Organizaciones sociales, estudiantes y colectivos metropolitanos sostienen que la decisión del gobernador de mantener la tarifa en 11 pesos es resultado de la presión ciudadana. Anuncian nuevas movilizaciones, acciones legislativas y exigen la renuncia del secretario de Transporte.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Guadalajara, Jalisco, 6 de marzo de 2026.- Integrantes de la Asamblea Popular contra el Tarifazo aseguraron que la decisión del gobierno de Jalisco de mantener la tarifa del transporte público en 11 pesos y no en 14 es resultado directo de la presión social, la organización ciudadana y las acciones legales impulsadas por estudiantes, colectivos y usuarios del sistema de movilidad.
Durante una conferencia de prensa realizada en la Plaza de Armas de Guadalajara, voceros del movimiento señalaron que el anuncio del gobernador Pablo Lemus Navarro se produjo después de semanas de movilización social, asambleas públicas y recursos jurídicos interpuestos contra el incremento tarifario previamente aprobado por el Comité Técnico Tarifario.
“El anuncio realizado por el gobernador no surge del vacío. Es el resultado directo de la presión social, la organización y la movilización ciudadana que se ha construido en los últimos meses”, señalaron integrantes de la asamblea ante medios de comunicación.
Las organizaciones destacaron que la articulación entre estudiantes, personas trabajadoras, adultos mayores y diversos colectivos permitió colocar en el centro del debate dos derechos fundamentales: el derecho a la movilidad y el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones públicas que afectan la vida cotidiana.
De acuerdo con los integrantes del movimiento, el retroceso del gobierno estatal también está vinculado a acciones legales emprendidas por usuarios del transporte.
Entre ellas se encuentra la admisión de un amparo y la suspensión provisional otorgada a 35 estudiantes que impugnaron el incremento tarifario y el esquema de subsidio condicionado al uso de la llamada Tarjeta Única.
Para la Asamblea Popular contra el Tarifazo, este proceso evidencia que la presión social combinada con herramientas jurídicas puede modificar decisiones gubernamentales que afectan a millones de personas. Sin embargo, las organizaciones insistieron en que el resultado actual no resuelve el problema estructural del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
“La tarifa de 11 pesos sigue siendo injusta”
Aunque el aumento a 14 pesos fue detenido, el movimiento sostuvo que la tarifa de 11 pesos continúa representando una carga económica importante para miles de familias trabajadoras. Desde su perspectiva, el transporte público sigue operando bajo una lógica en la que los costos del sistema recaen en la población usuaria mientras las ganancias se mantienen en manos privadas.
“Que se haya frenado el aumento a 14 pesos no significa que la injusticia esté resuelta. La tarifa de 11 pesos sigue siendo una carga económica importante para miles de personas que diariamente destinan una parte significativa de su ingreso para moverse en la ciudad”, señalaron.
Los colectivos también denunciaron que el servicio continúa presentando problemas estructurales como camiones saturados, largos tiempos de espera, rutas insuficientes y deficiencias en la cobertura del transporte en zonas periféricas de la ciudad.
Durante la conferencia, los integrantes de la asamblea también cuestionaron el esquema de pago vinculado a la llamada Tarjeta Única y el papel de empresas privadas involucradas en el sistema de subsidios.
De acuerdo con los colectivos, la creación de un padrón único de beneficiarios y la intermediación de empresas financieras en el manejo de recursos públicos genera preocupaciones sobre la protección de datos personales y la transparencia en el uso del dinero destinado al transporte.
También señalaron que el sistema mantiene problemas administrativos que aún no han sido resueltos, especialmente en lo relacionado con los subsidios para personas adultas mayores y otros sectores de la población.
Como parte de sus demandas, la Asamblea Popular contra el Tarifazo anunció que solicitará formalmente la renuncia del secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor.
Las organizaciones argumentan que las decisiones sobre el sistema de movilidad siguen dependiendo de la voluntad política del gobierno en turno, sin mecanismos democráticos que permitan la participación real de las personas usuarias en la definición de las tarifas y el modelo de transporte.
Por ello, plantean la necesidad de construir un sistema de regulación del transporte público con transparencia, participación ciudadana y mecanismos que protejan el ingreso de la población.
El movimiento convocó a una megamarcha el próximo 14 de marzo a las 15:00 horas, que partirá de la Glorieta de la Normal hacia la Secretaría de Transporte para exigir cambios estructurales en el sistema de movilidad y la renuncia de los responsables de la política tarifaria.
Además, informaron que impulsarán una agenda legislativa en el Congreso del Estado con mesas de trabajo programadas para los días 13, 19 y 20 de marzo, en las que participarán colectivos, organizaciones sociales y usuarios del transporte público.
Para las organizaciones, colectivos y ciudadanos que integran la asamblea, el transporte público debe entenderse como un derecho social vinculado al acceso al trabajo, la educación y la vida urbana, y no únicamente como un servicio sujeto a criterios de mercado.
Desde esa perspectiva, el movimiento considera que frenar el aumento a 14 pesos representa un avance resultado de la organización social, pero advierte que la lucha continuará hasta lograr una transformación estructural del sistema de transporte en la entidad.
“La organización social seguirá siendo la herramienta para defender nuestros derechos”, concluyeron.
