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Negligencias y omisiones en la aplicación de la norma 046 en Jalisco

Negligencias y omisiones en la aplicación de la norma 046 en Jalisco

En Jalisco, los servicios de salud pública y los de procuración de justicia realizan acciones sistemáticas para intentar evitar el cumplimiento de la norma 046, la cual permite la interrupción legal del embarazo bajo condiciones específicas. Estas acciones van desde no informar a las víctimas de violación sobre sus derechos; tratarlas como asesinas y criminalizarlas por solicitar un aborto o hasta dejarlas sin comer y sin analgésicos por días.

De acuerdo a información de la Secretaría de Salud Jalisco del 2016 al 2018 en todo el estado únicamente se tiene registro de 25 Interrupciones Legales del Embarazo.

Por Andrea Ríos, Andrea Landeros y Jorge Rodríguez

Fotos: Paloma López

La NOM-046-SSA2-2005 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo del 2016, establece que en caso de embarazo por violación las instituciones de salud públicas deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo, habiendo recibido previamente una solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad explicando la situación de la víctima,  en caso de ser menor de 12 años, la solicitud la debe realizar el padre y/o madre o tutor.

El personal de salud que realice el proceso no está obligado a verificar el dicho de la solicitante y debe en todos los casos de brindarle a la víctima, previo a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias para garantizar que ésta esté tomando una decisión informada.

Los doctores y enfermeras tienen derecho a la objeción de conciencia y ésta deberá ser respetada; sin embargo, las instituciones de salud pública deberán contar con no objetores de conciencia y si no se puede realizar el procedimiento de forma oportuna y adecuada, se debe referir a la víctima a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad.

La Norma 046 es parte fundamental de los derechos a víctimas de violación y es de aplicación obligatoria en todo el país. La Fiscalía General del Estado está obligada a informar a la víctima de violencia sexual sobre su derecho a hacer válida la Norma 046 cuando ésta acude a hacer una denuncia; sin embargo, no siempre lo hace.

Si la víctima no realiza una denuncia y acude directamente a servicios de salud pública, éstos también están obligados a informarle sobre la norma y los procedimientos a seguir. Además, los hospitales también están obligados a llenar un formato que existe en la propia norma si creen que alguien ha sido víctima de violencia y deben informar directamente a la gente de ministerio público para que venga a tomar una declaración.

“Ni en la Fiscalía ni en los espacios de salud se les informa [a las víctimas que denuncian abuso sexual, sobre la norma 046], porque a veces el primer contacto no es la Fiscalía, son los espacios de salud. Cuando llegan (…) señalando la experiencia que vivieron, los golpes que recibieron y demás, no se les da información de lo que tienen derecho, ni los retrovirales, ni todo eso que tendrían que [darles] para protección de su salud física y emocional”, relata Guadalupe Ramos Ponce, investigadora y coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en México (CLADEM).

El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, establece también en el artículo 229 que no es punible el aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando de no provocarse éste, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de un grave daño a su salud, esto a juicio del médico que la asista, escuchando también el dictamen de otro médico, en caso de que fuere posible y la demora no sea peligrosa.

En Jalisco, tan sólo del 2016 al 2018 la Fiscalía General tiene registro de 4 mil 082 averiguaciones previas por denuncias de abuso sexual infantil y 864 por denuncias de violación, únicamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Esto contando que solamente una de cada ocho víctimas denuncia este delito.

De acuerdo a datos proporcionados por Patricia Ortega, docente y activista en derechos sexuales y reproductivos, se estima que el 20% de los actos sexuales sin protección producen un embarazo. Por lo tanto, de las 4 mil 946 denuncias de violación y abuso sexual infantil que existen del 2016 al 2018, probablemente, 989 víctimas habrían resultado embarazadas; sin embargo; de acuerdo a información de la Secretaría de Salud Jalisco, obtenida mediante transparencia con el folio 02082219, del 2016 al 2018 en todo el estado únicamente se tiene registro de 25 Interrupciones Legales del Embarazo (ILE).

