La colectiva Barbies Testeadoras presentó su primer informe “Testear es cuidar”, con resultados de 117 análisis de sustancias realizados entre noviembre de 2023 y julio de 2025 en el Bajío y otras ciudades. El informe expone límites metodológicos, identifica riesgos asociados a un mercado no regulado, plantea la reducción de daños y la regulación como ejes para mejorar las condiciones de consumo y el acceso a información y salud.
Por Vanessa Briseño / @nevervb
La colectiva Barbies Testeadoras presentó su Primer Informe de Resultados de Análisis de Drogas en el Bajío, titulado “Testear es cuidar”. Durante la presentación, se definieron como “una red de proyectos y colectivas de reducción de daños que estamos en el bajío”.
Explicaron que el grupo se conforma por iniciativas como La Testería en Aguascalientes, El After, La Eriza y Recreo Lab en Guadalajara, Viaja Seguro en Salamanca, Sanaté en Guadalajara y el trabajo de otras personas en diferentes localidades. En la presentación, agradecieron a quienes participaron en la elaboración del documento y comentaron que son “equipo muy grande y un equipo que va creciendo cada vez más”.
El Bajío, detallaron, es una región del centro-norte de México que incluye estados como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, parte de Jalisco y San Luis Potosí. Indicaron que se trata de una zona con alta presencia de metanfetamina y un contexto sociopolítico conservador. De acuerdo con los datos que compartieron, el 89% de la población en la región es católica y existen gobiernos de derecha desde la década de 1990, lo que influye en las dinámicas de estigmatización y criminalización en torno al consumo de sustancias.
El informe reúne resultados de análisis realizados entre noviembre de 2023 y julio de 2025 en Aguascalientes, Guadalajara, Salamanca, San Luis Potosí y Tijuana. Explicaron que incluyeron pruebas efectuadas antes de la conformación formal del colectivo para ampliar el periodo de observación y el número de muestras. Las intervenciones se llevaron a cabo en eventos culturales, festivales, fiestas de música electrónica, bazares y espacios de disidencia, así como en sesiones privadas. El análisis de sustancias se realizó mediante pruebas colorimétricas y consejería personalizada.
Las Barbies Testeadoras señalaron que el informe busca ofrecer información útil para personas usuarias de drogas, colectivos, personal de salud, funcionariado, investigadores y periodistas. Comentaron que los datos pueden fungir como herramienta de incidencia pública y como respaldo para el análisis de sustancias basado en evidencia. También plantearon que el documento pretende impulsar el reconocimiento social e institucional de la reducción de daños y visibilizar las dinámicas locales del Bajío dentro de la discusión nacional sobre políticas de drogas.
El informe reúne 126 registros de análisis, de los cuales 117 contaron con información completa. En esas muestras se reportaron 11 sustancias: cocaína, DMT, ketamina, LSD, MDMA, mescalina, metanfetamina o cristal, metilfenidato (Ritalin), tachas no especificadas y tusi, definido como “una combinación de sustancias”.
Las sustancias más recibidas para análisis fueron MDMA, cocaína, tachas y LSD. En total, 37 muestras correspondieron a MDMA y 22 a cocaína. También se analizaron muestras de LSD, cristal, 2C-B, mescalina, ketamina, DMT, metilfenidato y una sustancia desconocida que fue entregada para identificación.
De las 117 muestras completas, 108 arrojaron resultados verificables con los reactivos utilizados. De esas 108, solo 46 coincidieron exclusivamente con la sustancia reportada por la persona usuaria. Las 62 restantes presentaron discrepancias: 27 fueron clasificadas como adulteradas y 35 como suplantadas.
El colectivo explicó que existen cuatro posibles resultados: muestra adulterada, suplantada, sin detección de adulterantes o resultado inconcluso. La adulteración ocurre cuando la sustancia reportada contiene otras adicionales. La suplantación se presenta cuando no se detecta la sustancia esperada y aparece otra distinta. Aclararon que la técnica utilizada no permite identificar concentraciones ni todas las posibles sustancias presentes.
