UJRM Jalisco
Por UJRM Jalisco / @UJRMJalisco
Foto: Leslie Zepeda
Este mes se conmemora el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada cada 5 de febrero. Es por esto que resulta propicio reflexionar sobre nuestra carta magna, sus implicaciones y la manera en que sus principios pueden verse vulnerados o, por el contrario, utilizados como herramientas de protección para todas y todos.
En pleno auge de la inconformidad por las acciones recientes del gobernador Pablo Lemus por el aumento a la tarifa del transporte público así como el condicionar un subsidio al tener que sacar una tarjeta bancarizada, dar esta vista a dicha situación es menester, pues en dichos actos de autoridad encontramos múltiples vulneraciones, y violaciones a los derechos humanos.
El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta constitución es la que sigue vigente hasta el día de hoy y aunque ha tenido reformas, derogaciones, y adiciones, siempre ha mantenido el papel como Carta Magna y fundamental de nuestro país.
En el año 2011 ocurre un cambio de gran magnitud pues pasamos de derechos fundamentales a derechos humanos; se igualan los tratados internacionales a la Constitución; y se crea un bloque de constitucionalidad.
Lo anterior refleja un interés por la protección de los derechos humanos, cómo su implicación está en cada aspecto de la vida diaria de las personas y la importancia, relevancia y obligación que tienen las autoridades para respetar, salvaguardar, promover y proteger los derechos humanos, todo esto establecido en el artículo 1ro constitucional.
La situación actual en Jalisco no se trata de un hecho aislado ni excepcional, también se reproduce en otros estados como Nuevo León; constituyen una vulneración directa a los derechos humanos, particularmente al derecho a la movilidad. Sin embargo, sus efectos no se limitan a este ámbito: el aumento del costo del transporte obliga a destinar una mayor parte de los ingresos a desplazarse, restringiendo en cadena otros derechos fundamentales, como la
educación, la recreación, el trabajo, el descanso, la vida familiar y el derecho a una vida digna. Lo anterior suscita la lógica de la interconectividad e interdependencia de los Derechos Humanos.
El aumento a la tarifa de 9.50 pesos a 14.00 pesos es una violación directa al principio de progresividad y no regresión que caracteriza a los Derechos Humanos, pues se ha establecido ya una cuantía “accesible” y al encarecer está se retraen derechos ya adquiridos por las implicaciones que contiene respecto al salario de los jaliscienses.
En el artículo 4 de la Constitución existen dos párrafos útiles para nosotros y nosotras pues son violentados constantemente.
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” “El estado destinará anualmente recursos presupuestarios suficientes y oportunos, para garantizar los derechos establecidos en este artículo (…)”
En este sentido encontramos una vulneración diaria a este derecho humano, donde se incumplen con los principios al derecho de la movilidad, y que, al mismo tiempo, el presupuesto asignado no se usa para mejorar las condiciones. No se necesita ser un experto, ni siquiera tomar el transporte público todos los días para darte cuenta de las condiciones de este. Largas horas de espera, sin inclusión, infraestructura discriminatoria, choferes explotados y mal pagados, etc., solo son unas cuantas realidades de todas las que se viven día con día en este sistema fallido de transporte.
Por último, al condicionar un subsidio a la obtención de una tarjeta bancarizada, segmenta, y vulnera directamente el artículo 1ro constitucional respecto a la discriminación por clase social; personas adultos mayores, en situación de pobreza extrema, en sectores rurales con falta de infraestructura, son solo algunos de los sectores a los que esta vulneración les afecta.
Como ya se dijo anteriormente, ésta situación actual en Jalisco, que también esta ocurriendo en múltiples estados como Nuevo León, es una vulneración y violación directa a derechos humanos respecto a la movilidad. Sin embargo, no son los únicos, el aumento del costo implica que se tiene que designar más recurso a la movilidad, coartando derechos como la educación, la recreación, el trabajo, el descanso, la familia y la vida digna.
En un mes que celebra la creación de nuestro ordenamiento más fundamental, lleno de principios que protegen a las y los mexicanos, cómo podemos seguir permitiendo que la privatización y la ganancia sigan por encima de los derechos sociales y colectivos.
