Yadira Reyna fue la primera antropóloga física forense en la PGR. Ha sido consultora para fiscalías locales y organizaciones civiles. También formó parte del grupo coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, del que salió a finales de 2022. Su trabajo académico reciente se ha centrado en los impactos y obstáculos que enfrentan los peritos antropólogos forenses en las instituciones mexicanas que deben resolver una de lascrisis de identificación más grave del mundo contemporáneo
Por: Efraín Tzuc / @efra_tzuc (X)
Es agosto de 2023, Yadira Reyna toma una réplica de una mano esqueletizada. “Son huesos muy difíciles de lateralizar. Cuando tú lateralizas —identificas cuáles son los elementos óseos derechos y cuáles son los izquierdos—, puedes definir cuántos cuerpos tienes”, explica. La tiene a lado de su escritorio; dice que es un recordatorio para ella de que su trabajo, como el “armado de la mano”, es complejo.
Su oficina, un espacio adaptado en su propia casa al sur de la Ciudad de México, es una mezcla de consultorio médico y estudio “New Age”. Además del esqueleto de la mano y otro del pie, detrás de su escritorio hay un telar con una mano de Fátima, un símbolo protector que se cree proviene de pueblos del norte de África. También tienen un altar con una veladora de San Benito (un santo protector, me dice), un espejo de obsidiana y unos cuarzos; frente a ese altar medita.
Ahí nos vemos por primera vez para iniciar una conversación que se extendió por más de dos años sobre la tragedia de las desapariciones en México, la llamada crisis forense —que, ahora, Reyna insiste en llamarle un problema “crónico-degenerativo”—, las medidas que los distintos gobiernos han implementado infructuosamente en una década y media y los impactos que esto ha tenido en ella misma y en sus colegas antropólogos forenses.
Aunque este gremio ha sufrido del olvido institucional y el enojo de las personas a las que sirven, hoy son más indispensables que nunca y su labor se ha colocado en la discusión pública de esta tragedia que rebasa los 72 mil cuerpos sin identidad.
La especialista, de 50 años, ha pisado fosas clandestinas para desenterrar decenas de cuerpos como perita oficial de la entonces Procuraduría General de la República (PGR); como consultora, ha evaluado el proceso de exhumaciones (desenterramientos) de cuerpos y planeado cómo deberán analizarse en laboratorio para devolverles su identidad. Además, como académica, ha estudiado los impactos de la profesión en sus colegas y ha formado a nuevos cuadros de antropólogos físicos y forenses en México y Ecuador. En su tesis doctoral defiende que los peritos oficiales son “víctimas secundarias” de la crisis de desapariciones que suma más 132 mil personas ausentes, y que los gobiernos deben implementar políticas de autocuidado dirigidas a su gremio.
En 2021, tras un largo proceso de selección a nivel internacional que incluyó entrevistas, exámenes de conocimientos y de confianza y la valoración de su propia trayectoria, Reyna fue elegida como una de las siete personas coordinadoras del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un organismo creado por el gobierno federal y las familias buscadoras en 2019 para enfrentar la crisis forense pero que, en el ocaso de la administración del presidente Andrés Manuel López Obradory bajo la titularidad de la comisionada de búsqueda Karla Quintana, fue desmantelado.
Su trayectoria ejemplifica el desarrollo de esta disciplina en México: incomprensión de su profesión, falta de apoyo de las instituciones y jefes, frustración al ver que los pasos hacia adelante son tímidos, pero también una tremenda necedad, diría ella misma, porque continuar buscando respuestas en los huesos para dar paz a una familia atravesada por la desaparición —pese a las dificultades institucionales y los riesgos de la propia labor— no es un trabajo que aguante cualquier persona.
“Los peritos están en un nivel de burn out cada vez más fuerte. Hay una invisibilización de las dificultades que enfrenta este gremio y se da este trato de que ‘es tu obligación, es tu trabajo’, de parte de la institución, de parte de los jefes y de las familias. Es como servirle a muchos jefes, rendirles a muchos jefes, querer quedar bien con todos y nunca quedar bien con nadie”.
