abril de 2020 en la Facultad Estudios Superiores (FES) Acatlán, un plantel de la UNAM, en los que realmente él y sus compañerxs fueron víctimas.
Por Mariana Mora / @Rataquerueda (X) / @Caosencafeina (IG)
Alrededor de las 8 de la mañana del pasado jueves Sheveck -así lo llaman sus amigxs- fue detenido y llevado a la sede de la Fiscalía General de la República en Guadalajara, donde inmediatamente se concentraron sus amistades para exigir su liberación.
Una de sus compañeras pudo entrar para averiguar cuáles eran los cargos que le imputaban y recuerda que le dijeron que “ellos ya querían cerrar el caso, pero la UNAM estaba insistiendo”. También le dijeron que había sido difícil atrapar a Arturo, pero que “con las nuevas tecnologías, lo lograron”.
En pocas horas lo trasladaron a la sede de Naucalpan, en el Estado de México. Ahí tuvo su primera audiencia y ese mismo día lo llevaron a Almoloya a prisión preventiva.
“Cuando llegó a Santiaguito –el Centro de Prevención y Reinserción Social en Almoloya de Juárez- uno de los policías le preguntó que si era un capo o por qué lo habían trasladado así de rápido”, cuenta una de las compañeras que pudo hablar con Arturo y que pidió anonimato para evitar represalias. “Porque normalmente a la gente que trasladan en el mismo día es porque son capos o narcos u otra cosa que se requiere de rapidez”, le dijo el policía a Sheveck.
La protesta estudiantil que la Universidad no escuchó
Los hechos por los que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acusa a Sheveck sucedieron la madrugada del 5 de abril de 2020, pero tienen su origen unos meses antes, en la ebullición del movimiento estudiantil y feminista que denunciaba casos de acoso y violencia de género en la FES Acatlán, donde él era estudiante.
“Pegábamos carteles, armábamos conversatorios o nos reuníamos, cosas tan sencillas como platicar en el jardín sobre los maestros que nos acosaban”, cuenta Lorena, una de las sobrevivientes del ataque del 5 de abril cuyo nombre fue cambiado por seguridad.
Ella era parte del colectivo Argüenderas y Revoltosas que en ese tiempo exigía a la facultad protocolos de seguridad y acciones concretas para garantizar un espacio seguro para estudiantes, incluyendo consecuencias para los perpetradores de violencia sexual.
Lorena recuerda que cuando hacían tendederos de denuncias u otras acciones de protesta, la Comisión de Género de la facultad se acercaba a interrumpir y decirles que si querían denunciar debían hacerlo directamente con ellxs.
“Y las compañeras que sí lo llegaban a hacer no recibían apoyo, abrían la carpeta y ahí quedó. Decían ‘es todo lo que podemos hacer hasta el momento porque no tienes pruebas o porque no quieres decir nombres de quiénes más están sufriendo eso’. Hacían mucho eso de pedir nombres de quienes habían sido acosados por los maestros”.
Ante el hartazgo por la revictimización institucional, el 10 de marzo de 2020 Lorena y sus compañeras de lucha tomaron un espacio en el edificio 6 de la facultad que ya había sido ocupado en 2014 como protesta por la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. “Era necesario retomar un espacio para nosotras y podernos acompañar de forma más horizontal y no tan rígida como lo es la institución o la Comisión de Género”, cuenta Lorena.
Tenían varios planes en mente para el espacio: un comedor comunitario, una guardería para las estudiantes con hijxs, una sala de proyecciones o una biblioteca autogestiva. Pero a los pocos días llegó la pandemia por COVID-19 y se quedaron casi solas en las instalaciones de la universidad. Entonces se sumaron a la ocupación un par de compañeros de un espacio estudiantil anarquista de la misma facultad conocido como Kubo 906. Entre ellos estaba Arturo Lugo, Sheveck.
La noche del ataque paramilitar
Pasaron algunos días en relativa calma. Luego les cortaron la luz y el agua, pero no había otros indicios de que la universidad fuera a intervenir en la toma del espacio.
