A más de dos años de que integrantes del Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco fueran víctimas de represión policial durante una manifestación pacífica, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 28/2025, en la que reconoce un “uso excesivo de la fuerza”, pero niega el carácter de tortura, pese a la abundante evidencia documental, médica y testimonial que la acredita.
Ante esta omisión grave, el colectivo y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) anunciaron la impugnación de dicha recomendación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exigiendo que se reconozcan de firma explícita los actos de tortura y la represión a la protesta ocurridos el 31 de marzo de 2023.
En rueda de prensa, sobrevivientes, familiares buscadores y representantes legales denunciaron no solo la minimización de las violaciones, sino la persistencia de un patrón de represión estatal en Jalisco.
Por Farah Medina /@_dtfarahm_
El 31 de marzo de 2023, el Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, salió a manifestarse para exigir a las autoridades avances en la búsqueda de la hija de una integrante del colectivo y solicitar una reunión con la titular de la entonces Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Jacqueline Trujillo.
Sin embargo, no hubo respuesta o asistencia de dicha funcionaria, es entonces que integrantes del colectivo deciden cerrar parcialmente la Calzada Independencia, esto, para obtener la atención de las autoridades a quiénes se les exigía respuesta.
Pero el estado, respondió con agentes de la corporación “Ateneas”, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, arribaron al lugar, pero sin buscar el diálogo que el colectivo demandaba.
En un rueda de prensa, realizada el día 26 de noviembre por miembros del colectivo y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), se expusieron la realidad de los hechos de aquél 23 de marzo de 2023, cuando fueron violentados y sometidos.
Liliana Guadalupe Meza Gutiérrez, quién es cofundadora del colectivo, fue una de las más afectadas a nivel físico y psicológico en dicha manifestación, es ella quién cuenta cómo el diálogo nunca estuvo presente al arribo de estos agentes:
“Llegó la policía estatal al lugar (…) fue todo lo contrario, ¿no? Fue un grupo de choque para disolver la movilización. Nos empezaron a encapsular, aventar, recibimos agresiones físicas. Yo fui la más agredida.”
Liliana describe golpes, empujones, sometimiento y lesiones que hasta hoy persisten, “Hasta la fecha tengo dos cervicales (…) que me tienen que operar.”
Este acto, según recuerda también Liliana, sucedió cuando personal de la fiscalía estaban presentes, quienes lejos de detener las grabaciones procedieron a grabar, incluso, menciona haber visto burlas al respecto por parte del personal.
Después de los hechos, el colectivo buscó identificar a los agentes agresores, para interponer una denuncia por tortura, es la misma Liliana, quien logró identificar a una agente. Luego de esto, solicito conocer los nombres de las demás funcionarias implicadas aquel día:
“Cuando yo exijo a las autoridades, que para retirarnos, uno (petición) era que la fiscal nos recibiera y dos que me dieran los nombres de las personas que estaban involucradas en esta agresión (…) Tuvieron que darme los nombres”.
Esa información, serviría para la denuncia que impondría, quedó registrada; sin embargo, la CEDHJ censuró los nombres en la recomendación.
Durante la conferencia de prensa, también se denunció que, después de la agresión, las mismas policías que violentaron a Liliana fueron enviadas a otras manifestaciones del colectivo. Un hostigamiento que ha hecho más evidente la intimidación que el estado ha ejercido sobre el colectivo y sus integrantes.
A ello se suma una denuncia, interpuesta por una de las policías a Liliana:
“A pesar de que yo soy la víctima, pues ellos hasta interpusieron una denuncia en mi contra, por supuestamente las agresiones que yo hice en contra de ellas, cuando a mí entre varias me sometieron, no sé cómo en qué momento o cómo pude yo agredirlas, Si estaba pues ahora sí que agarrada de una mano del otro y mientras otra me golpeaba”
Por su parte, Héctor Rodolfo Flores González, también cofundador del colectivo, contextualiza las agresiones como una práctica institucional: “No solo fue este sometimiento, sino también mordidas, ¿hasta qué grado llegó esta agresión pública?.”
Así mismo, recordó cómo las autoridades durante años, les han negado el ingreso a edificios públicos para reuniones oficiales, teniendo que acudir con secretarios y su intervención para poder acceder. Denuncian, como también es un acto replicado en diferentes instancias y municipios del estado, como el municipio de Guadalajara y el Congreso del Estado
Denuncian, además que las agresiones, no solo se limitan a espacio públicos, sino también a operativos de búsqueda, en momentos cuando el colectivo encuentra restos humanos y exigieron recuperación completa.
A pesar de esto, en el caso de la represión del 23 de marzo, y aunque fue activado el Protocolo Estambul, el cual…, y se comprobó la tortura. La institución lo clasificó como “uso excesivo de la fuerza”.
Ante esto, CEPAD, señala a instituciones por las agresiones y no castigar a los perpetuadores de la violencia:
“una vez más, desde el CEPAD denunciamos la complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el ocultamiento de la tortura, quien se ha materializado en no reconocer múltiples actos de tortura en Jalisco y que ahora además protegen a quienes torturan ocultando sus nombres en las recomendaciones.”.
Es la abogada, María Frida Hernández Sánchez, quién también estuvo presente en la conferencia de prensa, quién señala cómo esta recomendación no cumple de ninguna forma, con estándares nacionales o internacionales: “Lo ocurrido en marzo del 2023 constituye tortura. No se trata simplemente de un uso desproporcionado de la fuerza”.
Denuncia también que la comisión estatal oculta sistemáticamente los nombres de funcionarios involucrados en violaciones graves: “Ocultar esos nombres es ocultar la verdad y eso es inaceptable en un Estado de derecho.”
CEPAD advirtió que la CEDHJ tuvo dos años y ocho meses para investigar, pero dedicó su tiempo a justificar el actuar de las agentes Ateneas:
“¿En estos más de 2 años se dedicaron solamente a cómo poder justificar el actuar de las ateneas, señalando y minimizando que solamente hubo un expuso excesivo de la fuerza, que fue una mala actuación y una ausencia del seguimiento de los protocolos sobre uso de la fuerza.”
La abogada también recordó la deuda estructural que el Estado de Jalisco tiene con las víctimas de tortura, al no existir una fiscalía especializada en tortura, y no tener ni una sola condena por este delito, “En Jalisco no hay ninguna sentencia condenatoria por tortura… estos hechos se suman a miles de casos en absoluta impunidad.”
Y es que durante esta rueda de prensa se expusieron casos, en los que el estado ha actuado de forma corrupta y negligente en casos de represión y tortura, un ejemplo de ello, es la tortura y desapariciones forzadas en las manifestaciones del 5 de junio de 2020 tras el asesinato de Giovanni López.
La abogada Frida, señala un patrón en el actuar de las autoridades.
La CEPAD ha acompañando a las familias y colectivos buscadores en este caso, por lo que ante la reciente resolución y recomendación, exigen que la CNDH ordene a la CEDHJ emitir una nueva recomendación que reconozca la tortura, dejar de ocultar los nombres de servidores públicos agresores, abrir una carpeta de investigación en el caso de Liliana por tortura, la creación de una fiscalía especializada y un alto a la criminalización y la represión a las protestas sociales.
El colectivo y CEPAD, resumen su lucha en este caso, como una búsqueda de justicia que no va a parar, aunque nombrar la tortura incomode: “Si nombrar la tortura incomoda, entonces la vamos a seguir nombrando hasta que se haga justicia.”
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Aquí pueden mirar de manera íntegra la rueda de prensa:
