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El anuncio presidencial pone en evidencia una tensión central: mientras el discurso reconoce la necesidad de mejorar registros y presenta cifras, la realidad muestra un Estado que aún no logra dimensionar ni enfrentar la crisis de desaparición.
Por Alejandra Cartagena, hija buscadora, defensora, coordinadora de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) México y responsable del Programa de Desaparición de Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Juárez, SJ,(CUDJ) del ITESO
La crisis de desaparición en este país tiene ya cuando menos un par de décadas, prevenirla y atenderla es un reto muy grande que no se alcanzará sin la participación efectiva de las familias de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil, academia, sector público y privado. Buscar a las y los nuestros no es solo un asunto de Estado, sino de humanidad. Aquí mi posicionamiento y reitero que siempre, siempre estoy dispuesta a trabajar porque mi interés a 48 años de la desaparición de mi Mamá es traerla a casa a que descanse y que podamos estar cuando menos una vez cerquita, cerquita. Y traer a mi abuelito David a descansar con sus hijxs que ya murieron.
El anuncio realizado por la presidenta de México, Claudia Sheibaum en la mañanera sobre desaparición de personas debe analizarse con cautela, pues si bien, reconoce la necesidad de mejorar los registros y presenta ciertas cifras, también evidencia profundas inconsistencias que reflejan la falta de claridad del Estado frente a la magnitud real de la crisis.
En primer lugar, el énfasis en mejorar los registros es correcto en términos formales, pero resulta insuficiente si no se acompaña de un reconocimiento de que las cifras actuales carecen de solidez y no logran reflejar la realidad que se vive en el país. Las cifras anunciadas —según las cuales sólo existirían alrededor de 43 mil 128 mil personas desaparecidas con información suficiente para su búsqueda, mientras que otras 46 mil 742 no cuentan con datos para ser buscadas y un número similar se encuentra en una categoría ambigua de “medio localizadas”– no sólo son problemáticas, sino difícilmente sostenibles frente al contexto nacional. Basta observar el caso de Jalisco, donde se reportan aproximadamente 16 mil personas desaparecidas, para advertir que los números a nivel federal no corresponden con la dimensión de la crisis. Esta disparidad pone en evidencia que no estamos frente a un problema de conteo, sino ante una crisis de registro, clasificación y, sobre todo, de reconocimiento estatal.
La existencia de decenas de miles de personas sin datos suficientes para su búsqueda es, en sí misma, una expresión grave de negligencia institucional. No se trata únicamente de expedientes incompletos, sino de vidas que el Estado no ha documentado adecuadamente, lo que imposibilita activar mecanismos efectivos de localización. Por otro lado, la categoría de personas “medio localizadas” resulta sumamente preocupante, ya que introduce un término ambiguo que no tiene claridad jurídica ni operativa, y que puede prestarse a prácticas de simulación institucional, en las que se aparentan avances sin que exista una localización efectiva ni certeza sobre el paradero de las personas.
En segundo lugar, la cifra de 3 mil 869 carpetas de investigación es particularmente alarmante y constituye uno de los indicadores más claros de la crisis de impunidad que atraviesa el país. Esta cifra no refleja una baja incidencia del delito, sino una subjudicialización sistemática de la desaparición. Es decir, la mayoría de los casos no están siendo investigados formalmente, lo que implica que no se están generando condiciones para esclarecer los hechos, identificar responsables ni garantizar justicia. Esta situación confirma que las fiscalías continúan siendo uno de los principales obstáculos en el acceso a la justicia.
En la práctica, las familias enfrentan múltiples barreras para denunciar: negativas para recibir las denuncias, dilaciones injustificadas, exigencia de requisitos ilegales, clasificación errónea de los casos y ausencia de diligencias inmediatas de búsqueda. Estas prácticas no son aisladas, sino estructurales, y responden a una combinación de factores que incluyen falta de capacitación, sobrecarga institucional, ausencia de voluntad política y persistencia de estigmas hacia las víctimas. Como resultado, denunciar una desaparición en México sigue siendo un proceso complejo, revictimizante y, en muchos casos, riesgoso.
Aunado a ello, los desafíos que enfrentan las familias para denunciar no se limitan al ámbito institucional. Existen también barreras emocionales, económicas y de seguridad que dificultan el acceso a la justicia. Las familias suelen encontrarse en estados de crisis profunda al momento de la desaparición, enfrentan desconfianza hacia las autoridades, miedo a represalias y costos económicos significativos asociados a la búsqueda. En muchos casos, son las propias familias quienes terminan realizando labores que corresponden al Estado, desde la recolección de información hasta la búsqueda en campo.
En este contexto, el anuncio presidencial pone en evidencia una tensión central: mientras el discurso reconoce la necesidad de mejorar registros y presenta cifras, la realidad muestra un Estado que aún no logra dimensionar ni enfrentar la crisis de desaparición. La falta de claridad en los datos, la existencia de categorías ambiguas y la baja cantidad de carpetas de investigación reflejan no sólo fallas técnicas, sino una crisis estructural de respuesta institucional que no es actual , que lleva décadas.
Conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Viernes 27 de marzo 2026 https://t.co/h5reoMOqwV
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 27, 2026
