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Jesús Israel González Castillo
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Entre 2016 y 2024, México vivió algo que parecía impensable: millones de personas dejaron de ser pobres por ingresos. La proporción de quienes ganaban menos que la línea de pobreza pasó de 50.8% a 35.4%. No es un ajuste marginal en una gráfica: son hogares que, por primera vez, pudieron llenar la despensa todo el mes, pagar la renta sin atrasos o dejar de elegir entre comer y comprar medicamentos.
Este cambio coincidió con el aumento sostenido del salario mínimo —que se duplicó en términos reales—, la expansión de transferencias monetarias y la recuperación económica tras la pandemia. Más gente encontró trabajo, más hogares llegaron a fin de mes y el grupo clasificado como “no pobre y no vulnerable” creció de forma notable.
El problema es que esa mejoría se construyó casi exclusivamente sobre el ingreso, no sobre derechos. Mientras el dinero en el bolsillo aumentó, las carencias en seguridad social se mantuvieron altas y el acceso a servicios de salud sufrió vaivenes abruptos por reformas institucionales. Millones de personas salieron de la pobreza, pero no entraron a un sistema capaz de protegerlas frente a la enfermedad, el accidente o la vejez.
Es una movilidad que avanza de lado, no hacia arriba. Pensemos el mapa social como un tablero con dos ejes. En el eje horizontal, el ingreso: ahí sí hubo movimiento. Entre 2016 y 2024, el número de personas ubicadas en la categoría de “no pobre y no vulnerable” pasó de 28.9 a 42.3 millones. Hogares que, gracias a mejores salarios y apoyos públicos, cruzaron la línea que separa la pobreza de la suficiencia económica.
En el eje vertical, el de los derechos sociales, la historia es distinta. En 2024, casi la mitad de la población —48.2%, más de 62 millones de personas— seguía sin acceso a seguridad social. Y la carencia por acceso a servicios de salud llegó a dispararse a 39.1% en 2022 antes de descender parcialmente. Es decir: las personas dejan de ser pobres por ingresos, pero siguen viviendo sin red institucional que amortigüe los riesgos más elementales de la vida.
En términos técnicos, hablamos de movilidad horizontal sin movilidad vertical. En términos cotidianos, significa lo siguiente: se vive mejor, pero se vive al filo. El ingreso alcanza para no ser estadísticamente pobre, pero cualquier evento relativamente común —una cirugía, un embarazo complicado, un accidente de trabajo, un despido— puede revertir en meses lo ganado en años. La vulnerabilidad ya no es solo carencia, sino inestabilidad: un bienestar que no puede darse por sentado.
Esta configuración no es residual; es cada vez más central. La categoría de “vulnerable por carencias” agrupa hoy a un contingente masivo de hogares que ya no son pobres, pero tampoco están protegidos. México no solo redujo la pobreza: reordenó su estructura social ampliando el espacio intermedio entre la precariedad y la estabilidad económica. Es un territorio incómodo de suficiencia económica y fragilidad institucional.
El mercado laboral explica buena parte de este fenómeno. Desde hace años, más de la mitad de las personas ocupadas trabaja en condiciones de informalidad, sin acceso a esquemas contributivos de pensiones, incapacidades o riesgos de trabajo. La informalidad adopta formas diversas —subcontratación encubierta, contratos eventuales encadenados, honorarios, “asimilados al salario”— que permiten a empresas grandes y pequeñas producir valor sin generar derechos laborales, con el objetivo de abaratar costos y reducir riesgos asociados al empleo formal.
En este modelo, la ausencia de seguridad social no es solo una estadística: es una manera de organizar el riesgo. Enfermar, lesionarse o envejecer no activa mecanismos colectivos de protección, sino costos privados que recaen sobre el trabajador y su familia. El ingreso se convierte en la única armadura posible. Perderlo significa perder, al mismo tiempo, la capacidad de sostener el día a día y de enfrentar una crisis.
Marta, operaria de un taller de impresión, se golpea el hombro cargando bobinas de papel. Sabe que necesita reposo y atención médica, pero también sabe que una incapacidad sin seguridad social equivale a quedarse sin ingreso. Decide seguir trabajando con un cabestrillo improvisado y analgésicos. No reporta el accidente: no porque ignore sus derechos, sino porque tiene claro que la denuncia activa sanciones, no protección.
Carlos trabaja en una maquila. Su jornada oficial es de ocho horas, pero casi nunca baja de diez o doce. No acumula riqueza; acumula cansancio. Llega a casa con dolor lumbar y cefaleas constantes. A los 32 años dice que se siente viejo. Sabe que, si rechaza las horas extra, otro ocupará su lugar. La resistencia física se vuelve el único criterio de empleabilidad. El cuerpo no es un bien que cuidar, sino un recurso que se consume.
Ana, mesera en un restaurante, vive con diabetes. Dejó de ir a consultas porque cada salida al sistema de salud implica perder el día de trabajo. Ha aprendido a administrar su enfermedad entre turnos, propinas y desvelos. No es que no le importe su salud: simplemente no puede darse el lujo de cuidarla como debería.
Estas historias no son excepciones trágicas; son la lógica cotidiana de un modelo que traslada el costo del riesgo a los cuerpos que trabajan. La economía mejora, pero la relación laboral se vuelve más frágil. El ingreso sube, pero la capacidad de detenerse, cuidarse o reclamar sin perderlo todo disminuye.
La consecuencia es una ciudadanía condicionada a la productividad. Quien puede mantener el cuerpo en funcionamiento tiene derecho a ingreso; quien no puede carece de mecanismos para preservarlo. La precariedad deja de ser solo un problema económico y se vuelve un problema político: define quién puede enfermarse sin empobrecer, quién puede decir “hasta aquí” sin desaparecer de la estadística de los “no pobres”.
México ha demostrado que puede modificar la distribución del ingreso. Lo que no ha demostrado aún es que pueda construir un suelo común de protección que sostenga ese avance. Mientras el ingreso siga siendo el principal amortiguador del riesgo, la prosperidad tendrá siempre un carácter provisional.
El verdadero desafío de los próximos años no es solo seguir reduciendo la pobreza, sino pasar de un modelo de bienestar sostenido por el esfuerzo físico a uno sostenido por derechos. No se trata de negar los avances, sino de tomar en serio su fragilidad. Un país que ha logrado que millones de personas salgan de la pobreza debería hacerse una pregunta incómoda: ¿qué pasará con ellos el día que sus cuerpos ya no puedan seguir pagando el precio del bienestar?
