A más de dos años del feminicidio de Ángela Birkenbach, su familia denuncia impunidad, retrasos judiciales y vacíos legales que dejan en riesgo a los tres hijos de la víctima, pese a la reciente reunión con la fiscal general de Nayarit.
Por Elizabeth Vázquez / @maeliz_v
El pasado 25 de enero de 2026, la fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, recibió en mesa de trabajo a integrantes de la familia de Ángela Louise Birkenbach, ciudadana canadiense que fue víctima de feminicidio dentro del estado en octubre de 2023. En la reunión, que fue documentada públicamente, la fiscal se comprometió a “dar seguimiento puntual al proceso penal del imputado y coordinar el actuar de las diversas áreas de la Fiscalía para atender este caso”, así como a realizar reuniones periódicas con la familia para verificar avances. También se indicó que se instruirá a las unidades competentes para que las víctimas indirectas del caso tengan el acompañamiento institucional adecuado.
Pamela Pinedo, abogada defensora de Virginia Ann Hemingson, madre de Birkenbach, señala que uno de los puntos centrales durante la reunión fue la preocupación de la familia por el contexto en el que se encuentran los tres hijos menores de Ángela, quienes permanecen en México bajo la custodia de la familia paterna mientras el presunto feminicida continúa vinculado a proceso.
Ángela fue vista por última vez el 9 de octubre de 2023 en su propiedad en Limoncito Hill, San Blas; su cuerpo fue hallado dos días después en los alrededores con signos de violencia. Su pareja y padre de sus hijos, Sergio N., fue detenido semanas después bajo el cargo de actor intelectual junto con Alejandro N., señalado como el presunto autor material del crimen. Ambos fueron vinculados a proceso por feminicidio agravado, pero más de dos años después no hay sentencia:
“Sergio tiene la calidad de instigador y Alejandro tiene la calidad de material. O sea, son los dos. Pensamos que pudo haber habido más gente involucrada, pero lamentablemente las investigaciones ya no llegaron a más. Nosotros tomamos el asunto justo cuando se cerraba la etapa de los 6 meses de investigación complementaria. Ahí estaban actuando antes de los abogados de Primavera Romero, hermana del imputado, y los abogados de Primavera tenían controlada toda la investigación; es más, podemos pensar que se iba a ir este señor con un desvanecimiento de datos por esta manipulación”, relata la abogada sobre los inicios del proceso legal.
Y ahonda respecto a la demora del juicio oral.
“La audiencia intermedia fue el 17 de julio del 2024. Estamos ya en enero de 2025 y todavía no inicia el juicio oral. Entonces, hay una violación a los derechos de las víctimas indirectas, por la inactividad tanto de la representación social, como del poder judicial del estado de Nayarit”.
Lo ocurrido hasta ahora ha sido documentado por distintos medios, incluyendo una batalla pública por la custodia de los menores y decisiones judiciales que han beneficiado a la familia paterna del acusado.
“Sergio tenía una relación sentimental con la nana de los niños. Ellos vivían como una familia: Sergio, los niños y la nana. A la mamá la tenía aislada, y esa es otra de las de las características del feminicidio. La aíslan, y, ¿para qué? La señora Ángela tenía el dinero, porque hay que recordar que ella era la proveedora. Sergio no trabajaba. Fue un esquema de violencia que trajo para ella aislamiento, y todos estos puntos que ya conocemos de la violencia extrema; se fueron dando durante muchos años. Esto no fue algo que haya sucedido de un día a otro. No es que se haya levantado y haya dicho, “Ay, ya, me tienes harto”. No, esto viene de un proceso muy largo, y los niños han sido parte de esa manipulación de años atrás. Yo quiero que en los medios se exponga esta realidad, la realidad de las cosas”, rememora Pinedo.
En 2025, Pie de Página reveló que durante el proceso sucesorio un juez entregó bienes y propiedades de Ángela a la familia del presunto culpable. A la par, CIMAC Noticias documentó que, en octubre de 2025, una jueza en Jalisco impidió el contacto de la abuela materna con los niños, pese a que existía una suspensión federal para limitar las visitas con el imputado y proteger a las infancias. Esta decisión judicial evidenció el vacío legal que existe en México respecto a la protección de niñas y niños en casos de feminicidio:
“Tenemos que impulsar nuevas leyes que permitan proteger a los niños, necesitamos más mecanismos de protección. Estamos justamente trabajando con la diputada Claudia García en Jalisco, y es una iniciativa de ley que es la Ley Ángela, que será justo para prohibir las visitas al penal y las convivencias con el agresor por parte de las infancias”, menciona Pinedo sobre la generación de nuevas herramientas legales.
La Ley Monzón, inspirada en el feminicidio de la abogada poblana Cecilia Monzón, ha sido citada por la abogada del caso como ejemplo de reformas que buscan retirar la patria potestad a agresores y proteger a las infancias. En esta ocasión, sin embargo, no existe ninguna norma equivalente que impida que la familia paterna mantenga control sobre los menores y los bienes aun cuando el padre esté procesado por feminicidio.
