El 27 de abril, autoridades de los tres niveles de gobierno, coordinadas en un operativo del Municipio de Zapopan denominado “Miramar Seguro”, desalojaron forzosamente y comenzaron la destrucción de 86 viviendas al borde del arroyo El Seco en las colonias La Floresta, Carlos Rivera Aceves, Jardines Tapatíos, Miramar y Arenales Tapatíos.
El desalojo se efectuó con violencia y sin previo aviso, dejando varias familias en la calle. En el proceso, las autoridades también destruyeron los muebles y pertenencias de las personas desplazadas.
El miércoles 22 de junio, los vecinos desalojados se reunieron con integrantes de las asociaciones civiles TECHO y Caracol Urbano para celebrar una rueda de prensa. En el evento recontaron el desalojo y anunciaron que fue admitido el recurso de amparo que interpusieron, por lo cual participarán en un juicio contra el Ayuntamiento de Zapopan.
Por Andrés De la Peña / @andres_dlap
Sobre el operativo, el Ayuntamiento de Zapopan dice estar actuando en resguardo 64 personas adultas y 22 menores de edad. ZonaDocs reportó sobre la expulsión cuando ocurrió, difundiendo un video donde aparecen policías sin identificación, con los rostros ocultos, sacando a la familia de Arturo López de su casa:
“Miramar seguro” es el nombre que dio @ZapopanGob al retiro de más de 70 casas ubicadas en inmediaciones del arroyo “El Seco” en Miramar, tras la orden de la @conagua_mx. Sin embargo, habitantes muestran con videos el desalojo violento y sin previo aviso del que fueron víctimas. pic.twitter.com/x41RTDH5VF
— ZonaDocs (@ZonaDocs) April 28, 2022
Arturo López estuvo presente en la rueda de prensa y detalló lo que vivió ese día.
#Desalojo
Arturo López, vecino de La Floresta y damnificado por la demolición de su vivienda, detalló lo que vivió el 27 de abril de 2022.Video: @andres_dlap pic.twitter.com/QaRWLGQFdu
— ZonaDocs (@ZonaDocs) June 24, 2022
Rosa habló en representación de los vecinos de La Floresta, narrando también el violento proceso de desalojo:
“La Floresta del Colli, el 27 de abril, nos despertamos con la noticia de que estábamos rodeados como si fuéramos delincuentes. Desde las 4 de la mañana había personal de los 3 niveles de gobierno: había policía municipal, había estatales, y estaban los de la Guardia Nacional resguardando la zona. No nos dejaban salir”.
El Gobierno de Zapopan alega que la zona junto al arroyo El Seco es de riesgo y que toda construcción ahí es ilegal. Ciertamente: los bancos de los cauces de agua sí están reservados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Sin embargo, aunque el Ayuntamiento utiliza ese argumento, lo que señalan los vecinos no va en oposición: ellos piden un trato digno y ser reubicados en respeto a sus derechos humanos, toda vez que denuncian que la forma en que se llevó a cabo el desalojo fue violenta e ilegal.
María relató lo que pasó varias horas después de que las fuerzas públicas habían cercado su casas:
“Más tarde empezaron a llegar personas de Protección Civil. Llegaban a tu casa, te tocaban y te daban 5 a 15 minutos para sacar todas tus cosas porque tu casa ya iba a ser demolida. Nunca nos mostraron ningún documento donde dijera por qué se estaba actuando de esa manera. Nadie se quiso identificar. Todos estaban con el rostro tapado y no contaban con una identificación a la vista. Zapopan se dice `Ciudad de los Niños´, pero en ese momento era Zapopan `Ciudad de los Niños´ Abandonados sin Hogar”.
Hector Robledo, de la asociación civil Caracol Urbano, mencionó en la rueda de prensa que tienen evidencia mostrando que el 21 de abril la Secretaría de Gobierno de Jalisco ya conocía del operativo. A pesar de ello, no se dio aviso a las personas.
Un daño grave causado por esa falta de aviso es que muchas personas fueron despojadas también de sus posesiones y de su empleo: María del Rosario tenía una estética en casa, mientras que Arturo López operaba su carpintería en la cochera de su vivienda. Arturo explicó los efectos que ha tenido esto en su vida:
“Tengo deudas en el banco que, con el esfuerzo y con el trabajo cada mes, día con día, las pagaba y todo. Ahora llevo dos meses que no doy en el banco y las penalizaciones son altísimas”.
