Los estadios públicos suelen ser espacios donde convergen identidad, deporte y comunidad. En la Zona Metropolitana de Guadalajara; sin embargo, algunos de estos recintos revelan algo más: decisiones administrativas, contratos y esquemas de operación que colocan al erario en posiciones distintas frente a negocios privados similares. El Estadio Panamericano Charros de Jalisco y la Arena Astros comparten su carácter de bienes públicos, pero operan bajo modelos que distribuyen de manera desigual los costos, beneficios y responsabilidades, todo a favor del capital privado.
Por Isaac Rodríguez / @isaac_rguez__ (IG), Christopher Ochoa / @thereal_chris1707 (IG), Aketzalli Nuño / @aketzallicomunicacionoficial (IG), Santiago Orozco / @santiago_carr1llo (IG) y Santiago Devriendt.
Dos estadios públicos, dos municipios vecinos y el origen de dos estadios privados financiados con dinero del erario. Sin embargo, en Guadalajara y Zapopan, el manejo cotidiano de estos recintos revela una desigualdad que va más allá del deporte: expone cómo lo público puede operar bajo reglas distintas cuando entra en juego la administración privada.
En las ciudades, los estadios suelen ser más que estructuras de concreto: son puntos de reunión, símbolos de identidad deportiva y espacios donde miles de personas se congregan para celebrar, gritar, perder la voz o, simplemente, participar en el ritual del deporte. Pero en Guadalajara y Zapopan, dos de estos recintos representan algo más profundo: una historia que muestra la compleja relación entre lo público y lo privado, entre el dinero del erario y la operación empresarial.
El Estadio Panamericano Charros de Jalisco, y la Arena Astros, ubicada en el Polideportivo Ávila Camacho, comparten una raíz en común: son propiedades públicas. No obstante, su funcionamiento cotidiano les ha convertido en dos modelos opuestos. Esa paradoja es el punto de partida de esta investigación.
El Estadio Panamericano fue construido, en 2011, en Zapopan con recursos públicos, como parte de la infraestructura heredada tras la organización de los Juegos Panamericanos. Una vez concluido el evento deportivo, el inmueble fue entregado en comodato primero al CODE Jalisco, instituto estatal del deporte que después lo cedió a la iniciativa privada bajo distintas modalidades contractuales.
Actualmente, los Charros de Jalisco, que opera bajo personalidad jurídica denominada El Ajonjolí de Todos los Moles, S.A. de C.V., es la entidad académica responsable de la explotación y administración del Estadio Panamericano, un rol que ha implicado acuerdos, compromisos de inversión y mecanismos de mantenimiento que no siempre han sido transparentes.
El último de estos acuerdos se ratificó el 12 de octubre de 2024, fecha en que el Periódico Oficial del estado de Jalisco publicó el decreto marcado con el folio: 29578/LXIII/24, el cual extiende la explotación del estadio público a los Charros de Jalisco hasta el 2049.
A pesar de tratarse de una propiedad pública, su uso cotidiano se encuentra completamente en manos privadas, bajo un modelo que exige al operador asumir compromisos financieros para mantener el inmueble en funcionamiento; sin embargo, como denunció el periodista Omar Oliver, estos convenios entre el CODE Jalisco y Charros, ya no contemplan el pago de contraprestaciones monetarias.
Hoy el Estadio Panamericano Charros de Jalisco no sólo alberga juegos como local de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), así como del equipo femenil de sóftbol que participa en la Liga Mexicana de Sóftbol (LMS), sino también podrá ser sede de competencias internacionales como al Serie del Caribe 2026, en la que México (representado por los Charros de Jalisco) obtuvo el triunfo. O, incluso, escenario de conciertos, como el que dará Ricky Martín, el próximo 18 de marzo.
En contraste, la Arena Astros, ubicada en Guadalajara, presenta una trayectoria que en apariencia es similar, pero que al revisar sus documentos y su operación se transforma en una historia distinta. También se trata de un inmueble público, igualmente concesionado y administrado por un operador privado, Experiencias Creativas y Publicidad S.A. de C.V.,propiedad de Roberto Hemuda Jr..
Sin embargo, una serie de decisiones administrativas, modificaciones contractuales y prácticas institucionales revelan que su relación con el gobierno municipal y con el CODE Jalisco se desarrolla bajo condiciones mucho más favorables para el concesionario. La diferencia no sólo radica en quién paga qué, sino en cómo se distribuye la carga económica entre el operador privado y el sector público.
Ambos estadios funcionan como negocios privados instalados en bienes públicos. Los dos venden boletaje, organizan eventos, reciben patrocinios, utilizan instalaciones municipales y cuentan con infraestructura que fue financiada con recursos de los contribuyentes so pretexto de que tras el fin de los Juegos Panamericanos, ambos serían inmuebles para la práctica deportivo de la sociedad jalisciense.
