#FIL2025
La Comunidad Indígena Autónoma Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán realizó una velada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para exigir justicia por el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, denunciar la impunidad en los ataques contra defensores del territorio en Jalisco y convocar a las Jornadas por la Vida de Azqueltán, el próximo 10 de diciembre de 2025.
Texto y fotografías: Mario Marlo / @Mariomarlo
Organizaciones, ciudadanxs y representantes de la Comunidad Indígena Autónoma Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán realizaron una velada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para exigir justicia por el asesinato de su autoridad agraria, Marcos Aguilar Rojas, y por todas las personas defensoras de la tierra, el territorio y los derechos humanos asesinadas en Jalisco durante este año. Entre veladoras, flores y consignas, denunciaron que “nos están matando por nuestras tierras” y llamaron a la solidaridad nacional e internacional para frenar la violencia y el despojo.
En este último día de la FIL Guadalajara, representantes de Azqueltán, acompañados de activistas, organizaciones como el CEPAD, IMDEC, Tsikini, AJAGI, y Afinación Sí Verificación No, recordaron a Marcos Aguilar y a quienes han sido asesinados por defender el territorio. “Venimos a decirles lo que está sucediendo con nuestra comunidad y con muchas otras. No solo es Azqueltán. El 26 le quitaron la vida a un compañero, un representante agrario que nos defendía”, señaló Mario González, representante de la Asamblea de San Lorenzo de Azqueltán.

La comunidad relató que el 26 de noviembre de 2025, en el predio comunal El Caracol, en Villa Guerrero, Jalisco, un grupo armado atacó a Marcos Aguilar y a Gabriel Aguilar Rojas mientras retiraban ganado que había invadido territorio comunal. Marcos fue asesinado y Gabriel resultó gravemente herido. De acuerdo con testimonios, las personas responsables forman parte de un grupo que desde hace años sostiene una disputa violenta por la posesión de estas tierras.
Las autoridades de la comunidad identificaron como presuntos agresores directos a los hermanos Esteban, Manuel y José Aguilar Herrera, así como a Víctor Hugo Pérez. Señalaron que estos actores operan bajo una red de cacicazgos y pequeños propietarios que han intentado apropiarse del territorio comunal, aprovechando la inacción de las autoridades. Advirtieron que, de no existir justicia, el riesgo de nuevos ataques armados es inminente.

“La impunidad hacia Manuel Aguilar Herrera abriría la puerta para nuevos crímenes. Es falta de atención del Ministerio Público y de las autoridades en la región. Nos están matando por nuestras tierras y no es justo”, denunció Ramiro Ruiz Márquez, representante agrario de la comunidad tepehuana–wixárika de San Lorenzo de Ascensión.
El conflicto territorial gira en torno a un territorio ancestral que, según el título virreinal de 1733, abarca 94,400 hectáreas. Actualmente la comunidad reclama judicialmente 39,000 hectáreas ante el Tribunal Unitario Agrario, un proceso que lleva años paralizado. “Somos una comunidad indígena con título virreinal de 1733, pero al pasar el tiempo nos han ido despojando. Desde 2015 llevamos el juicio en el Tribunal Unitario Agrario y lo único que hemos visto es desorden. Mientras el tribunal no resuelva, los caciques se aprovechan”, explicó Ruiz Márquez.
Las y los representantes de Azqueltán enfatizaron que el asesinato de Marcos y el ataque armado contra Gabriel son el episodio más violento de una política sostenida de despojo territorial. Señalaron invasiones de tierra, agresiones paramilitares, amenazas constantes y una estructura de impunidad que protege a los agresores. “Este crimen busca exterminar nuestra organización para apropiarse de miles de hectáreas de territorio ancestral”, afirmó la comunidad.
Las organizaciones acompañantes recordaron que lo ocurrido en Azqueltán forma parte de un patrón de violencia letal contra quienes defienden derechos en Jalisco. “De las 10 personas asesinadas en Jalisco durante 2025, seis son defensoras de la tierra y el territorio, tres son personas buscadoras y una es defensora de los derechos trans y de la diversidad. Seis pertenecen a comunidades del interior del estado y cuatro al Área Metropolitana de Guadalajara”, señalaron.


Entre los casos mencionados están los de Abraham Alejandro Gobel, defensor ambiental asesinado en noviembre de 2024; Juan Pablo Alonso Estrada, defensor por la paz comunitaria, asesinado en marzo de 2025; Teresa González Murillo, María del Carmen Morales y Jaime Daniel Ramírez Morales, personas buscadoras asesinadas en abril de 2025; Karina Ruiz Ocampo y Judith Alvarado Rodríguez, defensoras del agua asesinadas en mayo y agosto de 2025; Katia Daniela Medina Rafael, defensora trans y LGBTI+, asesinada en agosto de 2025; Cándido Esaú Román Pérez, defensor del territorio asesinado en noviembre de 2023; y Marcos Aguilar Rojas, autoridad tepehuana–wixárika, asesinado en noviembre de 2025.
Frente a este contexto, la comunidad de Azqueltán y las organizaciones exigieron justicia integral para Marcos y Gabriel, incluyendo el castigo a los responsables materiales e intelectuales, medidas urgentes de protección y garantías de no repetición. También reclamaron seguridad inmediata y presencia permanente de fuerzas federales en la región.

Asimismo, demandaron que el gobierno federal asuma su responsabilidad histórica y titule de manera definitiva los bienes comunales de San Lorenzo de Azqueltán. “La titulación urgente del territorio no es solo un trámite agrario, es una condición para que cese la violencia”,afirmaron durante la velada en la FIL.
Como parte de la respuesta colectiva, anunciaron las Jornadas por la Vida de Azqueltán, que incluyen una movilización el 10 de diciembre en dos puntos: la Torre del Caballito, en la Ciudad de México, y el Santuario de Guadalupe, en Guadalajara, ambas a las 11:00 horas.


