#AlianzaTerritorial
Caso Narvarte: familias, periodistas y Artículo 19 se concentraron frente a la Fiscalía CDMX en el 11 aniversario del multihomicidio para denunciar impunidad estructural y anunciar que evalúan la vía internacional.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 31 de julio 2026.- A 11 años del multihomicidio ocurrido el 31 de julio de 2015 en un departamento de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, familiares de las víctimas, periodistas y la organizaciónArtículo 19 se concentraron frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para denunciar que el caso permanece impune y que las autoridades han incurrido en nuevas omisiones. En aquel crimen fueron asesinadas la activista Nadia Vera, el fotoperiodista Rubén Espinosa, y Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete Áviles.
Durante la rueda de prensa, Víctor López, coordinador de defensa de Artículo 19 para México y Centroamérica, leyó el comunicado en representación y acompañamiento de la familia Espinosa. “Denunciamos que el caso continúa en la impunidad y que las autoridades encargadas de investigarlo han incurrido en nuevas omisiones que agravan la revictimización de las familias”,señaló durante la lectura.
En el documento, Artículo 19 detalló que desde 2015 han pasado por lo menos cinco personas titulares de la Fiscalía —antes Procuraduría— General de Justicia de la Ciudad de México, tres jefaturas de gobierno capitalino y tres administraciones federales “sin que ninguna haya mostrado una voluntad real de agotar todas las líneas de investigación ni de investigar y sancionar a las personas servidoras públicas que por acción u omisión tuvieron responsabilidad de las múltiples falencias y filtraciones que hubo en la investigación del caso”.
La organización precisó que actualmente hay tres autores materiales presos, pero que un cuarto presunto cómplice permanece prófugo. Según se expuso en el comunicado, a partir de los videos presentados como evidencia se observa que el presunto involucramiento de otros dos autores materiales tampoco ha sido investigado, mientras que respecto a los autores intelectuales “el avance también es nulo”.
Una reunión sin avances y una investigación trasladada sin aviso
Sobre el seguimiento institucional, Artículo 19 relató que desde el año pasado las familias y sus representantes legales sostuvieron una única reunión con Berta María Alcalde Luján, fiscal general de justicia de la Ciudad de México. En esa reunión, según la lectura, se observó “una falta total de proactividad para el impulso de la línea de investigación del Estado de Veracruz, la cual no registra ningún avance”.
De acuerdo con el comunicado, al ser cuestionada por las familias sobre las evidencias perdidas en administraciones anteriores, la fiscal respondió que no se puede recuperar la evidencia perdida. Artículo 19 caracterizó esa respuesta como una postura institucional de impunidad y sostuvo que subsanar esa negligencia “debería ser su responsabilidad”.
La organización también denunció que la investigación, que se encontraba en la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, fue trasladada a otra unidad “debido a que las mesas que estaban encargadas de la investigación simplemente dejaron de existir”. Según expuso, esa decisión se tomó sin notificar a las víctimas ni a su representación legal, que se enteró del cambio “únicamente al intentar presentar un oficio ante la mesa que antes tenía a cargo el trámite del asunto”.Artículo 19 calificó lo anterior como “una violación grave a su derecho a la información”.
En el comunicado se advirtió, además, que la recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México “sigue completamente incumplida” y que la reparación integral a las víctimas está pendiente.
Presión sobre el memorial y violación al nicho de Rubén Espinosa
Patricia Espinosa, en representación de la familia Espinosa, denunció durante la conferencia que el memorial ubicado en la calle Luz Saviñón ha sido retirado en tres ocasiones anteriores y que actualmente existe presión de particulares para removerlo de forma definitiva, bajo el argumento de que “deteriora la imagen” de la colonia. Según expuso, hasta el momento las familias no están interesadas en reubicarlo, “ya que ese es un espacio que las propias familias eligieron desde su derecho a la memoria”.
Espinosa relató también que el fin de semana previo a la conferencia la familia corroboró que alguien abrió el nicho de la tumba de Rubén y sustrajo sus objetos personales. “Estos actos no son aislados, sino que se realizan de manera sistemática en vísperas de cada aniversario”, declaró.
La representante enmarcó el caso en la violencia contra la prensa en el país. Recordó que, de acuerdo con la documentación de Artículo 19, desde el año 2000 al menos 181 personas periodistas han sido asesinadas en México, y que solo en lo que va de 2026 seis periodistas han perdido la vida en el ejercicio de su labor. “La omisión de la fiscalía de la Ciudad de México para investigar a fondo y llevar ante el poder judicial a todos los responsables del caso Narvarte, envía un mensaje de permisibilidad y tolerancia frente a los crímenes contra la prensa”,leyó.
