La Asamblea Popular Contra el Tarifazo denuncia que el aumento a 14 pesos es ilegal y opaco, rechaza el subsidio condicionado y convoca a una marcha el 8 de febrero en Jalisco.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo Fotografías: Alex Rúa / alexandrorua
La Asamblea Popular Contra el Tarifazo denunció que el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco, fijada en 14 pesos, es una decisión administrativa sin sustento técnico ni consulta ciudadana, y advirtió que el llamado “subsidio” anunciado por el gobierno estatal no es universal, sino condicionado a la bancarización y al uso obligatorio de una tarjeta operada por una empresa privada.
Durante una rueda de prensa realizada en el Congreso local, integrantes de la asamblea —integrada por doce colectivos y ciudadanía organizada— señalaron que el Comité Técnico Tarifario calculó una tarifa ponderada de 13.03 pesos, con base en variables oficiales como combustible, salario mínimo e índices de precios. Sin embargo, subrayaron que el incremento a 14 pesos no se desprende de la fórmula técnica, sino de una determinación posterior que calificaron como ilegal y opaca.
La asamblea exigió la publicación de la minuta de la sesión del Comité Técnico Tarifario del 26 de diciembre de 2025 y la restitución del acuerdo del Diario Oficial relacionado con la tarjeta “YO Jalisco”, el cual —denunciaron— fue retirado del sitio oficial. “Esta opacidad ha generado una crisis de credibilidad que no ha sido atendida”, afirmaron.
Las y los voceros advirtieron que el subsidio anunciado no es universal porque está condicionado al uso de una tarjeta bancaria administrada por una SOFIPO y una empresa privada, BROXEL, mediante un contrato multianual sin tope máximo, que centraliza datos personales y excluye a quienes no están bancarizados o enfrentan brecha digital. En un estado con amplias desigualdades, señalaron, esta medida convierte un apoyo en una barrera.
También cuestionaron que existan sistemas de pago integrados previos —como MiMovilidad— que podrían fortalecerse sin imponer nuevos registros ni costos, y alertaron que desviar recursos presupuestales originalmente destinados a mejorar infraestructura y calidad del servicio para sostener subsidios condicionados distorsiona el sentido del gasto público.
La asamblea puso énfasis en el impacto para el sector estudiantil. Denunció que el acuerdo anunciado entre la dirigencia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y el gobierno estatal, previo a la marcha del 10 de enero, buscó desmovilizar a uno de los sectores más afectados por el aumento. El esquema de tarifa preferencial —indicaron— reproduce la condicionante de datos personales y bancarización, incluso para personas menores de edad, y abre la puerta a mecanismos de control y vigilancia.
Las organizaciones recordaron que el derecho a la movilidad está reconocido en el Artículo 4° constitucional y que cualquier medida que reduzca niveles de accesibilidad previamente garantizados es regresiva y, por tanto, inconstitucional. “Forzar a las familias a elegir entre comer o transportarse vulnera la vida digna”, afirmaron, al advertir que el aumento golpea con mayor fuerza a quienes viven en la periferia y dependen de múltiples transbordos diarios.
Ante lo que calificaron como ausencia de diálogo y consulta, la Asamblea Popular Contra el Tarifazo convocó a una marcha estatal el 8 de febrero a las 11:00 horas, que partirá de la Glorieta Minerva y concluirá en Casa Jalisco. El llamado es a exigir que el transporte público sea reconocido como un derecho y no un negocio, y a frenar decisiones que profundizan la desigualdad en Jalisco.