Testigos de la violencia
A los 20 años, siendo todavía estudiante de antropología física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Reyna fue parte del primer grupo de jóvenes interesados en el área forense que estaba siendo capacitado por el doctor Alfonso Gallardo, un reconocido antropólogo físico. Recuerda que, en aquellos años, Gallardo les encomendaba algunos trabajos —que hacían gratuitamente— como la petición de una familia a quien le habían mezclado los restos de un ser querido en la fosa común del Panteón Civil Dolores, de la Ciudad de México, y quería recuperarlos para enterrarlo individualmente.
Era la década del 90, en las instituciones mexicanas apenas había algunos antropólogos físicos, aquellos que se forman para conocer los aspectos humanos y su variabilidad desde un punto de vista evolutivo, genético y biológicos y que es la base para la especialización forense.
En 1997, Gallardo informó al grupo que en Guatemala se estaba viviendo una crisis humanitaria y una organización civil había pedido apoyo a la ENAH. Un año antes, en el país centroamericano se habían firmado los Acuerdos de Paz que pusieron fin a una guerra civil que había iniciado en la década del 60 y en la que fueron asesinadas unas 200 mil personas, incluyendo a 45 mil que siguen sin ser localizadas. Muchas de estas víctimas se encontraban enterradas en fosas clandestinas en comunidades rurales, principalmente mayas ixiles.
El grupo se preparó y pasó varias temporadas en Guatemala entrevistando a familiares, abriendo fosas, recuperando cuerpos y, sus profesores, dando cursos exprés para formar a estudiantes guatemaltecos en el ámbito forense. La experiencia marcó a varios compañeros de Reyna.
“Cuando veníamos de regreso, yo pensaba que eso jamás en la vida iba a pasar en México. Yo decía: ‘qué triste, qué terrible esas realidades’, pero me sentí de alguna manera aliviada de que tenía la fortuna de vivir en una realidad ‘otra’. Jamás, ni en mis más remotas pesadillas, me hubiera podido imaginar que en México iba a suceder algo similar”.
Pero sí sucedió: casi una década después, el presidente Felipe Calderón declaró una supuesta guerra en contra de las drogas y dispuso de las Fuerzas Armadas para ganarla. La crisis de derechos humanos estalló en el país y los ciudadanos quedaron en medio, como víctimas de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamiento forzado y desapariciones.
Las víctimas fallecidas de la guerra se apilaban anónimas en los Servicios Médicos Forenses del país, que se saturaban una y otra vez. De los refrigeradores de las morgues los cuerpos eran enviados a la fosa común. Era un trabajo casi de maquila para evitar el colapso del sistema forense en el que lo último que importaba era devolver el nombre a esos cuerpos.
Mientras las madres peregrinaban en búsqueda de respuestas y los políticos se debatían sobre la efectividad de la guerra; los peritos, encargados de recuperar de las fosas clandestinas a las víctimas y realizarles los estudios correspondientes, se veían rebasados porque no contaban con la capacitación adecuada, sus condiciones laborales eran precarias e inseguras y nadie se preocupaba por ellos.
En la Procuraduría General de la República, por ejemplo, no había especialistas en antropología física con preparación en temas forenses. En el año 2002, la PGR abrió los primeros puestos para antropólogos, pero no requirió que fueran físicos, y terminaron contratando antropólogos sociales que no tenían conocimiento en identificación humana. Esto, dice la experta, retrasó una década el desarrollo de la práctica en la institución de impartición de justicia más importante del país. En noviembre de 2011, la PGR al fin contrató a la primera antropóloga física: ella misma.
En ese momento, calcula la especialista que en todo el país había unos 30 peritos oficiales, es decir, los que están adscritos a las instituciones ministeriales. A ellos, y otros más que con los años se sumaron, les tocaría atestiguar cómo la violencia criminal y la perpetrada por los mismos agentes de seguridad de los gobiernos se encarnaba en el amplio territorio y dejaba su marca en los cuerpos que llegaban a los Servicios Médicos Forenses del país.
La prioridad no era identificar
“Aquí está una bata de laboratorio y empieza. —¿Cómo que empiece? — Sí, empieza con esas cajas”, recuerda que le dijeron al llegar a la entonces Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR en su primer día de trabajo. Eran cajas de plástico abiertas, como las que venden en los supermercados. Solo le dijeron que eran “casos de quemados”.
