En el Congreso de Jalisco se llevó a cabo el Parlamento Abierto Ciudadano por el Agua, convocado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y diversas organizaciones sociales, con el propósito de impulsar una sola Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua. Académicos, legisladores y activistas advirtieron que la propuesta de la Conagua para dividir la legislación en dos normas es inconstitucional y favorece la privatización del recurso hídrico.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo Fotografías Shiebi Aguilar / @ShiebiAl
Guadalajara, Jalisco, 7 de noviembre de 2025.-Con el llamado “Una sola agua, una sola ley”, se realizó el Parlamento Abierto Ciudadano por la Legislación Hídrica que México Necesita, convocado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) en coordinación con académicos, comunidades, defensoras y defensores del agua. Este ejercicio de participación ciudadana se propuso abrir el debate nacional sobre la nueva Ley General de Aguas con una perspectiva de derechos humanos, justicia hídrica y gestión comunitaria, frente a la preocupación por el carácter privatizador de la iniciativa impulsada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El encuentro reunió a legisladores, académicos, comunidades y organizaciones sociales que desde hace más de una década exigen la creación de una Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, reconociendo al recurso hídrico como un bien común y no como una mercancía.
Durante la jornada, especialistas y representantes de movimientos por la defensa del agua rechazaron la iniciativa presentada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que propone reglamentar el artículo 4º constitucional mediante dos leyes separadas: una para el derecho humano al agua y otra para la gestión del recurso.
Esta propuesta —se advirtió— viola el mandato constitucional de 2012 que establece la creación de una única Ley General de Aguas, y representa un retroceso jurídico y ambiental con consecuencias graves para los pueblos, las comunidades rurales y los usuarios domésticos.
“Dos leyes son inconstitucionales y peligrosas”: Rodrigo Gutiérrez Rivas (UNAM)
El primero en tomar la palabra fue Rodrigo Gutiérrez Rivas, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien fue categórico al señalar que la propuesta impulsada por la Conagua “es evidentemente contraria a lo que manda explícitamente la Constitución”.
Explicó que el texto constitucional ordena la creación de una sola ley general que defina las bases de todos los recursos hídricos del país. “Si se aprueban dos leyes para un mismo bien común, se rompe el principio de unidad constitucional y se generará un caos jurídico que afectará a las comunidades más vulnerables”, advirtió.
Para el investigador, esta iniciativa “meterá al país, a las comunidades y a los pueblos en un berenjenal legal”, pues creará contradicciones y vacíos normativos que dificultarán la defensa del derecho al agua ante los tribunales.
“Vamos a tener dos marcos normativos operando simultáneamente sobre un mismo bien. Eso es jurídicamente insostenible y socialmente devastador”, enfatizó.
Gutiérrez Rivas también señaló que la propuesta “atenta contra el principio de interpretación sistemática de la Constitución”, ya que los artículos 4º, 27 y 115 “no pueden leerse por separado”.
“La Constitución tiene una unidad congruente —afirmó—, no es un conjunto de normas aisladas. El agua, su uso, su gestión y su distribución forman un solo sistema, un ciclo socio-natural indivisible. Separarlo es un error técnico y político gravísimo.”
El académico cerró su intervención con un cuestionamiento que resonó en el recinto: “¿Por qué quieren dividir el agua en dos leyes? ¿Qué intereses están detrás de esta propuesta? Todo indica que lo que buscan es proteger un modelo de gestión privatizador, heredado del neoliberalismo, que ha convertido el agua en mercancía.”
“Una sola ley es un mandato constitucional”: Miguel Ángel Montoya, consultor en política hídrica
El consultor en políticas públicas y legislación del agua Miguel Ángel Montoya recordó que la reforma constitucional de 2012 fue clara: el Congreso tenía 360 días para expedir una Ley General de Aguas, y ese plazo se ha incumplido por más de 13 años.
“El texto constitucional no da margen a interpretación —dijo—. Es un mandato inequívoco. Lo que se necesita es una sola ley general, no un parche administrativo.”
Montoya explicó que la propuesta de Conagua “rompe completamente con la Constitución” al acotar el derecho humano al agua solo al artículo 4º, ignorando los principios de equidad y sustentabilidad. “Es una trampa legislativa —aseguró—, porque reduce el derecho al agua a un asunto técnico y administrativo, dejando intacto el modelo de concesiones de la Ley de Aguas Nacionales.”