“Venimos a denunciar un abandono”: la voz de las familiasIndira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz, tomó la palabra para señalar la falta de resultados. “Hoy 31 de julio del 2026 no venimos a pedir una audiencia, venimos a denunciar un abandono. Venimos a señalar la cobardía de las autoridades que con el paso de los años decidieron que el tiempo era su mejor aliado para el olvido”, declaró.
Alfaro afirmó que al retirar las mesas de diálogo las autoridades detuvieron las investigaciones y “pretendieron borrar la exigencia de verdad”. Añadió que, tras aportar información sobre una línea de investigación por trata —incluido el nombre de una persona señalada como responsable de haber llevado a Yesenia a la Ciudad de México—, las autoridades le respondieron que lo aportado “no era relevante”. “Están esperando que Yesenia se levante en la tumba para poder decirles que es verdad todo lo que yo he dicho”, expresó.
Patricia Espinosa cerró la ronda de intervenciones dirigiéndose a su hermano Rubén. “Durante 11 años la violencia institucional nos ha golpeado como víctimas, como seres humanos y como familias”, declaró, y planteó una serie de preguntas a la sociedad: “¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que los casos queden impunes? ¿Qué más necesitamos para despertar como sociedad?”. Sostuvo que la Ley de Víctimas contempla medidas de no repetición y la prohibición de la revictimización, y afirmó que ese mandato no se cumple.
La línea Veracruz, sin agotar
La periodista independiente veracruzana Norma Trujillo, quien acompañó las coberturas de movimientos sociales junto a Rubén Espinosa, señaló que la línea de investigación vinculada a Veracruz ha sido abandonada. “Las autoridades no han agotado ninguna línea que vincula el crimen con la labor periodística de Rubén Espinosa y el activismo de Nadia Vera”, declaró.
Trujillo expuso dos temas que, dijo, Espinosa documentaba en Veracruz antes de salir del estado por amenazas: el movimiento magisterial contra la reforma educativa de 2013 y las agresiones contra periodistas, en un contexto en el que —afirmó— hacia 2015 se contabilizaban 20 mil desaparecidos en la entidad. “Esos temas muy poco eran contados en los medios de comunicación locales y nacionales”, señaló, y sostuvo que deben incluirse en las carpetas de investigación.
El fotoperiodista Alejandro Meléndez, presente en representación del gremio, planteó que la fiscalía debe dejar de proteger a funcionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera. Meléndez recordó el paso por la institución de las fiscales Ernestina Godoy y del entonces encargado Ulises Lara —quien, dijo, “quiso cerrar el caso”—, y pidió que la actual titular retome la investigación para que “por primera vez en estas fiscalías se vea algún resultado”.
Al respecto, Artículo 19 subrayó que Veracruz es hoy uno de los estados más violentos contra la prensa. “De los últimos siete asesinatos que hemos documentado, tres han sido en el estado de Veracruz“, puntualizó la organización, que agregó que el más reciente periodista desaparecido también correspondía a esa entidad.
Las exigencias y la vía internacional
En el comunicado, Artículo 19 y las familias exigieron a la FGJCDMX comunicar de inmediato a las víctimas la mesa a cargo del caso, mantener una investigación “proactiva y diligente” y no cerrar la carpeta justificando las pérdidas de evidencia. También demandaron a la Comisión de Derechos Humanos capitalina retomar el cumplimiento de la recomendación 4/2017; al gobierno de la Ciudad de México y al federal condenar los hechos y generar garantías de no repetición; a la Jefatura de Unidad Departamental de Panteones de Miguel Hidalgo investigar las violaciones al nicho de Rubén Espinosa; y a la Secretaría de Cultura capitalina proteger el memorial.
Ante una pregunta de los medios sobre la posibilidad de acudir a organismos internacionales, Víctor López, coordinador de defensa de Artículo 19, explicó que la organización y las familias iniciarán este año un análisis de las vías legales disponibles. “Todo nos apunta a que hay evidencia para sostener que este caso está atravesado por una situación de impunidad estructural”,señaló, y sostuvo que ello “ya nos habla de una responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto”.
López precisó que aún no se define si el caso se presentaría ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o el Sistema de Naciones Unidas, y que la decisión se tomaría junto con las familias. “La responsabilidad del Estado es incontrovertible”, afirmó.
La jornada por el 11 aniversario continuará el sábado 1 de agosto con una acción de memoria a las 11:00 horas en Luz Saviñón 1909, convocada bajo la consigna “Justicia para los cinco”.