“Abro la caja y veo un montón de tierra, carbón. Y veo unos fragmentos así, este tamaño de hueso —dice mientras con sus dedos señala el tamaño de un botón minúsculo—. Yo decía: ‘¿qué es esto? ¿qué pasó aquí?’. Entonces entendí de verdad la enorme complejidad que estaba sucediendo en México con los temas forenses y que no tenía nada que ver con lo que yo había visto y hecho en Guatemala ni en el panteón Dolores (de la Ciudad de México). Esto era otro mundo”, dice la antropóloga.
Los casos que atestiguó durante sus tres años como perita oficial de la PGR, de noviembre de 2011 a enero de 2014, componen una tipología del terror: fosas múltiples con cuerpos multi fragmentados (en pedacitos) sometidos a temperatura y esparcidos en superficies amplias, cuerpos cercenados y mezclados entre sí, cuerpos disueltos en sustancias corrosivas como ácido, además de las condiciones de trabajo extremo: con lluvia, sin luz, sin parar.
“Puedes estar trabajando 36 horas seguidas y parando solamente para ir al baño, beber algo o comer alguna cosa. O vas a estar día y noche haciendo análisis en laboratorio porque pues hay muchos casos que se vuelven mediáticos entonces (hay) una exigencia muy grande”, recuerda Reyna.
Por ejemplo, en una ocasión, le tocó que, mientras los peritos apenas estaban “abriendo” una fosa clandestina, el gobernador de la entidad federativa en donde ocurrió el hallazgo —y que pretendía adjudicarse el trabajo de exhumación— ya había dicho a los medios que habían recuperado siete cuerpos.
Además, en las instituciones de procuración de justicia la prioridad no era la identificación de las personas, al menos en el tiempo que trabajó Reyna en la Procuraduría:
“En la PGR, al menos, el enfoque estaba en ‘Ve y exhuma’, ‘Sácalos’. En el mejor de los casos, ‘Tráelos’ y nos tocaba a nosotros procesarlos. Pero en muchos casos era ‘Se los entregas a la fiscalía local y ellos que se hagan bolas con sus peritos, que vean cómo le hacen’”.
La especialista recuerda que insistía a sus jefes en la PGR que le dejaran analizar los restos óseos en el laboratorio en lugar de mandarla a desenterrar más cuerpos, que esa era también parte de su labor como perita oficial, que podía aportar más elementos para dar con la identidad de esas personas fallecidas.
La labor de la antropología forense no se limita a las exhumaciones; el trabajo en laboratorio, enfatiza la antropóloga forense Yadira Reyna, permite generar información que ayuda a la identificación de las personas fallecidas en anonimato
También insistió en que era necesario contar con otros profesionales como arqueólogos forenses y contratar a más antropólogos físicos.
“Yo tuve que explicar(les), generé un documento que le entregué a los jefes para explicar por qué era importante la presencia de la arqueología en el ámbito forense, por ejemplo, entonces se empezaron a abrir espacios para antropólogos físicos, para arqueólogos”.
Ahora, dice Reyna, la Fiscalía General de la República cuenta con un departamento de antropología en el que hay profesionales de las especialidades que se requieren para las exhumaciones e identificaciones, y para los análisis socioculturales.
La omisión no era solo por falta de voluntad, de personal, de capacidades técnicas o, incluso, por corrupción, explica Reyna, los servicios periciales de las fiscalías son auxiliares de los ministerios públicos para resolver crímenes, no restituir, de manera prioritaria, la identidad a aquellos cadáveres anónimos a los que nadie reclamó.
“Ahí quedaban en el archivo del olvido sin registros, sin procesos, a veces hasta sin necropsia. Hay casos de los que se están reexhumando ahora, que estaban en fosa común, que tiene una partida que dice que se hizo la necropsia y sacas el cadáver y no tiene ni corte de la calota —el corte típico de una necropsia—, están vestidos”.
