Colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones para la defensa de los derechos humanos en Jalisco, se retiraron de la mesa de diálogo participativo en torno a la Ley Estatal de Desaparición que organizaron diputados en el Congreso del Estado.
Además de reclamar que el acto al que fueron convocadas por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la LXII Legislatura, no responde a un ejercicio de consulta pública y abierta que contemple la participación de las familias que se encuentran en las diferentes regiones del estado de Jalisco, acusan que el dictamen de ley que les fue proporcionado un día antes del evento, es el mismo que en octubre del año 2018 rechazaron por ser una iniciativa incompleta y deficiente en la materia.
Por ello, han hecho un llamado al ejecutivo estatal para que “no apruebe una ley sin haber sido consultada”, solicitando, además, que se “abra un verdadero proceso de consulta que cumpla con los parámetros requeridos y abarque la totalidad de las modificaciones legislativas requeridas para dotar de un marco jurídico adecuado a esta problemática”.
Por Dalia Souza / @DalhiaSouza
Luego de haber sido instalada la “Mesa de Diálogo en torno a la Ley del Estado de Jalisco sobre Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometido por Particulares”, el colectivo Por Amor a Ellxs integrado por familiares de personas desaparecidas en Jalisco y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), se pronunciaron y rechazaron ser parte de una simulación a la que catalogaron como un ejercicio técnico que ignoró el primer paso obligatorio del Congreso: escuchar a las familias.
Señalaron que la presente Legislatura “sigue sin estar a la altura del contexto actual” y precisaron que, ante la grave problemática de las desapariciones en el estado, es meritorio un “trabajo legislativo serio que abarque un marco jurídico integral y armónico”.
Esperanza Chávez de Por Amor a Ellxs y Alejandra Cartagena presidenta de CLADEM México, dieron lectura al comunicado frente a las y los diputados de la LXII Legislatura del estado de Jalisco, después se retiraron exigiendo un proceso abierto y participativo, congruente con una iniciativa de ley que atienda la problemática de las desapariciones en Jalisco.
Tras la salida de las familias y la organización CLADEM, Salvador Caro Cabrera, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, señaló molesto que este evento no fue diseñado como una consulta pública, sino, como una “mesa de trabajo con sus alcances”, donde según dijo se está “poniendo a disposición un dictamen para recibir observaciones”.
El diputado emecista señaló que, “si hubiese disposición al diálogo, sería más fácil la construcción de una solución”, esto respecto al acto se protesta de los familiares y agregó serán tomados en cuenta “todos los que se dejen tomar en cuenta”.
Con este discurso y contrario a lo pensado, el ejercicio que se decía “democrático” continuó sin las familias.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), estuvo presente en la mesa haciendo observaciones al dictamen de ley; hay que mencionar que estos señalamientos al documento ya habían sido expuestos a los diputados de la LXI Legislatura en octubre de 2018.
Anna Karolina Chimiak de Cepad, precisó que como organización se sienten preocupados porque el Gobierno del estado de Jalisco ha incumplido con el plazo establecido en la Ley General de Desaparición para homologar la legislación estatal. De acuerdo con el transitorio noveno de la primera, la emisión y armonización de las legislaciones estatales debía realizarse dentro de los 180 días después de su entrada en vigor.
El plazo venció el 15 de julio de 2018.
Precisó, además, que esta mesa de dialogo llega cuatro meses tarde, ya que, desde el 12 de diciembre de 2018 se emitió un acuerdo legislativo donde se instruía a realizar a la “brevedad posible”, una consulta amplia sobre la ley.
Por su parte, César Pérez Verónica director de Cepad, señaló que no sólo las autoridades legislativas actuales tienen responsabilidad, sino también, las pasadas y todas aquellas involucradas en la materia:
“Ustedes tuvieron antecesores en esta Cámara, me parece que en algún momento habrá que llamarlos a cuentas, incluso, habrá que llamar a los ex fiscales”
Sobre la iniciativa de ley presentada, aseguró que el documento que ahora se somete a observaciones ya había sido rechazado por colectivos de familiares y organizaciones cuando éste buscó ser aprobado por la legislatura pasada; incluso, dijo que fue necesaria la intervención de la ONU-DH para evitar su promulgación:
“A finales del año pasado se quiso presentar y aprobar una ley, que, si no es gracias a la presión que realizaron los colectivos, las organizaciones y la intervención de la ONU, esa ley hubiera pasado como iba…”
Hizo un llamado a que se cumpla con los principios del artículo quinto de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, el cual establece el cumplimiento y la garantía de la participación conjunta.
“Esta ley no puede aprobarse sino se ha escuchado a las familias de las regiones del estado, no todas las personas desaparecidas están en la Zona Metropolitana de Guadalajara entonces hay que ir, tienen que regresar y hacer una consulta amplia” precisó el defensor.
Instó a las autoridades legislativas a realizar una consulta amplia y transparente, donde se garantice la participación de los familiares de personas desaparecidas en todas las regiones del estado y de expertos y expertas independientes que acompañen todo el proceso:
“Esto ya no puede quedar únicamente al arbitrio de las autoridades locales, esto ya no puede ser”
El Cepad presentó de nueva cuenta un documento de 50 cuartillas con señalamientos al dictamen de ley que continúa discutiéndose en el Congreso:
- Prevalece un profundo desconocimiento de la situación de las desapariciones en la entidad.