Pero mientras uno cubre ciertos costos operativos y de seguridad, el otro recibe servicios de manera gratuita. Mientras uno mantiene sus instalaciones con recursos del propio club, el otro conserva un esquema en el que el CODE Jalisco asume gastos que originalmente no le correspondían. Esa es la tensión que sostiene esta historia: dos estadios similares, pero con dos tratos distintos.
Seguridad pública: quién paga el operativo
En el centro del debate sobre el manejo de bienes públicos convertidos en negocios privados, la seguridad pública funciona como un espejo que revela la lógica contradictoria que gobierna a los estadios de Jalisco. En Zapopan y Guadalajara, dos municipios vecinos con recintos operados por empresas distintas, el despliegue policial exhibe dos modelos con implicaciones directas para el uso del erario. Es en esta comparación donde se vuelve visible una desigualdad que difícilmente puede explicarse sin cuestionar la racionalidad institucional detrás de cada decisión.
En el caso del Estadio Panamericano Charros de Jalisco, la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan fue categórica: en cada juego de los Charros, el operador privado paga por los elementos destinados al operativo. No hay excepciones ni criterios especiales. El esquema funciona bajo una regla sencilla: quien organiza el espectáculo asume el costo de la seguridad. Así lo confirmaron las respuestas obtenidas vía transparencia.
Entre mayo de 2021 y septiembre de 2025, Zapopan desplegó desde decenas hasta 180 policías en juegos regulares y hasta 248 elementos en series de playoff. El número fluctúa; el principio no. El pago se deposita directamente en la Tesorería municipal. No se socializa el gasto ni se traslada al ciudadano.
La Comisaría únicamente mantiene la llamada “vigilancia ordinaria”, a cargo de la patrulla asignada por zona como parte de su cobertura territorial rutinaria. Todo lo que excede ese esquema —el operativo específico para el espectáculo privado— se cobra. Se trata de un principio administrativo elemental y, al mismo tiempo, de una base ética que evita que la seguridad de un negocio privado sea cubierta con recursos públicos destinados a necesidades ciudadanas.
En Guadalajara, en cambio, el panorama se diluye en una zona gris. Para la Arena Astros, la Comisaría de Seguridad Ciudadana sostuvo que los servicios brindados han consistido únicamente en “recorridos de vigilancia ordinarios sobre la vía pública”, los cuales forman parte de su labor institucional. La conclusión es clara: no se generó costo alguno para los organizadores. Toda la vigilancia, la presencia policial y la seguridad asignada al entorno inmediato del Polideportivo Ávila Camacho corren a cuenta del municipio. Ninguna factura llegó a la Tesorería. Ningún pago fue solicitado al operador privado.
Aunque el gobierno municipal ofrece servicios de seguridad y vialidad en la zona, existen carencias evidentes en la atención a necesidades básicas de las y los vecinos.
Algunas de las personas que viven en los alrededores relataron:
“Aquí se llena de gente, tapan cocheras, no hay estacionamiento para uno, dejan basura. No, no se nos avisó nada (sobre la privatización del estadio) y, aparte, el inconveniente es que cuando termina el evento siempre ponen banda y la gente trabaja; se termina a la una o dos de la mañana. Tengo veinte años viviendo acá y el estadio lo ocupaban los niños de CODE, pero no era molesto, para nada. Desde que están los Astros está horrible; nadie se hace cargo de la basura, los vecinos son los que lo hacen”.
El contraste es tan directo que no requiere mayor interpretación: mientras Charros paga por cada elemento policial asignado a sus juegos, Astros recibe seguridad gratuita. Dos estadios públicos. Dos negocios privados. Dos municipios que atienden espectáculos deportivos con miles de asistentes. Y, sin embargo, dos modelos que colocan en una posición privilegiada al operador de la Arena Astros, que obtiene un subsidio implícito en forma de vigilancia financiada por la ciudadanía.
Este hallazgo no sólo evidencia desigualdad; también expone la fragilidad de los criterios institucionales con los que se toman decisiones que, finalmente, impactan al erario. ¿Por qué un municipio cobra y el otro absorbe el gasto? ¿Qué justifica que un operador privado pague hasta por 248 policías mientras otro reciba vigilancia como parte de la rutina municipal? En esa diferencia, aparentemente simple, aparece el primer indicio de un trato preferencial cuya lógica permanece sin una explicación clara.
