La esperanzadora y difícil construcción de la verdad: el caso del memorial de las víctimas de desaparición forzada en Guadalajara

Manos libres 

Por Francisco Macías Medina /@pacommedina

En fechas recientes José Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara, anunció la creación de un “gran memorial” en “coordinación” con diversos colectivos de desaparición forzada quienes les darían su opinión para elegir el lugar e instalarlo a finales del mes de junio. Informó que la pieza es obra del artista Adrián Guerrero.

La noticia puede parecer una más de las que cada semana provienen de los pasillos gubernamentales, sin embargo, en un contexto en donde las violencias son visibles y propician tantos daños a la sociedad, surgen demandas de búsqueda, consuelo, atención, justicia y reparación ante la falta de respuesta, la negación, estigmatización de las víctimas y búsqueda simple de controlar un discurso, pero no de generar acciones para superarlas de parte de las autoridades.

A lo anterior, hay que sumar la disputa por la memoria, ya que desde los espacios de poder pareciera que existe el riesgo de que la emergencia humanitaria en la que se encuentra Jalisco se haga presente y se convierta en tema de interés u obstáculo de los grandes intereses económicos, tecnológicos y de la industria creativa.

Los recientes festejos fastuosos del bicentenario de Jalisco tan volátiles en sus postulados vuelven a confirmar la gran necesidad que tienen de una narrativa única, sin discusión y aséptica, en donde sólo se refleje un futuro espectacular más propio de plataformas de espectáculos que de un ejercicio de gobierno. 

Es en este ambiente, en que se retiró el antimonumento sobre la represión del 4, 5 y 6 de junio, como una muestra más de una visión privada de lo público y la utilización de la ley como herramienta de lo autoritario, contrario al reconocimiento de la dignidad de personas y comunidades a través del ejercicio de derechos, cuyo contenido son capacidades de ejercicio de una ciudadanía activa, que en este caso lo constituye la protesta social, la memoria y la verdad.

El retiro del antimonumento y la propuesta de la instalación de uno sobre la desaparición forzada tiene signos de preocupación que deben de ser corregidos por el gobierno municipal de Guadalajara, ya que en primer lugar se confunde la instalación de una pieza en un espacio público en donde importa más el lugar que un ejercicio en el que se ponga énfasis en los derechos que involucra.

Lo primero que debería de entenderse es que el origen del memorial es el daño ocasionado por las graves violaciones a los derechos humanos a través de la desaparición forzada, en el cual existen miles de personas afectadas que desean saber lo que les sucedió a sus familiares para que se intervengan sus causas y no vuelva a ocurrir. 

En este sentido, correspondería una doble obligación para un nivel de gobierno: ser ejemplo en la prevención y atención de la desaparición forzada, comprometerse en la depuración de sus servidores públicos y policías como perpetradores, además de generar mecanismos de escucha, atención y consuelo que lo coloquen como un garante para quienes son sobrevivientes.

Implica el reconocimiento expreso de lo que se ha cometido y lo que se ha dejado de hacer que provoca esta grave violación a la dignidad de las personas.

Aquí también importa la historia reciente, ya que durante la guerra sucia de las décadas de los sesentas y setentas se reprimió, torturó y desapareció a decenas de jóvenes que se vieron inmiscuidos en una lucha por mejorar sus condiciones y de la cual el gobierno municipal no fue ausente, ya que participó e incluso utilizó instalaciones y personal para ese sentido, lo cual implica necesariamente una discusión histórica sobre lo que ocurrió, el reconocimiento a todas aquellas personas y colectivos que fueron afectadas y en su caso, generar diversas formas de reparación.

También importan las maneras de participación de los colectivos de víctimas, ya que no es lo mismo atender todos y cada uno de los temas antes mencionados, que sólo encaminarlos a una discusión sobre el lugar de la colocación o un presupuesto. Es necesaria que se escuche su voz, que las decisiones de ese espacio sean transparentes y las decisiones cercanas a una visión compleja que muestre la recuperación de los intereses y necesidades de los colectivos. Falta incluir a los movimientos y colectivos relacionados con la guerra sucia, ellas y ellos tienen mucho que decirnos sobre la situación actual. 

Por cierto, como una forma de contribuir a esta discusión tan importante, es necesario mencionar que desde 2013, mediante el Turno 220/12, se dio trámite a la iniciativa de la entonces regidora Candelaria Ochoa Ávalos para la creación e instalación del Memorial de víctimas de desaparición forzada, para lo cual propuso la plaza central del barrio de San Andrés, tan importante para los movimientos sociales durante la mencionada guerra sucia.

En el año 2016, pasó a revisión por una serie de comisiones edilicias, desde la de barrios tradicionales, pasando por cultura y hacienda, hasta seguridad ciudadana, por lo que a propuesta de la entonces regidora y ex ombudsman de Jalisco María Guadalupe Morfín Otero, se propuso su modificación para que la iniciativa no se circunscribiera sólo a un espacio geográfico sino hacerlo abierto, solicitándole a la entonces Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad la realización de una propuesta participativa para definir conceptualmente y definir el espacio adecuado para su instalación, lo que finalmente fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara el 25 de octubre de 2016.

Para dicho fin, se abrió un mecanismo de diálogo y colaboración entre el colectivo “Por Amor a ellxs” y el grupo defensores, activistas y militantes de movimientos estudiantiles y revolucionarios de San Andrés para proponer rasgos de un memorial que fuera significativo para ellos y el futuro de la sociedad, aspecto que fue retomado con una gran sensibilidad por el escultor y artista Adrián Guerrero, el cual ahora se menciona.

Por cierto, esta fue una de las experiencias en donde puede entenderse con claridad la importancia del significado de acciones de gobierno abiertas, en control de la misma sociedad y con un sentido de colaboración. 

Aunque en los años subsecuentes no se logró su instalación, el colectivo “Por Amor a Ellxs” y el de defensoras/es de las víctimas de desaparición forzada de San Andrés, custodiaron la propuesta del memorial y hasta donde tengo información continuaron gestionándolo, hasta la noticia de hace unos días. Se demostró una vez más que la memoria aunque quiera borrarse es insistente, sobre todo cuando subsisten las condiciones de injusticia.

Como se aprecia con claridad, es necesario hacer de este ejercicio de memoria una gran discusión colectiva. Un punto de inicio es que el gobierno municipal tome la iniciativa y reinstale el antimonumento del 4, 5 y 6 de junio como una forma de reivindicación y reconocimiento. No hacerlo en el contexto de la intención de instalar otro memorial, es dar un signo contradictorio o mucho peor, mostrar que el único interés es aprovechar una “coyuntura” pero no un proceso de gran relevancia para Guadalajara y el país.

En algunos momentos, se han dado pequeños pasos, pero falta recorrer un camino que sea suficiente para poder tocar con profundidad el derecho a la memoria y la verdad, uno que tenga significado para la esperanza de cientos de personas que han sido dañadas en su dignidad, y al mismo tiempo para el futuro y construcción de una sociedad para que reflexione, identifique las causas y sus consecuencias, pero sobre todo impida que éstas graves violaciones a los derechos humanos vuelvan a ocurrir.

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Francisco Macías Migrante de experiencias, observador de barrio, reflexiono temas de derechos humanos.

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