#HastaEncontrarlos
El Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara señaló como deficientes los registros del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco (SISOVID), pues éstos no se actualizan de manera adecuada ni coinciden con los que se tiene en el Registro Nacional Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación.
Para las y los expertos que no tengamos un registro fiable complica saber qué tan grave es la crisis de desapariciones que ocurren en el estado.
Por Josué Ibarra/@josueibarrasala
Foto: Aletse Torres
“Son graves omisiones que el Gobierno de Jalisco no reporte desde marzo el número de personas que son desaparecidas en el estado al Registro Nacional, y que no publique a tiempo la cantidad mensual de personas desaparecidas en el registro estatal”, así lo señaló el Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, instancia que realizó un análisis puntual de las inconsistencias en los registros sobre personas desaparecidas en la administración de Enrique Alfaro Ramírez.
Hasta el 20 de noviembre, el registro estatal de víctimas de desaparición (SISOVID) contabilizaba 13 mil 771 personas desaparecidas (11 mil 879 hombres y mil 892 mujeres); mientras que el registro nacional reconoce la desaparición de 15 mi 027 personas (12 mil 714 hombres, 2 mil 924 mujeres y 19 indeterminadas).
Entre ambos registros existe una diferencia de mil 256 desapariciones, esta no concordancia no se explica porque la Fiscalía, instancia donde se reciben las denuncias por desaparición, es la alimenta estadísticamente ambos registros.
“Al Comité le ha preocupado mucho el manejo que el actual Gobierno del Estado ha tenido respecto a la cantidad de personas desaparecidas que existen en Jalisco, nos preocupa porque consideramos que hay varios hechos que evidencian un manejo poco transparente y también porque desde la Ley de Personas Desaparecidas se aprobó el año pasado, y la autoridad está obligada a crear un registro estatal de personas desaparecidas con ciertas características que la ley describe muy bien, entonces, se debe tener ese registro y a la fecha tal registro no existe”; así lo explica la integrante del Comité, Dolores del Carmen Chinas:
La también investigadora enfatizó que todo esto se traduce en un nulo reconocimiento de la gravedad del problema, pues los registro no contemplan las denuncias que no se hacen:
“El Comité ha señalado en otros momentos que no se ha hecho un estimado de cuál es la cifra negra en el delito de desaparición, pues hay muchos casos que no se denuncian o no se reportan, y esta cifra negra de acuerdo con los que colectivos de búsqueda expresan en distintos foros debería corresponder a tres desapariciones por cada desaparición que sí se denuncia; es decir, que se estaría hablando de casi el triple de desapariciones, pero no tenemos una estimación de estas denuncias que no se presentan”.
De la misma manera, Carmen Chinas criticó la diferencia que siempre existe entre el registro estatal y el federal, y más cuando el registro nacional no ha sido actualizado desde el mes de marzo, fecha en que se reconoció en la entidad a 16 mil personas desaparecidas, estadística que luego bajó a 14 mil desapariciones y que, al 20 de noviembre, reconoce la desaparición de 15 mil 027 desapariciones.
“No hay una explicación del por qué o a qué se debe esa actualización a la baja. Hay un manejo poco transparente de los datos y esto preocupa porque eso nos impide conocer el diagnóstico de la situación”, reclamó Carmen Chinas.
El Comité precisa que no puede asegurar que esto se haga para minimizar e invisibilizar el problema, pero el ocultamiento de datos sí provoca que el problema no se reconozca como debe ser.
“El gobernador en su informe mencionó que solo el 10% de las desapariciones tiene que ver con la comisión de un delito, eso es un dato erróneo porque independiente de que exista una denuncia por desaparición forzada o desaparición cometidas por particulares, todas las personas desaparecidas deben debe buscarse ante la presunción de que están en riesgo”.
Carmen Chinas, además, mencionó que el discurso de Alfaro Ramírez maneja un discurso que representa una realidad que no existe, minimiza la problemática y, además, tiende a revictimizar porque insinúa que las desapariciones son porque la gente se va por su cuenta, lo cual es totalmente falso.
El Comité también denunció que el gobierno no tiene ningún reconocimiento para los colectivos que hacen todo un trabajo a nivel estatal de visibilizar la problemática, sensibilizar sobre la dimensión de las desapariciones y de acompañamiento con las familias que viven esta lamentable situación.
Para concluir, la investigadora Carmen Chinas explicó que el Gobierno de Jalisco está obligado a respetar y cumplir la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco, legislación en donde es clara su obligación en cuanto a la transparencia que debe existir en torno a la estadística real de las personas que son desaparecidas y localizadas en el estado.
“La autoridad no tendría más que hacer lo que la propia Ley dispone; es decir, elaborar datos que permitan elaborar un diagnóstico real y, a su vez, generar estrategias que nos ayuden a contrarrestar este grave problema social”.
