En la conferencia “Desafíos de la seguridad, justicia y tejido social” del Segundo Diálogo Nacional por la Paz realizado en el ITESO, Sandra Ley, Sergio López Ayllón, Elena Azaola y Alberto Olvera analizaron la crisis de violencia desde la seguridad, la justicia, los centros penitenciarios y la vida comunitaria.
Por Vanessa Briseño / @nevervb
Como parte de las actividades del Segundo Diálogo Nacional por la Paz celebrado en el ITESO, se llevó a cabo la conferencia “Desafíos de la seguridad, justicia y tejido social”, moderada por Carlos Juárez. El panel reunió a Sandra Ley, académica del Tec de Monterrey; Sergio López Ayllón, investigador de la UNAM; Elena Azaola, investigadora del CIESAS; y Alberto Olvera, investigador de la Universidad Veracruzana, quienes abordaron la crisis de violencia desde sus respectivos campos.
La conversación se situó a veinte años del inicio de una etapa marcada por la expansión de las violencias en México durante el sexenio de Felipe Calderón y a tres años del primer Diálogo Nacional por la Paz. Desde esa perspectiva temporal, el panel propuso revisar aprendizajes, identificar desafíos actuales y plantear rutas de acción posibles frente a un contexto que ha transformado la vida política, social y comunitaria del país.
Sandra Ley abrió su intervención al señalar que la violencia asociada al crimen organizado no comenzó en 2006, aunque ese año marcó un cambio visible en su intensidad y forma. Explicó que los grupos criminales han acompañado distintos momentos de la historia política nacional, pero que “su presencia y su capacidad de incidencia han cambiado de manera sustantiva” en las últimas dos décadas.
Indicó que el país pasó de tener cuatro grandes cárteles a registrar más de 230 agrupaciones entre bandas, células, escisiones y mafias. Esta fragmentación generó mayor competencia entre organizaciones, lo que incrementó el uso de la violencia armada como mecanismo para controlar territorios y mercados ilícitos.
Señaló que los homicidios permiten dimensionar parte del problema, con más de 30 mil defunciones anuales desde 2017 y variaciones mínimas en años recientes. Sin embargo, advirtió que esta métrica resulta insuficiente para comprender la complejidad actual del fenómeno.
Añadió que la violencia hoy incluye: desapariciones, desplazamientos forzados y diversas formas de control social y político que aún carecen de registros completos. Subrayó la necesidad de documentar mejor estos procesos para poder entender su alcance.
Durante su participación, Sandra también introdujo el concepto de gobernanza criminal para describir las reglas de facto que grupos delictivos imponen en lo local. Estas reglas abarcan desde la extorsión hasta el control de actividades económicas legales e ilegales, la extracción de recursos naturales y la imposición de normas de convivencia.
Expuso que este control se extiende a procesos políticos, con intervención en campañas, nominaciones partidistas y movilización de votantes. También señaló la infiltración en policías municipales e instituciones gubernamentales. Documentó el aumento de ataques contra actores políticos, que pasaron de 311 entre 2006 y 2012 a casi 1200 entre 2018 y 2024. Mencionó además el asesinato de 175 comunicadores entre 2000 y 2025.
Además, cuestionó que la política pública no se enfoque en contrarrestar estos procesos de gobernanza criminal ni en fortalecer al municipio, pese a su papel central en la seguridad local. Así, concluyó que el crimen organizado se ha convertido en un actor político activo en la democracia mexicana y que las políticas no atienden las causas profundas ni colocan a las víctimas en el centro.
Por su parte, Sergio López Ayllón centró su análisis en “la falla del Estado para garantizar derechos básicos”. Explicó que el monopolio legítimo de la fuerza requiere un sistema institucional articulado que en México no funciona de manera coordinada.
Describió que el sistema, compuesto por policías, fiscalías, tribunales y sistema penitenciario, cuando una parte falla, el conjunto deja de producir justicia y paz. Recordó que existen 33 sistemas de procuración e impartición de justicia en el país. Igualmente, aclaró que la justicia más relevante ocurre a nivel local, donde se atienden delitos como el homicidio.
Sergio remarcó que las fiscalías enfrentan carencias en investigación, capacidades periciales y conducción de casos. Indicó que “esta debilidad afecta todo el proceso judicial”. Dijo que, ante estas fallas, se recurre a prácticas como la tortura o la extorsión para fabricar culpables. Agregó el uso de la prisión preventiva oficiosa como sustituto de investigaciones sólidas.