En el caso de la cocaína, 22 muestras no coincidieron con lo reportado y solo cuatro coincidieron exclusivamente con cocaína. En LSD, ocho muestras no coincidieron y cinco sí coincidieron. En MDMA, 21 muestras coincidieron con lo esperado. En el caso de las tachas, 12 coincidieron con la sustancia buscada. Las pocas muestras de DMT, ketamina y tusi no coincidieron con lo reportado.
También analizaron el lugar de adquisición declarado por las personas usuarias. En León se registró una muestra que no coincidió. En San Luis Potosí, tres de cuatro muestras no coincidieron. En ciudades del Bajío como Guanajuato, Salamanca y Guadalajara predominó la no coincidencia entre sustancia esperada y sustancia detectada. En contraste, en Tijuana, Estado de México y una muestra obtenida en Bogotá, Colombia fue mayor el porcentaje de coincidencias.
El informe detalla implicaciones específicas en el caso de las anfetaminas. Identificaron metanfetamina, MDMA y MDA como parte de una misma familia química con efectos distintos. Señalaron que la metanfetamina presenta mayor potencial estimulante y mayor riesgo neurológico y cardiovascular que la MDMA, mientras que la MDA suele asociarse con efectos más intensos y mayor duración. La presencia de combinaciones entre estas sustancias puede modificar los efectos esperados y aumentar riesgos.
Las Barbies Testeadoras reiteraron que su función consiste en informar los resultados y ofrecer recomendaciones de reducción de daños. No determinan si una muestra es “buena” o “mala”. Subrayaron que la decisión final corresponde a la persona usuaria, con base en la información recibida.
Entre los retos identificados se encuentran las limitaciones metodológicas, la necesidad de explicar resultados cualitativos, la falta de recursos económicos y el contexto legal incierto. También señalaron dificultades para acceder a eventos y espacios donde ocurre el consumo. El informe plantea como oportunidad ampliar el alcance del trabajo, abordar el consumo de metanfetamina en la región y promover el reconocimiento institucional de la reducción de daños basada en evidencia.
En las conclusiones, comentaron que uno de los principales hallazgos del informe es que, en un mercado no regulado, existe una alta probabilidad de que las sustancias estén adulteradas o suplantadas. Indicaron que esta condición puede implicar mayores riesgos y daños no previstos. Remarcaron que es necesario que quienes adquieren sustancias tengan expectativas claras, ya que “es muy probable que la sustancia no sea lo que se espera adquirir”.
Explicaron que, ante inconformidades por resultados inesperados, la discusión no debe dirigirse hacia quienes venden las sustancias, sino hacia el marco legal vigente. Señalaron que la prohibición genera las condiciones para la adulteración y la suplantación, al no existir mecanismos de verificación ni control de calidad. También advirtieron que reclamar en un mercado no regulado puede representar riesgos para las personas usuarias.
La colectiva reconoció que el alcance del análisis de sustancias aún es limitado. Incluso en el amplio periodo que realizaron sus intervenciones, dificulta cubrir todos los espacios donde ocurre el consumo. Indicaron que la mayoría de las personas no sabe con certeza qué consume y recomendaron acudir, cuando sea posible, a servicios de análisis, aunque estos sean escasos.
Otra de las conclusiones fue que la regulación del mercado modificaría las condiciones actuales. Afirmaron que un mercado regulado permitiría mejor calidad de las sustancias, distribución sin criminalización, información para prevenir emergencias y mayor disponibilidad de servicios de reducción de riesgos y daños, así como acceso efectivo a servicios de salud. Añadieron que las personas usuarias son actores políticos y que la exigencia de derechos también les corresponde.
Finalmente, respondieron a cuestionamientos sobre si brindar estos servicios implica promover el consumo. Aseguraron que parten de un enfoque práctico: “el consumo existe, siempre ha existido”. Sostuvieron que la prohibición no ha detenido el consumo y que las estrategias de reducción de daños buscan atender una realidad presente desde la salud pública.
