Integrantes de colonias afectadas por la crisis hídrica se capacitaron este domingo en el IMDEC para realizar muestreos ciudadanos de calidad del agua. Los primeros resultados revelaron mercurio, aluminio, nitratos y ausencia de cloro en muestras tomadas de la red del SIAPA. Solo tres de quince muestras analizadas resultaron aceptables.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
El agua que sale de las llaves en la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene mercurio. Tiene aluminio. Tiene nitratos que indican contaminación fecal reciente. Y en la mayoría de las muestras analizadas este domingo, no tiene cloro residual, el indicador más básico de que el agua recibió tratamiento de desinfección.
Esos son los datos que arrojó el primer Taller de Monitores Vecinales de la Calidad del Agua en el AMG, realizado este domingo 19 de abril en las oficinas del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), en Guadalajara. El espacio reunió a pobladoras, pobladores y activistas de colonias afectadas por la crisis hídrica metropolitana, junto a especialistas del ITESO y del colectivo Resistencia Civil por el Valle. La jornada fue parte de la campaña “El SIAPA que queremos: Agua para la Vida y NO para el Negocio”.
Las conclusiones del taller dieron como resulto que; de quince muestras de agua provenientes de distintas colonias de la ZMG, solo tres cumplieron con los parámetros mínimos establecidos por la NOM-127, norma oficial mexicana que regula la calidad del agua potable para consumo humano. Las otras doce presentaron al menos un parámetro fuera de norma. El agua que el SIAPA —Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado— distribuye a cientos de miles de hogares del área metropolitana no es, por los datos propios de sus usuarias y usuarios, agua potable.
Un organismo que pierde la mitad del agua que trata y no rinde cuentas
La crisis que motivó la formación de monitores ciudadanos no es nueva ni accidental. Durante la jornada, María González Valencia, directora del IMDEC, expuso el diagnóstico estructural que sostiene la campaña y que explica por qué la ciudadanía decidió generar sus propios datos.
“Hacen lo que les da la gana y no hay sanciones”, señaló González Valencia al describir la operación del organismo. Según su diagnóstico, la red de distribución del SIAPA registra una pérdida de entre el 40 y el 50 por ciento del agua que trata. Esto significa que el organismo invierte en sanear el agua —un recurso escaso y costoso— y después la pierde en una infraestructura deteriorada, sin sistemas de detección de fugas en tiempo real, sin monitoreo de calidad ni cantidad accesible para la ciudadanía, y sin que existan consecuencias institucionales por ello.
“No tiene sistemas de mantenimiento preventivo ni correctivo, ni tiene una incorporación de nuevas tecnologías, por ejemplo, para detectar las fugas en tiempo real, que ahora es muy fácil hacerlo, no es costoso”, precisó González Valencia. La tecnología existe. La voluntad institucional, documentó la campaña, no.
A ese deterioro técnico se suma una crisis financiera que el IMDEC vincula directamente con la gestión política del organismo: el SIAPA tiene una cartera vencida del 50 por ciento en su padrón de usuarios. Ese ahorcamiento presupuestal, señaló González Valencia, coexiste con una política de otorgamiento de factibilidades que beneficia sistemáticamente a desarrolladoras inmobiliarias y grandes usuarios comerciales, mientras las colonias populares acumulan años de servicio deficiente.
“El SIAPA otorga factibilidad de manera muy rápida, muy sencilla para que la ciudad siga creciendo de manera desordenada, de manera vertical, y todo eso significa demanda sobre el agua”, explicó. La ciudad crece hacia arriba, el organismo lo permite, y las colonias que ya existen reciben menos y peor agua.
La ausencia de representación ciudadana en las instancias de decisión del organismo no es una percepción: es una estructura. En la Junta de Gobierno del SIAPA —donde se sientan el gobernador del estado y los presidentes municipales del área metropolitana— hay una sola silla para la ciudadanía. Una. En un organismo que, según datos de la campaña, deja sin acceso al agua a por lo menos 500 mil personas en el área metropolitana que no están conectadas a ninguna red de distribución y obtienen agua comprando pipas o acarreándola.
Qué mide la ciudadanía y qué encuentran
El taller fue facilitado por la ingeniera Veyda Alcalá, el ingeniero Fernando Aguilar y el maestro Héctor Morales, del ITESO, y por el doctor José Juan Lira, del colectivo Resistencia Civil por el Valle. El equipo acumula casi tres años de monitoreo comunitario de cuerpos de agua en comunidades rurales y pequeñas poblaciones de la periferia metropolitana de Guadalajara.
