Redes y colectivos en defensa del agua denunciaron que la iniciativa de Ley General de Aguas enviada el 8 de octubre al Congreso mantendría la privatización, el acaparamiento y la simulación de participación; pidieron abrogar la Ley de Aguas Nacionales, abrir un parlamento amplio e incorporar la Ley Ciudadana “Agua para Todos”.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotografías Shiebi Aguilar / @ShiebiAl
Frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Jalisco, redes nacionales y estatales en defensa del líquido advirtieron que la iniciativa presentada el 8 de octubre en el Congreso de la Unión —para expedir una Ley General de Aguas y, a la par, reformar la vigente Ley de Aguas Nacionales (LAN)— no cambia el paradigma mercantil del agua en México. Por el contrario, señalaron, mantiene la privatización, el acaparamiento y la exclusión social bajo la apariencia de nuevos mecanismos de participación.
La conferencia fue convocada por la Coalición Mexicana de Organizaciones por el Derecho Humano al Agua, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, así como por la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAS). Participaron el Frente de Pueblos de la Ribera de Chapala y colectivos urbanos que defienden manantiales y microcuencas en Jardines de la Paz, San Rafael, Arcos de Guadalupe, Huentitán y Tonalá, entre otros.
Las organizaciones subrayaron que la Constitución mandata una sola Ley General de Aguas que garantice de forma integral los derechos al agua y al saneamiento. La propuesta del Ejecutivo —explicaron— conserva la LAN (aprobada en 1992, en el auge neoliberal) y agrega una nueva ley general, lo que abriría un “doble carril” normativo con efectos de confusión jurídica para comunidades y usuarios. “El agua es una sola; la ley también debe ser una”, remarcaron.
Según el análisis presentado, el proyecto mantiene los Consejos de Cuenca sin corregir su sesgo a favor de grandes concesionarios, y conserva el Consejo Consultivo del Agua, dominado por intereses empresariales de sectores como minero, energético, inmobiliario, embotellador y constructor. En Jalisco —añadieron— existe incluso un capítulo estatal del Consejo Consultivo integrado por grandes acaparadores de aguas superficiales y subterráneas. Para los colectivos, sostener esos órganos reproduce una “participación” cerrada que excluye a comunidades indígenas, campesinas y ciudadanía.
La iniciativa, afirmaron, no rompe con el modelo de privatización de los organismos operadores, que ya ha mostrado resultados “desastrosos” en plazas como Quintana Roo, Puebla, Saltillo y Veracruz. En Jalisco, alertaron sobre el riesgo de un salto en la privatización del SIAPA si se consolida financiamiento externo bajo esquemas que abren paso a la gestión privada del servicio.
Además, denunciaron que el proyecto apenas menciona una vez el “derecho humano al agua” y plantea cumplirlo en seis etapas a lo largo de 60 años, una ruta que calificaron de inadmisible frente a la crisis hídrica y de saneamiento que vive el país. “No es aceptable relegar a medio siglo el cumplimiento efectivo del derecho”, señalaron.
Aunque la propuesta “reconoce” a los sistemas comunitarios y a los pueblos originarios, las redes sostienen que ese reconocimiento es nominal: no se les garantizan volúmenes ni se corrigen tarifas —que hoy pagan a nivel industrial— y, peor aún, se les clasifica como paraestatales vinculados a los ayuntamientos, lo que les arrebataría autonomía. Recordaron que en México existen alrededor de 28 mil sistemas comunitarios y que en Jalisco hay cientos; citaron el caso del sistema de El Refugio (Tala), que ya analiza los riesgos y demanda reconocimiento jurídico pleno.
Otro foco rojo es la figura de “reasignación” de derechos, que —advirtieron— formaliza el mercado del agua y deja en manos de Conagua la autorización de compraventas y transferencias, a pesar de los históricos señalamientos de opacidad y corrupción. A esto se suma el “fondo de reservas” que, en la práctica, sustituye a los bancos de agua para conectar compradores y potenciales vendedores, especialmente ejidos y comunidades. Y mientras hoy se puede extinguir una concesión por no uso a los dos años, la propuesta extendería ese plazo hasta seis, favoreciendo a grandes usuarios que acumulan títulos por décadas.
Jalisco: Chapala, acueductos, inmobiliarias y agua sucia
Desde la Ribera de Chapala, el Frente de Pueblos vinculó los riesgos de la iniciativa con los megaproyectos del Acueducto Presa Solís y el Acueducto Chapala–Guadalajara. Con un horizonte oficial de “derecho al agua” a 60 años, preguntaron qué quedará del mayor lago de México —y uno de los más grandes de América Latina— frente a contaminación y sequía. En el Área Metropolitana de Guadalajara denunciaron un boom inmobiliario que garantiza agua a complejos de alto costo mientras colonias populares reciben “agua chocolatosa” o de plano no les llega.
Colectivos de Jardines de la Paz y San Rafael criticaron además el desperdicio de manantiales que terminan al drenaje, y acusaron a Conagua de omitir inspecciones efectivas a industrias que descargan residuos en el Río Santiago. “En lugar de simulaciones de limpieza, exigimos verificación real, plantas de tratamiento y sanciones”, reclamaron.
Las redes articuladas en Jalisco fijaron tres exigencias centrales —sin presentarlas como lista—: abrogar la Ley de Aguas Nacionales; abrir un Parlamento Abierto efectivo para discutir todas las iniciativas, incluida la Ley Ciudadana “Agua para Todos”; y aprobar una sola Ley General de Aguas con carácter ciudadano que revierta acaparamiento, contaminación, privatización y mercantilización.
Anunciaron que impulsarán foros con legisladores federales y estatales, y que se suman a la campaña nacional “Una sola agua, una sola ley”. También adelantaron presencia en los espacios de Parlamento Abierto en la Ciudad de México para sostener, con argumentos técnicos y testimonios comunitarios, que el país necesita “buen gobierno del agua”: gestión pública con participación vinculante, prioridad al derecho humano en asignaciones y concesiones, control estricto de descargas y transparencia en títulos, volúmenes y padrones.
Para Jalisco —concluyeron—, eso significa proteger Chapala, sus manantiales y cuencas urbanas, frenar el sobreconcesionamiento y reorientar la política hídrica del estado hacia el interés público. “El agua no es mercancía. Es un derecho que debemos garantizar hoy, no en 60 años”.