Si nos guiamos por los números previamente mencionados, ¿qué pasa con el resto de las aproximadamente 964 mujeres, niñas y adolescentes que se embarazaron debido a una violación?

Alejandra Cartagena, abogada, activista y vicecoordinadora de CLADEM, afirma que la Interrupción Legal del Embarazo es una emergencia médica, lo cual quiere decir que se debe realizar de manera inmediata; por lo tanto, es de suma importancia denunciar mínimo dentro de las primeras 72 horas posteriores al abuso, ya que si se realiza de esta forma tanto la Fiscalía como los servicios de salud tienen oportunidad de administrar anticonceptivos de emergencia y retrovirales para prevenir infecciones de transmisión sexual.

En Jalisco no existe un límite de semanas de gestación para poder realizar la interrupción del embarazo, sin embargo, la mayoría de las legislaciones que aprueban el aborto establecen como límite para realizarlo 12 semanas de gestación, ya que posteriormente la salud de la mujer podría estar en riesgo.

La falta de una temporalidad establecida en Jalisco es de gran ayuda debido a que la mayoría del tiempo las víctimas no alzan la voz;  Alejandra Cartagena menciona que sobre todo: “en el caso de las menores [de edad] casi en la mayoría, cuando son violentadas sexualmente…no dicen nada. Solamente lo dicen cuando ya están embarazadas”.

Mujeres durante la marcha del #8Marzo, en la cual una de las principales demandas fue: “Un aborto legal, gratuito y seguro”. (Foto: Paloma López).

Una cadena de negligencias y omisiones

Desde octubre del 2017 entró en vigor el Programa para la Interrupción Legal del Embarazo en los Servicios de Salud del Estado de Jalisco creado por el Dr. Antonio Cruces Mada, quien era en ese entonces Secretario de los Servicios de Salud Jalisco. De acuerdo al documento oficial, el programa está diseñado con el objetivo principal de garantizar el acceso de todas las mujeres, niñas y adolescentes a servicios de calidad, oportunos, inmediatos, adecuados y accesibles para la interrupción del embarazo de acuerdo al marco legal establecido en el Código Penal del Estado de Jalisco y la NOM-046-SSA2-2005.

El programa reglamenta cómo se deben prestar los servicios de Interrupción Legal del Embarazo además de que tiene objetivos específicos, estrategias y líneas de acción para cumplirlos. Entre los objetivos específicos destacan los siguientes:

* Garantizar establecimientos, bienes y servicios de salud que cuenten con condiciones sanitarias adecuadas, con personal médico y profesional capacitado, con los equipos médicos y medicamentos esenciales y en condiciones óptimas, para brindar los servicios de Interrupción del embarazo.

* Garantizar personal médico gineco-obstetra no objetor de conciencia, capacitado en los métodos de Interrupción del Embarazo tanto médicos, quirúrgicos y terapéuticos.

* Capacitar adecuadamente a las instancias responsables sobre el reconocimiento y garantía en perspectiva de género, derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de salud sexual y reproductiva, así como en la ILE de las mujeres, niñas y adolescentes.

* Realizar registro de datos sobre la Interrupción del Embarazo especificando edad de quien lo solicite, etnia, fecha de atención, el procedimiento, las semanas de gestación y la institución donde se llevó a cabo.

Dentro del programa se especifica también la ruta para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo; por ello, se establece que en primer nivel, se le debe de informar a la víctima que acuda a los Servicios de Salud Pública del Estado sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y se le debe de referir a la Unidad de Violencia en el hospital.

En segundo y tercer nivel se inicia la atención en la Unidad de Violencia, donde la víctima llena la solicitud de IVE y se abre un expediente clínico en base a la norma 046, se le realiza valoración psicológica, valoración médica y exámenes de gabinete, se revisan sus exámenes y se le informa sobre el proceso mediante la forma de consentimiento la cual debe firmar. Posteriormente, si la víctima se encuentra en condiciones óptimas, se le realiza la interrupción y si no, se le da manejo médico para que pueda estar en condiciones óptimas y así poderle realizar la interrupción del embarazo.

