La violencia no empieza en la frontera ni termina con el retorno. En Guatemala, para muchas mujeres migrantes, retornadas y personas de la diversidad sexual, la violencia se acumula en cada etapa del ciclo migratorio: en la casa que dejaron, en la ruta que recorrieron, en los centros de detención, en la deportación y en el regreso a comunidades donde casi nada cambió.
Eso es lo que muestra la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración en el informe Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en Guatemala. El diagnóstico es duro: el país cuenta con marcos normativos e instituciones, pero la respuesta estatal sigue fragmentada, centralizada, insuficiente y, en muchos casos, incapaz de proteger de forma real a quienes más lo necesitan.
Por Ana Paula Carbonell / @anapau_24601
La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración presentó recientemente los hallazgos de su informe Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en Guatemala, en este documento reveló lo siguiente.
Un retorno que no repara
Entre 2020 y 2023, Guatemala recibió 134 mil 878 personas retornadas desde Estados Unidos, y 31% de ellas fueron mujeres. La mayoría proviene de departamentos históricamente expulsores de población migrante, sobre todo del Altiplano Occidental, donde se concentran los mayores porcentajes de retorno. A finales de 2025, Huehuetenango encabezaba la lista, seguido por San Marcos y Quiché, lo que confirma que la migración de retorno no llega a cualquier parte, sino a territorios ya marcados por la pobreza, la ruralidad, la exclusión y la ausencia de oportunidades.
Pero regresar no significa volver a empezar. Las mujeres retornadas suelen regresar con deudas significativas contraídas para financiar el viaje, sin ahorros, sin redes de apoyo sólidas y con las mismas condiciones de violencia e inseguridad que las obligaron a salir. El informe sostiene que el retorno forzado se vuelve, en muchos casos, una nueva etapa de vulnerabilidad, porque el Estado las recibe con trámites centralizados, apoyos limitados y una oferta institucional que no alcanza a cubrir el territorio.
El problema se agrava en las zonas rurales. El documento señala que Guatemala no cuenta con centros de retorno departamentales suficientemente instalados ni con unidades de atención cercanas a las comunidades donde más se concentran las deportaciones. Eso obliga a las mujeres a trasladarse largas distancias para acceder a servicios básicos de salud, orientación legal o acompañamiento psicosocial, lo que eleva costos, tiempo y desgaste emocional en un momento en que ya llegan profundamente golpeadas.
La violencia empieza antes de migrar
Uno de los aportes más importantes del informe es que rompe con la idea de que la migración ocurre solo por razones económicas o por decisión individual. En realidad, muchas mujeres migran porque antes ya vivían dentro de estructuras de violencia que hacían inviable permanecer donde estaban. En sus lugares de origen enfrentan violencia de pareja, violencia familiar, presión social para sostener roles tradicionales, dependencia económica y discriminación por ser mujeres, indígenas o personas de la diversidad sexual.
Las entrevistas recogidas en la investigación muestran que el hogar puede ser un espacio de riesgo constante, no de protección. Ahí se repite el control sobre el dinero, las amenazas, los golpes, la humillación y la vigilancia, mientras la falta de ingresos propios limita la posibilidad de romper con el agresor. La violencia económica no aparece como un fenómeno aislado, sino como una condición que empuja a muchas mujeres a migrar en busca de ingresos, autonomía o refugio.
En el caso de mujeres indígenas, el problema se agrava por la exclusión territorial y la ausencia de servicios con pertinencia cultural y lingüística. La investigación subraya que la discriminación étnica y racial también opera como un factor de expulsión, porque la desigualdad no solo está en el ingreso, sino en el acceso a derechos, justicia y salud. Para muchas, el viaje comienza mucho antes de subir a una ruta: comienza cuando el entorno ya no ofrece una salida digna.
El tránsito como territorio hostil
Si el origen expulsa, el tránsito destruye. El informe describe las rutas migratorias como espacios donde la violencia sexual emerge como un arma de control y donde las mujeres quedan expuestas a agresiones por parte de coyotes, autoridades, compañeros de viaje, grupos criminales y redes de trata. No se trata solo de un trayecto geográfico: se trata de un periodo prolongado de exposición a violencias sistemáticas que dejan huellas físicas y psicológicas profundas.
Los testimonios recopilados son especialmente duros. El documento habla de mujeres que fueron extorsionadas, amenazadas, secuestradas o sometidas a agresiones sexuales durante la ruta; también de personas que recurrieron al sexo transaccional para conseguir comida, transporte, refugio o continuar el viaje. En varios casos, la coerción económica anuló por completo la posibilidad de consentimiento. No se trata de decisiones libres, sino de estrategias extremas de supervivencia frente a la violencia y el hambre.
El informe también documenta violencia reproductiva. Algunas mujeres fueron sometidas a intervenciones médicas forzadas o poco claras; otras llegaron a su destino con secuelas físicas derivadas de violaciones sexuales, embarazos forzados o infecciones no atendidas. La ruta, entonces, no solo mueve cuerpos: también produce daño acumulado, trauma y urgencias médicas que el sistema casi nunca atiende a tiempo.
Salud negada y derechos restringidos
Uno de los nudos más graves del informe es el acceso a la salud, especialmente para mujeres migrantes en situación irregular y para sobrevivientes de violencia sexual. Muchas evitan acudir a los centros de salud por miedo a ser deportadas, por desconfianza hacia las autoridades o por experiencias previas de maltrato y revictimización. Ese temor no es infundado: el documento muestra que, en la práctica, la condición migratoria sigue funcionando como una barrera para recibir atención oportuna.
