Al cierre de la manifestación frente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, integrantes de la campaña partieron un pastel con la leyenda que da nombre a esta nota: un año exigiendo una auditoría integral al SIAPA, sin resultados.
La denuncia que presentaron ese día se respalda en auditorías oficiales de 2014 a 2025 que documentan casi 600 millones de pesos sin comprobar en la cartera vencida del organismo y sanciones mínimas frente al tamaño de las irregularidades.
Texto y fotografías: Mario Marlo / @Mariomarlo
Un grupo de organizaciones civiles, académicas y vecinales presentó ayer, 15 de julio, una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco contra personas servidoras públicas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). La denuncia, dirigida al fiscal Eduardo Cipriano Manzanilla Aznarez, se sostiene en una sistematización de auditorías oficiales de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que documentan, entre 2014 y 2025, un patrón continuo de irregularidades financieras, administrativas y de desempeño en el organismo operador del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
El documento fue ingresado por la Campaña “El SIAPA que Queremos: Agua para la Vida, no para el Negocio”, el Movimiento por Agua Potable de la ZMG y la Red Metropolitana de Monitores Vecinales de Calidad del Agua, acompañadas por decenas de vecinas y vecinos de distintos municipios metropolitanos y respaldadas, según se lee en el oficio, por más de mil firmas ciudadanas.
Última parada de las jornadas por agua limpia
La denuncia se presentó al cierre de una concentración frente a las oficinas de la fiscalía, la última de una serie de acciones que las organizaciones llamaron “Jornadas de movilización ciudadana por agua limpia y salud”. “Esta es nuestra última parada”, dijo María González, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), quien moderó la conferencia de prensa previa al ingreso del documento. González explicó que, a lo largo de esas jornadas, las organizaciones ya habían buscado diálogo con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal), con personal del Sistema Estatal Anticorrupción y con el propio SIAPA, sin lograr con este último, la interlocución que buscaban. Antes de la conferencia, decenas de manifestantes corearon consignas contra la corrupción y por el derecho al agua frente a las puertas de la dependencia.
Aimé Figueroa Neri, investigadora de la Universidad de Guadalajara especializada en corrupción, abrió la conferencia recordando que el derecho al agua limpia está atado a otros derechos constitucionales: la salud, el medio ambiente sano y el acceso a la información pública. Figueroa Neri precisó que la fiscalía no es responsable del suministro ni de la calidad del agua —función que corresponde al SIAPA, a la Comisión Estatal del Agua y a la Secretaría de Gestión Integral del Agua—, pero sí de integrar las carpetas de investigación que, en su caso, deriven en un proceso judicial. “Necesitamos que todas las instancias involucradas en el sistema estatal anticorrupción se coordinen y nos rindan cuentas de qué ha sucedido con estos casos”, dijo la investigadora.
Doce años de hallazgos sin sanciones proporcionales
El documento central de la denuncia, se titula El SIAPA en las auditorías de la ASEJ y de la ASF 2014-2025 y fue elaborado por el Instituto Mexicano para El Desarrollo Comunitario (IMDEC). Reconstruye año por año los hallazgos de al menos diez auditorías estatales y tres federales, además de revisiones de la Contraloría del Estado de Jalisco y de la Secretaría de la Función Pública. La conclusión que González expuso ante la fiscalía fue que la inacción documentada “no tiene que ver con falta de auditorías”: las hay desde 2014 hasta la fecha. Lo que falta, dijo, es “ejercicio de la acción penal”.
La sistematización identifica la cartera vencida —los adeudos de usuarios que el SIAPA no ha logrado cobrar— como el hilo conductor de casi toda la historia financiera del organismo. En 2014, la ASEJ concluyó la auditoría de la Cuenta Pública 2008 con 706.4 millones de pesos observados, derivados principalmente de adeudos no recuperados. La auditoría a la Cuenta Pública 2018, formalizada años después por el rezago fiscalizador, documentó un daño probable de 263 millones de pesos por el mismo concepto. La revisión más reciente, correspondiente a la Cuenta Pública 2023 y presentada en abril de 2025, encontró 596.6 millones de pesos en cuentas por cobrar sin soporte documental válido: el SIAPA no pudo comprobar que ese monto —registrado como activo en sus estados financieros— sea exigible o recuperable. La ASEJ fijó como plazo el 31 de diciembre de 2025 para que el organismo justifique esas cuentas.