Puntualizó que los casos llegan a jueces con expedientes deficientes, lo que deriva en liberaciones y en una percepción de impunidad que debilita la confianza social. Además, abordó la reforma judicial reciente, que sustituyó jueces con carrera por jueces electos y creó un Tribunal de Disciplina Judicial, advirtiendo efectos sobre la independencia judicial.
Igualmente, Elena Azaola planteó en sus comentarios que no puede hablarse de paz mientras los centros penitenciarios mantengan condiciones de degradación sistemática. La académica presentó al sistema penitenciario como un eslabón ignorado.
Comentó que la mayoría de la población penitenciaria corresponde a jóvenes pobres de zonas marginadas, cuya exclusión se acentúa tras el paso por prisión. Elena agregó que en los últimos siete años la población en prisión aumentó una cuarta parte por el uso de la prisión preventiva oficiosa, “con 100 mil personas sin sentencia cada noche”.
Explicó que el presupuesto penitenciario disminuyó mientras la población creció, lo que se refleja en más motines, riñas, suicidios y homicidios dentro de los centros. También mencionó que el Estado cedió el control de penales a grupos delictivos, dejando expuestas a las personas más vulnerables”..
Finalmente, Alberto Olvera profundizó en la idea de que los cambios económicos, políticos y culturales de las últimas décadas alteraron las bases de la convivencia social. Señaló que, desde la introducción del neoliberalismo, provocó el cierre de pequeñas y medianas empresas, la quiebra de sectores de la agricultura campesina y nuevas olas de migración hacia las ciudades y al extranjero, lo que desordenó referentes comunitarios y formas tradicionales de organización.
A la par, la transición democrática introdujo competencia electoral y fragmentación del poder político sin que se construyera un Estado capaz de garantizar justicia y derechos, lo que dejó intactas prácticas como el clientelismo y el corporativismo bajo nuevas siglas partidistas. Alberto añadió que el empoderamiento del crimen organizado coincidió con esta fragmentación estatal, al adquirir capacidades económicas y militares inéditas a partir del control de rutas de cocaína y, más recientemente, de la producción de fentanilo.
Este proceso, sumado a transformaciones culturales asociadas a la urbanización acelerada, la migración y la influencia de redes sociales, modificó profundamente la vida cotidiana y las relaciones sociales. En este contexto, sostuvo que hablar de tejido social “implica repensar las relaciones entre ciudadanía, comunidades y autoridades”, con el reto de construir formas de organización y convivencia acordes con estas nuevas realidades.
Concluye Segundo Diálogo con la creación de un manifiesto por la paz
Luego de tres días de diálogo, debate y encuentros, el Segundo Diálogo Nacional por la Paz celebrado en el ITESO tuvo como resultado la creación de un Manifiesto por la Paz, mismo que leyó Ana Paula Hernández, coordinadora del Diálogo Nacional,
“Nos negamos a ser indiferentes ante el dolor y la vida que pende de un hilo. Y rechazamos toda complicidad frente a la violencia estructural y sistémica Cada paso, cada conversatorio, cada acuerdo, cada metodología que decidamos implementar, lo haremos con la conciencia de que estamos, desde el Diálogo Nacional, refundando nuestra forma de ser comunidad”.
Así que bajo el lema: “Somos PAZ. Seremos MÁS”, el manifiesto invita a otras personas a unirse al movimiento a través de una firma virtual. De esa manera, quienes las personas podrán sumarse a:
“la exigencia de un México más digno, alcanzable a través de una serie de escenarios ideales, como la capacidad de todas las personas de conmoverse ante el dolor, de cuidar y ser cuidados y de exigir un alto a la impunidad”.
Para las y los creadores de este manifiesto, éste es una herramienta que da protagonismo a todos los sectores de la sociedad, asumiendo el reto que implica vivir en comunidad, como lo mencionó Ana Paula Hernández:
“El reto de tener un mismo padre es que tenemos que ser hermanos. El diálogo nacional es un llamado a hermanarnos, a mirarnos, a escucharnos, a encontrarnos de una manera distinta, a no tolerar todo aquello que amenaza la comunidad”, dijo.