“Yo creía que a lo mucho nos iban a golpear otros estudiantes o grupos porriles. No esperábamos un grupo táctico”, dice Lorena sobre el ataque del 5 de abril. Ella y sus compañeras ya habían sido agredidas anteriormente por estudiantes o los llamados “porros”: grupos de choque que sabotean y reprimen movilizaciones estudiantiles, presuntamente financiados por autoridades universitarias u otros actores interesados en acabar con manifestaciones.
Pero esto era diferente. Alrededor de las 3 de la mañana del 5 de abril de 2020, irrumpió en la facultad un grupo de entre siete y diez hombres encapuchados, con chalecos antibalas, armas, tubos, palos, un pico y galones de gasolina. De acuerdo con el testimonio de Lorena y de otrxs sobrevivientes, “el grupo paramilitar se dirigió al edificio 9, al Kubo 906, donde golpearon, humillaron y torturaron a dos estudiantes”. Uno de ellxs fue golpeado hasta perder la conciencia y le rompieron la mandíbula. La otra fue amarrada y agredida sexual y físicamente.
Después fueron al edificio donde estaba Lorena y el resto de estudiantes. Ella recuerda que Sheveck fue el primero en escuchar lo que estaba pasando y en tratar de evitar que los atacantes entraran al cubículo. Entonces, el grupo paramilitar prendió fuego a la puerta, logró entrar y golpeó brutalmente a quienes se encontraban adentro, especialmente a Sheveck.
En la relatoría de los hechos señalan que “los agresores pronunciaron frases como ‘por eso las violan y las matan, por vergueras’ y ‘esto es un mensaje de Erasmo’, en alusión a Erasmo González Castro, entonces jefe de vigilancia de la FES Acatlán, con un historial de agresión y represión contra estudiantes”. También denuncian que varias compañeras fueron agredidas sexualmente.
Lorena recuerda estar viendo cómo atacaban a sus compañerxs cuando uno de los encapuchados la golpeó en el rostro y le quitó su celular. En ese momento otro de los hombres disparó dos veces al aire “y se volvieron a agrupar y se fueron marchando por el mismo lugar por el que entraron”, termina de narrar. Seis años después aún le estremece el sonido de sus botas en los adoquines y su forma táctica de moverse en bloque.
Cuando llegaron las ambulancias, el personal médico valoró de gravedad el estado de Arturo, que presentaba quemaduras de tercer grado, y de su compañero que estaba inconsciente y con la mandíbula dislocada.
Al salir, las estudiantes señalaron que en el estacionamiento de la facultad había alrededor de seis patrullas de la policía estatal y que de una de ellas bajó Erasmo González, el jefe de vigilancia que sus agresores habían nombrado.
UNAM: una historia de violencia institucional, represión y criminalización
Al día siguiente del ataque, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la UNAM la adopción de medidas cautelares por los actos de violencia acontecidos el fin de semana.
Esta no era la primera vez que la CNDH interpelaba a la máxima casa de estudios del país por violar los derechos de sus estudiantes. De hecho, tres días antes del ataque en FES Acatlán, se había pronunciado por “presuntos actos de discriminación y violencia en contra de mujeres estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por parte de autoridades de la UNAM”.
La CNDH recibió el 18 de marzo de ese año una queja colectiva de estudiantes que reclamaba a las autoridades de varios planteles por “no atender sus demandas, a pesar de que señalan que son totalmente legítimas, pues buscan frenar la violencia de género que se ha ejercido en su contra”.
En 2013 la CNDH emitió su primera recomendación a la UNAM justamente por un caso de violencia sexual cometida por un profesor a una menor de edad. Cuatro años después, Lesvy Berlín Rivera Osorio fue asesinada en las instalaciones de la universidad por su pareja, que era trabajador de la institución.
