El espectro de lo violento (o del profundo riesgo de ser joven)

Todo es lo que parece.

Igor Israel González Aguirre /@i_gonzaleza

Un espectro recorre todos los puntos cardinales de este país. Éste es el espectro de lo violento. En este sentido puedo decir que veo con angustia e indignación las imágenes que circulan en redes sociales y que dan cuenta de la brutal agresión cometida por la Policía Michoacán contra los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío. La escena es tan escalofriante que ni siquiera puedo describirla.

Lo que es cierto es que ningún motivo, por poderoso que sea, justifica una acción policiaca así de barbárica. En este punto vale la pena recordar que, en principio, la represión contra el normalismo rural no es inédita. Tampoco es una eventualidad aislada. Desde hace décadas hay un esfuerzo sistemático por parte de las autoridades gubernamentales -independientemente de su signo o de sus filias y fobias políticas- encaminado a desaparecer el normalismo rural. La lista de oprobios -por asfixia económica o por autoritarismo represivo- contra estas instituciones educativas es grande. Entre éstos, Ayotzinapa -esa especie de noche del mundo- es quizá la más dolorosa de estas heridas. Es un acontecimiento que todavía nos desgarra.

Más aún: veo las tétricas escenas de Tiripetío y no puedo sino pensar que con distintos grados y matices la represión juvenil ha sido históricamente una política de Estado para lidiar con este sector de la población. Quienes saben del tema (pienso en Rossana Reguillo y en José Manuel Valenzuela) han postulado incluso la existencia de un proceso de exterminio juvenil sistemático al que han denominado como juvenicidio. Desde luego, el crimen organizado ha jugado un papel fundamental en todo ello. Pero el Estado no se queda a la zaga. En un país convertido en una fosa clandestina ser joven se ha vuelto una peligrosa condición de riesgo.

En los últimos sexenios (incluido el actual) la muerte violenta constituye un horizonte inevitable; casi una especie de destino manifiesto para amplios sectores de este sector poblacional. Lo más terrible es que este horror nos resulta tan cotidiano que pone de relieve cuando menos dos aristas cruciales: 1. La normalización metódica del dolor y de la muerte asociadas con lo violento; y 2. La profunda precarización del valor de algunas vidas juveniles que para algunos sectores de la sociedad y de las autoridades resultan prescindibles. El grado y la extensión de este proceso que normaliza, invisibiliza y justifica socialmente lo violento es tal que prácticamente ha puesto al límite la vigencia del entramado institucional en el país. “Se lo merecen por revoltosos”, dicen algunos que de manera infame y a toda costa pretenden criminalizar el desacato. Una ignominia.

Ahora bien, entre otras causas, tanto la debilidad del Estado mexicano en materia de seguridad como la ineficacia real y simbólica de las instituciones encargadas de la impartición de justicia han generado un clima en el que disponer de la vida del Otro se ha convertido en un acto sin demasiadas consecuencias legales. La impunidad campea a sus anchas. Así, no es descabellado afirmar que nuestro tiempo -y sobre todo el tiempo de la juventud mexicana- se ancla tanto en la inmediatez de un presente violento y desigual; como en la desértica ausencia de condiciones institucionales para el futuro.

Así, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública puede decirse que entre diciembre de 2018 y julio de 2020 se han contabilizado casi 74 mil homicidios (de los cuales el 66.3 % han sido homicidios dolosos). A esta cifra habría que sumarle los más de 156 mil homicidios perpetrados durante el mandato de Enrique Peña Nieto y los cerca de 122 mil ocurridos mientras Felipe Calderón ocupó la presidencia. Esta sombría contabilidad del dolor tiene un fuerte componente juvenil; y se torna aún más espinosa cuando se reconoce un factor común: ya sea por acción u omisión, es posible rastrear algún tipo de vinculación del aparato estatal con los hechos. En definitiva, esto nos permite atisbar la existencia de un engranaje que opera distribuyendo desolación y desesperanza. Una maquinaria que produce dolor y muerte. Cuando sus engranajes se ensañan con la población joven no hacen sino hipotecar el futuro. Como he dicho en otra parte: es el ogro misantrópico alimentándose de la nuda vida.

