#Anuario2021
Por Mario Marlo / ZonaDocs
Tuvieron que pasar 16 años para que autoridades federales atendieran, escucharan y respetaran el derecho de tres comunidades a decir NO a un megaproyecto que amenazaba su vida, tradiciones, cultura y patrimonio.
El proyecto originalmente conocido como La Presa El Zapotillo-Acueducto El Zapotillo-León, impulsado por el gobierno de Vicente Fox, en el 2005, tenía como objetivo crear una gran presa con una cortina de 105 metros de altura que dotaría de agua a las ciudades de Guadalajara y León.
Desde el inició de su construcción, el megaproyecto estuvo plagado de violaciones a los derechos humanos que afectaban directamente a quienes habitaban en las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, pueblos que quedarían bajo el agua a causa del llenado del embalse de la presa.
Pese a que en múltiples ocasiones, organizaciones, especialistas nacionales e internacionales, pobladores y académicos, denunciaron que el verdadero objetivo de este megaproyecto era llevar agua a los grandes empresas asentadas en el estado de Guanajuato y en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los gobiernos estatales y federales no desistieron en imponer el megaproyecto sin importarles la cultura, tradición, vidas y derechos de los pobladores de las tres comunidades milenarias.
Pese a que toda la maquinaria del Estado se destinó a imponer el megaproyecto, los pueblos organizados comenzaron una lucha por defender su vida y territorio ante los grandes intereses impulsados por los gobiernos estatales y federales.
Durante los primeros años de lucha, las comunidades acompañados del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Colectivo de Abogadxs, iniciaron un proceso de organización comunitaria que, en el año 2012, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que la cortina de la presa no debía rebasar los 80 metros de altura.
Pese a lo anterior, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no acató la resolución y continúo con la construcción de la megaobra, por lo que del 31 de mayo al 2 de junio del 2014, más de mil personas se reunieron en la comunidad de Temacapulín, en los Altos de Jalisco, para participar por tres días en el Festival Cultural en Defensa del Agua y su Territorio, que incluyó una caravana a la cortina de la Presa El Zapotillo para verificar el estado de la obra y comprobar que la Conagua estuviera obedeciendo la sentencia 93/2012 de la SCJN, la que ordenaba que la cortina de la presa no debería de rebasar los 80 metros de alto.
En respuesta a la movilización realizada por los pueblos y organizaciones, el gobierno federal y estatal movilizaron a elementos armados de la Policía Federal para resguardar los ingresos a la obra.
“Nos preocupan estas manifestaciones de una política de criminalización de la protesta social que con frecuencia conduce a la represión e incluso la desaparición y asesinato de líderes sociales en México. A pesar de haber solicitado con oportunidad los permisos correspondientes, el oficial al que se le solicitó el ingreso dijo desconocer la existencia de cualquier respuesta sobre el permiso de acceso solicitado”, declararon en un comunicado los integrantes de la caravana.
El 10 de septiembre de 2015, el gobierno de Jalisco a cargo del priísta Aristóteles Sandoval, firmó un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para realizar un análisis hídrico de la cuenca del Río Verde que tuvo un costo de 4.6 millones de dólares, esto con el supuesto objetivo de “sumar nuevas herramientas para la toma de decisiones desde una perspectiva neutral y humanitaria”.
Pese a que el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo denunciara que la intervención de las Naciones Unidas llegaba a destiempo, en un conflicto socio ambiental que ha ocasionado falta de credibilidad a las instituciones del Estado y una serie de violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el proyecto, el 29 de junio de 2017, el gobernador Aristóteles Sandoval, informó que con base al estudio realizado por la UNOPS, la cortina de la presa El Zapotillo se terminaría de construir a 105 metros de altura.
“Salvar Temacapulín ya no es técnicamente una variable asequible, esta batalla no la perdieron solos, la perdimos juntos, no poder cumplirles, lo lamento, créanme le, pero no los vamos a poner en riesgo, confío en que entenderán que no está en mis manos, que no hay otra solución posible, porque el planteamiento de una cortina de menos altura, lo digo con absoluta sinceridad, es un mito y por tanto es un falso debate.”
En respuesta a esta decisión, el 6 de julio de 2017, cientos de personas se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Jalisco donde realizaron una protesta con la consigna “Temaca no está solo” rechazando la decisión del entonces gobernador.
“Rechazamos determinantemente la construcción de la presa El Zapotillo y el Acueducto a León, por implicar un modelo obsoleto de gestión integral del agua. Es inaceptable que el estudio de la UNOPS y la decisión del Gobernador se presente como una decisión final, resolutiva y definitiva. Esto ya lo hemos vivido en otro momento del conflicto, lo que ahora sorprende, es que usen a organismos de Naciones Unidas para imponer un proyecto que no tiene la legitimidad social y ha sido bloqueado y suspendido por infinidad de irregularidades legales. Aristóteles Sandoval Díaz, usted se va en un año y nosotros como Temaca nos quedaremos en nuestro pueblo para siempre”.
Para las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, las elecciones de 2018 dieron una pequeña luz de esperanza, ante la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador, candidato de MORENA a la presidencia y quien había visitado Temaca en tres ocasiones con la promesa de que los pueblos no se inundarían, cumpliera su palabra una vez que estuviera al frente del poder ejecutivo federal.