A esa cifra se suma el caso de Stratimex, SAPI de CV, la empresa contratada por el SIAPA para apoyar la cobranza de cartera vencida. Según la sistematización, a la empresa se le asignaron 159 mil cuentas vencidas; atendió 85 mil y logró que solo 14 mil generaran algún pago, una efectividad cercana al 9 por ciento. En 2023, el propio personal del SIAPA había recuperado 636 millones de pesos por su cuenta; en 2024, ya con Stratimex operando, el monto adicional recuperado fue de apenas 146 millones. El contrato fijaba una comisión del 28 por ciento sobre lo recuperado, pero el organismo terminó pagando 32 por ciento. La Contraloría del Estado, que auditó por separado ese contrato, notificó sus resultados al SIAPA el 11 de junio de 2025 y anunció que iniciaría acciones legales y administrativas contra los funcionarios responsables. El SIAPA informó que no renovaría el contrato con la empresa.
Auditorías tardías, deuda sin control y obra pagada sin ejecutar
La sistematización documenta que, entre 2015 y 2020, la ASEJ acumuló un rezago prolongado en la revisión de las cuentas públicas del SIAPA: varios ejercicios fiscales se dictaminaron años después de haber ocurrido. Entre 2018 y 2021, del total de procedimientos administrativos que la ASEJ concluyó contra distintos entes fiscalizados, solo 22 terminaron en amonestaciones y los reintegros por esa vía sumaron 1.2 millones de pesos en total, una cifra menor frente a los cientos de millones de pesos observados en el organismo durante el mismo periodo.
En el ámbito federal, la ASF documentó en 2016 que el SIAPA mantenía una deuda de alrededor de 1,190 millones de pesos —equivalente a 16 por ciento de la deuda pública total de Jalisco— y que ese año había contratado un crédito adicional de 800 millones de pesos con Banamex, lo que elevó su endeudamiento en 28 por ciento. La ASF no calificó esa deuda como ilegal, pero advirtió que la legislación estatal carecía de reglas claras para transparentar las operaciones financieras del organismo y recomendó al Congreso de Jalisco reformar el marco jurídico correspondiente.
Las auditorías a las cuentas públicas 2021 y 2022 encontraron, además, diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados en proyectos de colectores y rehabilitación de drenaje, materiales de calidad inferior a la especificada y retrasos injustificados. En el informe correspondiente a 2022, las entidades fiscalizadas del estado recuperaron en conjunto 94.5 millones de pesos por ese tipo de irregularidades, de los cuales 34.5 millones correspondieron al sector paraestatal, que incluye al SIAPA.
Un organismo con historial de opacidad
El SIAPA opera desde 1978 como organismo intermunicipal entre Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. En 2013, la detención de su entonces director, Rodolfo Ocampo Velázquez, acusado de desviar 280 millones de pesos de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, antecedió la transformación del organismo, meses después, en un ente público descentralizado del Poder Ejecutivo estatal. Ese mismo año, la Contraloría del Estado y la Secretaría de la Función Pública federal auditaron el uso que el SIAPA dio al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) durante 2014, y encontraron que el organismo no aportó 10,675,480.57 pesos de la contraparte local que le correspondía en obras convenidas con la federación. La observación, según el documento, quedó sin solventar.
Más de una década después, la sistematización de IMDEC concluye que la reforma legal de 2013 no resolvió los problemas estructurales de fondo: la cartera vencida sigue sin cobrarse, las auditorías siguen llegando tarde y las sanciones, cuando existen, no corresponden al tamaño de las irregularidades.
La crisis que no cesa
La denuncia llega en medio de la crisis de calidad del agua que Somoselmedio documentó a inicios de julio: monitores vecinales analizaron 184 muestras en 90 colonias de la ZMG y encontraron ausencia de cloro residual en 93 por ciento de los puntos, además de plomo, mercurio, fluoruros y bacterias fecales en niveles fuera de norma. El actual director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, asumió el cargo tras la salida de Antonio Juárez Trueba, luego de las movilizaciones de marzo, pero las organizaciones sostienen que ese relevo no vino acompañado de una auditoría al periodo anterior ni de una rendición de cuentas sobre la crisis heredada.
