En Pie de Paz
En una colaboración entre el Tec de Monterrey, activistas, autoridades y comunidad científica, estudiantes universitarios confrontaron una de las crisis ambientales y sociales más graves de Jalisco.
Por Javier Contreras, con la colaboración de los estudiantes Andrea Inzunza y Junior Aparicio, que compartieron sus reflexiones y testimonios para la elaboración de esta nota.
La paz no es solo la ausencia de violencia. Es también la presencia de justicia. En un país donde los conflictos ambientales suelen ignorarse, silenciarse o resolverse tarde —y mal—, generar espacios de formación que conecten el conocimiento académico con la realidad social es una herramienta poderosa para construir una cultura de paz.
Este tipo de proyectos no solo forman profesionistas más preparados: también forman personas más conscientes. Cuando los estudiantes comprenden las causas estructurales de una crisis, cuando escuchan los testimonios de quienes resisten desde hace décadas, y cuando dialogan con las autoridades que enfrentan los dilemas de la gestión pública, desarrollan habilidades clave para la transformación social: empatía, análisis crítico, pensamiento ético y compromiso solidario.
Lo que se vivió este semestre en la clase de Derechos Humanos del Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara, fue precisamente eso: una experiencia de formación ciudadana con enfoque en derechos humanos, que buscó romper los límites del aula para construir paz desde la acción informada.
Conocer para transformar
La cascada de Juanacatlán, alguna vez conocida como el “Niágara mexicano”, hoy despide un olor pútrido que produce náuseas, dolor de cabeza e irritación en la piel. El agua que la alimenta —negra, espesa, llena de espuma química— baja por el Río Santiago cargando una historia de décadas de negligencia. Para las comunidades de El Salto y Juanacatlán, la contaminación no es un problema ambiental: es una sentencia.
Este semestre decidimos no quedarnos en el aula. En colaboración con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco, la organización Un Salto de Vida y el periodista Pepe Toral, organizamos una investigación académica sobre las violaciones a derechos humanos asociadas al Río Santiago. El proyecto tomó como eje la Recomendación 134/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que documentan afectaciones sistemáticas al derecho a la salud, al agua y saneamiento, al medio ambiente sano y al interés superior de la niñez.
Escuchar para comprender: el valor del diálogo institucional
Una parte esencial de este ejercicio fue el diálogo abierto con instituciones públicas. En particular, la participación de la Subsecretaría de Derechos Humanos fue clave para que las y los estudiantes comprendieran no solo la gravedad de la situación, sino también que muchas veces las instituciones enfrentan serias limitaciones para responder: falta de presupuesto, obstáculos legales, fragmentación de competencias o ausencia de voluntad política.
Desde el aula resulta fácil indignarse —y es necesario hacerlo—, pero también es fundamental entender cómo operan los mecanismos institucionales, para construir puentes de acción más eficaces. El hecho de que una oficina gubernamental se abra a la escucha y dialogue con la comunidad universitaria permite un aprendizaje mutuo. No se trata solo de señalar culpables, sino de asumir responsabilidades compartidas en una crisis estructural.
“Nosotros nos fuimos. Ellos se quedan”
Andrea Inzunza, alumna de cuarto semestre de Derecho, tuvo un primer acercamiento al tema cuando se le pidió investigar la Recomendación de la CNDH y las medidas cautelares de la CIDH. Pronto entendió que la situación iba mucho más allá de los documentos oficiales.
“Encontré una extensión de investigaciones, estadísticas y los típicos ‘de acuerdo al estudio…’. Había alta presencia de diversos metales tóxicos como cadmio y arsénico, resultando en insuficiencia renal, cánceres y problemas respiratorios. Las notas periodísticas revelaban la misma historia desde diferentes perspectivas: la pérdida de un hábitat natural y la falta de acción gubernamental para mitigar el problema”.
Durante la visita de campo, Andrea y sus compañeros caminaron por los alrededores de algunas presas donde desembocan los desechos industriales. Vieron de cerca lo que significa convivir con el agua contaminada.
“A este punto de la visita, el olor todavía era soportable; sin embargo, al llegar a la cascada en Juanacatlán, yo y mis compañeros apenas pudimos soportar el olor pútrido que emanaba del río. Incluso algunos tuvieron dolores de cabeza e irritación en la piel. Pero nosotros solo nos quedamos un par de horas…”
Ahí fue cuando algo cambió.
“Las personas que viven en contacto directo con el río contaminado no han sido escuchadas. Los niños desde temprana edad comienzan a presentar síntomas por la constante exposición a los metales pesados y desechos químicos. Al final de la visita, nos subimos a un camión y regresamos a Zapopan, donde la mayoría de nosotros nunca ha sufrido un problema de estos a causa del agua que consumimos. Sin embargo, estas personas se quedan y viven expuestas. Tampoco tienen acceso a una buena atención médica, a pesar de que la CNDH ya lo estableció en su recomendación”.