El 5 de marzo de 2019, una vez que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de México, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo se reunió con Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de la presidencia y con Javier Guerrero, de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y representantes de la Comisión Nacional del Agua, a quienes les solicitaron la revisión del proyecto.
Esta reunión fue el inicio de un proceso de trabajo con autoridades del Gobierno Federal con el objetivo de que por primera vez escuchara realmente a las comunidades afectadas y, así, resolver el conflicto socioambiental generado por la presa El Zapotillo y los anteriores gobiernos municipales, estatales y federales.
Fue hasta el 12 de agosto de 2019 cuando después de reuniones con la Conagua, Semarnat y otras autoridades federales, el presidente de México se reunió por primera vez con los habitantes de las tres comunidades afectadas por la Presa El Zapotillo.
En la reunión que duró más de una hora y donde estuvieron presentes, Andrés Manuel López Obrador, Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de presidencia, Blanca Jiménez Cisneros, Directora General de la Comisión Nacional del Agua, (CONAGUA), Víctor Manuel Toledo, entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Olga Sanchez Cordero, ex Secretaria de Gobernación, el presidente se comprometió a que las comunidades no se inundarían.
“Revisando opciones, queremos decirles que lo que vemos a corto plazo, es que entre todos busquemos una salida al conflicto. Que no cerremos la posibilidad de diálogo y que no nos apresuremos que nos escuchemos y se analicen las cosas bien. Si no hay acuerdos, levantamos un acta, la firmamos y se quedan las cosas como están, pero asumimos la parte de responsabilidad”.
A partir de ahí, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Colectivo de Abogadxs iniciaron más de 16 reuniones con autoridades federales que derivaron en la primera visita del presidente a Temacapulín, el 14 de agosto de 2021, donde anunció que el Acueducto Zapotillo-León quedaría cancelado y los pueblos no se inundarían por lo que propuso dos alternativas a las comunidades: 1) Llenar la presa El Zapotillo a una cuarta parte de su capacidad y así evitar la inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, o 2) Dejar la presa como estaba y solo invertir en obras de protección al megaproyecto. Luego de esto anunció que en un mes regresaría para escuchar la respuesta.
Para sorpresa de muchos, el 10 de octubre del 2021, el presidente regresó a la comunidad acompañado del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para escuchar la decisión de las comunidades.
Con rostro desencajado y al grito “fuera Alfaro”, el gobernador de Movimiento Ciudadano, escuchó como el presidente aceptaba la contra propuesta de las comunidades que consistió en la construcción de un vertedor físico que tendría la altura del nivel más bajo que la comunidad de Palmarejo; es decir, a no más de 46 metros de altura.
Como en la primera visita, López Obrador volvió a comprometerse a regresar en un mes para firmar los decretos y acuerdos necesarios para garantizar el presupuesto para que las tres comunidades no sean inundadas, así como garantizarles justicia, reparación integral de los daños e identificación del mal uso de fondos públicos y su devolución.
Dicho plan de justicia incluirá la restauración del Río Verde; los planes de reactivación económica; el fortalecimiento de infraestructuras y servicios, así como el otorgamiento de la denominación a Temacapulín de Pueblo Mágico; igualmente contempla el derecho a retornar a la comunidad de Palmarejo para reiniciar su reconstrucción; la rehabilitación de la infraestructura a Acasico; el ofrecimiento de disculpas públicas a las comunidades; y una auditoría técnica y financiera a todo el proyecto El Zapotillo.
Como seguimiento a los compromisos del presidente con las comunidades, el 27 de octubre de 2021, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el IMDEC, y un grupo de técnicos aliados, se reunieron en las oficinas de la Conagua en la Ciudad de México donde acordaron que para el reacondicionamiento se construirán ventanas vertedoras con descarga libre (sin compuertas) en la cortina de la presa que permitirá desalojar el caudal asociado a un periodo de retorno de 10 mil años sin inundar las comunidades, con lo cual también se permitirá brindar un caudal constante de 3 m³/s a Guadalajara a la altura de 46 metros. La obra será realizada por expertos del Ejército Mexicano.
Derivado de lo anterior, me atrevo a reafirmar que la lucha de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, se convierte en un ejemplo de organización, persistencia y dignidad.
Definitivamente los pueblos ganan, se logra la cancelación del Acueducto Zapotillo -León, una de las tres obras que contempla el Sistema Zapotillo, y se refrenda el compromiso y la palabra empeñada del presidente con los pueblos desde que era candidato, el pueblo manda.
Sin embargo, como lo reafirman las comunidades, aún quedan muchos retos en la gestión integral del agua en Jalisco y todo el país.
El problema del abastecimiento del agua de manera equitativa, integral y sustentable no se resuelve, así como tampoco se solucionan el conflicto socio ambiental ocasionado por el Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León – Presa Derivadora El Purgatorio, por lo que quedarían las siguientes tareas por resolver:
El proyecto deberá ser sometido a una auditoría técnica y financiera, exigencia que se le presentó a López Obrador, en su visita a Temacapulín.
La definición desde las comunidades de un plan para la reparación integral de los daños ocasionados por el Sistema Zapotillo, con garantías y medidas de no repetición, así como las disculpas públicas que el estado mexicano debe dar a las comunidades.
Los gobiernos, estatales, federales y municipales deben de trabajar con las comunidades y ciudadanos para encontrar formas y mecanismos para crear una gestión integral del agua sustentable.
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