No obstante, esta ruta pocas veces se cumple al pie de la letra y los objetivos del programa, a pesar de estar bien planteados, están lejos de cumplirse. El camino para lograr hacer valer el derecho establecido y amparado por la Norma 046 es sin duda tortuoso para las víctimas debido a que existe una cadena de negligencias y omisiones que se ha vuelto sistemática. Además del gran trauma que conlleva sufrir una violación, se le suma el trato revictimizante por parte del personal de salud y esto es solo el principio.

Alejandra Cartagena informa que en Guadalajara existen tres hospitales capacitados para practicar la Interrupción Legal del Embarazo; el Hospital General de Occidente (Zoquipan), el Hospital de la Mujer de Guadalajara y el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos.

Este dato también lo confirma Otilia Domínguez, coordinadora estatal del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género. Otilia agrega que además existen otros cuatro hospitales en Jalisco que hacen valer la norma 046; estos hospitales se encuentran en Tepatitlán, Colotlán, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, pero para un estado con números tan altos de violación y abuso sexual, siete hospitales capacitados claramente no son suficientes.

Este equipo de investigación acudió al Hospital General de Occidente y al Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos para corroborar que ahí hubiera información disponible para las usuarias respecto a la norma 046, pero también para solicitar una entrevista con los médicos responsables de su aplicación. Lo que encontramos es que en ninguno de los dos hospitales existe información para que una mujer pueda saber que ahí puede hacer valer su derecho; además, ninguno de médicos responsables aceptó la entrevista argumentando que sobre ese tema: “No hablan”.

Patricia Ortega, Alejandra Cartagena y Guadalupe Ramos precisan que las víctimas reciben un trato cruel y degradante al acudir a realizarse una Interrupción Legal del Embarazo.

Guadalupe Ramos comparte el caso de una chica de 15 años que fue violada, quedó embarazada y acudió, junto con sus padres, a solicitar la interrupción del embarazo:

El personal médico la trataba como si fuera una asesina, le decían ‘es que nosotros estamos preparados para salvar vidas, no para quitarlas’. (…) La estaban haciendo sentir culpable y además, durante el proceso, la tuvieron en un área donde estaban las mujeres parturientas, a punto ya de dar a luz, también era parte de una tortura psicológica el tenerla ahí en ese espacio mirando, escuchando a las otras teniendo a sus hijos. Además la tenían en un área casi como apestada, le dieron los medicamentos para el procedimiento pero la tenían ahí sin atención y sin nada. Era así como ‘tu decidiste esto, pues sufre las consecuencias’.

Paola Lazo, experta en derechos humanos e investigadora del ITESO, señala que las mujeres son revictimizadas y violentadas al inicio del proceso debido a que al acudir a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo son cuestionadas en términos de por qué sucedió la violación, dónde estaba la víctima, qué estaba usando, con quién estaba, qué había tomado, etc. Tanto Alejandra como Patricia coinciden en que a esto se suma el hecho de que se les exige tener una denuncia, la cual no es necesaria para poder realizar el proceso.

En ese sentido, Paola Lazo y Guadalupe Ramos ofrecieron información sobre casos en los que se le ha negado la Interrupción Legal del Embarazo a las víctimas, escudándose generalmente en la objeción de conciencia pese a que tanto la Norma como el Programa de ILE establecen que se debe contar con personal capacitado que no sea objetor de conciencia. Al respecto, Guadalupe Ramos recalca que no solo ocurre que les niegan el proceso, sino que al igual se los obstaculizan al no darles atención psicológica, acompañamiento y cuidados necesarios.

