El aumento a la tarifa del transporte público y el condicionamiento del subsidio a la “Tarjeta Única al Estilo Jalisco” ha creado inconformidad entre la población usuaria. Ante esto, la ciudadanía junto a activistas crearon un plebiscito mediante el mecanismo de del Instituto de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), para exigir que cualquier persona pueda acceder al subsidio sin necesidad de tramitar la tarjeta bancaria impuesta por el Estado.
Por Karen García / @karen_gdlt
Debido al aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco a $14 pesos y, con ello, el subsidio de $11 pesos anunciado por el Gobernador del Estado, Pablo Lemus; la ciudadanía ha mostrado su inconformidad frente a los dos anteriores, debido a que esto significa un incremento desproporcionado del 47% y la obligación de tramitar la “Tarjeta Única al Estilo Jalisco” para acceder al derecho a la movilidad a un precio más accesible.
Ante esto, Elizabeth González y Pablo Zayas, ciudadanos y activistas presentaron un plebiscito contra el “Tarjetazo”, manifestando el rechazo que las y los usuarios del transporte público mantienen ante el condicionamiento del subsidio a una tarjeta bancaria. Argumentan que esto crea una “política no universal con barreras para el acceso de la población vulnerable”, debido a que el número de tarjetas no es correspondiente a la cantidad de población jalisciense. Así como, favorece la vulneración a la protección de datos, al recopilar datos personales, biométricos y de movilidad mediante la geolocalización.
Con esta acción, también denunciaron la falta de transparencia y rendición de cuentas en la toma de decisiones, debido a que no se ha transparentado el destino de los 0.50 centavos que las maquinas de acceso al transporte público no devolvían, por lo que, al no devolver el cambio, la tarifa no sería de $14 pesos, sino de $15 pesos. Además de una clara falta de planeación en las políticas públicas.
El plebiscito presentado a través del mecanismo del Instituto de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), lograron recabar 5 mil 900 firmas, para garantizar que cualquiera pueda acceder al subsidio sin depender de la tarjeta de débito.
En entrevista para ZonaDocs, Elizabeth y Pablo, expresaron que este sería un plan B en caso de que el referéndum contra el Tarifazo no se lleve a cabo. Por lo que, enfocaron el documento en el proceso de condicionamiento del subsidio y las irregularidades del contrato del Gobierno del Estado con la empresa Broxel, ya que no hubo una competencia real ni un procedimiento transparente.
Recordaron que la empresa bancaria fue sancionada por la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV), así como por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF);
“Este plebiscito lo vemos como un plan B frente al referéndum. Nosotros estamos en contra del tarifazo. No queremos que suceda. Pero viendo cómo se ha manejado el tema del referéndum y que quizá puedan echarlo para abajo, vemos esto como un plan B.”, explicó Elizabeth.
Ante la iniciativa ciudadana, Pablo Lemus se negó a cancelar el contrato con Broxel, además de señalar que, el Gobierno de Jalisco no es el único que tiene contratos con ellos, sino que el Gobierno Federal y la Universidad de Guadalajara también trabajan con la empresa. Señaló como una “incongruencia política” de parte del partido MORENA “criticar el modelo de la tarjeta” e insinuó que la consulta ciudadana procedía de un partido político.
“Hay algo que verdaderamente denota lo que es una envidia política”, expresó el Gobernador, presumiendo las 300 mil personas inscritas en la tarjeta, como si de un logro se tratara y no de una necesidad de la población usuaria para acceder a una tarifa accesible.
Elizabeth y Pablo expresaron que el plebiscito, así como la iniciativa son completamente ciudadanas y no pertenecen a ningún partido político, mucho menos defendiendo a alguno, sino que están señalando una política pública mal diseñada.
“Me parece una actitud como de “machito”. De estar golpeando el pecho y decir “Ah claro, si tú dices que no estás de acuerdo conmigo es porque te da envidia que yo tenga tanto poder”. Cuando en realidad, nuestras opiniones no se basan en competir por un hueso, sino en un análisis crítico de la realidad y en pensar las cosas con claridad.”, expresó Pablo Layas.
Afirmó, además, que el gobierno debería tener por cometido, garantizar el derecho a la movilidad sin dañar la economía de los ciudadanos.
“Nosotros sabemos que no hay nada jurídico que nos diga que no podemos hacer un plebiscito de este tema en específico, porque no estamos hablando ni de una tarifa, ni de un impuesto, ni de nada. Estamos hablando sobre un condicionamiento a un subsidio, punto.”, aseguró Elizabeth.
Tras el cierre del plebiscito en el IEPC, el 26 de enero presentaron las 5 mil 900 firmas ante el Instituto Nacional Electoral para que éste valide las firmas y realice una consulta pública que permita a las personas elegir si están o no de acuerdo con “el tarjetazo”. Mientras este proceso se lleva a cabo, reiteraron que seguirán tomando las calles, denunciando las políticas públicas mal diseñadas e informando al respecto. Asimismo, invitaron a la sociedad a que se una a las peticiones.
“Nosotros ya hicimos todo lo que era posible, lo que está en nuestras manos y ahora le toca a las instituciones cumplirle a la ciudadanía”, concluyó Elizabeth.