María también comentó al respecto:
“Van a poder reparar un daño material, pero el daño psicológico que se hizo no tiene reparación. Entre los escombros se llevaron la dignidad de todas las familias”.
María y Arturo señalaron que los usuarios de las redes sociales, el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie, e incluso varios medios de comunicación los juzgaron rápidamente de “paracaidistas” para culparlos por el desalojo. En realidad, varios vecinos habían habitado sus viviendas hasta por 35 años, y la gran mayoría cuenta con algún documento que acredita su propiedad.
Las personas desplazadas reconocen la necesidad de proteger al público. El problema, dejaron en claro, fue la forma en que fueron expulsados: sin aviso, sin apoyo hasta que ellos lo exigieron, con violencia, dejándolos sin empleo y sin pertenencias. Arturo López lo explica:
“Así no tuviéramos papeles y fuéramos asentamiento irregular: ellos tenían que hacer un censo de las personas que vivían ahí y tener un diálogo para darnos días para movernos”.
Otro punto que hicieron los representantes vecinales fue que, aunque la colonia Miramar sí presentó inundaciones el año pasado, sus viviendas demolidas en aras de la seguridad nunca habían presentado afectaciones en temporal de lluvias.
En ese desalojo se mantuvo a personas adultas mayores y menores de edad bajo el sol, mientras las viviendas se destruyeron con pertenencias adentro. Los muebles sí se extrajeron, pero no tuvieron un mejor destino:
“Te hacían firmar un documento donde ellos describían los muebles que se llevaban. Dijeron que los iban a resguardar por 3 meses Yo, personalmente, fui cuando me dijeron que estaban demoliendo los muebles. Efectivamente: estaba el señor Omar Díaz, encargado de la operación; estaban demoliendo los muebles, los echaban a los camiones de la basura y se los estuvieron llevando. Yo le pregunté por qué y me dijo que eran muebles que ya no estaban en buen estado. ¿Quién era él para decidir si ese mueble estaba en buen estado?”.
Tras el suceso, la autoridad municipal ha presumido un trato adecuado con las personas expulsadas, comunicando entregas de dinero y despensas, así como la oferta de alojarse en albergues del DIF. Además, el Gobierno de Zapopan ha dedicado bastantes esfuerzos comunicando que los vecinos rechazaron este último hospedaje como si probara algún dolo de parte de los mismos. En cambio, la historia que cuentan los vecinos de estos apoyos muestra otra cara. María explicó:
“Se ha estado viviendo con mucha escasez de todo, porque hubo familias que, de plano, ni siquiera pudieron sacar zapatos Costó mucho trabajo que se nos diera una comida al día”.
La comunidad organizada fue la que se acercó a las autoridades para pedir medidas urgentes que aliviaran el daño. Por eso denuncian que los apoyos entregados hasta ahora “los han tenido que mendigar”. En realidad, nunca se les ha ofrecido más que créditos o pequeños apoyos.
Aunque los vecinos pidieron desde el principio hablar con el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie, éste no los atendió. En cambio, fueron recibidos por Salvador Villaseñor, quien encabeza la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Gobierno de Jalisco, y por Octavio López Cabrera, de la Dirección de Atención Ciudadana de Zapopan. Tras el encuentro se acordó celebrar mesas de diálogo.
En una de estas mesas les dijeron a los vecinos que habían sido víctimas de un fraude, y que su documentación era inválida. Arturo recordó lo que le dijeron:
“Aunque tuviéramos el papel de posesión, eso para ellos no era nada. Ellos nos podrían orientar para demandar a la persona que nos había vendido por fraude, pero ellos en todo momento se eximieron de responsabilidad nosotros habíamos hablado de que necesitábamos algún apoyo emergente para rentar una casa, porque había personas que dormíamos en casas de campaña”.
En esa mesa de promoción económica, solamente les ofrecieron contratar un crédito con Zapopan o con Jalisco:
“Dijo Salvador Villaseñor que ellos estaban limitados a puros apoyos sociales; que ellos no tenían ninguna responsabilidad Nosotros decidimos cerrar las mesas de diálogos con ellos. Lo dijimos públicamente: no tenía caso seguir con mesas de diálogo si ellos no tenían una opción de llegar a un acuerdo”.
Sobre la tenencia de la tierra, Arturo mencionó:
“¿Qué necesidad tengo yo de estar viviendo esto por culpa de un gobierno corrupto, por culpa de un gobierno que hizo las omisiones para hacer las cosas bien? Ahora resulta que nosotros somos los culpables por haber invadido un lugar que está en el Registro Agrario Nacional (RAN). Zapopan autorizó para que estuviera en el RAN. Tenemos el permiso del ejido para comprar. Que un día te digan que es fraude… psicológicamente si te daña”.