Si la víctima llega a superar todas estas dificultades al inicio del proceso y logra pasar a recibir la valoración psicológica, vuelve a toparse con problemas y juicios. Patricia Ortega afirma que: “cuando [las víctimas] pasan a la asesoría psicológica tendría que ser para la contención de la violación [pero] lo que hacen es decirle que el aborto es una cosa de la que una mujer nunca se recupera y que le sugieren que lo piense y lo medite. Esto violenta, infiere y trata de influir en la decisión que la chica ya tomó desde antes de llegar a la Secretaría de Salud”.

Asimismo, Alejandra Cartagena confirma que existen mujeres, niñas y adolescentes que sufren violencia psicológica por parte de las psicólogas que las atienden: “te dicen cosas como ‘es que tu bebé ya está muy grande ¿no?”.

Por otra parte, muchas veces la violencia psicológica la ejercen los doctores al realizar la valoración médica que incluye un eco para poder saber las semanas de gestación. Patricia Ortega cuenta que:

“cuando las pasan al eco, el ecosonografista les dice ‘mira que bonito tu bebé, aquí está su corazón, aquí está su piernita… está muy bien de salud…’ Cuando lo único de acuerdo a lo que dice el programa que tiene que hacer, es ubicar que esté en el fondo del útero, que no sea ectópico y que te diga cuántas semanas tiene, para poder decidir qué procedimiento vas a seguir. Cuando les dicen eso también están tratando de influir, las pasan con el médico y él en vez de decirles que va a hacer un procedimiento con medicamento o de aspiración manual intrauterina, dependiendo del número de semanas que tienen, lo que les dice es que es muy difícil, que están en riesgo, que pueden morir en el intento, que pueden perforarles el útero, que la gente se desangra con este tipo de procedimientos…”.

Alejandra Cartagena ahonda en un caso similar en el que un médico le dijo a la chica: “[El feto] ya tiene sus huesitos grandes, entonces si te hacemos la interrupción te va a perforar la matriz y ya no vas a poder tener hijos”.

Patricia Ortega cuenta que cuando finalmente la mujer se aferra, pasa los obstáculos y llega a que le realicen el procedimiento médico suceden cosas como la ocurrida con una chica menor de edad, víctima de violencia sexual, con un embarazo de cinco semanas:

Lo que hicieron fue bajarla de piso mientras el medicamento hacía efecto, con otras mujeres que están pariendo y a donde no puede entrar su familia a estar con ella. Sola, sin su familia, sin comer por dos días y sin medicamentos para el dolor porque el personal asume que le tiene que doler porque es un procedimiento doloroso, cuando el propio programa establece que hay un tratamiento para el dolor, no tiene porque dolerte absolutamente nada, no logramos hacerle entender a la institución que una víctima de violencia sexual vivió una hecho que no se merece, que no tiene porque volverle a doler nada.

No le dan el medicamento completo, le hicieron el proceso más lento y cuando ya finalmente pasa a su cuarto, la está esperando un policía investigador para preguntarle qué fue lo que le pasó. La chica está todavía con la anestesia, con la cuestión de que acaba de tener una cirugía y tiene al policía hombre con un personal del propio hospital, una mujer, que no interviene en nada, que escucha como está este hombre preguntando, solo presionándola. La Secretaría de Salud está obligada a avisar al Ministerio Público que está conociendo de un acto de violencia, pero de violencia sexual.

En Jalisco son pocas las mujeres que logran hacer valer su derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, ya que muchas se rinden en este proceso, tan complicado y re-victimizante, y terminan por tener al hijo de un violador. Tal es otro caso más que comparte Patricia Ortega:

Una chica que tiene 15 años, mentalmente cinco, fue violada y vive un embarazo.

