Mientras la nueva dirigencia de la FEU celebraba su toma de protesta, estudiantes organizados realizaron una intervención simbólica para denunciar que la Federación no representa a la comunidad y que opera como un brazo político del Grupo UdeG. Exigen democracia interna, transparencia y fin a la represión.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotografías: Boris / @Somoselmedio
El pasado 19 de noviembre, mientras en el Ágora Jenkins se celebraba con porras, luces y discursos la toma de protesta de Fernanda Citlalli Romero como nueva presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), estudiantes organizados de diferentes centros universitarios realizó una intervención simbólica en las instalaciones de la propia Federación, ubicadas en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.
La acción no fue casual ni aislada. Las y los jóvenes decidieron intervenir el edificio precisamente en el momento en que se oficializaba el relevo de la dirigencia de la FEU para denunciar que:
“pese a la parafernalia de legitimidad que acompañó el acto, la organización estudiantil no representa a la mayoría de la comunidad universitaria y opera como un brazo político subordinado a los intereses del Grupo UdeG.”
“Lo hicimos porque creemos que es una burla”, explicaron en entrevista, en la que además agregaron:
“Quedó demostrado en procesos electorales, en manifestaciones, en consensos, en encuestas y en actividades de participación dentro de la universidad que los estudiantes no están de acuerdo en que la FEU sea una representación legítima. La Federación opera alineada con los intereses de las mismas cinco personas que han controlado la Universidad durante décadas”.
Las y los estudiantes recordaron que la FEU no sólo administra millones de pesos al año sin procesos transparentes, sino que mantiene una relación directa con la estructura política que dirige la UdeG. Mencionaron a personajes como el exrector Ricardo Villanueva, ahora Subsecretario de Educación Superior, a quien señalan como operador político de la nueva dirigencia— y a figuras históricas vinculadas al Grupo UdeG.
“Por eso mismo, la FEU jamás va a usar sus fuerzas para luchas sociales justas”, señalaron:
“Está alineada con los intereses de arriba. Es una organización que conviene mantener porque funciona como un acarreo político masivo. Para los estudiantes que no participan en esos procesos, la FEU está completamente alejada. No atiende lo urgente: comedores asequibles, transporte, apoyos a estudiantes vulnerables o mejoras académicas. Mientras tanto, se sabe que manejan más de 10 millones de pesos al año sin claridad de en qué se gastan”.
La intervención del 19 de noviembre también fue un acto de memoria. Las y los jóvenes recordaron las agresiones ocurridas durante las manifestaciones del 10 y 11 de septiembre, cuando estudiantes fueron golpeados frente a la Rectoría General y en el CUCSH:
“Ese día nos golpearon maestros, académicos pagados y porros enviados por la Universidad. Todo por exigir democracia y participación en una institución pública. Por eso también decidimos venir aquí el día de su toma de protesta”.
Además, señalaron que la protesta simbolizaba el hartazgo acumulado por planes de estudio obsoletos que no han sido renovados en más de dos décadas en algunas divisiones del CUCSH. Denunciaron que el estudiantado sigue cursando contenidos desactualizados mientras las decisiones académicas continúan siendo tomadas sin consulta, sin apertura y sin mecanismos reales de participación.
“Todo esto es parte de por qué hicimos la acción simbólica en la FEU. No es una representación. Es una estructura que se perpetúa a sí misma y que no escucha a los estudiantes reales, los que todos los días tenemos que decidir si desayunamos o pagamos el camión, los que llegamos tarde porque no hay transporte digno, los que enfrentamos la precariedad estudiantil mientras ellos operan una maquinaria política millonaria”.
Mientras en el Ágora Jenkins la nueva dirigenta prometía escuelas como “refugios de paz”, descentralización de proyectos, transporte accesible y políticas de género; al otro lado de la red universitaria, los estudiantes organizados cuestionaban la legitimidad de una institución cuya estructura, insisten, ha sido intocable durante más de tres décadas.
Después de la intervención estudiantil en la FEU, volvió a hacerse visible el contexto más amplio de la disputa dentro de la Universidad de Guadalajara. A pesar de su tamaño, su prestigio cultural y un presupuesto que, para 2025, supera los 18 mil millones de pesos, la institución mantiene una estructura de control político señalada desde hace décadas por sectores de la comunidad universitaria.
Tras la muerte de Raúl Padilla, en 2023, surgió la expectativa de un proceso de apertura interna. Sin embargo, las dinámicas del llamado “Grupo UdeG” permanecieron activas y continúan operando con la misma lógica que se consolidó desde los años noventa.
Testimonios de estudiantes, académicos y trabajadores señalan que este modelo se sostiene mediante mecanismos que atraviesan distintos niveles de la vida universitaria. La FEU sigue siendo identificada como una estructura central en el control del estudiantado. Los sindicatos SUTUdeG y STAUdeG son descritos como espacios corporativos que regulan, mediante incentivos y restricciones, el ingreso y la permanencia del personal académico y administrativo.
A ello se suma el funcionamiento de los órganos internos de decisión, donde predomina un sistema de nombramientos cerrados y votaciones alineadas con las autoridades que han encabezado la universidad en las últimas décadas.
En este panorama han surgido diversos movimientos estudiantiles que cuestionan la concentración de poder y exigen procesos más democráticos. Entre los episodios recientes están el paro del CUCSH en 2023, la elaboración de un pliego petitorio interuniversitario y las manifestaciones del 10 y 11 de septiembre, en las que estudiantes denunciaron agresiones por parte de grupos vinculados a la institución.
El 29 de octubre, jóvenes de la Asamblea Estudiantil Interuniversitaria protestaron en el Museo de las Artes durante la toma de protesta del Consejo General Universitario. En esa ocasión también denunciaron prácticas autoritarias y falta de representatividad en los órganos de gobierno.
Aunque en sus comunicados oficiales la UdeG ha atribuido los hechos de violencia a “grupos externos”, estudiantes organizados sostienen que esa versión no corresponde con lo ocurrido. Consideran que la narrativa institucional ha servido para deslegitimar sus demandas y desplazar la discusión de fondo.
En entrevista los estudiantes reiteraron que sus exigencias incluyen transparencia en el uso de recursos, actualización de planes de estudio, condiciones académicas dignas y procesos democráticos para la elección de representantes. También señalaron que las movilizaciones continuarán mientras no exista una respuesta clara por parte de las autoridades.