Y concluye, contundente:
“Se perdió un importante espacio recreativo, se perdió comunidad, y se han perdido vidas. Gracias a la falta de regulación a las industrias que descargan sus desechos al río y la falta de acción por parte de las autoridades para proteger la dignidad de las personas y el medio ambiente. Como dijo Enrique Enciso: El Salto es un Chernóbil en cámara lenta”.
Datos que no huelen, pero que alarman
Otros equipos revelaron datos que contrastan con los discursos de progreso institucional. Uno de los grupos se enfocó en el análisis del porcentaje de aguas residuales municipales tratadas en la cuenca del Río Santiago. Entre 2019 y 2022 se observó una tendencia ascendente: de 65.05% a un máximo de 71.95%, lo que reflejó una mejora atribuida a la implementación del Plan Jalisco. Sin embargo, a partir de 2022 esta tendencia se revirtió: en 2023 bajó a 71.1% y en 2024 a 70.66%.
Aunque estos porcentajes puedan parecer altos, el dato clave es que cerca del 30% de las aguas residuales aún no reciben tratamiento alguno. Esto implica un riesgo ambiental y sanitario constante para las comunidades. Como apuntaron los propios estudiantes:
“Los datos muestran progreso, pero la realidad está lejos de ser favorable. El contraste entre las cifras y lo que vimos en la visita a campo es abrumador”.
Las posibilidades de la ciencia para recuperar la dignidad
Otro grupo entrevistó al Dr. Alberto Fernández del Castillo Barrón, investigador del Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático del Tec de Monterrey. El académico compartió que han desarrollado sensores con inteligencia artificial para monitorear en tiempo real la calidad del agua, y plataformas de soporte a la toma de decisiones con base en estadísticas históricas.
Aunque estas herramientas representan avances importantes, también reconoció que las plantas de tratamiento son insuficientes ante el crecimiento urbano desordenado. Y, sobre todo, que la dimensión social sigue siendo una deuda pendiente en muchos proyectos tecnológicos: sin participación comunitaria, la innovación difícilmente se traduce en justicia.
La herida que se arrastra
Para Junior Aparicio, la investigación no solo fue académica. Fue personal. Durante la investigación, Junior descubrió que distintos cuerpos de agua como lagos y pozos —entre ellos la Laguna de Cajititlán— se alimentan del Río Santiago. Lo supo tarde: ya había pagado un precio altísimo.
“En 2013, cuando tenía aproximadamente 11 años, sufrí una infección respiratoria severa que comprometió mi sistema inmunológico y derivó en un diagnóstico de Púrpura de Henöch, una enfermedad que afecta los músculos e incluso puede causar su degeneración. La infección se originó tras jugar en el agua con amigos. Por años me culpé por haber entrado al agua”.
Hoy, tiene otra lectura:
“Mi enfermedad fue consecuencia de una grave negligencia institucional. Las autoridades fallaron en su deber constitucional e internacional de proteger mi derecho a la salud y a un entorno sano. Esta experiencia no solo marcó mi vida, sino que reforzó mi compromiso con la justicia ambiental y la defensa de los derechos humanos”.
Educación con sentido de urgencia y solidaridad
Lo ocurrido en el Río Santiago no es nuevo. Lo que sí está cambiando es el tipo de personas que se forman para enfrentar estas crisis. Esta experiencia demuestra que la educación en derechos humanos no puede ser solo teórica: exige salir del aula, caminar entre los testimonios, dialogar con autoridades, leer datos, escuchar historias y articular acciones desde la empatía y la solidaridad.
Pero también hay que superar la narrativa del “relevo generacional”, que deposita en las juventudes la promesa —y carga— de cambiar el mundo algún día. Lo que necesitamos es trabajo multigeneracional: sumar saberes, experiencias y fuerzas. Reconocer que las juventudes no son el futuro: son el presente. Y que la justicia no se alcanza solo con buena voluntad, sino con colaboración constante entre estudiantes, profesores, activistas, científicos, comunidades y funcionarios públicos.
Porque entender la profundidad de los derechos humanos no es algo que se aprenda solo en un libro. Se aprende cuando podemos sentir con nuestros sentidos la injusticia.
Cuando un clamor por verdad y reparación hace eco en nuestra mente.
Cuando un proyecto académico se convierte en una promesa de acompañamiento.
Y cuando un grupo de jóvenes regresa del campo y dice, con firmeza: “esto no puede seguir así”.
Les pido autorización para publicar este artículo en nuestra revista El Cardanche, es una revista que publicará artículos con problemática y lucha social.