Doce organizaciones civiles presentaron los hallazgos preliminares de una Misión Civil de Observación que documentó décadas de violencia, despojo y criminalización contra el pueblo tepehuana-wixárica del municipio de Villaguerro.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Guadalajara, Jalisco, 23 de mayo 2026.- La comunidad indígena tepehuana y wixárica de San Lorenzo Azqueltán, en el municipio de Villaguerro, enfrenta una crisis de derechos humanos sostenida durante décadas: desapariciones, agresiones físicas, criminalización de sus autoridades y el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, su representante agrario, ocurrido el 26 de noviembre de 2025. Así lo documentaron doce organizaciones civiles de derechos humanos que integran la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) en la conferencia de prensa de cierre de su Misión Civil de Observación, celebrada este 23 de mayo en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ del ITESO, en Guadalajara.
La misión se realizó del 20 al 22 de mayo de 2026 en el territorio comunitario, precedida por reuniones con autoridades del gobierno de Jalisco los días 18 y 19 del mismo mes, coordinadas por Alberto Ballardo, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General del Gobierno estatal. Entre las organizaciones participantes estuvieron el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), la Red Solidaria de Derechos Humanos, la Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, el colectivo Tsikini y el Frente Indígena Popular Artesano en Lucha (FIPAL).
Mario González de la Cruz, gobernador tradicional de la comunidad, y Ramiro Reyes Márquez, representante agrario, encabezaron las intervenciones de la comunidad. Ambos describieron una disputa territorial que se remonta a 1951 y que se intensificó a partir de 2015, cuando la comunidad presentó formalmente ante el Tribunal Agrario 16 la solicitud de reconocimiento y titulación de 39,243 hectáreas de sus 94,000 hectáreas amparadas por un título de 1737.
Desde ese momento, relataron, el conflicto escaló de manera sistemática. En 2018 fueron desaparecidos dos comuneros, Catarino Aguilar y Noé Aguilar, quienes regresaron con vida tras la intervención de organizaciones que llegaron a escalar el caso hasta Naciones Unidas. En 2019 fueron golpeados Ricardo de la Cruz González, Rafael Reyes Márquez y Noel Palomino, entonces representante comunal. La espiral de violencia culminó, a finales de 2025, con el asesinato de Marcos Aguilar Rojas mientras defendía un polígono comunitario junto a su hermano Gabriel, quien sobrevivió con heridas de bala.
“Han sido ya tres generaciones luchando. Empezaron nuestros abuelos, nuestros papás, y aquí seguimos”, dijo Ramiro Reyes Márquez durante la conferencia.
Quetzal Prado, abogado de la comunidad, explicó ante los medios la brecha entre el trato que reciben las denuncias de la comunidad y las presentadas en su contra. Mientras las carpetas de investigación por agresiones a comuneros languecen sin avance durante años en el Ministerio Público de Villaguerro, los procesos de criminalización contra las autoridades comunitarias avanzan con inusitada rapidez.
Prado señaló además que el 12 de mayo de este año el Tribunal Superior Agrario decretó la desaparición del Tribunal Agrario 16, instancia que llevaba el expediente de San Lorenzo Azqueltán junto a más de 500 causas. Su carga se transferirá a los Tribunales 13 y 15, lo que agrava los tiempos de resolución en detrimento de las comunidades indígenas de Jalisco.
“Si ya llevamos diez años nada más en la etapa de notificaciones, imagínense cuánto vamos a durar ahora”, advirtió.
En cuanto al proceso penal por el homicidio de Marcos Aguilar, el 21 de diciembre de 2025 se vinculó a proceso a Manuel Aguilar Herrera. La investigación complementaria concluirá alrededor de agosto de 2026, cuando el caso pasará a la etapa intermedia. Aún quedan cuatro personas identificadas en los hechos violentos contra las que no se han iniciado procesos. Las organizaciones acompañantes subrayaron la importancia de que la audiencia de reparación del daño por el caso del 2019, programada para el 28 de mayo, considere las secuelas físicas permanentes de las víctimas.
Violencia contra las mujeres y los jóvenes de la comunidad
Claudia Ignacio, de la Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán, documentó los impactos psicosociales colectivos de la violencia. Destacó la participación activa de las mujeres en la defensa territorial —desde la guardia de espacios ceremoniales hasta la conducción de asambleas— y advirtió sobre los riesgos específicos que enfrentan como defensoras.
“No hacemos una denuncia individual porque precisamente son la comunidad, en su colectividad, quienes defienden el territorio. Los impactos también son colectivos”, señaló.
Las organizaciones documentaron asimismo intentos de criminalización contra jóvenes de la comunidad. Durante la misión, personas en la zona difundieron rumores sobre la presencia armada de un menor de edad —hijo de Marcos Aguilar— con el aparente propósito de hostigamiento. La policía municipal habría realizado rondines para localizarlo, según testimonios recabados en campo.
Carlos Chávez, de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, reveló que durante el foro comunitario celebrado el 21 de mayo un grupo opositor llegó al recinto y lanzó amenazas directas en presencia de funcionarios del gobierno estatal: “Ya matamos a uno, podemos matar más.” La comunidad respondió con la disciplina que históricamente ha practicado frente a las provocaciones: no respondió a la violencia.
Acuerdos con el gobierno estatal y seguimiento
Denisse Montiel, directora del CEPAD, detalló los acuerdos alcanzados con las autoridades de Jalisco. Entre ellos: garantizar la seguridad de los participantes de la misión durante los días de campo; el compromiso de la Dirección de Asuntos Agrarios para avanzar en la clarificación de la situación territorial; la atención a víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal; y la realización de reuniones de seguimiento periódicas, con la próxima fijada para julio de 2026.
Las organizaciones valoraron la apertura del gobierno del gobernador Pablo Lemus Navarro, pero subrayaron que los compromisos deben traducirse en acciones concretas.
“Esta administración tiene la oportunidad de actuar de manera diligente y diferente a las pasadas. No se debe esperar a que más vidas se pierdan para que se adopten medidas estructurales”, advirtió Montiel.
María González, del IMDEC, integró el caso de Azqueltán en un patrón más amplio de violaciones a pueblos originarios en Jalisco: comunidades náhuas en la Sierra de Manantlán, comunidades chichimecas en los Altos, y el pueblo tepehuana y wixárico en Azqueltán comparten el mismo patrón de despojo, racismo y complicidad entre poderes locales, grupos criminales y autoridades. “Jalisco se encuentra entre las principales entidades del país con mayores agresiones a los pueblos indígenas”, afirmó.
Las organizaciones exigen justicia para Marcos Aguilar, el reconocimiento pleno del territorio comunal, la protección de los defensores y la comparecencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el seguimiento del caso. El próximo lunes 25 de mayo la comunidad recibirá la entrega del fondo de infraestructura social; las organizaciones hicieron un llamado para que dicho acto se celebre en la casa comunal y sin presencia de actores que hayan promovido la polarización.
La misión civil de observación continuará su acompañamiento con reuniones de seguimiento ante la Fiscalía del Estado y otras instancias en los próximos días.