Víctimas secundarias
La imagen clásica del perito oficial en antropología forense es la de una persona cubierta herméticamente de pies a cabeza en un traje blanco, bombacho y caluroso, el traje tipo Tyvek, usando guantes de látex fijados con una cinta resistente y googles que protegen su vista. Es un atuendo aséptico que contrasta con la tierra que escarban meticulosamente en búsqueda de huesos.
El trabajo técnico y científico que realizan, el trabajo de identificación humana, los coloca muchas veces como agentes inertes de la violencia. No son las víctimas, tampoco los perpetradores, menos aún los tomadores de decisión. Sin embargo, son trabajadores de un circuito de muerte en el que ellos también son desechables.
“Decía unas de mis tutoras , la doctora Anabella Barragán, ‘es que ustedes son los trabajadores de la violencia materializada’. Nadie te dice que vas a encontrarte pedacitos de personas y que tienes que buscar de quién se trata y tienes que dar una explicación de qué les pasó. Nadie te prepara para los destazados, los diluidos en ácidos”, dice Reyna.
Y recuerda un par de anécdotas de sus años en la PGR:
“Un fue cuando me tocó entender que lo que tenía ahí, sobre la mesa, eran niños. En el montón de restos quemados y multifragmentados había niños. Entonces, yo ahí, con los googles y las lágrimas y todo empañándose porque es brutal ver que ahí tienes personas de la tercera edad, tienes adultos, niños”.
El impacto psicoemocional no es el único que resienten los especialistas forenses, trabajar en la búsqueda de personas implica traer a la luz elementos sobre la suerte de una persona que alguien más trató de ocultar. Con la labor forense parte de esa verdad se desentierra.
“Me tocó ir a hacer el análisis de un cuerpo y afuera de la fiscalía, cuando salimos de hacer nuestro trabajo, en el cerro encendieron una zeta gigantesca. Me ha tocado que me persigan, que me confronten, o sea, que se sienten y me digan ‘aquí estamos, viendo lo qué están haciendo’. Hay riesgo implícito en ser perito oficial”.
El ejemplo más conocido es la desaparición de Juan Carlos Tercero Aley, un veterano antropólogo forense de la primera generación que se incorporó a instituciones de gobierno como las entonces procuradurías de Zacatecas y de Morelos. El forense fue reportado como desaparecido el 10 de abril de 2023, en Tepic, Nayarit; estaba a punto de empezar a trabajar en la comisión estatal de búsqueda. A la fecha no se sabe de su paradero.
Además, las condiciones extremas en las que realizan las exhumaciones generan riesgos adicionales: la propia Yadira Reyna vive con una placa de titanio entre sus huesos cervicales tras una caída en una fosa clandestina que le dejó dos hernias.
Por eso, insiste en que los peritos oficiales son víctimas secundarias de las desapariciones y que existe una falta de “sensibilidad social” sobre la labor de su gremio.
Los peritos oficiales, acusa Reyna, muchas veces tienen que comprar por su cuenta hasta los guantes. Tienen que estar disponibles y pueden ser requeridos para comisiones cualquier día y a cualquier hora. Además, defiende Reyna, la mayoría de sus colegas tienen un compromiso con encontrar a las personas desaparecidas, en trabajar para las familias desde las instituciones forenses.
En su tesis doctoral, se resumen las dificultades que enfrenta su gremio así:
“la Antropología Forense está en contacto con lo más problemático y violento del ser humano, la impotencia, la culpa, la frustración, el dolor, la enfermedad, la destrucción, lo sinsentido, la muerte que aniquila, por lo que lograr madurar y técnicamente, psicológica, ética, humana y existencialmente —y mantenerse en ello— aparece harto difícil”.
Sin embargo, su labor es crítica porque hay más de 72,000 cuerpos pendientes de identificar. Muchos de ellos recuperados en las más de 6,600 fosas clandestinas que han sido descubiertas en prácticamente todo el país y vueltos a enterrar por las autoridades en fosas comunes. Esto implica que la mayoría de los cuerpos estaría esqueletizado, en esas condiciones las labores de recuperación, análisis y reexhumación para su identificación requiere obligatoriamente de la antropología forense.