La metodología que enseñaron parte de una premisa que el equipo del ITESO sostiene con claridad frente al escepticismo institucional y académico: el monitoreo ciudadano no requiere laboratorios especializados ni doctorados. Requiere capacitación básica, instrumentos de bajo costo y sistematización.
“Contra la idea de que la gestión del agua es un asunto de expertos y que corresponde al gobierno entregarnos un agua de X calidad, el monitoreo ciudadano afirma que la gestión del agua es un asunto público en el que todos participamos”, planteó Héctor Morales durante la sesión teórica.
Los instrumentos utilizados fueron tiras reactivas que miden veinte parámetros físico-químicos en treinta segundos y tarjetas R-Card para detectar la presencia de bacterias E. coli en un cultivo de 24 horas. El costo de las tiras reactivas es de 250 pesos por ciento veinticinco unidades. Las tarjetas R-Card tienen un costo aproximado de dos mil pesos por cien unidades.
El equipo fue cuidadoso en establecer los alcances y límites de la metodología: “Los resultados que obtenemos no nos dicen si el agua es buena. Nos van a decir cuando el agua es definitivamente mala”, explicó Morales. La distinción es técnica y políticamente importante: para certificar que el agua es buena se requeriría medir decenas de parámetros que los instrumentos ciudadanos no alcanzan. Pero para demostrar que el agua es inaceptable, basta con detectar uno solo fuera de norma.
Los parámetros analizados en el taller incluyeron pH, alcalinidad, dureza, carbonatos, cloruros, hierro, cobre, plomo, manganeso, cromo total, cloro residual libre, cloro total, mercurio, nitratos, nitritos, fluoruros, zinc y aluminio. Los dos últimos en ser medidos —oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno (DBO)— fueron excluidos del ejercicio por corresponder principalmente a cuerpos de agua superficiales, no a agua de red.
Los resultados: metales pesados, nitratos y sin cloro
Las muestras fueron traídas por los propios participantes desde sus colonias de origen en distintos puntos de la ZMG. Los resultados se registraron en cartulinas colectivas pegadas en la pared, visibles para todos los asistentes.
De las quince muestras analizadas con tiras reactivas: La dureza del agua resultó un parámetro crítico en la mayoría de las muestras. Doce de ellas registraron valores de entre 425 y 475 mg/L, cercanos o en el límite máximo permisible de 500 mg/L establecido por la NOM-127. Una muestra, proveniente de una colonia identificada por sus participantes como de zona volcánica, registró carbonatos de hasta 300 mg/L. El límite superior del instrumento de medición es de 425 mg/L, lo que significa que en varios casos la concentración real podría ser mayor a la detectada.
La ausencia de cloro residual libre y cloro total fue el hallazgo más extendido y uno de los más graves. En la mayoría de las muestras no se detectó cloro en ninguna de sus dos formas medibles. El cloro residual es el indicador que confirma que el agua recibió tratamiento de desinfección antes de llegar al hogar. Su ausencia no permite concluir categóricamente que el SIAPA no está clorando el agua en ningún punto de la red, explicó el ingeniero Aguilar, pero sí indica que el tratamiento no está llegando a los domicilios de origen de las muestras. “No para concluir que no se está clorando en lo absoluto, pero sí para que nos detecte ahí una alarmita de decir: no estamos recibiendo un tratamiento adecuado de desinfección”, precisó.
La presencia de mercurio fue documentada en al menos una muestra. El límite máximo permisible de mercurio en agua potable establecido por la NOM-127 es de 0.001 mg/L —prácticamente cero—, y el equipo facilitador señaló que cualquier detección, incluso aproximada por tira reactiva, constituye un foco rojo que demanda repetición y profundización del análisis. El mercurio es extremadamente tóxico, daña el sistema nervioso central y puede generar malformaciones en fetos. “Si lo encontramos, es un foco rojo de algo que no debería estar”, subrayó la ingeniera Alcalá.
El aluminio también apareció en varias muestras. Su origen más probable, según el equipo facilitador, es el desecho industrial. El aluminio es bioacumulable —no sale del cuerpo por las vías normales de excreción— y su acumulación a largo plazo puede generar daño neurológico.
Los nitratos estuvieron presentes en múltiples muestras. Según la metodología explicada durante el taller, la presencia de nitratos indica contaminación orgánica o fecal reciente: una fuga de drenaje, una fosa séptica rota o residuos agroquímicos que están llegando a la red. En contraste, la presencia de nitritos indicaría contaminación fecal persistente, de larga data. En las muestras del taller se detectaron nitratos pero no nitritos, lo que sugiere que la contaminación orgánica está ocurriendo de manera activa, no crónica —aunque no descarta que ambos procesos coexistan en otros puntos de la red no muestreados.