Cuando la mamá, que es madre soltera y siempre trabaja, se da cuenta la lleva con una doctora la cual le dice que vaya a la Unidad de Atención de Violencia en el Zoquipan (Hospital General de Occidente), justo porque tiene derecho a interrumpir ese embarazo. Ellas entran al proceso: psicóloga, parte médico y eco. El ecosonografista pasa a la chica con la mamá y dice ‘mire a su nieto, que sano y fuerte está, no tiene ningún problema’. La mamá sale y el médico le dice que el medicamento que le ponen se contraindica con el medicamento neurológico que la niña está tomando, entonces la niña tiene que ir con su neurólogo para que le diga cómo debe de proceder, en vez de generarle una interconsulta en el mismo hospital que por supuesto cuenta con un neurólogo, que por su puesto la puede ver en ese momento. En vez de eso le dice ‘vaya con el neurólogo, porque si puede ser que le afecte mucho’. Le dice que la anestesia que le ponen es lo que le va a afectar, presuponiendo que no le van a poner anestesia cuando vaya a parir, que es más seguro que tenga un parto a que tenga una interrupción del embarazo… La mamá después de escucharlo, se sale, se lleva a la niña, pierde contacto con nosotros, somete a la niña al embarazo, al parto y a la crianza, por la intervención de la autoridad.

Estos casos evidencian cómo existen acciones sistemáticas por parte de los responsables de garantizar la aplicación de la Norma 046; desde encargados de la procuración de justicia hasta los médicos del sistema de salud público de Jalisco, que evitan que las mujeres puedan hacer valer el Programa de Interrupción Legal del Embarazo.

Datos que no cuadran

Paola Lazo, Guadalupe Ramos y Patricia Ortega consideran que los datos de Interrupción Voluntaria del Embarazo, obtenidos de la Secretaría de Salud Jalisco mediante transparencia, no cuadran considerando el número de víctimas de violencia sexual que las mismas autoridades reconocen. ¿Cómo es posible que habiendo más de 4 mil víctimas del 2016 al 2018, solamente se hayan practicado 25 interrupciones legales del embarazo?

Cabe destacar que sólo una de cada ocho víctimas de violencia sexual denuncia. Esto se debe a que muchas tienen miedo, vergüenza o están siendo intimidadas. Por lo tanto, el número de víctimas reconocido por la Fiscalía General de Jalisco es solamente un pequeño porcentaje del número real.

Alejandra Cartagena menciona que muchas mujeres deciden ir a Ciudad de México para realizarse la interrupción del embarazo debido a que ahí es legal bajo cualquier circunstancia, hasta la semana 12 de gestación. Al hacerlo así saben que nadie las va a revictimizar, cuestionar o juzgar. En estadísticas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se muestra que de abril del 2007 al 31 de marzo del 2019 se realizaron un total de 209 mil 353 interrupciones legales del embarazo. De este total, 578 ILEs corresponden a mujeres jaliscienses.

“De esto hablo cuando digo de las negligencias, las hemos acompañado, tenemos los registros, hemos hablado con las autoridades. Ellos suponen que nosotras somos radicales, extremas, pero lo único de lo que estamos hablando es del cumplimiento del derecho que está en la ley. No estamos hablando de la despenalización del aborto electivo, estamos hablando de cumplir con las causales del Código Penal desde hace años, que ningún gobierno había cumplido“, afirma Patricia Ortega, coordinadora a nivel estatal de la red por los derechos sexuales y reproductivos en México.

Este reportaje comprobó que, si bien, existe un reconocimiento de la Norma 046 y del Programa de Interrupción Legal del Embarazo por parte de la Secretaría de Salud Jalisco y la Fiscalía General de Jalisco, los funcionarios públicos obligados a hacer valer el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo no cumplen con su labor; por ejemplo, se revictimiza a las mujeres en el ministerio público y en los hospitales, los médicos anteponen sus creencias al libre ejercicio de este derecho.

Además la Secretaría de Salud Jalisco y la Fiscalía General del Estado han fallado en informar a la población, especialmente a las mujeres, sobre la Norma 046, provocando que las víctimas de violación que resultan embarazadas no tengan información sobre sus derechos y, por lo tanto, no puedan exigir su cumplimiento.

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