“Tristemente para las instituciones no pueden usar y desechar a los antropólogos porque no hay suficientes en el mundo para que los reemplacen y que quieran venir a trabajar como forense a México, al menos a las instituciones”, dice Reyna. Pese a estas condiciones, los profesionales en el área aún no son reconocidos y remunerados adecuadamente en las instituciones.
En su estudio, titulado “Praxis de la Antropología Forense en casos de desaparición de personas en medio de la crisis humanitaria de México”, Reyna también habla de la necesidad de que los gobiernos implementen políticas de autocuidado para los peritos:
“Entonces, si se pretende que el perito desempeñe una labor desde el mencionado virtuosismo, el autocuidado debe ser un elemento indispensable para ello, entendido no sólo como una buena idea personal, sino como una política pública”.
Por eso, desde 2023, Reyna realiza una estancia postdoctoral en la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana con el objetivo de construir una política pública para la atención y el autocuidado de peritos con perspectiva de género y de derechos humanos. El autocuidado al que se refiere la doctora se basa en que el Estado debe garantizar las condiciones adecuadas para que las y los peritos se encuentren bien y puedan cuidar de su salud y bienestar.
“Es como ir al dentista, por ejemplo, te duele una muela y vas al dentista, porque si no, pues eso se puede volver un infierno para ti, ¿no? Tú haces una cita, y ese día vas al dentista. Es lo normal. Pero en el caso de ellos no, o sea, como su compromiso es 24/7, los 365 días del año, en cualquier momento pueden ser llamados para cubrir este trabajo”, insiste Reyna. Por eso, las estrategias de autocuidado no pueden ser individuales ni colectivas, sino que tienen que ser políticas públicas amparadas legalmente.
Sin las familias no, sin los especialistas tampoco
La doctora afirma que la crisis forense mexicana es una de lasmás grave que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Por eso, cuando a sus manos llegó la convocatoria para convertirse en una de las siete personas expertas que conformaría el grupo coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), en 2021, se emocionó.
“Lo primero que emocionaba del MEIF es que dije ‘esto es el sueño dorado de lo que ahorita necesita México para avanzar en los temas de identificación’. Porque es un organismo autónomo que está amparado por una institución como la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y que surge del Sistema Nacional de Búsqueda y está armado con este grupo de especialistas (el grupo coordinador)”.
El Mecanismo fue creado el 5 de diciembre de 2019 mediante un acuerdo de ese sistema que reúne a representantes del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de la sociedad civil, incluidos expertos en la materia y familias buscadoras, para delinear la política pública en la búsqueda e identificación de personas. En el documento se especificó que se integraría por siete personas expertas, cuatro forenses, una en cooperación internacional (principalmente para recaudar fondos), otra en materia legal y la última en enfoque psicosocial y vinculación con familias.
El grupo coordinador no cumplió los dos años juntos: tres especialistas renunciaron y a otros cuatro no les renovaron el contrato. La debacle empezó a finales de 2022, pero desde el inicio de sus labores enfrentaron obstáculos porque ninguna ley ordenaba a las fiscalías —que resguardan los cuerpos sin identidad, en su mayoría— a colaborar con el MEIF, que fue creado sin una personalidad jurídica: no era una institución de gobierno, tampoco una asociación civil. La autonomía reconocida en el acuerdo no era efectiva: “Sí dependíamos de una institución, sí teníamos una jefa, sí teníamos qué rendir cuentas a alguien ”.
A pesar de la insistencia del grupo coordinador, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que administraba el dinero público destinado al Mecanismo, se demoró al menos cuatro meses en transparentar cuántos recursos tendrían disponibles, relata la antropóloga. Además, el gobierno federal logró convencer a los gobiernos extranjeros que estaban dispuestos a financiar proyectos que ayudaran a atender el rezago forense a apostar por otra institución creada en 2022 y que estaba adscrita a la Comisión Nacional de Búsqueda: el Centro Nacional de Identificación Humana.
