Pese al señalamiento de la ONU sobre desapariciones forzadas de corta duración y el reconocimiento de “graves errores” por parte del Gobernador, Pablo Lemus, un juez decidió procesar a cuatro de los manifestantes por lesiones y delitos contra la autoridad.
Por Mariana Quintero / @mariquigoglez (IG)
Pese a que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU aseguró que las detenciones ocurridas en la Mega Marcha por el Agua del pasado 11 de octubre constituyen desapariciones forzadas de corta duración, esta tarde el juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz vinculó a proceso a cuatro de los manifestantes detenidos.
Se trata de Samuel, Alexis, Juan Darío y Teorodo a quienes se les imputan los cargos de lesiones y delitos cometidos contra la autoridad; y aunque llevarán el proceso en libertad, como medida cautelar se dictó que deberán presentarse ante un juez cada mes durante los próximos seis meses.
“Hoy el Poder Judicial respaldó la criminalización de la protesta social. Termina audiencia de Samuel, Alexis, Juan Darío y Teodoro”, señaló el Centro de Justicia para la Paz (CEPAD) a través de sus redes sociales.
Hoy el Poder Judicial respaldó la criminalización de la protesta social.
Termina audiencia de Samuel, Alexis, Juan Darío y Teodoro.
Lamentablemente el juez ha vinculado a proceso, por lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, a quienes se han manifestado por defender su derecho al agua.
Exigimos la liberación por el total de los cargos.
Nadie debe ser juzgado por ejercer su derecho a la protesta.
— CEPAD (@CEPAD_AC) October 16, 2026
La decisión judicial contrasta con lo señalado el pasado 13 de octubre por el propio Gobernador del Estado, Pablo Lemus, quien reconoció en un video difundido en redes sociales que en el operativo por la Mega Marcha por el Agua “se cometieron graves errores” que debían ser “investigados y sancionados”.
Agregó que se abrieron 14 carpetas de investigación, de las cuales 11 se iniciaron de oficio mientras que otras tres se iniciaron por comparecencia de los afectados. Dicha proceso, informó, es paralelo al que se lleva a cabo dentro de la Secretaría de Seguridad, quien puso a disposición a los 17 elementos de la policía.