- El documento no respeta los procesos de participación, ni los avances que los colectivos de personas desaparecidas y organizaciones han generado en la materia.
- El dictamen olvida regular en su totalidad la estructura y las funciones de la Fiscalía Especializada, además, no considerar la estructura y las atribuciones en la institución principal del delito.
- Es importante generar una clara distribución de competencias entre las instituciones, particularmente, sobre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), relativas a los procesos de identificación, resguardo, notificación y entrega de cuerpos humanos.
- Diversos aspectos de la ley resultan técnicamente deficientes e incompletos, por lo que si no se modifican o adicionan, podrían agravar las crisis en materia de desapariciones y la forense de la entidad.
- El dictamen no contempla cuestiones relacionadas con la prevención y garantías de no repetición de los delitos de desaparición forzada y cometida por particulares; así como los delitos vinculados.
- Sugieren agregar un capítulo considerando la Ley General y otras disposiciones reconociendo el contexto del estado.
- No se aborda de manera adecuada y suficiente la figura jurídica de la Declaración Especial de Ausencia por desaparición.
- Se omite reconocer los derechos de las víctimas, en particular, los derechos de acceso y participación en las investigaciones y diligencias; los derechos de obtener las medidas de ayuda y asistencia integral, el acompañamiento psicosocial, los derechos y medidas de protección y el derecho a la reparación integral del daño.
- La ley carece de perspectiva de género y del enfoque diferenciado. El Cepad sugiere adecuar la propuesta y considerar el interés superior de la niñez, así como, la situación de vulnerabilidad y exposición de riesgo en el que se encuentran las mujeres, las comunidades indígenas y las personas migrantes en Jalisco.
- La legislación no contempla los mecanismos ya existentes en materia de búsqueda y localización inmediata de mujeres, niñas y niños desaparecidos, como lo son Protocolo Alba y Alerta Amber.
- El dictamen requieren Incorporar un capítulo que trate de responsabilidades administrativas y sanciones correspondientes para servidores públicos que incumplan con alguna de las obligaciones previstas.
Sumado a los señalamientos se insistió en la necesidad de respetar el acuerdo legislativo del 12 de diciembre del 2018, el cual establece que deberá realizarse un proceso de consulta que sea llevado a cabo a través de las mesas de trabajo, foros y diálogos.
Sobre esto último, han requerido que no se limite solamente al evento del día de hoy con lo que consideraron es una “representación limitada de familiares de personas desaparecidas e integrantes de la sociedad civil”.
“Es importante que se tomen en cuenta los tiempos y maneras de trabajar de familiares de personas desaparecidas y de organizaciones de la sociedad civil en su conjunto, que se realicen suficientes y necesarias mesas de trabajo diálogo profesional y abierto, con el análisis técnico y que no se lleve a cabo un proceso acelerado con premura en el cual se prioricen los intereses y negociaciones políticas” sentenció.
Martha Berenice Vázquez Chora y Dolores del Carmen Chinas Salazar investigadoras del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara
Por su parte, Dolores del Carmen Chinas Salazar y Martha Berenice Vázquez Chora, ambas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, realizaron señalamientos a la iniciativa.
Insistieron en la necesidad de abrir un proceso amplio de consulta y dialogo, advirtiendo que, aunque exista urgencia por aprobar la legislación, no debe de obviarse la escucha de las voces de los familiares de las víctimas.
Entre los comentarios en específico al documento, señalaron que es importante retomar algunas recomendaciones de organismos internacionales hechos a México, tal es el caso de los dispuestos por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desaparición forzada: derecho a la verdad, a la memoria y a la justicia.
También se hizo hincapié en la necesidad de desarrollar un enfoque psicosocial para el acompañamiento de los familiares y las víctimas. Sobre las acciones de búsqueda señalaron que será necesario recuperar algunos elementos fundamentales propuestos por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa; entre estas se encuentran:
- La evaluación inicial de las acciones de búsqueda, incluyendo a las autoridades, familiares de desaparecidos y sus representantes.
- No separar la investigación de los procesos de búsqueda.
- Atender las especificidades de la búsqueda en casos de desaparición forzada ya que existe responsabilidad de agentes del Estado y eso puede llevar al ocultamiento de los hechos.
- Quebrar los pactos de silencio, garantizando protección y seguridad a los posibles testigos o perpetradores para que digan la información que lleve a la localización de los desaparecidos.
- Establecer condiciones especiales para la búsqueda en contextos de riesgo como es el caso de la desaparición forzada.
- Necesidad de contar con expertos, pudiendo solicitar apoyo a instancias internacionales, lo que permite transferir experiencias y conocimientos que les servirán a los investigadores locales en otros procesos de búsqueda.
- Responder a las inquietudes de los familiares y evitar que los familiares tengan que pasar de investigador en investigador.
Al evento no asistieron los representantes de algunas instituciones vinculadas al tema, como lo son el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el Comisionado Estatal de Búsqueda y la titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco.
Finalmente, Jorge Eduardo González Arana, Presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que se hará caso a la petición de las consultas regionales, sin embargo, no quedó claro bajo qué formatos se realizarán éstas.
Por un periodo de dos semanas permanecerá habilitado un micrositio dentro de la página del Congreso del Estado http://www.congresojal.gob.mx/dialogoparticipativodf y un correo para hacer llegar comentarios y propuestas sobre el dictamen de la Ley estatal de desaparición: dialogoparticipativodf@congresojal.gob.mx.