En fin, no es complicado pensar en una especie de puente que une la agresión policial perpetrada contra los jóvenes normalistas de Tiripetío con el contexto de violencia sistémica observable en el resto del territorio nacional. Es la repetición ad nauseam de la misma escena: la precarización de la vida; la normalización de la violencia y de la muerte; la inclusión excluyente y la negación constante, constituyen coordenadas que poco a poco le otorgan el estatus de categoría analítica al abismo del horror que hoy nos flagela. Hay, pues, un conjunto de condiciones de posibilidad que hacen que en nuestro país la necropolítica, tal como la ha definido Achille Mbembe, se convierta en el paradigma dominante. En este sentido, las escenas de Tiripetío nos confirman que lo macabro se erige como una categoría para entender el presente. No cabe duda que habitamos un laboratorio en el que se experimenta con lo que la brillante Sayak Valencia ha denominado como capitalismo gore.

No obstante, esta espiral descendente no es un horizonte inescapable. Por el contrario, creo firmemente que una de las salidas al laberinto de la desesperanza puede encontrarse en la participación activa y creativa, efímera y contingente, de diversos actores (juveniles, sobre todo) que, contra todo pronóstico, lentamente logran hacer suyo el futuro. Parafraseando a mi buen amigo Salvador Salazar, académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y especialista en estos temas, bien podríamos decir que poco a poco se construye algo parecido a una “contramáquina” que trastoca el dispositivo del horror, la violencia y la muerte; y que se alimenta, sin duda, de la memoria, de la digna rabia y de los afectos. Ante las fauces del ogro misantrópico no nos queda sino resistir a fuerza de esperanzas. Nuestra tarea, creo, consiste en evitar a toda costa que éstas no mueran.

Sea pues.

***

Referencias

González, I. (2016). El momento mexicano: la noche del mundo. Horizontal.mx. Revisado el 14 de septiembre de 2020. El texto completo puede consultarse en la siguiente liga: https://horizontal.mx/el-momento-mexicano-la-noche-del-mundo/.

Mbembe, A. (2011). Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado indirecto. Melusina.

Reguillo, R. (2015). La turbulencia en el paisaje: de jóvenes, necropolítica y 43 esperanzas. In J. Valenzuela, Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España. NED.

Salazar, S. (2016). Jóvenes, violencias y contexto fronterizo. La construcción sociocultural de la relación vida muerte en colectivos juveniles. Colofón.

Valencia, S. (2010). Capitalismo gore. Melusina.

Valenzuela, J. (2015). Remolinos de viento: juvenicidio e identidades desacreditadas. En J. Valenzuela, Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España (pp. 15-57). NED.

Para dar cuenta de ello basta revisar el monto asignado a estos establecimientos educativos. Durante el sexenio de Peña Nieto el número de escuelas normales rurales quedó reducido prácticamente a la mitad. Ahora bien, según lo señalado por Rogelio Javier Alonso Ruiz (http://www.educacionfutura.org/presupuesto-al-normalismo-que-sea-otro-error-de-dedo/), en el sexenio lopezobradorista hay una tensión entre el discurso gubernamental que fomenta la actividad docente y los recursos destinados al este rubro. Esto es así porque entre 2018 y 2019 el presupuesto asignado por ejemplo al normalismo se redujo en casi un cuarenta por ciento. Por otra parte, de acuerdo con un reportaje elaborado por Nayeli Roldán (https://www.animalpolitico.com/2020/09/2021-castigaran-maestros-recortan-a-normales-capacitacion/) se observa que en el 2018 las escuelas normales rurales tuvieron un presupuesto asignado de 461 millones de pesos. En el presupuesto 2021 esta cifra disminuyó a apenas 20 millones 597 mil pesos.

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Igor I. González Doctor en ciencias sociales. Se especializa en en el estudio de la juventud, la cultura política y la violencia en Jalisco.

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