El resultado es que el Mecanismo —que fue creado con mucha ambición, ilusión y dio esperanza a las familias buscadoras— quedó relegado. “El temor más grande que teníamos el grupo coordinador cuando empezamos a reunirnos es que fuéramos una simulación más, y pues justamente creo que fue lo que nos sucedió”. A finales de marzo de 2024, al último integrante de aquel grupo coordinador, el médico forense colombiano Jairo Vivas, no se le renovó el contrato. La sucesora de Quintana —quien a palabras de Reyna desmanteló el MEIF—, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, impulsó la desaparición de facto del organismo. Reyes Sahagún dejó el cargo el pasado 30 de agosto.
Un problema central que enfrentó el Mecanismo y que, en general, han enfrentado los esfuerzos para atender la crisis de identificaciones es que los especialistas forenses no están tomando las decisiones.
“Muchas de las cosas que no están sucediendo en México tienen que ver con que es más fuerte empujar algunos temas políticos que los científicos. Estamos entrampados por esas realidades en donde la política manda sobre lo científico. Mientras esto siga así, no va a haber manera. Por eso insisto: estos procesos tienen que ir siendo empujados, sí, en esta lógica de ‘sin las familias no, sin los especialistas tampoco’. Tienen que estar siendo generados desde los científicos forenses”.
La antropóloga cree que las ciencias forenses están en una etapa de transición en la que toca dejar de repetir la práctica para reflexionar —pasar de la práctica a la praxis forense, sostiene en su tesis doctoral— sobre ella a partir de intercambiar conocimientos entre los peritos que están en campo y los académicos, porque los casos que, cada vez con más frecuencia, tienen que resolver son más complejos. A la par, dice que los antropólogos forenses deben visibilizar y humanizar su labor, siempre con una perspectiva de autocuidado.
También insiste en que se tiene que visibilizar el reto de identificación en México y los hechos incómodos y dolorosos que tocará enfrentar: no a todos los cuerpos se les podrá restituir la identidad, no a todas las personas desaparecidas se les podrá hallar, al menos con el desarrollo técnico y tecnológico actuales.
“Nos va a llevar muchos, muchos, muchos años. O sea, no 10, no 20, muchos años. Hay que empezar a hablar también de las experiencias internacionales y de los resultados de esas experiencias internacionales y entender, que pues México con nuestro contexto, que es complejisisísimo, pues nos va a llevar más tiempo”.
Las palabras le salen atropelladas cuando habla del doloroso proceso que fue para ella escribir su tesis doctoral:
“Vivir la indignación de las experiencias personales, pero también de mis compañeros, pero también de las familias; la impotencia de tratar de hacer cosas, de avanzar en cosas y ver que a veces avanzas, a veces no, a veces avanzas un poquito y sientes que ya pusiste un grano de arena y luego pa’trás, 20 pasos atrás, como ahora con el tema del MEIF. Híjole, son cosas muy complicadas”.
Pero, de inmediato, revira:
“Por eso, justamente en un país como en el que estamos, yo creo que los forenses somos gente necia. Gente tenaz, evidentemente, gente muy comprometida porque ser forense en México no es cualquier cosa”.
Definitivamente no lo es. Trabajar devolviendo la identidad fuera de esa industria de muerte que arroja cuerpos anónimos para ocultar sus crímenes, que castiga a familias completas que peregrinan en morgues tratando de ver si alguna de las fotos con huellas aterradoras de violencia corresponde a una persona que ama. Remando contra la corriente de las instituciones forenses que sacan cuerpos de las fosas clandestinas para volverlos a enterrar, ahora en fosas comunes. Trabajando extenuantemente en condiciones de riesgo. Siendo testigos de primera mano de lo indecible. Elegir ese trabajo, en este país, definitivamente no es cualquier cosa.
Pero, dice Reyna, ella se siente atrevida por tener esperanza, a pesar de todo. Con seguridad afirma:
“Identificar personas es posible. El ‘Hasta encontrarles’ es posible, pero no es posible con una sola persona. Las posibilidades no se cierran. Las rendijas se hacen a veces bien chiquitas, bien estrechas para que las cosas fluyan de esa manera , pero, aunque sea una rendijita de esperanza sí hay, y yo le apuesto a eso”.
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Las fotografías de archivo fueron tomadas por estudiantes de la doctora Yadira Reyna y compartidas por ella para esta publicación
