En el marco del segundo partido de la selección nacional en la Copa Mundial de Fútbol 2026, colectivos de familias buscadoras marcharon este jueves 18 de junio desde el Exconvento del Carmen hasta la Catedral de Guadalajara para evidenciar ante turistas y locales la crisis humanitaria y forense que padece el estado de Jalisco.
Durante la protesta realizada frente al Fan Fest, el movimiento denunció un profundo agravio a su dignidad por parte del Gobierno Federal, acusando a la presidenta Claudia Sheinbaum de criminalizar, minimizar y burlarse de su lucha pacífica al sugerir tintes políticos y “financiamientos oscuros” en sus movilizaciones.
Ante esta violencia simbólica y los recientes actos de represión, las familias exigieron categóricamente una disculpa pública e institucional que sea difundida en los mismos medios donde se les estigmatizó, como un acto elemental de justicia y reconocimiento a su dignidad.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
“Nuestro dolor ha sido agraviado” reclamaron las familias buscadoras este jueves 18 de junio frente a la Catedral de Guadalajara y en medio de las inmediaciones del Fan Fest, donde se desarrollan las actividades de la celebración mundialista .
Luego de marchar desde el Exconvento del Carmen y recorrer avenida Juárez en para evidenciar a personas fanáticas, visitantes, turistas y locales que la crisis de desapariciones y de fosas clandestinas es una realidad urgente que debe reconocerse y atenderse, incluso, en medio de este evento internacional.
Con los ojos del mundo mirándoles, este movimiento diverso de madres, padres, infancias, hermanas y hermanos que “sobreviven a una de las experiencias más tortuosas y crueles que existen: la desaparición de quienes aman”, externaron su indignación ante lo dicho por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum el pasado 11 de junio, luego de las primeras acciones de protesta de familiares en la Ciudad de México.
“Expresamos nuestra más profunda pena y, sobre todo, nuestra mayor indignación al ser objeto de burla desde el máximo poder de nuestro querido México….” advirtieron.
Y es que reconocen que lo dicho por la ejecutiva nacional minimizó su manifestación pacífica, “es verdaderamente indignante escuchar decir que a nuestras marchas asistieron más trabajadores públicos que familias”, consideraron.
Para ellas, precisaron en su comunicado, incluso, si solo una familia buscadora saliera a marchar, ésta merece ser tratada con respeto y jamás ser objeto de investigación, persecución o descrédito.
Con ello, cuestionaron y rechazaron que desde el Gobierno Federal se haya sugerido que “se investiga un financiamiento oscuro detrás de nosotras”. Esta afición, venida desde la máxima autoridad en la nación “es una visión simplista y maniquea que vulnera nuestra dignidad”, además de ser peligrosas, pues “se traducen en una violencia simbólica que nos criminaliza”.
Frente a estos discursos y declaraciones, el movimiento de familiares se posicionó categóricamente y de forma absoluta a que se les vea y se les “dé un trato de adversarias políticas”:
“El Gobierno Federal debe dirimir sus diferencias con las fuerzas políticas al margen de nosotras. Mientras su soberbia continúe, y con ello su incapacidad de verdadera escucha, la desaparición seguirá perpetuándose en las arcas de su gobierno”, afirmaron.
“No estamos en contra del mundial” recordaron a las personas asistentes a las celebraciones y festejos que se llevaron a cabo en el marco del segundo partido de la selección nacional en la Copa Mundial de Fútbol 2026, “solo tomamos este contexto global para visibilizar lo que el Estado intenta ocultar” insistieron.
“Necesitamos que el mundo sepa que vivimos una crisis estructural y forense que nos mata lentamente: una impunidad casi absoluta, más de 70 mil cuerpos sin identificar que esperan volver a casa, y una fragmentación institucional que no da resultados” declararon en su comunicado.
Ante esta realidad, recordaron que son ellas quienes han insistido a las autoridades en sus tres órdenes de gobierno “un diálogo real, no ocasional o de simulación como el que ellos nos plantean”.
Denunciaron también la negativa que han sostenido la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República para recibir la ayuda internacional que la Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED) ha ofrecido bajo el Artículo 34.
Si bien, las familias han ofrecido la creación de mesas de trabajo interinstitucionales por estado, ejes temáticos, acciones concretas y estrategias claras de prevención de las violencias que garanticen una atención real a las necesidades de las familias, el Gobierno Federal no ha mostrado voluntad para darle cauce a sus peticiones.
“No son necesidades aisladas, sino un real trabajo en conjunto que el gobierno no ha querido o no ha sabido escuchar” sentenciaron.
Sosteniendo y manifestando todas estas deudas pendientes, exhortaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a ofrecer una disculpa pública por las declaraciones vertidas durante la conferencia de prensa del 11 de junio. Una disculpa pública, puntualizaron, que sea a su vez “un acto de reconocimiento a nuestra dignidad”.
“Porque somos nosotras, las familias, las que les buscamos y les encontramos; somos nosotras, las familias, las que investigamos. Somos las que hemos empujado y exigido que nuestros derechos se cumplan, y nosotras las que le hemos enseñado al Estado a cómo buscar a nuestras y nuestros desaparecidos”.
Esta disculpa, precisaron, debe cumplir con condiciones de justicia restaurativa:
- Reconocimiento a su dignidad: Que valide el rol de las familias como las verdaderas investigadoras y guardianas de los derechos que el Estado ha omitido.
- Mismos canales de difusión: Que sea extendida a la sociedad a través de los mismos medios masivos donde se les criminalizó y estigmatizó.
- Garantías de seguridad: Que incluya el retiro inmediato de los señalamientos en su contra y otorgue garantías reales de no repetición.
Coincidieron en que ésta también deben reconocerse las agresiones y represiones vividas el 8 de junio en las inmediaciones del estadio Cuauhtemoc en Puebla, así como, las sufridas los días 10 y 11 de junio en el Estadio Azteca, “nos enviaron granaderos y funcionarios a pesar de que cumplimos con los protocolos de seguridad” reclamaron. De igual manera, las amenazas que experimentaron al ofrecer entrevistas sobre sus casos y la ineficiencia del Estado, así como por los daños provocados a los memoriales instalados en el monumento de El Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.
“Nuestro dolor no merece esta burla. No somos el botín político de nadie. Somos familias que buscan a sus tesoros” argumentaron.
Finalmente recordaron que la crisis nacional de desapariciones y derechos humanos no puede resolverse si no se trabaja de forma conjunta, con voluntad política y confianza, puesto que, en un escenario de impunidad y violencia desbordada: “ni las familias solas, ni ustedes solos como gobierno podremos sacar a nuestro México de esta violencia donde nos están matando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, donde desgarran familias completas al llevarse a nuestros seres queridos, y a nosotras, las familias que les buscamos”, concluyeron.
