Con alertas sobre pobreza infantil indígena, reclutamiento por el crimen organizado y una pérdida de prioridad fiscal, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) entregó en Palacio Nacional su Balance Anual 2025, un documento que evalúa el estado de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.
Por: Alondra Angel Rodríguez /@AlondraAngelRo
Este 6 de enero, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) entregó en Palacio Nacional su Balance Anual 2025, un documento que identifica avances, retrocesos y pendientes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, así como alertas y recomendaciones para el año en curso.
De acuerdo con Tania Ramírez, directora de la REDIM, el balance no sólo revisa indicadores de violencia y seguridad, sino también variables estructurales como pobreza, discriminación, presupuesto público, institucionalidad y participación infantil.
“El Balance Anual de REDIM es un ejercicio que construimos año con año para hacer un diagnóstico de cómo está el estado de salud de los derechos de las chicas y chicos en el año que se cierra, pero también con mirada prospectiva del año que arranca”, expresó.
El Balance Anual 2025 incorporó de manera más sistemática la participación de niñas, niños y adolescentes a través del grupo Juntas y juntos por nuestros derechos, cuyos integrantes acompañaron la entrega del documento y compartieron observaciones y propuestas derivadas de sus propias experiencias.
En esta edición, el documento fue elaborado con una estructura basada en los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas: no discriminación; vida, supervivencia y desarrollo; derecho a la participación; e interés superior de la niñez.
Persisten brechas de no discriminación
En el apartado sobre no discriminación, el balance identifica brechas persistentes que afectan de manera diferenciada a niñas, niños y adolescentes indígenas. Con base en datos oficiales de 2024, casi el 85% de quienes hablan alguna lengua indígena vivían en pobreza o pobreza extrema, frente al 35.8% de niñas, niños y adolescentes no indígenas en esta condición, lo que representa una brecha cercana a 50 puntos porcentuales.
Además, la REDIM documentó que entre 2022 y 2024 la pobreza infantil indígena aumentó de 82 a 84%, lo que indica que las políticas de redistribución no han logrado revertir esta situación.
“Nos parece que no se está materializando ese principio (no discriminación) con el cual estamos de acuerdo de que por el bien de todos primero los pobres. Hay algo en el diseño de cómo se está redistribuyendo la riqueza en el país que no está alcanzando a beneficiar a niñas, niños y adolescentes más pobres”, comentó Ramírez.
Presupuesto: incremento nominal, pérdida de prioridad
En relación con el principio del interés superior de la niñez, el balance analizó el presupuesto público como indicador clave de la prioridad que el Estado otorga a la infancia. Para 2025, el Presupuesto de Egresos de la Federación destinó 1.1 billones de pesos a niñas, niños y adolescentes, lo que representa un incremento nominal del 8% respecto al año anterior.
Sin embargo, al considerar una inflación superior al 3%, la REDIM señaló que el aumento real es menor.
“Aunque haya un incremento, lo que quiere decir es que el pastel es un poco más grande y aunque la rebanada es más grande respecto del año pasado, en realidad tu rebanada es más chiquita que la de los demás este año”, explicó la directora.
Más allá del monto absoluto, la REDIM advirtió una pérdida de prioridad fiscal, ya que este presupuesto representa el 10.8% del gasto federal total, una proporción inferior a la registrada en 2024. Ramírez recordó que en 2015 México llegó a destinar cerca del 15% del presupuesto federal a la garantía de los derechos de la infancia.
A pesar de estas limitaciones, la directora reconoció avances en institucionalidad, como la incorporación del enfoque de infancia en el Plan Nacional de Desarrollo y la formalización del Programa Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En este contexto, señaló que una señal relevante de prioridad para 2026 sería que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) sea encabezado directamente por la titular del Ejecutivo federal, como establece la ley.
Reclutamiento y violencia contra la infancia
El Balance 2025 también documenta que el reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado continúa sin ser plenamente dimensionado, debido a la falta de datos oficiales y a la ausencia de una tipificación específica del reclutamiento forzado en la legislación mexicana.
Durante 2025 se registraron 278 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas, de los cuales 210 correspondieron a mujeres. Asimismo, con base en censos del INEGI, la REDIM identificó que entre 388 y mil 84 adolescentes fueron privados de la libertad por delitos asociados al crimen organizado en 2024, un aumento respecto a 2023.
El Estado de México, Sonora y Chihuahua concentran el mayor número de estos casos, lo que se relaciona con la presencia de grupos criminales y disputas territoriales: “Esto no son los niños reclutados, sino quienes ya enfrentan justicia, pero para nosotros son probables víctimas del reclutamiento”, expresó Ramírez.
En materia de seguridad, aunque se documentan reducciones en varios delitos graves, los niveles de violencia siguen siendo altos. Entre 2024 y 2025, las víctimas de homicidio de niñas, niños y adolescentes se redujeron 11.5%, pero el promedio anual se mantiene en seis homicidios diarios. Los feminicidios bajaron de 73 a 58 casos, lo que equivale a una muerte cada cinco días y medio.
La violencia armada contra la infancia disminuyó cerca de 22%, al pasar de 723 casos en 2024 a 565 en 2025, con mayor concentración en Guanajuato, Michoacán y Sinaloa.
Alertas para 2026
Para 2026, la REDIM identificó riesgos asociados al debilitamiento del sistema internacional de derechos humanos, al incremento de desapariciones de niñas, niños y adolescentes no localizados y a posibles impactos del Mundial de futbol en contextos urbanos, como desplazamientos, reordenamientos urbanos y un posible aumento de delitos como la trata de personas.
Tania Ramírez concluyó con un llamado a fortalecer la participación infantil y la corresponsabilidad social, subrayando que las herramientas normativas y programáticas ya existen y que el reto principal radica en su implementación efectiva, con voluntad política y prioridad presupuestal.
“Niñas, niños y adolescentes son expertos en las problemáticas que viven. Tienen capacidad de crítica, de análisis y también de propuestas… lo que toca es materializarlas en los programas operativos de cada institución”, concluyó.