Los contratos que podrían explicar la diferencia
Las condiciones que explican el trato diferenciado hacia los Astros no se encuentran en la superficie de la administración pública. Están en los documentos que rigen su relación con el CODE Jalisco, el organismo estatal encargado de fomentar el deporte y administrar los polideportivos de la entidad. Ahí, en un contrato firmado en 2021 y modificado un año después, se encuentran las claves de una estructura que opera a favor del concesionario privado, Experiencias Creativas y Publicidad S.A. de C.V.
El convenio original establecía compromisos claros. El operador debía realizar una inversión única de 5 millones de pesos en equipamiento deportivo para el CODE Jalisco. Esta inversión podía materializarse en patrocinios, donativos o bienes, pero debía concretarse durante 2021. Además, el contrato era explícito respecto a los servicios: “única y exclusivamente el pago del servicio de energía eléctrica será a cargo del colaborador”. El negocio privado debía cubrir su consumo eléctrico, como ocurre en prácticamente cualquier recinto concesionado.
Sin embargo, el 10 de agosto de 2022 ambas partes firmaron un Convenio Modificatorio con efectos retroactivos. En ese documento se produce la transformación más significativa en la operación del polideportivo. La inversión obligatoria de 5 millones de pesos fue eliminada y sustituida por una obligación genérica: “realizar inversiones en beneficio del estadio” y presentar un informe anual al CODE. La exigencia concreta desapareció. El monto desapareció. La temporalidad desapareció.
El cambio más relevante, no obstante, recae en el pago de la electricidad. La cláusula se modificó de manera sustancial: el CODE Jalisco pasó a asumir “en todo momento” el pago del servicio de energía eléctrica del estadio. La carga financiera, que originalmente correspondía al operador privado, se trasladó al organismo estatal. El gasto dejó de formar parte del modelo de negocio y pasó a integrarse al gasto público.
Aún más, el CODE declaró no contar con información desagregada de los recibos de luz y agua, ya que estos servicios se pagan mediante una “cuenta concentradora” que agrupa a todos los polideportivos. De esta forma, el costo real de la electricidad de la Arena Astros queda diluido en una cifra global imposible de rastrear, ocultando lo que podría representar uno de los gastos más altos de su operación.
Mientras tanto, el operador privado entrega una contraprestación anual de 300 mil pesos por la explotación comercial del inmueble, una cifra que resulta marginal frente al monto eliminado y frente al costo potencial de los servicios que ahora se cubren con recursos públicos.
El periodista Sergio Navarro ha descrito este esquema como una “negligencia institucional deliberada”, al señalar que el CODE Jalisco ha operado como una “caja chica del gobierno” que permite desviar recursos destinados al deporte público. Los documentos parecen respaldar esa afirmación: un contrato desfavorable para lo público y extraordinariamente ventajoso para el concesionario.
A este análisis se suma la opinión de dos expertos en materia legal, quienes revisaron los contratos de ambos recintos.Por temor a represalias, su identidad se mantiene en reserva.
Sobre el caso de Astros, señalaron:
“En este caso, se disfrazó la figura del arrendamiento dentro del contrato con el fin y objetivo de fomentar y promover el deporte, a través de que una empresa privada utilice el Estadio de Basquetbol ubicado en la unidad deportiva Ávila Camacho. Entre los puntos importantes se establece que la empresa privada deberá pagar como contraprestación la cantidad de 5 millones de pesos para que el CODE utilice el estadio por tres años. Incluso, en el clausulado se señala que, si el inmueble se utilizara para otros eventos distintos, la empresa privada deberá pagar el 5% de la taquilla de cada evento. Es un contrato de arrendamiento; como tal no lo establece, pero sí le otorgaron esa figura. En ese plazo de tres años, Astros iba a pagar 5 millones de pesos, lo que podría traducirse en 1 millón 666 mil pesos por año, es decir, alrededor de 138 mil pesos mensuales. Lo que en realidad podría hacerse es rastrear ese dinero y ver en qué se han usado todos esos ingresos”.
Respecto al contrato de los Charros, explicó:
“Contrario al contrato de uso y aprovechamiento del estadio de Astros de Jalisco, el contrato de Charros no estipula una obligación de pago por parte de la empresa privada al Estado. Este convenio cumple con la figura del comodato por una duración de tres años. Este tipo de contratos no genera una remuneración o ganancia para el Estado, más allá de que el inmueble se mantenga en condiciones óptimas, obligación que debe cumplir la empresa privada. Estas figuras jurídicas no permiten la libre competencia entre particulares y, en este caso, no dejan ingresos a las arcas públicas por el uso de un inmueble del dominio público. Haber realizado una licitación habría obligado a la Administración Pública a emitir una convocatoria abierta para que todas las empresas interesadas —no sólo Charros, que presentó una solicitud directa— pudieran presentar propuestas. Esto aseguraría que el Estado obtuviera mejores condiciones en precio, inversión, calidad y oportunidad. Mientras que el convenio actual se basa en colaboración e inversiones en especie, un contrato de arrendamiento garantizaría un ingreso directo y formal; el procedimiento adecuado habría sido una licitación para obtener el contrato de arrendamiento o la concesión”.