A ello se suma una restricción severa de los derechos sexuales y reproductivos. Aunque existe una figura legal de aborto terapéutico, el informe señala que su aplicación es prácticamente inexistente porque depende de comités de ética que rara vez autorizan el procedimiento. Esto convierte la norma en una promesa vacía, especialmente para mujeres migrantes que fueron víctimas de violación durante el tránsito y que necesitan una atención inmediata, segura y sin criminalización.
La situación de las personas LGBTIQ es igualmente alarmante. El documento registra la falta de acceso a condones, lubricantes, pruebas de VIH, continuidad hormonal y terapias de reafirmación de género. Durante procesos de deportación, muchas personas de la diversidad sexual quedan sin medicamentos y sin acompañamiento adecuado, lo que agrava riesgos de salud y expone otra cara de la exclusión institucional.
El regreso como revictimización
Si el tránsito es violento, el retorno puede serlo también. El informe insiste en que la llegada al país no resuelve nada por sí sola, porque la reintegración está atravesada por burocracia, centralización y ausencia de seguimiento. El llamado Plan Retorno al Hogar aparece como una de las principales respuestas estatales, pero el análisis concluye que carece de perspectiva de género y de medidas específicas para prevenir la violencia basada en género.
Las mujeres retornadas enfrentan obstáculos para volver a estudiar, trabajar o recuperar redes de apoyo. Muchas regresan con hijas e hijos a cargo, sin ingresos, con deudas y con temor de volver a los entornos donde ya habían sido violentadas. El informe advierte que, sin un acompañamiento real, el retorno puede convertirse en una forma de revictimización y abandono institucional.
La centralización de los servicios en la capital profundiza ese escenario. Para una mujer que retorna a Huehuetenango o San Marcos, por ejemplo, el acceso a atención legal o de salud puede implicar viajes costosos y extenuantes que rara vez son viables. En lugar de acercar la protección al territorio, el Estado la aleja de quienes más la necesitan.
Falta de datos, falta de respuesta
Otra de las debilidades que el informe expone es la ausencia de un sistema robusto de información. No hay datos suficientes, integrados y desagregados que permitan entender con precisión cuántas mujeres migrantes o retornadas enfrentan violencia basada en género, qué tipo de violencia viven, dónde ocurre o qué instituciones responden. Sin evidencia sólida, la política pública se vuelve reactiva, incompleta y poco capaz de anticipar riesgos.
El documento también destaca la falta de personal especializado, de infraestructura adecuada y de coordinación entre instituciones. Eso genera una cadena de omisiones: si no hay datos, no hay diagnóstico; si no hay diagnóstico, no hay presupuesto suficiente; y si no hay presupuesto ni capacidad local, la atención termina concentrada en unos pocos espacios y deja afuera a las comunidades más remotas.
En la práctica, esa ausencia de respuesta institucional se traduce en violencia de segundo orden. Las mujeres deben repetir su historia varias veces, desplazarse para cada trámite, enfrentar desconfianza o estigma y lidiar con procesos judiciales lentos y complejos que agotan sus recursos físicos y emocionales. El sistema no solo no repara: en muchos casos, vuelve a herir.
Una deuda histórica del Estado
Los dos documentos coinciden en una idea de fondo: Guatemala tiene una deuda histórica con las mujeres migrantes y retornadas. Esa deuda no es solo legal o administrativa; es una deuda de protección, de acceso a salud, de justicia y de dignidad. Mientras las respuestas sigan siendo centralizadas, fragmentadas y ciegas al género, la movilidad humana seguirá funcionando como una ruta de exposición a violencias múltiples.
Las recomendaciones del informe son claras. Piden crear centros de retorno y unidades de atención a nivel departamental, especialmente en zonas como Huehuetenango y San Marcos; implementar campañas para informar que la atención en salud y violencia basada en género no depende del estatus migratorio; y construir un registro único con datos desagregados por sexo, edad y situación migratoria. También proponen fortalecer la infraestructura, los recursos financieros, la capacitación especializada y la pertinencia cultural en la atención.
Además, el documento plantea que el Estado debe reconocer el desplazamiento interno como una situación humanitaria y avanzar en una legislación de identidad de género, dos pasos fundamentales para ampliar la protección de mujeres y personas LGBTIQ en movilidad. Sin esas transformaciones, el retorno seguirá siendo solo una palabra administrativa para nombrar algo mucho más duro: la continuidad de la violencia.
Lo que el informe deja ver
Al final, lo que estos informes dejan ver es que migrar no siempre es una elección y volver no siempre es un final. Para muchas mujeres en Guatemala, ambas cosas forman parte del mismo ciclo de desprotección: salir porque ya no había seguridad, atravesar rutas hostiles, regresar sin garantías y enfrentarse otra vez a un Estado que llega tarde o no llega.
Esa es la dimensión más potente del diagnóstico. Las mujeres migrantes y retornadas no solo están sobreviviendo a una crisis; están lidiando con un sistema que normaliza su exposición al riesgo en cada etapa del camino. Y mientras eso no cambie, el retorno no será sinónimo de hogar, sino la repetición de una herida que nunca terminó de cerrarse.
Puedes revisar el informe completo aquí.
