La Comisión de Enlace de Cherán K’eri emitió el 31 de mayo un pronunciamiento de solidaridad con los pueblos de la Costa-Sierra michoacana, dos días después de que un comando armado asesinara a tres personas en la carretera federal 200, a la altura del poblado de Colola, en el municipio de Aquila, Michoacán.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
El 28 de mayo de 2026, un comando armado atacó un vehículo que circulaba por la carretera federal 200, a la altura del poblado de Colola, en el municipio de Aquila, Michoacán. Tres personas murieron: Lucas Flores Tolentino, tesorero de bienes comunales de la Comunidad Indígena Nahua de Pómaro; Jerónimo García Flores, asesor jurídico de esa misma comunidad; y Felipe de Jesús Martínez Martínez, profesor purépecha. Una cuarta persona, también profesora purépecha, resultó gravemente herida. Su nombre fue omitido en el comunicado de las autoridades comunitarias por razones de seguridad.
Al día siguiente, el 29 de mayo, los presidentes de los comisariados de bienes comunales de San Miguel Aquila, El Coire y Santa María Ostula, junto con el Concejo Comunal Nahuatl de El Coire, emitieron un comunicado público conjunto en el que expresaron “el más profundo repudio y honda preocupación por el cobarde asesinato” de las víctimas. Las autoridades calificaron los crímenes como “un agravio que se hace a los pueblos originarios de Michoacán y de México” y exigieron “la investigación puntual de los hechos y el castigo a los culpables intelectuales y materiales de este múltiple homicidio”.
El 31 de mayo, la Comisión de Enlace de Cherán K’eri emitió un pronunciamiento de solidaridad con Santa María Ostula y los pueblos de la Costa-Sierra michoacana. El documento denuncia que los asesinatos de comuneros defensores del territorio y la vida “no son casuales, pues obedecen a intereses económicos y políticos con la anuencia del Estado”. El pronunciamiento nombra a las comunidades de Acachuen, Santa María Sevina, Charapan, Ostula, Pomaro y Aquila como casos de una violencia que, señala, “se extiende a través de nuestra historia milenaria”.
La Comisión de Enlace exige “un alto al desplazamiento, la desaparición forzada, los asesinatos político territoriales de personas defensoras de la tierra y el territorio, la imposición del monocultivo, la urbanización forzada, los narcolaboratorios y la incrustación del miedo en la vida diaria”.El pronunciamiento identifica la tala y el aguacate como “economías de guerra” y demanda que sean investigadas, sancionadas y reparadas conforme a derecho.
Sobre el Plan Michoacán 2025, la Comisión de Enlace afirma que la estrategia de seguridad del gobierno estatal “No nos escucha” y rechaza “la folklorización y los sesgos que trastocan la capacidad de agencia efectiva” de los pueblos indígenas. El documento señala que las instancias de seguridad han “procedido con bases de operación mixta u otras modalidades”que “terminan siendo parte de una simulación, pues cuando el fuego está a quemarropa pocas veces figuran como un respaldo”.
La Comisión hace un llamado directo a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para que garantice “el pleno respeto de los procesos autonómicos de los pueblos organizados”. Las autoridades nahuas de Aquila, El Coire y Santa María Ostula habían dirigido la misma exigencia a Sheinbaum y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en su comunicado del 29 de mayo, señalando que se trata de acciones que han solicitado “insistentemente” sin obtener respuesta.
El comunicado conjunto de las comunidades nahuas también aborda las acusaciones públicas contra el presidente municipal de Aquila, José María Valencia Guillén, a quien se ha señalado como posible responsable del crimen. Las autoridades indígenas advirtieron que dichas acusaciones “no hacen más que generar mayor inestabilidad en el municipio”y urgieron a las autoridades federales a realizar “la investigación a fondo para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades”.
El pronunciamiento de Cherán K’eri cierra con la siguiente declaración: “No somos ‘daño colateral’. Somos pueblos dignos con formas de vida propia. La paz no llegará por decreto si no se respeta nuestra palabra y nuestro territorio.”