Después del colapso del diálogo los vecinos pararon forzosamente la circulación en las calles de La Floresta para evitar las demoliciones que seguían en curso. Ahí se dio una riña con los trabajadores, quienes los amenazaron con machetes y pistolas. También llevaron un pliego petitorio al Palacio de Gobierno de Jalisco, donde fueron atendidos por Javier de Jesús Lechuga, Director de Desarrollo Político y Atención a la Problemática del Estado.
Acordaron con dicho funcionario dejar de obstaculizar la demolición a cambio de una mesa de diálogo consecuente, con funcionarios de primer nivel. Él accedió y los convocó junto con la Secretaría de Bienestar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Frangie y el Comisionado Estatal de Derechos Humanos.
Cuando llegaron a la reunión, no estaban los funcionarios citados, sino representantes. Los vecinos tenían solo dos exigencias: una explicación sobre por qué se llevó a cabo el desalojo en la forma en la que se ejecutó, y que les propusieran un plan de apoyo real más allá de créditos. Arturo relató la respuesta:
“Fue cuando ellos nos dijeron que ellos eran inocentes hasta que nosotros demostráramos lo contrario; que ellos no tenían por qué ayudarnos o por qué sacar dinero de donde no lo tenían para reubicarnos o para que nos dieran una ayuda emergente. El licenciado Lechuga dijo que ellos no tenían un presupuesto para tal cosa, que no tenían dinero para estarlo regalando, y que si queríamos nos fuéramos legalmente”.
Así fue como los vecinos decidieron tramitar un amparo con el apoyo de la organización civil TECHO México, la abogada especializada en derechos humanos y vivienda Carla Escoffié y la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara. Yunuen Pérez, de la Subdirección Social de TECHO en Jalisco, planteó la postura de la organización:
“Para nosotros es decir: como Sociedad Civil, como Gobierno, como diferentes actores ¿cómo podemos sumarnos para acompañar, para dar respuesta, para que no sea un caso más que solo pasa, un caso más que queda desapercibido? Escuchaba y lo he escuchado, de varias familias, cómo sus niños salieron a la escuela y cuando regresaron ya no tenían vivienda. Nosotros sabemos el impacto que eso tiene”.
También detalló que la admisión del amparo, desafortunadamente, no ha producido un alivio inmediato para las familias:
“Finalmente aceptaron el amparo, entonces va a empezar el juicio, pero lo que no aceptaron fue una de las suspensiones que queríamos, que era que les dieran viviendas de emergencia a las familias. La razón del juez era que esa suspensión no tenía ninguna relación con el caso. Acabamos de meter un recurso de revisión en donde pedimos que se reconsidere esa decisión, porque el amparo puede durar meses, un año, el proceso puede ser muy largo”.
Yunuén Pérez también argumentó en contra del discurso oficial con el cual se ha justificado la violencia ejercida contra las familias:
“Que sepamos todas y todos que las familias tenían diferentes situaciones respecto a la tenencia de la tierra, pero la forma en la que se procedió con el desalojo sigue siendo prohibida, penada por la Constitución y los tratados internacionales. Entonces no es un justificante el tema de la tenencia de la tierra, y el derecho a la vivienda va más allá del derecho a la propiedad . Lo que pasó acá no fueron las formas, independientemente de la tenencia”.
La semana que viene se cumplen dos meses desde que estas familias fueron desplazadas por la fuerza. Actualmente, los vecinos que viven cerca del arroyo El Seco viven con miedo de que el Ayuntamiento decida derrumbar sus casas sin aviso. En este ambiente de miedo e indignación, Hector Robledo, de Caracol Urbano, invitó:
“Nos damos cuenta de que estamos ante una situación muy evidente de despojo en múltiples dimensiones, perpetrado por las propias autoridades Es un despojo disfrazado de operaciones de salvamento, y es un despojo no solamente de la casa, del territorio; es un despojo de las posibilidades de trabajar, de las posibilidades de que la familia tenga tranquilidad, salud emocional, salud emocional. Es muy grave lo que está haciendo el Ayuntamiento de Zapopan apoyado por autoridades del estado y del Gobierno Federal. Sumando a todos los llamados que se han hecho hoy: tenemos que estar ahí”.
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Muchas gracias por ser nuestra voz