Ángel Rivas Téllez, joven latino, parte de la comunidad LGBTQ+ y con diagnóstico de autismo, permanece privado de la libertad desde 2022 tras un proceso penal que no consideró el acoso escolar que sufrió, su contexto ni su salud mental. Su historia parte desde la migración forzada a Estados Unidos hasta la sentencia de 38 años de prisión, y expone las irregularidades del juicio, las condiciones en que se le privó de su libertad y las peticiones que siguen vigentes para lograr una revisión integral del caso.
Por Vanessa Briseño / @nevervb
Ángel Rivas Téllez, un jóven latino, queer con diagnóstico de autismo, lleva casi cuatro años privado de su libertad en Estados Unidos a raíz de un incidente marcado por el acoso escolar y la violencia que padeció durante mucho tiempo por parte de su compañero de clase. El proceso legal estuvo marcado por inconsistencias y discriminación, derivando en una sentencia desproporcionada que no consideró su contexto.
Rosalba Téllez, mamá de Ángel, contó en diálogo con ZonaDocs que llegó a Estados Unidos cuando él tenía 2 años y 10 meses, tras escapar de una situación extrema en México. Explicó que es sobreviviente de violencia doméstica y que su entonces pareja secuestró a su hijo, lo que motivó la intervención de autoridades mexicanas. Rosalba nunca había vivido en Estados Unidos y llegó como madre soltera, con el reto de adaptarse a una cultura distinta mientras protegía a su familia.
Durante la infancia de Ángel, describió a su hijo como un niño noble, respetuoso y con pocos amigos. Dijo que solía acompañarla a su trabajo en la limpieza de casas y que sus clientes lo conocían como alguien educado y amable. “Siempre fue un hijo de familia”, afirmó. Desde pequeño mostró intereses intensos y específicos, así como una conducta tranquila y observadora.
Rosalba relató que Ángel tenía habilidades cognitivas poco comunes para su edad. Recordó que podía pasar largos periodos hablando de temas científicos, como volcanes, el sistema solar, bacterias o virus, con gran precisión y memoria. Sus juegos y conversaciones giraban alrededor de esas pasiones, y solía escribir listas extensas sobre los temas que le interesaban. En ese momento, ella no lo asoció con una condición del neurodesarrollo.
En la escuela, docentes identificaron dificultades de atención y le enviaron a “clases especiales” dentro del Programa de Educación Individualizada (IEP), pero sin una evaluación formal. Rosalba señaló que una maestra de primaria percibió signos de autismo, lo cual quedó asentado en registros judiciales, aunque nunca se le informó a la familia ni se canalizó una valoración clínica. El diagnóstico de autismo nivel 1 llegó cuatro meses después de que Ángel fue privado de su libertad, lo que permitió que él entendiera por primera vez sus reacciones ante el ruido, la sobreestimulación y ciertas interacciones sociales.
Relató que Ángel sufrió acoso constante por parte de la víctima desde el primer año de preparatoria. Explicó que el hostigamiento incluyó empujones, burlas y agresiones públicas. Señaló que, tras confiarle su orientación sexual, el acoso se intensificó: “él empezó a burlarse y exhibirlo”. En una comunidad pequeña, donde todos los estudiantes se conocían, la persecución fue reiterada y sostenida a lo largo de un periodo prolongado.
Indicó que el acoso también se dirigió a la neurodivergencia de Ángel. Mientras asistía a clases especiales, el agresor lo insultaba con términos despectivos y lo ridiculizaba frente a otros alumnos. Rosalba contó que una maestra presenció un episodio público en el que le arrojaron comida y tiraron su mochila a la basura, pero no levantó ningún reporte.
Rosalba afirmó que esta violencia no fue considerada durante el proceso legal. Explicó que el acoso continuó incluso en espacios digitales, donde se burlaron de él por no cumplir con los requisitos para graduarse, lo que lo llevó a un estado de depresión que ella desconocía en ese momento. Señaló que su hijo le contó lo ocurrido hasta después de más de un año del inicio de su proceso legal y que, en la sentencia, la juez no tomó en cuenta la violencia que padeció Ángel, pese a los antecedentes.