Durante la ronda de preguntas, representantes de la campaña señalaron que el gobierno estatal ha hablado de 200 colonias con problemas de calidad del agua, pero que el monitoreo ciudadano solo ha podido confirmar, con nombre, 90 colonias hasta ahora, y estima que la cifra real supera las 600.
“Hay muchas Elis Castro”
La denuncia también retoma el caso de Elizabeth Castro Cárdenas, exconductora de televisión que figuró en la nómina del SIAPA como asesora técnica con un sueldo mensual de 73 mil pesos durante la gestión del exdirector Antonio Juárez Trueba, pese a reconocer públicamente que estaba comisionada a otra dependencia y que prácticamente no realizaba labores para el organismo.
“El SIAPA ha sido desmantelado , que ha sido saqueado y que ha sido llenado de perfiles que no cumplen con un conocimiento apropiado para gestionar y administrar un bien común tan importante como es nuestra agua. Creo que solamente revela que hay muchas Elis Castro adentro del organismo”, dijo María González, quien añadió que varios funcionarios señalados en las auditorías permanecen dentro del SIAPA y de otras dependencias del agua sin consecuencias proporcionales: “Fiscal, le pedimos haga su trabajo”.
Flor de la Cruz, representante vecinal del Movimiento por Agua Potable ZMG, cuestionó ante los medios las medidas paliativas anunciadas por el gobierno estatal —entrega de garrafones e instalación de tinacos en plazas públicas— por no especificar en qué colonias se aplicarán ni considerar a personas con discapacidad, personas de la tercera edad o quienes rentan vivienda y no tienen dónde almacenar agua. “No es una opción tener tambos almacenando agua por cuestiones de dengue y por cuestiones de niños pequeños”, dijo. La vecina pidió a la autoridad “una verdadera solución” en lugar de medidas que, dijo, la mayoría de la ciudadanía ya realiza por cuenta propia: rellenar garrafones y evitar el uso del agua de la llave para no enfermarse.
Qué pide la denuncia
Además de solicitar la apertura de una carpeta de investigación, el documento pide a la Fiscalía Anticorrupción que solicite formalmente a la ASEJ una auditoría especial e integral al SIAPA para actualizar el estado de los pliegos de observaciones y las responsabilidades resarcitorias pendientes; que dé vista a la Contraloría del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y a la Secretaría de Salud para que investiguen responsabilidades administrativas y diseñen un programa de reparación integral del daño a la población afectada; que se integre un mecanismo de auditoría y vigilancia social con participación ciudadana y académica; y que se informe periódicamente a la ciudadanía sobre el avance de las investigaciones.
El punto que las organizaciones subrayaron con más insistencia ante la prensa pide algo distinto: que, mientras dura la investigación, el fiscal dé vista al Congreso de Jalisco para que valore condicionar, revisar o suspender la autorización de nuevos recursos extraordinarios para el SIAPA, en tanto no se aclare el destino de los recursos ya ejercidos ni se solventen las observaciones pendientes. González vinculó ese punto directamente con la coyuntura: un día antes de la conferencia, el gobierno de Jalisco había enviado al Congreso local un plan integral para el organismo que solicita más de 20 mil millones de pesos adicionales en obras de largo alcance, entre ellas el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y la ampliación de plantas potabilizadoras. “No se pueden dar más recursos si no se aclara el destino, la aplicación de los recursos públicos previamente ejercidos y la instalación de un ente fiscalizador, confiable y ciudadanizado”, dijo María González.
“Un año más de impunidad”
Al cierre de la manifestación, frente a las oficinas de la fiscalía, integrantes de las organizaciones convocantes partieron un pastel con la leyenda “Un año más de impunidad”, en referencia al año transcurrido desde que la campaña comenzó a exigir una auditoría integral al SIAPA y una investigación por presuntos actos de corrupción en el organismo, sin que hasta ahora existan resultados.
Las organizaciones adelantaron que, aunque las jornadas de movilización concluyeron con esta acción, preparan una demanda de amparo por afectaciones a la salud, la economía y el medio ambiente derivadas de la crisis del agua, además de una megamarcha ciudadana cuya fecha aún no se define. El 23 de julio está prevista una reunión en Palacio de Gobierno para insistir en la instalación de una me