Los fluoruros registraron un caso particularmente preocupante: una muestra arrojó un valor de 4 mg/L, casi tres veces el límite máximo permisible de 1.5 mg/L. Los fluoruros en exceso generan fluorosis dental y, en exposición prolongada, deformación ósea.
Los resultados bacteriológicos con tarjetas R-Card —que requieren 24 horas de incubación— quedaron pendientes al cierre del taller. Se comunicarán a los participantes en los días siguientes, junto con las instrucciones de tratamiento en caso de detectarse E. coli.
Ciudadanizar el agua: de la muestra al movimiento
El taller no fue un ejercicio técnico aislado. Fue una pieza en una estrategia más amplia de presión ciudadana sobre el SIAPA que incluye la formación de una contraloría ciudadana autónoma del agua en Jalisco, la promoción de reformas legislativas que armonicen la ley estatal con la recién aprobada Ley General de Aguas, y la construcción de una red metropolitana de monitores de calidad del agua capaz de generar datos propios, sistemáticos y verificables.
“El SIAPA solo tiene la razón de ser de garantizarnos dos derechos: derecho humano al agua potable y derecho humano al saneamiento”, recordó González Valencia al definir el horizonte político de la campaña. Todo lo demás —la opacidad, la corrupción, la gestión en beneficio de inmobiliarias, los elementos de privatización encubierta en la subcontratación de cobranza y lecturas de medidor— son desviaciones de ese mandato constitucional.
La campaña tiene también una dimensión legislativa: exige que los grandes usuarios del agua —empresas, desarrolladoras, zonas residenciales con albercas y campos de golf— estén obligados por ley a captar, tratar y reutilizar el agua que consumen y contaminan. “Esos grandes usuarios del agua por ley deberían estar obligados a captar y a reutilizar”, planteó González Valencia.
Al cierre del taller, las y los participantes tomaron tres acuerdos colectivos: autonombrarse como la primera generación de monitores y monitoras de calidad del agua de la ZMG; establecer canales de comunicación exclusivos para el monitoreo, con reglas de uso colectivo definidas por el grupo; y registrar sus datos de contacto, colonia y municipio para integrar la red metropolitana en construcción.
El SIAPA ha convocado a jornadas técnicas para los días 27, 28 y 29 de este mes, organizadas junto con el Colegio de Ingenieros e Ingenieras. La campaña analiza si asistirá y en qué términos, con una preocupación central: no legitimar con su presencia un proceso que no garantiza participación real.
El próximo paso de la campaña es un foro público, con fecha por confirmar, donde se presentarán los resultados del monitoreo ciudadano acumulado —incluidos los de este taller— ante la sociedad y ante las autoridades responsables de garantizar el derecho humano al agua. La semilla, dijeron los organizadores al cerrar la jornada, está plantada. Lo que sigue es multiplicarla colonia por colonia, barrio por barrio, muestra por muestra.
El taller del domingo 19 de abril se realizó un mes después de que la crisis hídrica detonara públicamente en el Área Metropolitana de Guadalajara. El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, cientos de personas se congregaron frente al Reloj del Mundial en el centro de la ciudad para exigir una alerta sanitaria y la destitución del entonces director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, en una movilización convocada por las mismas campañas #ElSiapaQueQueremos y #SiapaCorrupto.
En esa jornada, las organizaciones presentaron públicamente la propuesta de crear una Red de Monitores del Agua Vecinales y documentaron más de 340 denuncias ciudadanas por agua sucia acumuladas en apenas 12 días. Al día siguiente, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció la destitución de Juárez Trueba y el nombramiento de Ismael Jáuregui Castañeda —ingeniero civil con una década de trabajo en la órbita política del propio gobernador— como nuevo titular del organismo.
El relevo no incluyó auditorías al periodo anterior ni mecanismos de rendición de cuentas sobre la crisis. Las organizaciones lo recibieron como una respuesta insuficiente: un cambio de personas sin cambio de modelo. El taller de este domingo es la respuesta organizada a esa insuficiencia. Mientras el SIAPA convoca a jornadas técnicas para los días 27, 28 y 29 de abril junto al Colegio de Ingenieros e Ingenieras, la ciudadanía ya tiene sus propios datos. Y los datos dicen que el agua no es potable.