Aún con estos antecedentes, las denuncias por acoso y violencia de género son sistemáticamente ignoradas en la Universidad y cuando lxs estudiantes protestan al respecto, son reprimidxs. Unos meses antes del ataque que vivieron Lorena y sus compañerxs, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho trató de tomar las instalaciones para denunciar el acoso y violencia de género que vivían, pero las autoridades universitarias reprimieron la manifestación con golpes y empujones.
Pero además de la represión por parte de las autoridades universitarias o de las policías durante las manifestaciones, los grupos porriles son fundamentales para desarticular movimientos estudiantiles sin que quede claro quiénes fueron los responsables. Y, aunque la UNAM ha negado históricamente su relación con estos grupos, el asesinato de un aficionado del Cruz Azul en octubre de 2025 a manos de funcionarios de seguridad de la casa de estudios destapó denuncias sobre un grupo de porros al interior de la institución.
Por otro lado, la Universidad también ha usado antes la criminalización de la protesta para desmovilizar estudiantes y movimientos. Uno de los casos más graves es el de Jorge Esquivel Muñoz, que fue detenido ilegalmente en la Facultad de Filosofía y Letras en 2016 cuando se encontraba en un evento político-cultural por la liberación de presos políticos.
Después de múltiples amenazas, una intensa campaña de estigmatización mediática en su contra y un largo proceso judicial, Yorch, como lo llaman sus amigxs, falleció en prisión el 9 de diciembre de 2025 por complicaciones de salud derivadas de la violencia y negligencia médica que vivió en el sistema penitenciario.
¿Qué busca la UNAM con la criminalización de sus estudiantes?
Al día siguiente del ataque paramilitar, la FES Acatlán publicó un comunicado para rechazar la violencia generada por el” grupo de personas encapuchadas” que entró ilegalmente al plantel; pero no mencionó las violencias que vivieron lxs estudiantes esa noche. También presentó de inmediato dos denuncias penales por el incendio provocado esa madrugada, pero éstas fueron dirigidas a lxs estudiantes que se encontraban ahí y no a los perpetradores.
ZonaDocs contactó a la oficina de comunicación de la UNAM para saber por qué no se investigó a las personas que irrumpieron y agredieron a lxs estudiantes, pero hasta el cierre de esta edición no dieron respuesta.
En 2020, dos estudiantes fueron detenidxs, pero pudieron llegar a un acuerdo con la Universidad para que retirara los cargos. En todo este tiempo el caso no se cerró ni las autoridades investigaron más para averiguar quiénes fueron los responsables del ataque; al contrario, durante estos casi seis años la Fiscalía estuvo buscando a Sheveck.
Los policías que lo detuvieron les dijeron a sus compañeras en la sede de Guadalajara que “había sido muy difícil atraparlo, pero gracias a las nuevas tecnologías lo lograron”. Esto da cuenta de los esfuerzos que se despliegan para criminalizar estudiantes, en contraste con la incapacidad institucional para encontrar personas desaparecidas, por nombrar un ejemplo.
“Cuánto dinero invierte la UNAM en perseguir a estudiantes que se organizan y no persigue a quienes cometieron realmente los delitos”, sostiene una de las compañeras de Arturo en entrevista. “Este no es un caso de daños a la propiedad es un caso político”.
En esto coincide Lorena. “Para mí, esto no fue tanto hacia nosotras como mujeres organizadas, sino para dar un mensaje a los estudiantes que se organizan”. En su caso la represión dejó secuelas graves, no solo en su salud mental, sino que no ha podido terminar su carrera por el temor que le produce volver a la facultad.
Sin embargo, también reconoce que el ataque no le quitó la rebeldía y las ganas de denunciar las injusticias que vivieron. Las exigencias de lxs sobrevivientes y de sus compañerxs son claras:
“nos parece que la institución educativa debe hacerse responsable por los hechos cometidos a manos del grupo paramilitar, determinar actores intelectuales de los hechos y retirar los cargos judiciales en contra de Arturo, solo como una serie de medidas congruentes de una institución que se jacta de velar por su comunidad estudiantil”.