Cuando se suscitó el incidente entre Ángel y su compañero de clase, Rosalba se encontraba trabajando cuando recibió una llamada donde le informaron que su hijo estaba detenido. Él no tenía antecedentes disciplinarios. Al llegar, los policías ya lo habían separado e interrogado, y le informaron que lo acusaban de agredir con un objeto punzocortante a el joven que describieron como: “debatiéndose entre la vida y la muerte”. La detención ocurrió la mañana del 8 de marzo de 2022.
Señaló que, durante ese primer interrogatorio, Ángel pidió un abogado. Los agentes le leyeron sus derechos y se retiraron, indicándole que no regresara a la escuela ni a su casa. Horas después, policías acudieron a su domicilio para realizar una búsqueda sin mostrar una orden. Rosalba dijo que accedió por miedo. Los agentes se llevaron computadoras, una libreta y objetos personales de su hijo.
Más tarde, Ángel fue trasladado a la estación de policía, donde volvió a ser interrogado sin la presencia de un abogado, pese a que ya lo había solicitado, ni una nueva lectura de sus derechos. Rosalba afirmó que el agente no era investigador, sino un policía estatal y le aseguró a su hijo que, si declaraba, el caso se resolvería rápido. No se le practicaron pruebas toxicológicas ni se ordenó una evaluación psicológica en ese momento.
Ángel fue enviado a un centro de detención juvenil durante dos meses y, al cumplir 18 años, lo trasladaron a una cárcel para mayores de edad. Rosalba explicó que durante 18 meses no pudo verlo en persona, solo hablar por teléfono bajo grabación y por minutos muy limitados. La evaluación psicológica se realizó meses después y, según dijo, lo que Ángel expresó en esa valoración se usó en su contra durante el proceso judicial.
En ese periodo, supo que su hijo se autolesionaba desde 2021 debido a depresión y ansiedad. Dijo que lo descubrió después del inicio del proceso legal, durante los cinco meses que Ángel pudo regresar a casa tras pagar una fianza. Ante el miedo de que intentara quitarse la vida, lo llevó con un psicólogo. En esas sesiones, Ángel habló del malestar que sentía al interactuar con sus compañeros, información que quedó documentada.
Rosalba reiteró que el juicio no consideró estos antecedentes ni la violencia previa que sufrió su hijo. La jueza dictó una sentencia de 38 años de prisión, cuatro años de libertad condicional y el pago de 180 mil dólares como compensación. Recordó que la jueza le expresó: “Te voy a dar 38 años de prisión como ejemplo para otros como tú”. Añadió que la víctima no requirió terapia intensiva y que sus heridas no fueron de gravedad mortal.
Ángel aceptó la responsabilidad, pero él no aceptó haberlo hecho con intención, sin embargo, el fiscal le sumó al cargo intención y premeditación. De acuerdo con su mamá, “nada de lo que se presentó funcionó”. No se admitió la evaluación psicológica previa donde se especificaba su condición de autismo, el acoso y el abandono escolar a pesar de que estuvo en educación especial.
Durante el proceso, contrató cuatro abogados. Señaló que la defensora pública descubrió que el ADN de Ángel no estaba en el cuchillo, en un guante ni en el vehículo incautado, donde apareció el ADN de otra persona. Ese hallazgo sólo derivó en una reducción de la fianza, de 250 mil a 150 mil dólares, monto que reunió con apoyo de familiares y vecinos para que Ángel saliera cinco meses.
Igualmente, Rosalba comentó que Ángel representó “un premio para el fiscal”, ya que ese era el último año en el que sería el encargado de ese departamento. “Si él lograba encarcelar a Ángel como lo hizo”, iba a representar un logro político y ganar “más puntos como republicano”.
Rosalba sostuvo que la discriminación atravesó el caso de Ángel desde el inicio. Señaló que la Coalición para la Defensa de Ángel, ha buscado apoyo institucional y ha compartido con autoridades y organizaciones los documentos del caso, incluidas evaluaciones psicológicas. Explicó que actuó en un estado emocional extremo, marcado por experiencias previas de violencia, secuestro y adaptación migratoria, factores que, dijo, nunca fueron considerados en su dimensión humana.