“En Nayarit, la Procuraduría de los niños y la Comisión Ejecutiva de Víctimas quieren aventar la bolita a Jalisco. Y Jalisco lo que hace es beneficiar a la familia del imputado”, afirma Pinedo, quien detalla además el impacto psicológico en las infancias: “A los niños les han dicho primero que fueron los ejidatarios quienes ultimaron a su mamá. Después, que fue la ex diputada Mirna, después que fue su hermano… y todas estas versiones no se alinean con lo que realmente está pasando, entonces ¿qué está pasando? Lo que pasa es que les están manejando una realidad que no existe”.
El resultado de la reunión con la fiscal genera expectativas, pero no despeja las principales preocupaciones de la familia: la dilación procesal, la protección de los menores y la falta de coordinación interinstitucional que permita garantizar sus derechos. Hasta ahora, la única concreción es la promesa de que habrá próximas mesas de seguimiento, mientras el juicio oral continúa sin fecha y los niños permanecen bajo custodia de la familia paterna en un entorno que la defensa considera adverso:
“Debe seguirse el procedimiento de juicio oral. El imputado está peleando porque se le excluyen algunas pruebas. En la etapa de la audiencia intermedia, la audiencia del 17 de julio, hubo una admisión de pruebas. Ahí la fiscalía expone las pruebas y entran a debate qué pruebas sí y qué pruebas no deberán ser consideradas para el juicio oral. La defensa del imputado se fue con cero pruebas. Tenían cuatro pruebas de descargo, cuatro, y de esas cuatro pruebas se desistió. Entonces no tiene pruebas. Ahora lo que está peleando es que se excluyan unas pruebas que no se excluyeron en la audiencia intermedia; ahí fue cuando se le pasaron los términos al abogado defensor. Tenía términos que la ley señala como términos fatales, entonces, perdió el derecho y se fue a una apelación; se la negaron y se fue a revisión. Se lo negaron, y ahorita está en un en un juzgado de distrito donde esperemos que se lo nieguen. Estas son prácticas dilatorias porque finalmente la audiencia es muy clara, la audiencia intermedia no tiene pruebas de descargo, eso es un hecho y debe ser contundente. La fiscalía tiene todas las pruebas de cargo y el imputado tiene cero pruebas de descargo”, se declara respecto a la expectativa del juicio, en el que se desbordarán más de 200 pruebas totales.
Lo que ocurra en las próximas semanas será decisivo: si el juicio oral avanza, si se garantiza la protección de los menores y si el Estado reconoce que no existen herramientas suficientes para atender las consecuencias de un feminicidio más allá de la carpeta penal:
“Exigimos que se apeguen a derecho. Es lo único que nosotros queremos. No estamos pidiendo nada extraordinario, solamente que se siga el procedimiento conforme a lo que la ley marca y que se condene a Sergio por el feminicidio agravado de Ángela, y obviamente que también al imputado Alejandro se le impongan las penas que marca la ley. Son 75 años para cada uno. Eso es lo que nosotros pedimos”, declara.
E insiste la abogada: “La familia tiene la necesidad de que los niños sean resguardados. Buscamos que sea efectiva la protección del Estado, porque no los están protegiendo”, subrayando también la urgencia de proteger la herencia de los menores de la misma red familiar del agresor de Ángela.
“Algo que sí quedó muy claro, es que perseguimos un mismo fin que es lograr la sentencia condenatoria. La fiscal nos parece una persona muy fuerte y muy decidida, con conocimiento pleno hasta donde pudimos ver de los procesos penales en este caso. Y pues esperamos que siga el proceso”.
Con ese señalamiento, la familia de Ángela Birkenbach deja en manos de las autoridades estatales una parte fundamental de la justicia que buscan desde hace más de dos años. Mientras tanto, los derechos de sus hijos, como víctimas indirectas, siguen dependiendo de decisiones judiciales fragmentadas entre estados y de la capacidad de las instituciones para coordinarse, proteger y garantizar justicia en un feminicidio que, lejos de concluir, continúa abierto en múltiples frentes:
“Queremos que volteen a ver lo que está pasando: que la presidenta de México realmente se dé cuenta de que los niños son víctimas invisibles para el estado. Está la desesperación de la familia de Canadá, porque ellos comparan mucho el sistema mexicano con el sistema canadiense y pues nosotros estamos muy lejos de tener una justicia pronta y expedita. Ellos ahora no solamente son víctimas de las circunstancias, también son víctimas ahora del estado. Y es que no mataron a un perro. Es una vida, era una mujer. Era una mamá, una hija. Y lo sienten mucho como familia. Los niños tampoco han podido sanar, y no han podido vivir ese duelo por las circunstancias. Buscamos exponer a nuestras autoridades federales lo que está pasando”.
