Por Jade Ramírez Cuevas V
Después de varios meses, seminarios, talleres y recorrer muchas veredas y comunidades, Claudia Gómez se ha convertido en una de las expertas a las que hay que escuchar, cuando de consulta comunitaria se quiere hablar en México. Es co-coordinadora del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con Proyectos de Desarrollo e Infraestructura publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existe una versión para comunidades que particularmente presenta el cómo ejercer el derecho a la consulta y los aspectos básicos que cualquier pueblo alcanzado por un megaproyecto, debe conocer.
En entrevista, a propósito de la consulta que se realizó en el fin de semana pasado para definir el destino de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, afirma la abogada que “la consulta es un proceso” y como tal en los tiempos que se viven en México, es el instrumento que no solo puede representar la decisión de los pueblos afectados por un megaproyecto, sino el mecanismo para modificar las políticas públicas en materia ambiental, el modelo extractivo en el que se basa la economía del país y la última oportunidad de que los gobiernos asuman una posición más responsable de cara al eminente cambio climático del que ya tenemos fecha de caducidad para experimentar la vida como hasta ahora la entienden las mayorías.
Aunque existen protocolos la comunidad indígena está en libertad de definir el procedimiento, si solo una asamblea informativa y una deliberativa, o los 8 o 10 pasos que recomiendan las instancias internacionales.
La consulta es un instrumento para que el Estado mexicano sea más firme en la garantía de derechos pero ha sucedido todo lo contrario: se pone el sistema de lado de las empresas y capitales involucrados en el desarrollo de obra pública.
Además de que pocas veces se traduce a idiomas indígenas los insumos informativos, como nunca se ha emprendido una consulta previa y por tanto se acumulan violaciones a los derechos humanos en el proceso de desarrollar una obra pública o megaproyecto, se vuelve difícil que un pueblo o un conjunto de comunidades elijan dar autorización a toda la inversión que el gobierno y las empresas, ya acordaron. Por ejemplo de consultarse debidamente el Tren Maya, por cómo se ha procedido desde el gobierno federal, su destino es el fracaso.
El modelo extractivo que saca el máximo provecho de recursos naturales posibles, incluso más allá de las necesidades del país o la región para obtener una mayor ganancia, es el problema más serio que tiene México y no lo está sabiendo resolver. Las consultas serían el canal más adecuado para mejorar las políticas públicas en la materia.
¿Qué tipos de consulta se han llevado a cabo en México?
Temacapulín vs Presa Zapotillo, Zacualpan vs minería, son algunos ejemplos.
Resultados de la Consulta Comunitaria en Temacapulin celebrada en 2011
Hay dos tipos de consultas que el gobierno federal por iniciativa de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido, ¿Qué rescata la abogada de ambas? ¿Cuáles son los aciertos y errores en la del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la Termoeléctrica?
El resultado de la consulta sobre el acueducto y la termoeléctrica en Huexca, Morelos, México, tiene el mínimo margen de porcentajes entre el no y el sí, eso llevará a la defensa a impugnarla. Las cortes internacionales tienen jurisprudencia precisa al respecto y aunque es la vía de judicializar los derechos de los pueblos el camino que se deja por parte del gobierno, es un recurso al que se va acudir.
Para Claudia Gómez Godoy, experta en derechos de los pueblos indígenas, conflictos agrarios y socio-ambientales, la defensa que dan los indígenas sobre el territorio, es una defensa que beneficia a los mestizos e incluso a quienes se declaran en contra de la autodeterminación de los pueblos.