Indicó que la condición de Ángel como joven queer, latino e inmigrante influyó en el trato que recibió. Describió el impacto del trauma migratorio y la sensación constante de no pertenencia, así como un contexto local hostil hacia la comunidad latina. Afirmó que en el condado en Colorado donde ocurrió el proceso judicial existe un ambiente de rechazo hacia las personas inmigrantes, pese a su papel central en la economía local.
Ángel fue trasladado a distintas prisiones sin un proceso de adaptación acorde a su edad ni a su contexto. Primero lo enviaron a un centro de diagnóstico y distribución, donde no se realizan evaluaciones clínicas, sino solo asignaciones administrativas. Desde ahí lo trasladaron a una prisión de nivel cinco, donde pasó hasta 23 horas al día encerrado y solo una hora fuera de la celda, con contacto mínimo y llamadas restringidas.
Posteriormente, fue enviado durante un año a una prisión privada administrada por CoreCivic Corporation, empresa que también opera centros de detención migratoria (ICE). Rosalba señaló que en ese centro los servicios médicos y de salud mental eran limitados y que no recibió atención especializada pese a sus necesidades. Indicó que el funcionamiento del lugar se sostiene con trabajo de las personas privadas de la libertad.
Actualmente, se encuentra en la prisión Arkansas Correctional Facility, donde es parte del programa Changemaker Village, dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años. Explicó que Ángel solicitó su ingreso por escrito y fue admitido hace aproximadamente dos meses. Este programa permite mayor contacto con las familias y espacios de convivencia.
El programa cuenta con apoyo de distintas organizaciones y financiamiento privado, incluidos los Broncos de Colorado. Durante las visitas, las personas privadas de la libertad pueden convivir, comer juntas y escuchar música, como parte de un modelo que busca fortalecer vínculos y confianza. Rosalba explicó que este cambio permitió, por primera vez en años, compartir tiempo con su hijo de manera directa.
Añadió que, aún en prisión, Ángel continuó con su formación académica. Terminó la preparatoria y actualmente estudia la carrera para paralegal (asistente legal). Explicó que, al estar alejado del acoso escolar, pudo concentrarse en el estudio. Dijo que ha leído decenas de libros, en especial sobre historia, y que ella misma le ha enviado materiales para continuar aprendiendo.
Además de sus estudios, Ángel desarrolló distintos proyectos. Durante los cinco meses en que estuvo en libertad provisional, creó una marca de salsa macha. Rosalba explicó que Ángel diseñó la etiqueta, el concepto y el registro de la marca. Señaló que se trata de una iniciativa personal que refleja sus intereses culturales por México y su creatividad.
Rosalba también mencionó que su hijo ha escrito textos y colaboró con Transformative Justice Project, donde compartió su experiencia dentro del sistema penal. Indicó que estas actividades forman parte de su interés por reflexionar sobre el aislamiento y proponer cambios, especialmente en el trato hacia jóvenes. Incluso, con ayuda de la coalición, están brindando apoyo a otro jóven privado de la libertad en Phoenix, Arizona quien lleva más de una década sin ver a su madre por un delito que no cometió.
Finalmente, Rosalba explicó que la defensa legal de Ángel sigue en curso y que su principal petición es una revisión integral del caso. Solicitó que se analicen las fallas en la representación legal, el contexto de acoso escolar, la neurodivergencia de su hijo y las condiciones en las que se tomó el acuerdo de culpabilidad.
Pidió que la sentencia sea reconsiderada para que Ángel reciba un castigo proporcional, que le permita acceder a procesos de rehabilitación y tener una oportunidad real de reconstruir su vida. También llamó a firmar la petición pública y a dar visibilidad al caso, al señalar que no se trata solo de su hijo, sino de muchos jóvenes que enfrentan condenas desproporcionadas sin que se evalúe su historia ni su salud mental.
Cuestión que el mismo Ángel solicita a través de esta carta que redactó:
“No estoy poniendo excusas por mis actos, pero no puedo evitar preguntarme: si hubiera recibido mi diagnóstico en el momento adecuado, si hubiera contado con la atención adecuada en salud mental y si mi madre no hubiera tenido que pagar miles de dólares para que alguien se preocupara, la tragedia que ocurrió la noche de mi arresto no habría sucedido”
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Si deseas firmar la petición “Justice For Angel Rivas Tellez”, puedes visitar la página https://www.change.org/p/justice-for-angel-rivas-tellez