Añadió que esta iniciativa preserva los privilegios de grandes usuarios e industrias, responsables de acaparar y contaminar buena parte del recurso:
“La ley vigente ha permitido que tres mil trescientos concesionarios y casi mil empresas concentren el 22 por ciento de toda el agua concesionada del país. Este modelo de gestión está agotado y es el que se quiere mantener.”
El consultor destacó que los transitorios constitucionales son clave para entender la intención del legislador: “Las leyes se deben leer de atrás hacia adelante. En los transitorios está el mandato claro de expedir una sola ley general, como ocurrió con la salud, la educación y el medio ambiente. Ningún otro derecho está dividido en dos leyes.”
Finalmente, Montoya alertó sobre el peligro de privatización escondido en la iniciativa de Conagua:
“La propuesta elimina el carácter público del agua y abre la puerta a la participación privada en los servicios de agua y saneamiento. Es una privatización disfrazada, sutil, pero real. Si pasa, estaremos retrocediendo veinte años en materia de derechos humanos. Nos quieren engañar, pero la lucha sigue”: Elena Burns, Agua para Todxs
Desde la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida, Elena Burns lanzó un llamado urgente a no dejar pasar lo que calificó como “un intento bárbaro de engañar al pueblo de México”.
“Nos quieren hacer creer que esta nueva ley traerá justicia hídrica, pero en realidad perpetúa la Ley de Aguas Nacionales salinista, que ha permitido el despojo, el acaparamiento y la contaminación por décadas”, sostuvo.
Burns, quien trabajó en la Conagua durante el sexenio anterior, afirmó conocer de primera mano cómo operan los mecanismos de concentración del recurso: “Cada año, la Conagua deja de cobrar alrededor de 44 mil millones de pesos a los grandes usuarios industriales —denunció—. Llevan 33 años sin pagar derechos por el agua que usan y contaminan. Si un campesino no paga, le cortan el suministro; si una minera no paga, no pasa nada.”
En su intervención, la investigadora advirtió que la iniciativa concentra el poder de decisión en las oficinas centrales de la Conagua y elimina la transparencia.
“Las concesiones ya no se otorgarían en oficinas regionales, sino solo en la Ciudad de México. Se quita la supervisión ciudadana, se cierran las puertas, y el agua vuelve a ser botín político y económico.”
Asimismo, explicó que la figura del “Fondo de Reserva de Agua” incluida en la propuesta “permitirá que los grandes usuarios se apropien de concesiones vencidas o no renovadas por campesinos, ejidos y comunidades indígenas”.
“Nos dicen que es para reasignar agua, pero todos sabemos que será un mecanismo para despojar a los pueblos y transferir sus volúmenes a la industria. No hay justicia posible con esta ley”, advirtió.
Burns insistió en que la verdadera solución pasa por reconocer los derechos de los sistemas comunitarios y por recuperar los volúmenes acaparados.
“Hay agua suficiente en manos de los grandes concesionarios. Lo que falta es voluntad política para redistribuirla con justicia. Esta lucha no termina aquí, porque el agua no es un favor del Estado, es un derecho de los pueblos y de la naturaleza”, concluyó.
“Llevaremos la voz de Jalisco al Congreso”: diputada Claudia García Hernández
En la sesión plenaria, la diputada federal Claudia García Hernández, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, afirmó que llevará las conclusiones del Parlamento al Congreso de la Unión para que sean consideradas en el proceso de dictaminación de la nueva ley.
“Estoy aquí para escuchar y representar la voz de las comunidades. Este Parlamento no puede quedar en palabras: tiene que traducirse en una ley que proteja el agua, la vida y el territorio”, señaló.
La legisladora jalisciense destacó que la reforma debe blindar la prohibición de la privatización y eliminar la figura de los permisos de descarga que han permitido la contaminación de ríos y acuíferos.
“El 60 por ciento de los cuerpos de agua del país está contaminado. Las multas a las grandes industrias son simbólicas. El que contamina debe reparar el daño y no comprar impunidad con dinero.”
García Hernández subrayó que las propuestas ciudadanas recabadas en Jalisco serán incorporadas a las audiencias públicas de la Cámara de Diputados:
“Queremos una ley con perspectiva de derechos humanos, que reconozca los sistemas comunitarios de gestión, que limite las concesiones y que garantice acceso equitativo al agua limpia.”
La diputada llamó a mantener la presión social y legislativa:
“Sabemos que los intereses son enormes, pero también sabemos que la fuerza de los pueblos es mayor. Vamos a seguir trabajando desde los territorios y desde el Congreso para lograr una sola ley, justa y sustentable.”
