Especialistas y organizaciones alertan que, tras más de ocho años de mandato legal y una sentencia de la Suprema Corte, la creación de fiscalías especializadas para investigar tortura sigue pendiente, propiciando un ambiente de impunidad y ausencia de garantías para los derechos humanos a nivel nacional.
Por Elizabeth Vázquez / @maeliz_v
El23 de enero se llevó a cabo el Foro por la Creación de fiscalías especializadas para investigar el delito de tortura, transmitido en vivo como un espacio de análisis y propuesta sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos institucionales para abordar la tortura en México como un delito estructural. El panel estuvo conformado por Itzel Hernández Romero, Subdirectora de Área de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura; Denise Montiel Flores, Codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Mauricio Tapia Maltos, Coordinador General de Planeación Institucional del Órgano de Administración Judicial; y Ana Cristina Corrales Aguirre, Titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, quienes aportaron diagnósticos, cifras y rutas jurídicas para avanzar hacia la creación de fiscalías especializadas en el país.
Durante el encuentro se recordó que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura fue publicada el 26 de junio de 2017 y que su artículo sexto transitorio estableció un plazo máximo de 90 días para crear fiscalías especializadas. Ese plazo venció en diciembre de 2017 sin que las entidades cumplieran con la obligación.
Y no fue hasta el 24 de junio de 2019 que la Circular 14/29 dio origen a la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, encargada de dar seguimiento al mandato legal. Sobre este punto, lItzel Hernández Romero explicó que “el objetivo de la creación de esta secretaría técnica en la circular dispone que tiene que ser la encargada de coordinar, supervisar y realizar acciones de monitoreo respecto de la respuesta institucional que se da para combatir la tortura”, urgencia que, señaló, persiste hasta la fecha debido al rezago acumulado.
Para evidenciar la falta de cumplimiento, la Secretaría Técnica impulsó acciones judiciales en distintos territorios. En una primera etapa, entre 2020 y 2021, se presentaron 45 juicios de amparo en seis estados: Guerrero, Sinaloa, Baja California Sur y Querétaro. Hasta hoy se han promovido 89 amparos en 27 entidades federativas, de los cuales 6 se mantienen en cumplimiento y 2 fueron resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de Jalisco y Durango. Estas cifras reflejan que la creación de fiscalías especializadas no ha ocurrido de manera voluntaria por parte de los estados, sino como resultado de presión institucional y jurídica.
En el caso de Jalisco, se señaló que entre 2018 y diciembre de 2024 se abrieron 1,621 carpetas de investigación por tortura, pero solo el 51% permanecieron activas, mientras el 49% fueron enviadas a un archivo temporal. Para septiembre de 2025 este porcentaje creció hasta 58%. Además, solo dos carpetas habían sido judicializadas y no existía ninguna sentencia por tortura.
Denise Montiel Flores de CEPAD sintetizó el panorama afirmando que:
“en Jalisco no existe ninguna sentencia por tortura. Estamos hablando de un 100% de impunidad, y ese mensaje también deriva en asumir que en Jalisco se puede torturar y no pasa absolutamente nada”.
Los datos presentados también colocan a Jalisco como el tercer estado con mayor número de denuncias por tortura (188 casos) y el séptimo en denuncias por tortura en contexto penitenciario, lo que da cuenta de un problema sostenido tanto dentro como fuera de los centros de privación de libertad.
Las cifras institucionales se entremezclan con otro indicador crítico: el presupuesto
Durante el foro se detalló que las partidas destinadas a la investigación del delito de tortura en Jalisco ascendieron apenas a 2 y 2.5 millones de pesos, montos insuficientes para sostener investigaciones especializadas.
Aunque en mayo de 2025 se aprobó la reforma constitucional para crear la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, el proceso de publicación y observaciones se extendió hasta noviembre de 2025, y el presupuesto estatal 2026 no asignó ninguna partida específica para dicha fiscalía, pese a un incremento dirigido al programa contra la tortura. Los ponentes destacaron que sin presupuesto adecuado y sin personal especializado la reforma corre el riesgo de quedarse en papel:
“Es impensable que una persona que ha sido víctima de tortura en dichas instalaciones acuda a la misma institución o cerca de la misma institución a denunciar a quienes lo torturaron”, comentó Denise Montiel Flores respecto a estas fallas institucionales.
A pesar de que han transcurrido más de ocho años desde la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, y a pesar también de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena su cumplimiento, en Jalisco no se ha materializado lo dispuesto por la ley ni por el mandato judicial.
La ausencia de fiscalías especializadas ha sido suplida por unidades que, según expusieron las y los ponentes, carecen de autonomía técnica y presupuestaria, lo que les impide emprender acciones efectivas contra este delito, a diferencia de las fiscalías especializadas, que sí disponen de esas capacidades.
En el foro se insistió en que la falta de presupuesto no puede ser utilizada como excusa para omitir la creación de fiscalías especializadas, puesto que la ley lo exige y las sentencias judiciales han reiterado esta obligación: “La simple creación de la unidad no prescinde la obligación legal del sexto transitorio para generar la fiscalía especializada”, declaró Mauricio Tapia Maltos.
Si bien, se reconocieron avances legislativos encaminados a la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura en Jalisco, la reforma constitucional correspondiente aún no entra en vigor debido a la falta de publicación en el periódico oficial del estado, lo que bloquea también la posibilidad de asignar un presupuesto adecuado.
La sentencia de la Suprema Corte fue considerada un paso significativo, pero el siguiente desafío es el cumplimiento efectivo de lo resuelto para que existan fiscalías especializadas en todas las entidades federativas. Solo así la ley dejará de ser una promesa en papel y comenzará a constituir una garantía real frente a un delito que, hoy por hoy, permanece en absoluta impunidad.