En este último caso, en una solicitud de transparencia hecha a todas las instancias implicadas se comprobó que no existe como tal un acuerdo y/o convenio entre Los Charros y el CODE que dé contuinudad a lo publicado en el Periódico Oficial, pues para que éste se pueda realizar se requiere “la conformidad del Ayuntamiento de Zapopan” (propietario legal del estadio); sin embargo, a la fecha, no ha existido respuesta alguna del gobierno de Juan José Frangie.
El Estadio Panamericano: mantenimiento privado, omisiones del pasado
En este paisaje contrastante emerge el modelo del Estadio Panamericano, administrado por los Charros de Jalisco bajo un esquema con características opuestas al caso de la Arena Astros. En Zapopan, el contrato de concesión no ha transitado por modificaciones que eliminen obligaciones o transfieran costos operativos al erario. Por el contrario, el club sostiene —y el CODE Jalisco lo confirma— que el mantenimiento del inmueble corre por cuenta del operador privado, que utiliza recursos propios y no públicos para conservar el estadio en condiciones funcionales.
El inmueble, al ser propiedad municipal, está exento del pago del impuesto predial, como cualquier bien público destinado al uso deportivo. Sin embargo, fuera de esa exención legal, los costos recaen en el concesionario: mantenimiento preventivo y correctivo, servicios extraordinarios, mano de obra y reparaciones. Un esquema que, al menos en su diseño, coloca la responsabilidad financiera en manos del operador privado, el cual como contraprestación se compromete a realizar acciones a favor de las personas que viven alrededor del estadio.
No obstante, personas vecinas de la zona describen así las afectaciones cotidianas asociadas a la operación del estadio:
“Las afectaciones son el estacionamiento, todos llegan y se estacionan donde pueden y no dejan espacio; el sonido es bien fuerte, aunque ahora ya le bajaron porque hubo quejas; no le dan mantenimiento a las banquetas; cuando vienen partidos importantes se hace un desmadre; en el parquecito ponen piedras, botellas, y no cobran barato por apartar lugares: 50 o 60 pesos, a veces hasta 100 cuando hay partido; y el sonido muchas veces no deja dormir”.
No obstante, la historia del Estadio Panamericano también arrastra sombras. El periodista Sergio Navarro recuerda que, en el acuerdo original de concesión, los Charros se comprometieron a construir una pista de atletismo y a entregar una donación económica de cinco millones de pesos. Ninguna de esas obligaciones se cumplió.
La pista de atletismo fue destruida y jamás restituida, marginando una disciplina histórica en Jalisco y cancelando la posibilidad de que el estadio continuara como sede de competencias internacionales. Además, el proyecto recibió préstamos estatales para remodelaciones que nunca fueron reembolsados.
Se trata de un modelo que combina una responsabilidad financiera actual con un pasado de compromisos incumplidos que no derivaron en sanciones visibles. Aun así, a diferencia del caso de la Arena Astros, el mantenimiento del estadio no recae hoy en el presupuesto público. En medio de este terreno ambiguo, el club anunció una nueva inversión privada de 350 millones de pesos para adecuar el inmueble a estándares de Grandes Ligas, una cifra que busca reposicionar al recinto, pero que también reabre preguntas sobre quién asume realmente las cargas y qué compromisos se cumplen de manera efectiva.
El contraste entre ambos modelos en la entrega de estadios públicos a empresas privadas no sólo revela diferencias administrativas, sino una constante más profunda: la fragilidad institucional para vigilar, sancionar y hacer cumplir los compromisos asumidos en proyectos deportivos de gran escala. Mientras en algunos casos el costo se socializa y se carga al presupuesto público, en otros las fallas se acumulan en el tiempo sin consecuencias claras. En ambos escenarios, la rendición de cuentas sigue siendo la gran ausente.
Mientras tanto, lo que prevalece en la narrativa mediática son los discursos triunfantes en los que gobiernos de Jalisco, Guadalajara y Zapopan, así como las empresas que auspician a los equipos profesionales, celebran y asumen como propios el campeonato de Astros en 2025, el Bicampeonato de Los Charros, así como su reciente triunfo en la Serie del Caribe 2026, victoria obtenida en un estadio construido con recursos públicos que ahora deja toda la ganancia en el capital privado.
***
Este reportaje fue elaborado en la asignatura de Investigación Periodística de la Licenciatura en Comunicación Pública del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, a cargo del profesor Darwin Franco.
