Por Jade Ramirez / @jadercv
Conforme a la obligación constitucional de rendir un informe anual, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegó al 1 de septiembre de 2019 a un ejercicio y formato desgastado de rendir cuentas a los mexicanos, pero que sí o sí, debe su suceder. ¿Cuántas similitudes y diferencias hubo con sus antecesores?
El signo de felicidad no fue exactamente el mood que privó el evento. Los aplausos programados en el punto y coma a manera de climax sucedió exactamente al igual que en ediciones anteriores; la sede fue distinta: Palacio Nacional donde en teoría vive AMLO recibió a 500 invitados, a diferencia de otras ceremonias que sucedían en la Cámara de Diputados con el protocolo de recorrido por calles.
La primera confusión se presentó cuando los presentadores del evento anunciaron el inicio del “Tercer informe de gobierno” mientras Lopez Obrador sostenía la versión impresa del primer Informe de Gobierno como lo dicta el mandato constitucional y de fondo el anuncio “Tercer informe”.
En redes sociales no se hizo esperar la crítica a lo confusión. En los chats de los canales de YouTube AMLO y Gobierno de México, vía whats App llovieron las felicitaciones y peticiones.
La violencia el eje desplazado al final
Una hora y 26 minutos después de haber iniciado, López Obrador tocó el último tema de su informe, colocando ahí, en ese peldaño, la estrategia de combate a la delincuencia organizada y la crisis de violaciones a los Derechos Humanos que atraviesa México desde hace 13 años.
Justo dos días después de que se conmemorara a nivel internacional el Día del Desparecido-Detenido el presidente de México se aventuró a afirmar “el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos”, al referirse al contexto de víctimas y secuelas de la violencia normalizada en el país, sumándose las omisiones y opacidad de la propia estructura del Estado es el primer motor que viola derechos en materia de seguridad pública, desaparición e incluso búsqueda e identificación forense de cuerpos, dilatando el acceso a verdad y justicia. Sin embargo las cifras dicen lo contrario.
“No lo voy a leer todo”
El documento que oficialmente entregará por la tarde la secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero, se trata de una amplia rendición de cuentas en todas las áreas, ejes y secretarias que componen al gobierno federal. López Obrador abrió su discurso asegurando que no lo leería todo sino un resumen. Ese resumen desplazó la crisis de derechos humanos al final del evento.
Las políticas fronterizas para controlar el aumento de aranceles -de las que pidió un aplauso para los migrantes-, la creación de obra pública, resultados o mejoras en la economía y la relación con empresarios, le dedicó 50 minutos.
Después vino el eje social: programa de becas y subvenciones, “abuelos, pobres, niñas y niños, estudiantes” y apoyos a 790 mil personas con discapacidad que reciben 2,500 pesos bimestrales. Incluso las 51 medallas de oro que en los juegos Panamericanos obtuvieron los atletas, merecieron expresiones y gesticulaciones.
Una hora veintiséis minutos tocó el eje de derechos humanos afirmando “Estamos haciendo lo humanamente posible”, para referirse a la situación grave del país en la materia pero sin deslindarse al justificar que por años, “se equivocó” el combate a la delincuencia.
Enunció lo que ya se sabe del caso Ayotzinapa -Búsqueda de los 43 estudiantes normalistas- que hay una comisión especial, que son 336 personas defensoras de derechos humanos y periodistas “protegidas”, que se liberaron 45 presos políticos y se evalúa con técnicos -sin especificar de dónde- la recuperación de los restos humanos de 63 mineros que desde 2006 en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, quedaron sepultados tras una explosión no controlada.
Modelo de presas captadoras de agua, firme
Andrés Manuel López Obrador no fue específico en materia de medio ambiente y megaproyectos, excepto porque tocó el tema de las ventajas de cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y moverlo de sede.
Enunció que los recursos valiosos “en lugares con modo de vida sana” se respetarán, y se entregaron a 1 millón 500 ejidatarios e indígenas recursos para sus cultivos.
Nada menos en el Área Metropolitana de Guadalajara, este sábado, docenas de antimotines ignoraron fallos judiciales a favor del 200 ejidatarios de El Zapote, ejido despojado a lo largo de veinte años por el Grupo Aeropuertuario del Pacífico, dueño del aeropuerto de Guadalajara quien con el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se ha ido apropiando de tierras de cultivo sin que haya hasta el momento, una sola indemnización. En el video grabado por los ejidatarios, se ve que los antimotines custodian el trabajo de excavadoras.
Al referirse al sector agropecuarios afirmó “Están en el proceso de ejecución presas y canales de riesgo en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sonora, Michoacán, Nayarit, Sinaloa” dejando en incertidumbre cómo actualmente el gabinete federal está analizando resolver uno de los conflictos icónico en el país, en materia de agua como es la Presa Zapotillo, detenida desde 2013.
También exhortó al poder legislativo a “destrabar” la aprobación del instrumento de participación ciudadana como la consulta ciudadana.
Precisiones como un gobierno que respeta “creyentes y libres pensadores” o mantener una “fraternidad con Centroamérica”, fueron algunas afirmaciones que conectó con “Si piden que exprese en una frase: acabar con la corrupción y con la impunidad”.
Conceptos abstractos que en el día a día se contradicen con la perspectiva del presidente quien cerró su primer informe de gobierno apelando a su frase acuñada en una de las mañanearas: “La mayor parte del pueblo está feliz, feliz, feliz”.
