Organizaciones de la Alianza Mexicana Contra el Fracking se reunieron en la Alameda Central de la Ciudad de México para demandar que el gobierno federal prohíba la fractura hidráulica. Comunidades de la Huasteca Potosina y la región Totonacapan de Veracruz denunciaron daños ya irreversibles.
Por: Andrea Nolasco / @AndreaNol1224 y Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México. 8 de mayo de 2025. Con son jarocho, huasteco, zapateado y consignas, colectivos ambientalistas, feministas, defensoras del agua y organizaciones de derechos humanos provenientes de nueve estados del país se congregaron este jueves en la Alameda Central de la Ciudad de México para exigir la prohibición del fracking. La jornada, convocada por la Alianza Mexicana Contra el Fracking bajo el nombre “¡Fandango por la Vida! Todxs contra el fracking”, incluyó rueda de prensa, actividades artísticas, serigrafía y, al cierre, un fandango colectivo que convirtió la explanada en tarima de resistencia.
La movilización ocurre semanas después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum anunciara la formación de un comité científico para evaluar técnicas de extracción de hidrocarburos, lo que las organizaciones interpretan como una apertura encubierta al fracking tras años en que la narrativa oficial, sin concretarse en prohibición, mantuvo al menos el rechazo discursivo.
“El fracking sigue siendo una tecnología de muerte, una tecnología que acaba con el agua, que acaba con los recursos de la naturaleza, que enferma a las comunidades, que destruye el tejido social y que no queremos en México”, declaró Alejandra Jiménez durante la rueda de prensa.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking no es una respuesta al anuncio reciente. Nació en 2013, cuando el Congreso discutía la reforma constitucional en materia energética que, aprobada ese mismo año, abrió el marco legal para la fractura hidráulica en México.
“Nos organizamos muchas organizaciones ambientalistas, feministas, de derechos humanos, defensoras del agua, del territorio, y formamos esta alianza desde ese sexenio”, explicó Arely Sandoval, integrante de Espacio DESCA, organización de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que forma parte de la Alianza. “Ya tenemos más de diez años en esta lucha. No es algo que estamos haciendo ahorita porque el gobierno hizo un anuncio”, señaló.
Desde entonces, la Alianza ha impulsado iniciativas legislativas de prohibición —la primera en 2014—, sostuvo mesas de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente durante el sexenio anterior, y remitió cartas a la Presidencia de la República durante la administración actual. Ninguna de esas gestiones derivó en una prohibición formal. El decreto de moratoria que se construyó con la secretaría anterior, indicó Sandoval, “no prosperó”, y la actual administración “desconoce los trabajos previos”.
“Es una decepción que en estos gobiernos de la 4T, desde Andrés Manuel a la fecha, había habido una narrativa de no al fracking, a pesar de que no hubo la voluntad política de realmente prohibirlo. Ahora ya es totalmente el descaro y el olvidar que hay una primera obligación con los derechos humanos y las comunidades”, afirmó Sandoval.
Frente al anuncio del comité científico, la organización resaltó que: “Eso no existe. Es una mentira. Si así esto existiera, no estaría prohibido en tantos países y ciudades del mundo”.
La fractura hidráulica es una técnica de extracción de hidrocarburos —petróleo o gas— que implica la inyección a alta presión de un líquido compuesto por agua, apuntalantes y un cóctel de hasta 700 sustancias químicas, algunas de alta peligrosidad, para fracturar rocas de baja permeabilidad y liberar los hidrocarburos atrapados. Los pozos se perforan de forma vertical y horizontal.
“Hay muchas consecuencias, tanto en el subsuelo como arriba, en la atmósfera, en el agua, en la tierra, y para los trabajadores y las comunidades cercanas”, describió Sandoval. La técnica ha sido declarada en moratoria o prohibida en países como Francia, Alemania, Bulgaria e Irlanda, entre otros.
Entre los testimonios más contundentes de la jornada estuvieron los de quienes ya enfrentan las consecuencias de la actividad extractiva en sus territorios.
Rosa Esther, de la Contraloría del Agua de la Huasteca Potosina, advirtió que el plan de Pemex contempla afectar 17 de los 20 municipios de la región, lo que equivale a 360 de las aproximadamente 700 comunidades existentes. “En la Huasteca vivimos 700 mil habitantes. Sería un desastre humano terrible”, señaló. La organización demanda que se preserve la integridad de ríos y tierras, y que el modelo de desarrollo de la región continúe basado en turismo, agricultura y comercio.
Ángel Sánchez González, integrante de una comunidad del municipio de Ixhuatlán de Veracruz, en la región Totonacapa, llegó a la Alameda con un daño ya consumado: derrames de hidrocarburos arrasaron su huerta. “Me dicen que todo lo que tengo en la huerta no puedo consumirlo hasta un periodo de cinco años, como mínimo”, declaró. Sánchez describió tierras infértiles, agua contaminada y un incremento de casos de cáncer en la región que atribuye a la contaminación por hidrocarburos. “Somos un pueblo originario y prácticamente están atentando contra nosotros”, afirmó. “Nos quieren extinguir al seguir practicando la fractura hidráulica.”
Al cierre de la rueda de prensa, la Alianza anunció que la movilización del 8 de mayo es el inicio de una jornada nacional de resistencia al fracking, que convocará a alcaldías de la Ciudad de México y a los distintos territorios representados en la jornada a manifestarse de diversas formas. Organizaciones de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida anunciaron también la realización de un congreso nacional en septiembre.
La tarde terminó como inició: con música. El fandango convocado por la Alianza reunió voces y zapateado en la Alameda Central. Niños y adultos se sumaron también a una cascarita simbólica contra el fracking. La consigna que cerró la jornada fue la misma que la abrió: sí a la vida, no al fracking.
